Comunitat Valenciana: La Conselleria de Justicia plantea una reforma de la ley de carreteras para multar a los demandantes de prostitución

Gabriela Bravo propone a Rebeca Torró, titular de Obras Públicas, un cambio legal para sancionar con hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el foro de políticas feministas para abolir la prostitución.

Laura Martínez 13 de junio de 2022 elDiario.es

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha pedido a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ambas de titularidad socialista en el Gobierno del Pacto del Botánico, que ponga en marcha la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 para incluir como sanción la demanda y consumo de prostitución.

La titular de Justicia, Gabriela Bravo, ha comunicado la petición este lunes en una sesión sobre políticas feministas por la abolición de la prostitución, organizada por la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, en la que han participado varias expertas como la escritora Rosa Cobo, la juez Lara Esteve o la activista Amelia Tiganus, superviviente de trata. La propuesta legislativa se plantea para poder sancionar hasta con 15.000 euros, “a los puteros y a los proxenetas” que fomenten la práctica de la prostitución en las vías de titularidad autonómica.

Bravo, que desde hace meses enarbola la bandera abolicionista en el Ejecutivo autonómico, ha considerado necesario, “en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poder establecer tolerancia cero ante la prostitución”, también en las carreteras. La propuesta solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Asimismo, se solicita establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.

La titular de Justicia defiende que el modelo no suponga sanciones directas para las mujeres prostituidas y detalla en la normativa que “en ningún caso puedan ser sancionadas”. Según la redacción de la propuesta, serán multadas las personas implicadas en “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2”, y matiza: “En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual”.