La CE exige que se condene a España por el impacto ambiental de la M-501

El Ejecutivo comunitario explicó en una vista oral en Luxemburgo que no se estudió debidamente el daño que podían causar varios tramos de la carretera que cruzaban zonas protegidas y de importancia comunitaria como Encinares del río Alberche y las cuencas del Guadarrama, Alberche y Cofio, que contenían especies en peligro de extinción.

La M-501 en sus orígenes sólo tenía un carril para cada sentido de circulación, pero se decidió ampliarla para mejorar la conexión entre Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

España asegura que aunque el proyecto de la M-501 se dividió en distintos tramos para facilitar los trabajos de ampliación y acondicionamiento, hubo una evaluación global en diciembre de 2008.

La CE, que inició el procedimiento contra España por esta cuestión en 2006, considera que ese examen de conjunto se produjo demasiado tarde, cuando ya se había concedido la autorización del proyecto e incluso se habían ejecutado las obras, por lo que no puede considerarse válido.

La Comisión presentó el recurso que defendió hoy ante el Tribunal en diciembre de 2008, después de haber congelado el proceso durante un tiempo a la espera de que España cumpliese su palabra, ya que llegó a reconocer la infracción y a comprometerse a subsanarla.

Sin embargo, al constatar que las autoridades regionales madrileñas no sólo habían mantenido en marcha las obras de construcción sino que habían recurrido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desautorizaba el desarrollo de uno de los tramos, la CE elevó el caso a los jueces de Luxemburgo.

España considera que el recurso debería declararse inadmisible porque la Comisión lo presentó a pesar de que en paralelo había llegado a un acuerdo con Madrid, que se había comprometido a realizar una evaluación adecuada de todo el proyecto.

La CE niega que existiese ningún acuerdo y dice que si congeló el proceso y retraso la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) lo hizo sólo para dar una última oportunidad a España.

Asimismo recalcó que cuando un país no responde adecuadamente a las peticiones de Bruselas dentro de los plazos de un procedimiento de infracción comunitario, la CE puede llevar el caso ante el Tribunal cuando lo considere oportuno.

El Tribunal de Luxemburgo, máxima instancia judicial europea, se pronunciará en los próximos meses y contra su decisión no cabe presentar un recurso.

Si los jueces comunitarios confirman que España ha violado la legislación europea, la Comisión le dará un plazo determinado para remediar la infracción y, si no lo respeta, podrá pedir al Tribunal que le imponga una sanción económica. EFE