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Los misterios de Puebla

por Jorge Zepeda Patterson

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En una involuntaria indiscreción de lo que está sucediendo con la justicia en Puebla, el papel membretado en el que se inscribe la denuncia penal en contra de la periodista Lydia Cacho, reza pomposamente “ Agencia del Misterio (SIC) Público Especial para Delitos Electorales”. No leyó usted mal: la propia institución se define como Agencia del Misterio, en una especie de confesión inconsciente de los sombríos y aberrantes laberintos en los que se han convertido los tribunales poblanos. El asunto resultaría cómico si no estuvieran dos periodistas y activistas sociales enfrentando cárcel a manos del gobierno de Mario Marín.

Sólo una agencia del “Misterio” pudo dar cabida a una demanda penal en un tribunal poblano por hechos que acontecieron en Quintana Roo. Como se recordará, Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén que aborda el caso del pederasta Succar Kuri, fue encarcelada luego de que Kamel Nacif, amigo de Succar, la demandó por difamación. Resulta que Nacif, el llamado Rey de la Mezclilla y un hombre de inmensa fortuna, no sólo es amigo del pederasta, sino también del gobernador Marín. El propio Nacif, lo confirmó en una entrevista hace unos días, en que confesó que fue con Marín a quejarse de Cacho y el gobernador “Pum, giro la orden de aprehensión” en contra de la periodista.

En realidad el gobierno poblano hizo mucho más que eso. Para asegurar un castigo en contra de la autora del libro, hicieron de su detención y traslado durante 20 horas de carretera un acto punitivo. Por otra parte, tanto el gobernador como la procuradora del estado pasaron por encima de los jueces para garantizar se dictara auto de forma prisión.

Lydia Cacho escribió Los Demonios del Edén para denunciar el carpetazo que se le estaba dando al caso del pederasta. Succar Kuri escapó del país alertado por sus amigos, y aunque fue detenido en Estados Unidos (gracias a la presión de las ONGs norteamericanas), las autoridades nacionales han sido “incomprensiblemente” lentas e ineficientes para documentar su culpabilidad a efectos de extraditarlo. Hay muchos hombres poderosos que no desean que Succar Kuri sea traído a México y sometido a juicio. Todo indica que Kuri en realidad era un prestanombres de verdaderos peces pesados de la política y los negocios. En este momento hay por lo menos una cuenta con 20 millones de dólares sujeta a una investigación por su origen sospechoso. Las menciones que la autora hace de estas personas en el libro, son revelaciones de las propias niñas, víctimas de Succar, quienes describen en sus testimonios ante PGR los personajes que acudían con el pederasta y los que Succar mencionaba como sus protectores.

Hoy Lydia enfrenta un proceso que puede concluir en cuatro años de cárcel, por el delito de difamación. Para los que la acusan es importante lograr su condena, porque ello influirá en el juez norteamericano que debe hacer fallar a favor o en contra de la extradición de Succar. Los abogados del pederasta confían en que los tribunales poblanos den como buenos pruebas ginecológicas y testimonios de las víctimas que favorecen a Succar, pero que las instancias federales declararían inadmisibles. Gracias a los “misterios” poblanos tales pruebas podrían legitimarse. En realidad Lydia Cacho sería un chivo expiatorio, para lograr la liberación de Succar. Y para tal efecto buscaron y encontraron un gobernador a modo. En Puebla Lydia Cacho no tiene la menor posibilidad de salir absuelta, sin importar las pruebas que presente. Y si había alguna duda, el caso de Martín Barrios es contundente.

Martín Barrios Hernández es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán. Esta organización ha defendido durante años los casos de las trabajadoras maquileras que laboran en las plantas de Kamel Nacif: los despidos injustificados, los sueldos de miseria, el cierre y la apertura de plantas para evadir responsabilidades fiscales y laborales, los casos de acoso sexual, etc. Hace dos semanas, esta institución protestó por la detención de Lydia Cacho. Diez días más tarde, Barrios Hernández fue detenido, acusado del delito de extorsión por parte de Lucio Gil, señalado como prestanombres de Nacif en una de las maquiladoras. Martín Barrios pudo comprobar con un video que él se encontraba en otro pueblo impartiendo una charla, justo en el momento en que su acusador asegura que lo estaba extorsionando. No obstante, el juez rechazó sus pruebas y dictó auto de formal prisión sin derecho a fianza. Martín Barrios tendrá que enfrentar en la cárcel el juicio por un delito a todas luces inventado. Las irregularidades en el proceso, la ejecución hostil y el tratamiento en “fast track” fueron similares al caso de Lydia Cacho.

Seguramente son muchos los favores que el gobernador Mario Marín le debe a Kamel Nacif (el principal apoyo financiero de su campaña, aseguran en Puebla), para pisotear la ley de manera tan salvaje y descarada. Hace tiempo que no se veía tal falta de oficio político en esto que constituye un regreso a los peores tiempos de los gobernadores de “soga y cuchillo”. Para desgracia de Marín que apenas cumple un año en el poder, los tiempos han cambiado. Ya han protestado la Cámara de Diputados, organismos y cortes internacionales, gobiernos extranjeros y prácticamente toda la comunidad periodística nacional. Pero Marín sigue empecinado en lo que parece ser su suicidio político. Es una factura demasiado elevada para pagar por un favor de amigos. A menos que se trate de otra cosa: ¿De que tamaño será el poder de los protectores de Succar Kuri, que pueden permitirse el sacrificio de un gobernador? ¿Es eso lo que está detrás de los Misterios de Puebla?

jzepeda52@aol.com



2006-01


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