1.-Introducción

En su origen, la  “Asamblea Nacional Constituyente” es una institución que la burguesía ha creado para establecerse como clase políticamente dominante en la emergente sociedad capitalista, tras haberse erigido en el tercer poder al interior del Estado feudal —junto a la nobleza y el clero— al tiempo minaba la base económica de esa sociedad transformando a los artesanos y campesinos en asalariados, y al señor feudal en simple rentista. 

Marx dice que la circulación o intercambio de mercancías, es el fundamento absoluto de la producción capitalista; esto es cierto no sólo en sentido lógico-social, dado que la creación de plusvalor presupone el intercambio entre los propietarios de fuerza de trabajo y los propietarios de capital dinerario, sino también en sentido histórico, porque el capital productivo o industrial, ha sido el resultado del cambio de cantidad en cualidad del capital comercial, de su interacción en la esfera de la circulación de mercancías hasta convertirse parte de él en capital industrial. 

En efecto, como es sabido, la burguesía nació y se desarrolló personificada en los llamados “burgos” que actuaban al interior de la sociedad feudal tardía vinculando oferta y demanda en los intersticios comerciales o distintos puntos marginales o esporádicos de intercambio. Etimológicamente, la palabra “burgués” tiene su raíz en el vocablo latino “burgus” y en el alemán “brug”; ambos términos designaban a las aldeas pequeñas que, en la sociedad feudal, dependían económicamente de la ciudad más cercana. Los agentes sociales que vinculaban comercialmente esos pequeños conglomerados urbanos aledaños al campo, con las ciudades propiamente dichas, eran los llamados “burgos”.

En tal sentido, las asambleas constituyentes han sido formas políticas constitutivas de la burguesía en su conjunto, adecuadas a las formas económicas de la acumulación de capital, producto del proceso de transformación de los artesanos y campesinos en asalariados, de los terratenientes feudales en rentistas, de la renta territorial en capital financiero, y de buena parte del capital comercial en capital industrial o productivo; al mismo tiempo que, con retraso, se operaba el proceso de transformación en el status político de la burguesía en su conjunto que, de clase subalterna dentro de los Estados generales de la formación social feudal, pasó a ser clase dominante, y el Estado estamental o absolutista de tipo feudal, se convirtió en Estado democrático-formal —alternativamente dictatorial— de tipo capitalista o capitalista puro.

Posteriormente, durante el llamado capitalismo colonial y semicolonial —que se ha extendido entre el siglo XIX y superada la primera mitad del XX— las Asambleas Nacionales Constituyentes pasaron a ser los mismos medios de emancipación política de que, esta vez, se valieron las burguesías de las colonias de ultramar explotadas y oprimidas por sus homónimas de las metrópolis capitalistas ya soberanamente constituidas, que impedían la creación de las condiciones políticas apropiadas, para que la explotación del trabajo ajeno sirviera a los fines de la acumulación del capital no en las metrópolis, sino en el territorio nacional autóctono de las colonias emancipadas, a instancias de la formación de su correspondiente mercado interno capitalista. 

En la mayoría de los casos, durante la etapa temprana y madura del capitalismo, las Asambleas Nacionales Constituyentes fueron convocadas por la burguesía en su conjunto —o por su fracción triunfante— previa formación de un gobierno provisional revolucionario de facto, producto, a su vez, de la lucha política más o menos cruenta por el nuevo poder burgués soberano o dominante, enfrentado a una nobleza caduca o a unas burguesías coloniales extranjeras, en presencia de un proletariado emergente cada vez más numeroso. 

Una vez cumplido el proceso histórico de las luchas anticoloniales de emancipación política de las distintas burguesías nacionales constituidas como tales en la periferia capitalista —e implantados sus correspondientes Estados soberanos económicamente dependientes— las sucesivas Asambleas Nacionales Constituyentes han sido convocadas por la burguesía, bajo condiciones de crisis políticas de Estado, revolucionarias o no revolucionarias, según los siguientes fines, alternativos y/o conjuntos a los regímenes políticos preexistentes:

1. Para proceder a una reestructuración o cambio en las cuotas de poder político entre las distintas fracciones burguesas en pugna al interior de la misma clase burguesa nacional dominante.
2. Para reintegrar políticamente en el sistema a las clases subalternas que ya están representadas en las instituciones del Estado, y cuya lucha tenaz y sostenida por reivindicaciones que la burguesía en su conjunto no les puede conceder, tiende a marginarles del sistema en sentido claramente subversivo. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en diciembre de 1918 en Alemania, cuando la burguesía convocó a ese organismo, y los obreros, con el poder en sus manos conquistado desde los Consejos, aceptaron la convocatoria decidiendo mayoritariamente votar en la Asamblea Constituyente por el Partido Socialdemócrata Alemán, que procedió inmediatamente a disolver los Consejos y aniquilar a la extrema izquierda de ese partido: la fracción “Espartaco”, abortando así la revolución social.
3. Para integrar políticamente en las instituciones “democráticas” a un sector de las clases subalternas marginadas de ellas y en lucha por reivindicaciones que la burguesía en su conjunto no les puede conceder, con clara tendencia a la desestabilización política del Estado. Tal es la situación que últimamente se ha venido presentando en Ecuador y Bolivia respecto de la población indígena mayoritaria en ambos países.      

Los antecedentes históricos más destacados sobre el fenómeno de la Asambleas constituyentes, que permiten explicar casos como el de estos dos países, han sido el motivo central del presente trabajo. De él se desprende que, según el grado de confrontación que la burguesía en el poder prevea pueda alcanzar la dialéctica fundamental con sus clases subalternas insubordinadas, las asambleas constituyentes han servido, en todos los casos, para diluir las luchas al interior del aparato de Estado, sublimando las contradicciones mediante maniobras dilatorias (ofertas de mínimos que presionen sobre los más indecisos, trámites parlamentarios, compra de voluntades políticas, creación de comisiones preconstitucionales, organismos promotores, etc.) que alejan el horizonte de la resolución del conflicto sin resolverlo a la espera de que el movimiento de los explotados se desgaste, debilite, pierda poder de negociación y decida aceptar las condiciones de una derrota consensuada. De no ser así, porque aun debilitado por la defección de su sectores políticamente más débiles el movimiento sostiene su lucha, se prepara una provocación que justifique el aplastamiento militar y la derrota estratégica consecuente de la minoría combativa, método que la burguesía ha venido empleando en la mayoría de los casos exitosamente a lo largo de la historia del capitalismo.

¿Cuál es el secreto de este procedimiento? Integrar en las instituciones políticas de Estado a los representantes políticos de los sectores sociales insubordinados, con o sin Asamblea Constituyente. Esto es lo que ha venido practicando la burguesía desde la revolución francesa de febrero en 1848. Tal es la principal “virtud” y baluarte contrarrevolucionario del régimen político representativo. Porque sólo así, en la soledad del poder que supone la representación política institucional, es posible la práctica consuetudinaria burguesa de comprar la voluntad política de quienes eventualmente representan los intereses de las clases subalternas. Es lo que acaba de pasar recientemente con ese “globo” remontado en Brasil llamado Lula, que ya se está desinflando sin pena ni gloria. Lo mismo que todavía pasa con el fenómeno llamado Chávez; lo mismo que ha sucedido recientemente en Ecuador y hoy día se pretende, de momento infructuosamente en Bolivia, aunque, dada la inexistencia de una alternativa revolucionaria orgánica, no será esta una excepción a la regla.

¿Por qué de momento infructuosamente en Bolivia? Después de la rebelión de otoño de 2003 ―que supuso la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada―, obligada por la situación, la burguesía, a través del presidente de recambio, Carlos Mesa, puso encima del tapete dos importantes propuestas:

1. un referéndum en cada región entorno a qué se debería hacer con el gas, y

2. Asamblea Constituyente para la “refundación del Estado” articulado en un Estado de las Autonomías.

El referéndum realizado el 18 de julio de 2004, fue calificado por los sindicatos y organizaciones populares como "tramparéndum", por "tramposo" y "engañoso". Pretendió que los bolivianos eligieran entre dos políticas que son igualmente “entreguistas y antinacionales”, dado que ambas consagran el pleno dominio de las transnacionales sobre los hidrocarburos. Por el contenido y la forma de las cinco preguntas del referéndum, no importaba mucho quien ganaba, el Si o el NO, ya que las petroleras extranjeras seguirían teniendo la "propiedad real" de los hidrocarburos y serían —son— las que más se benefician con su explotación, dejando muy poco o casi nada para el consumo interno del país más pobre de América del Sur.

El referéndum sirvió a la burguesía, para calibrar el grado de determinación política del movimiento, al comprobar que, por amplia mayoría la población votó por la nacionalización de los hidrocarburos. Pero la medida no fue llevada a cabo. En su lugar se optó por iniciar los trámites parlamentarios para aumentar significativamente los impuestos a las multinacionales, pero este trámite fue abortado por los últimos acontecimientos que derrocaron a Mesa.

En cuanto a la articulación del Estado de las Autonomías, que fue vista como una propuesta subsidiaria a las demandas de la gestión y el cobro de los hidrocarburos por parte de las regiones, tampoco prosperó. Por lo tanto, las dos propuestas finalmente fracasaron, tanto por falta de voluntad política de la burguesía, como por la impaciencia de los explotados y no se llevaron a cabo: el desencanto hacia la clase política y los temores a la partición del país se impusieron.

No es esta la primera vez. También se desilusionaron del gobierno de Sánchez de Losada, al que derrocaron en 2003 para pasar a confiar en el de Carlos Mesa, a quién —desilusionados— también acaban de derrocar y ahora depositan toda su confianza en sus actuales dirigentes reformistas, como décadas pasadas confiaron y se desilusionaron con Siles Suazo y Paz Estensoro. Los obreros y campesinos bolivianos siguen estando hoy, pues, como los obreros franceses después de protagonizar la insurrección de febrero que acabó con la monarquía de Luis Felipe, en que delegaron el poder conquistado desde las barricadas en la flamante “democracia” encarnada en la burguesía moderada. Para no hacer tan larga la reseña histórica desde entonces, digamos que la clases subalternas bolivianas, están ahora mismo respecto de sus líderes políticos y sindicales, como la clase obrera en Chile después del triunfo ilusionante de la opción burguesa de izquierdas con Allende en 1971; Como la clase obrera argentina después del triunfo no menos ilusionante del peronismo en 1973; como los obreros y campesinos nicaragüenses y salvadoreños en la década de los 80, que confiaron en los dirigentes del FSLN y del FMLN, para citar sólo algunos casos.

En cuanto a la ilusión convertida en conformismo que todavía vive gran parte de la clase obrera española, también hay que atribuirlo al proceso “constituyente” de 1978, y a la consolidación de la “democracia” después de la farsa de golpe montada el 23F de 1981, tanto como al ingreso del capital financiero español en el club imperialista, que con las migajas de sus superganancias, todavía puede ser comprada a bajo precio, aunque a un alto coste para sus familias por las consecuencias de la precariedad laboral y el aumento en los ritmos de trabajo en términos de enfermedades profesionales, crisis familiares accidentes de trabajo, etc.

¿Es necesario volver a pasar por lo mismo que la historia ha demostrado que sólo sirve —de un modo u otro— para asegurar en el poder al conjunto de la burguesía? Evidentemente, NO, porque en Bolivia, por ejemplo, ya existe una burguesía nacional en el poder que quedó constituida como tal desde el 6 de agosto de 1825, con unas reglas del juego político que han venido permitiendo la “libre” explotación de trabajo ajeno sin restricción alguna. Entonces, ¿para qué dirigentes indígenas como Evo Morales y Felipe Quishpe piden la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente en ese país? Para “incluir a los excluidos”. Así lo dicen estos dirigentes y así lo repiten y asumen ilusionados los movimientos sociales en Sucre, en Cochabamba y en La Paz. ¿Incluir a los excluidos dónde? En el sistema económico capitalista. Pero como eso, de momento, es imposible, por lo menos que sea en el régimen político “democrático representativo”. A esto le llaman “refundar el Estado”. ¿Por qué? Simplemente, porque antes no estaban ellos Y el caso es que los actuales representantes políticos de los excluidos en Bolivia son precisamente hermanos de leche política de Siles Suazo y Paz Estensoro, de Salvador Allende en Chile, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Guillermo Ungo en El Salvador, de Hugo Chávez en Venezuela o de Ignacio “Lula” Da Silva en Brasil.    

¿Porqué, estos dirigentes de las fuerzas reivindicativas espontáneas autoproclamadas progresistas levantan la consigna de “incluir a los excluidos” en las instituciones políticas del sistema burgués? Porque, en realidad, son ellos los que quieren auparse allí, para compadrear con la burguesía; ésta es su más secreta, inconfesable y sentida aspiración; ¿a cambio de qué? De seguir dando gato por liebre a sus representados. Apropiarse de la aureola de dignidad revolucionaria que en un pasado remoto tuvo esa consigna, para negociar su inclusión burocrática personal en el sistema político, vendiendo a la burguesía las ilusiones que sean capaces de trasmitir a sus representados desde las instituciones capitalistas de Estado. En cualquier caso, conseguir mejoras parciales, reformas de segundo o tercer orden social que permitan mantener el estado de cosas esencialmente como está, de modo que, a fuerza de privilegios burocráticos y de pisar las mismas alfombras del Congreso y los despachos ministeriales, de empezar siendo representantes de las clases subalternas ante el Estado burgués, acaben transformándose en representantes del Estado burgués ante los que empezaron siendo sus representados. 

El caso más vertiginoso en este tipo ya común de metamorfosis política en la historia reciente, se dio en Ecuador con Lucio Gutiérrez. Este ambicioso coronel, que llegó a la presidencia con un discurso radical y el apoyo de las organizaciones indígenas, una vez aupado a la presidencia del gobierno por el movimiento campesino indígena, imprimió a su política un giro “copernicano” cambiando radicalmente de posición en menos de lo que canta un gallo.

En efecto, Gutiérrez había llegado al poder en enero del 2003 con un “partido” sin base social de origen al que llamó “Sociedad Patriótica”, integrado por miembros de las FF.AA. en retiro, familiares y amigos. A partir e ese engendro, construyó alianzas claves con un sector del empresariado “nacional” y varios sectores de la izquierda oportunista, entre ellos el “Partido Socialista”, el “Movimiento Popular Democrático”, autoproclamado “marxista-leninista” y el movimiento indígena, organizado en la “Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador” (CONAIE)     y en el partido “Pachakutik, que le dieron su respaldo. [1] La CONAIE, dirigida entonces por el quechua Antonio Vargas Guatatuca,  apoyó la revuelta que Gutiérrez planificó contra el gobierno de Mohuad desde noviembre de 2000 junto a los coroneles Fausto Cobo, Luis Aguas, Guastavo Lalama y Jorge Brito, con la incierta implicación del General Mendoza. 

Curiosamente, estas formaciones sociales y políticas reivindicativas indigenistas que fueron surgiendo durante las últimas tres décadas, a diferencia de las bases sociales que pasaron a representar, adoptaron el modelo organizativo de representación vertical, típico de los partidos políticos e instituciones estatales burguesas. De este modo, el consenso comunitario, práctica histórica tradicional para la toma de decisiones y designación de representantes vigente desde tiempo inmemorial en las comunidades indígenas, fue reemplazado por el de la democracia (votación) a la manera occidental. El esquema de representación política vertical y la asimilación de prácticas estatales en la gestión de estas organizaciones, dio como resultado la hegemonía de las nacionalidades "grandes" en la conducción de estas organizaciones regionales, provocando como efecto la inobservancia de las propias diversidades indígenas. Esta forma perversa de gestión y representación política, preparó, además, el terreno, para el control político del movimiento por parte de la burguesía, a instancias de la cooptación de sus principales lideres para ponerlos al frente de las más importantes y representativas instituciones políticas del Estado burgués.

 El coronel Lucio Gutiérrez aprendió muy pronto a aprovecharse de tales circunstancias,  utilizando el vocabulario, las ideas y las formas burguesas de tal modo introducidas en las organizaciones políticas indígenas, especialmente por las ONG con el pretexto de los planes de ayuda para el desarrollo,  verdadero señuelo al servicio de la disolución del sujeto colectivo o comunitario en el sujeto individual, propietario privado de su tierra, en su doble condición en tanto molécula económico-social que interactúa como burgués, en la sociedad civil regulada por el mercado, por una parte, y, por otra, como ciudadano en tanto molécula política que constituye el tejido social del Estado; pero sin dejar jamás de ser individuo, propietario privado. Y no es que estas consideraciones escaparan al entendimiento de los líderes comunitarios indígenas:

<<Bueno, mi experiencia personal y mi aprendizaje en mi comunidad, y en otras comunidades de otros pueblos, es que al menos yo estoy absolutamente claro sobre el rol de estos dos conceptos de desarrollo y ciudadanía, y su impacto en nuestras comunidades que ha sido tremendo, podría decir que viniendo de una comunidad en la que vivimos y crecimos con prácticas que son absolutamente distintas, de una sociedad absolutamente comunitaria, una sociedad donde la práctica cotidiana de las cosas es colectiva, se puede notar el impacto de estas nociones de desarrollo y ciudadanía, porque creo que esta manifestación de lo colectivo, de lo comunitario, yo diría incluso que es lo que nos caracteriza fundamentalmente, estas formas de vida colectivas entran en contradicción con la ciudadanía, porque la ciudadanía es siempre individualista, no es comunitaria, no es colectiva, es el individuo solo y nada más. Y con ese individuo solo, sin ningún nexo con su sociedad están diseñadas las estrategias de desarrollo. Ese desarrollo es del individuo, no es de la comunidad.>> (Luis Macas Ambuludi: “Reflexiones sobre el sujeto comunitario la democracia y el Estado” : http://www.globalcult.org.ve/doc/EntrLuisMacas.htm

Pero este conocimiento fue lo suficientemente superficial como para no comprender que no se puede actuar al mismo tiempo representando a los dos polos de una relación dialéctica entre dos estructuras sociales no sólo contradictorias sino irreconciliables, sin que esa dialéctica que actúa en el alma de quienes intentan conciliar lo inconciliable, se resuelva en el comportamiento de quienes intentan repartir su voluntad política entre semejante dualidad de poderes, como el falso dado en que se convierte todo individuo en tales condiciones, que siempre se detiene sobre la base de ese poder dual que más pesa sobre él y le subyuga.

Así, para ganarse el favor político de los líderes indígenas en tanto individuos de tal modo relativamente independizados de las estructuras comunitarias características de las sociedades que proclamaban representar y de las que eran originarios, Lucio Gutiérrez hizo suya la retórica planteada por la izquierda burguesa, despotricando en su campaña contra la Base de Manta, contra el Plan Colombia, la privatización de las áreas estratégicas, la corrupción y a la oligarquía. La enorme base de masas que aportó la Conaie y Pachakutik a instancias de sus líderes encandilados por el discurso de Gutiérrez, fue el factor determinante para que este ex coronel del Ejército ecuatoriano ganara la presidencia en noviembre 2002.

Ese año, este coronel ganó las elecciones para la Presidencia de Ecuador con el voto de los sectores populares, descontentos con los partidos políticos tradicionales, que habían conducido al país a una gravísima crisis económica. Sin embargo, dichos partidos, especialmente los representantes de la clase media quiteña, conservaron el control del Congreso, las cortes de justicia, los tribunales electorales y los gobiernos locales. Desde el inicio del gobierno de Gutiérrez, esta oposición intentó destituirlo.

Lo primero que hizo Gutiérrez —y los líderes indígenas de algunas organizaciones aceptaron— fue repartir ministerios y cargos públicos menores entre sus aliados, entre ellos los dirigentes de la CONAIE y el Pachakutik, nombrando en la cartera de exteriores a Nina Pacari, una abogada quichua que antes había sido diputada por esta última organización. Después nombró a Antonio Vargas, ex dirigente máximo de la CONAIE y líder de la insurrección de enero de 2000 [2] como ministro de Bienestar Social. Más tarde a Luis Macas Ambuludi, que pasó a desempeñarse como ministro de agricultura. [3]

A los quince días de asumir sus funciones, Lucio Gutiérrez cambió de trinchera y comenzó a asumir la agenda del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de los Estados Unidos y de la oligarquía tradicional ecuatoriana, con lo que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo país (MUPP-NP), se retiró de la alianza seis meses después de semejante revelación, con lo que Luis Macas y Nina Pacari abandonaron sus cargos. [4]

¿Por qué esperaron tanto tiempo? Así se explicó Pacari en una entrevista concedida a la periodista Patricia Bravo en Quito, publicada en el número 574 de la revista “Punto Final” entre agosto y setiembre de 2004:

PB: ¿Qué fue lo más grave de la crisis, a su juicio?

NP:  En el plano económico, haberse subordinado a los dictámenes del gobierno de Estados Unidos sin debatir, sin pelear, a diferencia de lo que vimos en Argentina. El gobierno optó por las formas más extremas del modelo neoliberal, lo que definió un rumbo contrario a nuestra propuesta. Eso se evidenció a los quince días de asumir el gobierno y nosotros, en el gabinete, tuvimos que asumir el costo político de no haber salido de inmediato. Pero si lo hubiéramos hecho, las elites —que siempre están enquistadas en el poder— lo hubieran mostrado como una irresponsabilidad. (Op. Cit.)

Nina Pancari Vega se ha sentido responsable ante el Estado burgués que actúa por cuenta de la oligarquía ecuatoriana, del mismo modo que responsabiliza a esa misma oligarquía de la secular postergación social en que mantiene a los indígenas que aspira a representar en ese mismo Estado. Es el caso representativo de unos burócratas indígenas con formación universitaria pero sin el preceptivo conocimiento científico de la sociedad en que viven, cuya aspiración es ocupar cargos públicos en el Estado burgués para hacer carrera en él tratando al mismo tiempo de realizar un proyecto de integración inspirado en las necesidades de las organizaciones comunitarias de donde provienen. [5]

Su error consiste en no poder ver otro modo de realizar ese proyecto, que no sea éste, desde unas estructuras políticas estatales hechas a una conciencia social donde las necesidades de los individuos prevalecen sobre las del conjunto, y los intereses privados o individuales de una clase social, la burguesía, sobre los intereses comunitarios o colectivos de sus clases subalternas; una realidad política que nada tiene que ver con una realidad social donde las necesidades de la comunidad todavía prevalecen sobre las necesidades de los individuos. Lo que pasa es que estos representantes de las comunidades indígenas, se sienten y asumen al mismo tiempo como individuos y como comuneros. Trasladando esta contradicción no resuelta en su conciencia y en su comportamiento, nadando entre dos aguas han devenido en una especie de mixtura políticamente inconducente entre las dos formas de concebir la vida en sociedad y el resultado está a la vista.

¿Cuál fue la intención y el comportamiento de Lucio Gutiérrez con las comunidades indígenas? Pues, continuar el proyecto capitalista de diluir las reminiscencias ancestrales de las estructuras comunitarias en América Latina, en las estructuras de clase típicamente burguesas. Entre otras cosas, reemplazando el consenso y control permanente típico de la democracia realmente participativa y directa para la organización del trabajo y la vida vigente entre los indígenas, por un régimen de “democracia” formalmente participativa e indirecta” que delega la dirección de los asuntos más importantes del trabajo social y la vida de los individuos, en una minoría burocrática burguesa de representantes políticos electos en comicios periódicos realizados al efecto.

Que aún con tardanza Nina Pacari Vega y Antonio Macas Ambuluri han conseguido sobreponerse al componente individualista burgués de su conciencia dual, eso sólo se explica porque las bases del movimiento indígena siguen luchando y demuestran ser la base ideológica más pesada en la vapuleada conciencia política de estos dos representantes indígenas.

Por el contrario, Antonio Vargas no pudo conseguir hacer lo propio sacando a relucir todo lo que llevaba dentro, revelando que la base económico-social que más había venido pesando en su alma no eran ya las estructuras comunitarias del movimiento indígena, sino la superestructura del Estado en que le pudo metamorfosear la burguesía una vez que logró meterle —por que así lo quiso él y sus propias bases— en el capullo ministerial desde donde se le ha visto salir convertido en punta de lanza de la oligarquía ecuatoriana en alianza con el imperialismo norteamericano al interior de la CONAIE.

Esta movida explica por qué esa importante organización indígena no participó de la rebelión “mediera” (pequeñoburguesa) de febrero último que expulsó del gobierno a Gutiérrez. Con su política  de prebendas y concesiones de cargos públicos, Gutiérrez consiguió neutralizar políticamente a la CONAIE.

Habiendo sido electo con el 55,5% de los votos en noviembre de 2002, su crédito político cayó a partir de los primeros meses de gobierno noviembre tan en picado frente al movimiento de las masas trabajadoras y campesinas, como su representación en el Congreso, que descendió hasta quedarse con sólo cinco escaños en el parlamento —de los cien que lo componen— y con un ridículo 7% de apoyo popular entre los 13 millones de ecuatorianos que habitan el país. Esta situación fue aprovechada por los partidos de la clase media quiteña que instrumentaron el Congreso para destituir a Gutiérrez a instancias del Poder Judicial por numerosas irregularidades, corrupción y abuso de poder.

Lo que colmó el vaso de la paciencia popular fue la contraofensiva lanzada por Gutiérrez el 25 de noviembre de 2004 contra los partidos “medieros” con influencia en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Electoral. Haciendo alianza en el Parlamento con la izquierda burguesa del Movimiento Popular Democrático y los dos partidos populistas (de Bucarán y Novoa), Gutiérrez consiguió mayoría en el Congreso para destituir a siete de los nueve miembros del Tribunal Constitucional, que reemplazó por otros tantos magistrados partidarios de su plan antidemocrático radicalmente opuesto al contenido de sus promesas electorales, cautivo como había quedado del Partido Roldosista Ecuatoriano —que encabeza el ex presidente prófugo Abdalá Bucaram— y el PRIAN, del empresario bananero Álvaro Noboa, aspirante a suceder a Gutiérrez en la presidencia.

El 8 de diciembre, Gutiérrez continuó su ofensiva reaccionaria y “antidemocrática” destituyendo a los 27 miembros de la Corte Suprema, echando mano a una disposición constitucional que, en verdad, no otorgaba a los parlamentarios ninguna facultad para dar este paso. Pero con 52 votos sobre cien, en el Congreso, la nueva mayoría había inaugurado una política sin barreras.

Renovada la Corte, ha emprendido varias tareas: purgar a los jueces de las demás instancias, nombrar el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, designar a todas las autoridades electorales y revisar los nombramientos de notarios. Mientras tanto, el Congreso se ocupaba de designar al fiscal general, al contralor y al defensor del pueblo. El poder institucional resultó así totalmente cambiado con una absoluta  concentración de poder en la persona del presidente Gutiérrez.

Estos cambios permitieron a Gutiérrez emprender una ofensiva jurídica para anular los juicios contra sus nuevos aliados: el ex-presidente Abdalá Bucaram, Álvaro Noboa, y el vicepresidente Alberto Dahik. Bucaram, Noboa, y Dahik regresaron del exilo, lo que causo las protestas y movilizaciones, que estuvieron en el principio del fin del mandato de Gutiérrez.

Inmediatamente, contra la purga de la Corte Suprema se pronunciaron federaciones de cámaras de comercio y asociaciones de bancos, los alcaldes de las ciudades más importantes —incluidos los de Quito y de Guayaquil— la Iglesia Católica y la asociación de radiodifusión y televisión. El 16 de febrero, una gigantesca manifestación atravesó Quito en protesta contra el golpe de Estado técnico dado por Lucio  Gutiérrez, pese a que el Gobierno organizó una contramarcha a la misma hora y a poca distancia de la primera, con el objeto de disuadir la participación de opositores.

La corrupción resultante de la purga en la justicia fue muy alta. Varios de los nuevos miembros de la Corte fueron objeto de una rigurosa investigación por parte del diario “El Comercio de Quito” poniendo en evidencia varios ilícitos por los que estos magistrados se enriquecieron con el ejercicio de sus cargos. El diario “El Universo” difundió publicaciones internacionales donde se advertía "a los inversionistas extranjeros que venían al Ecuador, que harían bien en contratar los servicios legales de ciertos políticos y diputados", dado que "un determinado grupo político tenía un ejército de jueces" a su disposición.

A todo esto, desde su nombramiento en junio de 2004 como Ministro de Bienestar social, Antonio Vargas Guatatuca se dedicó a soliviantar las bases sociales y políticas comunitarias del movimiento indígena. En el terreno económico-social, promoviendo la entrega de tierras en propiedad a través del “Consejo de Desarrollo de Pueblos del Ecuador” (Codenpe) dirigido por Nelson Chimbo, otro indígena, entre los tantos que fueron cooptados por el Estado, éste a cargo de la organización “no gubernamental” (ONG) “Amauta Jatari”. [6] En el terreno político, trató de crear una “Conaie” paralela para dividir el movimiento entre los partidarios del gobierno y los que le critican su orientación puramente asistencial de carácter proselitista y clientelar en detrimento de la ayuda genuina al desarrollo. [7] Según la misma fuente, el subsecretario Bolívar González, a quien se le atribuye el verdadero control del Ministerio de Bienestar Social, afirmó que el respaldo popular al gobierno es real y se basa en el trabajo realizado por el ministro Vargas a través de 3. 000 pequeñas obras como la citada.

El correlato político de esta operación a dos bandas, fue la intención de boicotear el II congreso de la Conaie, en diciembre de 2004, en Otavalo, y el intento posterior por parte de seguidores de Vargas, de ocupar la sede de la entidad, en Quito, que dificultó la posesión del nuevo consejo de gobierno, presidido por el dirigente histórico Luis Macas Ambuludi. En ese Congreso se denunció que:

Los diputados del bloque Pachakutik, lograron elaborar algunas leyes a favor de los pueblos indígenas, y últimamente reformas a la Constitución Política, pero las trabas para su aprobación se dan dentro del Congreso Nacional con el resto de partidos políticos que son de derecha y responden actualmente a intereses del gobierno actual, la lucha permanente ha sido con los partidos de derecha, (cuyos representantes hacen valer la mayoría burguesa de que siempre disponen para impedir resoluciones en aspectos fundamentales de la política de Estado, como es el caso de la) oposición directa (por parte del bloque Pachacutik) al ALCA-TLC, Plan Colombia y (a las)  privatizaciones, (por lo que el II Congreso del CONAIE resolvió que) en adelante se trabajará en coordinación estrecha con las organizaciones indígenas.>>  (Op. Cit..:  http://conaie.org/?q=node/26 )

Esta misma estrategia de disolver las estructuras comunitarias en las estructuras burguesas de clase, se proyectó hacia la “Confederación de Indígenas de la Amazonía” (Confeniae), filial de la Conaie, cuya presidencia se disputan José Quenamá —apoyado por el ministro— y Luis Vargas, dirigente achuar, apoyado por la Conaie.

Antonio Vargas se valió de elementos de origen indígena ligados a él desde los tiempos de la CONAIE durante la rebelión del año 2000, como Ángel Gende, ex dirigente tsáchila, Carlos Cuji (chofer), el arquitecto N. Proaño, Alberto Zimbaña, —hasta hace poco director de “Operación Rescate Infantil” ORI). Ese equipo tiene sus interlocutores en provincias. En Cotopaxi están Manuel Miningalli, Juan Choloquinga y Alfredo Toaquiza; en Chimborazo e Imbabura, dirigentes de base de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine); en Tungurahua, Juan Tisantuña, Segundo Chiluisa y los directivos de Chibuleo; en Santo Domingo, Ángel Gende y William Aguavil, quien últimamente se habría separado del grupo; en la Amazonía, José Quenamá (Cofán), los ex diputados de Pastaza Héctor Villamil (con quien hizo las paces recientemente) y de Napo José Avilés, el dirigente huaorani Juan Onamenga y los dirigentes secoyas.

Esta política del gobierno también fue denunciada en el II Congreso de la Conaie respecto de la Ecuarunari:

En ECUARUNARI, con 33 años de lucha, trabaja en la reconstrucción de los pueblos kichwas, capacitación a mujeres líderes y jóvenes, trabajó con niños y adolescentes indígenas, apoyó a la legalización de la Universidad y luchas por defender la vida, contra el TLC, privatizaciones de agua, páramos y otros. Muchos dirigentes se han vendido por migajas luego de la ruptura de la alianza y el gobierno ha atacado a la organización mas representativa del país la CONAIE, con la finalidad de acabar con la misma, creando otras organizaciones paralelas fantasmas. Así mismo, las constantes amenazas de muerte a los dirigentes e infiltraciones de agentes en las organizaciones de base, pero en este Congreso por más que intente Gutiérrez, la CONAIE saldrá unida y fortalecida.>> (Ibíd)

Abandonado por sus aliados, Gutiérrez fue finalmente derrocado por el Congreso ante la pasividad de las fuerzas armadas, en medio de una masiva rebelión protagonizada por la clase media de Quito el 20 de abril de 2005, apoyada por la burguesía opositora, a quienes Gutiérrez llamó “los forajidos”. Pero esta política deletérea de las estructuras comunitarias indígenas por parte del Estado ecuatoriano, persiste, como que fue muy anterior a ese gobierno. Es una estrategia inspirada en los intereses del conjunto de la burguesía, por tanto, es una política de Estado que no depende de las diferencias de intereses particulares entre fracciones de sectores capitalistas que se generan en la sociedad civil, pero se dirimen en la superestructura política, en las instituciones del Estado a instancias de sus respectivos partidos políticos representativos. En los seis meses del gobierno de Gutiérrez, el Estado ha hecho sensibles progresos en este sentido, independientemente de que lo hiciera para mantenerse en el poder. Salvo excepciones muy contadas, las tácticas de las distintas fracciones de la burguesía en sus mutuas disputas por el poder político, muy raramente alcanzan el éxito si atentan contra la esencia social del Estado —la propiedad privada sobre los medios de producción— o contra su estabilidad política. Y el gobierno de Gutiérrez no ha sido una de esas raras excepciones:

<<Para Gutiérrez fue estratégico lograr desarticular la fuerza del movimiento indígena organizado en la CONAIE y así prolongarse en el poder. El sabía que al neutralizar, a sus ex aliados, a la mayor fuerza social del país podría gobernar e imponer su agenda hasta finales de su mandato, en enero del 2006. Y para esto, compró a ex dirigentes de la misma CONAIE (como su ex presidente Antonio Vargas), fortaleció su alianza con otros sectores campesinos e indígenas, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE), con los cuales trazó una estrategia de confrontación permanente quitándole a la CONAIE el control de las instancias autónomas del movimiento indígena como la Dirección Nacional de Salud Indígena (DNSI), la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE), y como si fuera poco hubo varios intentos por acabar con la conducción de la CONAIE. Hubo atentados contra la vida de dirigentes, encarcelamientos, infiltraciones y creación de organizaciones fantasmas y paralelas a las históricas.  Además, el mismo hecho de que la CONAIE tuviera a muchos de sus cuadros políticos en los seis meses de cogobierno ocupando cargos públicos debilitó la estructura organizativa y se creó la desconfianza política al interior, porque algunos dirigentes se quedaron en las instancias del Estado pese a la ruptura. Y junto a todo esto se ha tensionado —y se sigue haciendo desde 1995— la fuerza social organizativa de la CONAIE al prestar muchos de sus cuadros al Movimiento Pachakutik, para ser autoridades electas en los poderes locales y nacionales, con lo que se han derivado contradicciones entre el movimiento social y el movimiento político que están sin resolverse todavía.>>  Jairo Rolong: “Ecuador recobró la institucionalidad: ¿La democracia cuando?” http://www.alia2.net/article5052.html

 Esto es así, en tanto que, como se ha dicho ya y tal parece que no es suficiente, las estructuras socio-económicas comunitarias son incompatibles con las estructuras de clase burguesas cuyo baluarte político es el Estado capitalista. Y el hecho de que los indígenas hayan venido aceptando ser parte de ese Estado, determina históricamente que la disolución de la comunidad rural en propiedad privada individual, tanto como sus organizaciones políticas, sólo sea una cuestión de tiempo, tal como ha venido sucediendo en otras partes del mundo y lo corrobora en toda la línea esta aleccionadora experiencia, sobre la que no nos hemos podido sustraer al necesario comentario en esta introducción. 

Ahora, veintinco días después de la caída del gobierno de Gutiérrez, el pueblo ecuatoriano ha hecho suya la consigna “que se vayan todos” levantada por las clases subalternas argentinas en diciembre de 2001. Pero, a diferencia de aquellos, los indígenas ecuatorianos parece que quieren ser consecuentes con su significado, exigiendo al gobierno continuista burgués de Alfredo Palacio, que llame a un referéndum para decidir sobre dos cuestiones; la primera, que Ecuador salga del Tratado de Libre Comercio y se desmantele la base norteamericana de Manta; la segunda, convocar una Asamblea Nacional Constituyente al margen o sin injerencia de los partidos políticos. Es el denominado “parlamento del pueblo”, una idea que las masas indígenas ecuatorianas llevaron a la práctica durante la revuelta que protagonizaron en enero de 2000; tras tomar el poder durante unas pocas horas, sustituyeron el gobierno burgués por esa organización política resolutiva de tipo comunitario a la que dieron ese nombre. Así lo acaba de volver a plantear la CONAIE en un “Boletín de Prensa” fechado el 6 de mayo de 2005:

<<La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, exige al gobierno transitorio de Alfredo Palacio incluir en la Consulta Popular la pregunta sobre si los ecuatorianos queremos o no una Asamblea Constituyente sin ingerencia de los partidos políticos, adicional a las preguntas del TLC y la Base de Manta, para garantizar la refundación del país.>> (Op. Cit.)

A nosotros nos parece que, dada la naturaleza social y política del sistema capitalista, esto no se debe pedir ni exigir. Es imposible de conseguir por mediación de un gobierno burgués. Sólo es posible hacerlo como en enero de 2000, imponiéndolo directamente por la lucha cruenta y tenaz, que se proponga no sólo desalojar del poder político a la burguesía, sino eliminar esta categoría social confiscando sus propiedades y destruyendo su Estado, para fundar otro sobre bases sociales no capitalistas, esto es, sin propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio. Implantar un Estado obrero-campesino, de esto se trata como condición ineludible para preservar y desarrollar las estructuras comunitarias indígenas.

Esta es la única forma de reafirmar la propiedad comunal de la tierra, quebrando la tendencia histórica —encarnada en la burguesía— hacia su disolución en propiedad privada; una tendencia que vino operando a través de sucesivas ofensivas de la burguesía internacional y el Estado capitalista nacional a través de sus distintos gobiernos de turno, como bien saben por experiencia las sucesivas generaciones de indígenas latinoamericanos, africanos y asiáticos, donde todavía se resisten a que desaparezcan sus tradicionales formas de solidaridad colectiva en el trabajo social sobre la base de la antigua propiedad común de ese medio de producción fundamental que es la tierra. Así pronosticaba Marx esta tendencia objetiva del capital en 1881:

<<Analizando la génesis de  la producción capitalista, digo: “En el fondo del sistema capitalista existe, pues, la separación radical (por expropiación) del productor (individual) respecto de sus medios de producción….la base de toda esta evolución es la expropiación de los cultivadores. Hasta ahora sólo se ha realizado de una manera radical en Inglaterra…Pero todos los otros países de Europa Occidental recorren el mismo movimiento” (“El Capital” Libro I Cap. XXIV. Versión francesa)

La “fatalidad histórica” de este movimiento está así expresamente restringida a los países de Europa occidental .El por qué de esta restricción está indicado en este pasaje del capítulo XXXII: “La propiedad privada  fundada en el trabajo personal (del campesino individual o pequeño productor libre)…será suplantada por la propiedad privada capitalista, fundada sobre la explotación del trabajo ajeno, sobre el asalariado (pequeño productor individual libre expropiado)>> (Ed. Cit. Lo entre paréntesis es nuestro)

En este movimiento occidental se trata, pues, de la transformación de una forma de propiedad privada en otra de propiedad privada (la fundada sobre trabajo personal y la fundada sobre trabajo enajenado o explotado). Entre los campesinos rusos, por el contrario (lo mismo que entre los indígenas latinoamericanos), habría que transformar su propiedad común en propiedad privada.. (Como así ha ocurrido en ese país desde 1862 hasta la revolución de octubre de 1917).>> (K. Marx: “Carta a Vera Zasulich” del 08/03/1881)   

Para Marx, de no mediar una revolución social que anule en todos los ordenes de la vida social la propiedad capitalista y la explotación del trabajo ajeno, sería fatal que la comuna rural rusa estuviera condenada a transformarse en propiedad privada capitalista y los campesinos en asalariados, parte de ellos pasando por la categoría de arrendatarios o aparceros. Por extensión lógica, lo mismo cabe decir de las comunidades indígenas en Latinoamérica, proceso que muestra todas las evidencias de estar en curso de consumarse:

<<Sólo una revolución puede salvar a la comuna aldeana rusa. Los hombres que detentan el poder social y político (la burocracia zarista con el apoyo de la burguesía incipiente), hacen, además, todo lo posible a fin de preparar a las masas para este cataclismo. S i la revolución llega a tiempo, si la inteligentzia (intelectualidad revolucionaria) concentra todas las “fuerzas vivas” del país para asegurar el libre desarrollo de la comuna rural, ésta será pronto el elemento regenerador de la sociedad rusa y el factor de su superioridad sobre los países esclavizados por el capitalismo>> K. Marx: Op. Cit. Lo entre paréntesis es nuestro)

No hay, pues, otro camino, que la conformación de un bloque histórico de poder obrero-campesino en lucha por desbaratar el poder burgués y su Estado; en modo alguno puede ser una solución insistir en buscar un sitió dentro de ese Estado como medio para conservar la comuna rural. En este sentido, la consigna de “Asamblea Constituyente sin partidos políticos” es revolucionaria en tanto se la haga valer para el conjunto del país, lo cual supone, ipso facto, el enfrentamiento con el Estado.

Ésta es la primera enseñanza que se desprende del más elemental ejercicio de memoria histórica sobre las Asambleas Constituyentes que han estado en la génesis de los modernos Estados burgueses nacionales, y en sus refundaciones como salida exitosa de sus grandes crisis políticas que dieron continuidad a la tendencia histórica inmanente y permanente del capital, cual es, la de transformar todo trabajo libre remanente en asalariado para los fines de la acumulación. Explicar esta tendencia objetiva del capital en la cual se inscriben todas las Asambleas Constituyentes de la burguesía como instrumento para ese fin, tal ha sido el propósito de este trabajo.

No se trata, pues de “refundar” el Estado —como dice la CONAIE— porque eso —como la propia palabra lo indica— significa conservar el carácter burgués de ese Estado. De lo que se trata es de fundar un nuevo Estado, en que se constituya el nuevo poder social obrero-campesino políticamente dominante. Un Estado de tipo socialista en transición al comunismo. Ésta es la única realidad económica y política institucional compatible con la subsistencia de las estructuras comunitarias residuales de los indígenas latinoamericanos que tanto proclaman los dirigentes del movimiento indígena, y por las que los propios indígenas están dispuestos a entregar su vida. Cualquier otra proposición deriva inevitablemente en un total despropósito político, como la experiencia así lo ha confirmado hasta hoy. 

  Por su parte, los obreros e indígenas de Bolivia quieren la nacionalización de los recursos energéticos del país y que las regalías del petróleo reviertan en beneficio de la población más desfavorecida. ¿Es posible semejante propuesta en la actual etapa tardía del capitalismo sin eliminar el carácter de mercancía de los medios de producción de esos hidrocarburos? Pues NO. Lo prueban las tres nacionalizaciones de los productos del subsuelo que durante el siglo pasado se realizaron en Bolivia y siempre con el mismo resultado: la vuelta a manos privadas de su explotación, porque la burguesía, nacional e internacional, no puede dejar que los medios de producción de esos recursos dejen de servir para acumular más capital explotando trabajo ajeno. Más aun en las circunstancias actuales del capitalismo postrero, donde la masa de capital productivo excedente o supernumerario, presiona de tal modo sobre las fuentes de producción de plusvalor nacionalizadas, que la burguesías dependientes autóctonas no pueden resistirse sin que peligre la estabilidad económica y, por tanto, política del sistema en su conjunto. Ver: http://www.nodo50.org/gpm/crisis/09.htm

Entonces, la única garantía de que los beneficios de los recursos naturales del país sirvan para el desarrollo social de los explotados bolivianos, consiste en que la nacionalización del Gas y el petróleo sea administrada por un gobierno de carácter obrero con apoyo campesino. Y esto no se consigue llamando a una Asamblea Nacional Constituyente.  ¿Por qué, pues, dar balones de oxígeno a una clase dirigente en aprietos para consolidar su dominio a través de ese tradicional instrumento de poder burgués que son las Asambleas Nacionales constituyentes? ¿Por qué no trabajar entre las masas promoviendo la alternativa orgánica de los soviets, del Poder obrero y campesino?

Precisamente, a petición de un compañero lector habitual de nuestra página, hace aproximadamente un año venimos realizando el presente trabajo de divulgación sobre la historia de las asambleas nacionales constituyentes a través de sus casos más significativos, para demostrar, apelando a la memoria histórica, cómo estas asambleas constituyentes cumplieron su papel constituyendo políticamente a la burguesía en tanto nueva clase dominante frente a las clases precapitalistas decadentes que le precedieron, y en tanto clase burguesa nacional dependiente, políticamente emancipada del capital metropolitano colonial en la periferia capitalista. Nada que ver con lo que objetivamente necesitan hoy en día las clases subalternas llamadas a suceder a la burguesía ya caduca, aunque aún en el poder.