Tal y como hemos venido advirtiendo reiteradamente, esta autorización ha sido aprobada vulnerando numerosas normativas urbanísticas y ambientales. De nada han servido las 70 alegaciones presentadas, con una rigurosa justificación jurídica, técnica y ambiental, en las que se hacía referencia a la numerosa jurisprudencia que determina que todos los planes urbanísticos aprobados a partir de 2006, le son de aplicación la Directiva Europea 2001/42/CE y la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente, mediante la que se realizó la transposición de dicha Directiva, por lo que deben someterse a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La Modificación Puntual del PGOU de El Puerto que recalificó a urbanizable de uso residencial el Rancho Linares, se aprobó en 2011 y no se sometió a la preceptiva EAE, por lo que incurre en radical nulidad. El ayuntamiento y la Junta de Andalucía en vez de anular dicha modificación, la están desarrollando para permitir la construcción de 1.200 viviendas, lo que es manifiestamente ilegal.
También se incumple la normativa legal que protege este bosque, el de mayor biodiversidad del municipio. El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, determina que “Los espacios forestales del Pinar del Madrugador y del Rancho Linares se incorporarán al Sistema General de Espacios Libres de El Puerto de Santa María”. El Plan de Ordenación del Territorio tiene prevalencia sobre el PGOU.
En la autorización ambiental tampoco se ha tenido en cuenta que el Rancho Linares incluye Hábitats de Interés Comunitario, y especies protegidas por la legislación autonómica y europea.
La AAU posibilita el desmontaje de un tramo del Acueducto de la Piedad, lo que está expresamente prohibido al estar amparado este elemento del patrimonio histórico por una protección estructural en el PGOU, lo que obliga a su conservación en toda su integridad.
Además de los motivos de fondo que invalidan la autorización ambiental y el proyecto de urbanización, se han cometido graves irregularidades en su tramitación. En el expediente administrativo se asegura que el ayuntamiento no ha respondido al requerimiento para que se pronuncie sobre las alegaciones de Ecologistas en Acción, lo que es falso. La teniente alcalde delegada de Organización y Planificación Urbana del ayuntamiento, emitió el 22 de abril varios informes a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, informes que no constan en el expediente. Lo más grave es la “desaparición” del informe del jefe del Servicio Jurídico del Área de Urbanismo del ayuntamiento, que asegura que, tal y como alegó Ecologistas en Acción, esa modificación del PGOU no se sometió a EAE, por lo que sería nula de pleno derecho.
En el recurso se detallan los impactos, daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, ya que las obras de urbanización, con la construcción de calles y 1.200 viviendas, supondría la total transformación del territorio, y sus efectos ambientales y contra el patrimonio natural e histórico serían de carácter irreversible.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado que se revoque y deje sin efecto la resolución por la que se ha otorgado la Autización Ambiental al proyecto de urbanización del Rancho Linares. Además, se ha solicitado la suspensión cautelar del acto administrativo debido a las consecuencias irreparables que pudieran derivarse del desarrollo del proyecto de urbanización.