El Puerto de Santa María, 24 de enero de 2022
Las asociaciones integrantes del Grupo Motor creado por la Diputación Provincial de Cádiz para impulsar el proyecto de la Vía Verde Entre Ríos, demandan una mayor implicación de los ayuntamientos afectados, sobre todo los de El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Falta de voluntad municipal para llevar a cabo este proyecto es la conclusión a la que han llegado después de la última reunión celebrada recientemente. Además, exigimos participar en la elaboración del Plan de Movilidad de la Bicicleta de El Puerto.
El pasado mes de diciembre se celebró la reunión del Grupo Motor creado por la Diputación para impulsar del proyecto de la Vía Verde Entre Ríos, asistiendo por parte de la institución provincial Mario Fernández, diputado de Desarrollo Sostenible, e Irene Ares, del Área de Transición Ecológica; representantes de Ecologistas en Acción de El Puerto y Rota; del grupo CANS de Chipiona; y de los Ayuntamientos de El Puerto, Rota, Chipiona y Sanlúcar.
Conviene recordar que fue la Diputación a propuesta de Ecologistas en Acción y del Consejo de Participación Ciudadana de la propia institución, quien ha promovido este proyecto que debiera discurrir por la antigua traza del ferrocarril entre El Puerto y Sanlúcar.
Hace más de una década que las asociaciones ecologistas venimos reclamando la construcción de esta infraestructura de alto valor ambiental para la movilidad sostenible, así como un importante recurso turístico. Actualmente, existen ya dos tramos construidos a iniciativa de los Ayuntamientos de Rota y Chipiona, pero faltan los tramos de El Puerto y Sanlúcar. Estos dos últimos se han desentendido históricamente de las reivindicaciones ciudadanas, y ha tenido que ser la Diputación la que ha tomado la iniciativa para completar todo el recorrido de la Vía Verde con la elaboración de un Estudio de Factibilidad favorable y un compromiso para financiar el proyecto constructivo. Sin embargo, es imprescindible la implicación de los ayuntamientos, toda vez que son los que deben de firmar un convenio con ADIF como propietaria de los terrenos para ponerlos a disposición de su uso como Vía Verde.
Desde los grupos ecologistas aplaudimos el interés mostrado por la Diputación, pero reclamamos una mayor implicación de los ayuntamientos que deberían ser sus principales valedores, especialmente los de El Puerto y Sanlúcar, solicitándoles que cumplan con sus compromisos adquiridos teniendo nuestras dudas sobre su voluntad en hacerla realidad.
Concretamente, en El Puerto ha sido aprobado en Pleno en más de cuatro ocasiones por unanimidad desde hace 8 años, un acuerdo para que se iniciaran los trámites para conseguir la cesión de los terrenos, sin que hasta la fecha se haya hecho absolutamente nada, con un desprecio absoluto a las decisiones aprobadas por los representantes de toda la ciudadanía.
En la reunión, el diputado provincial Mario Fernández informó sobre los avances producidos en las gestiones para la construcción de la Vía Verde, así como de las últimas reuniones técnicas con los ayuntamientos, ADIF y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Igualmente, informó de la reciente aprobación de una partida de 33.000€ para la elaboración del presupuesto de ejecución de la Vía Verde.
Además, en 2021 la Diputación ha mantenido reuniones técnicas en los cuatro ayuntamientos con la finalidad de obtener la cesión de los suelos propiedad de ADIF, pero el Ayuntamiento de El Puerto no ha dado paso alguno en orden a conseguir la cesión de los terrenos de la antigua traza del ferrocarril, a pesar de que ya existe un pre-convenio de cesión por parte de ADIF desde hace años para entregar estos terrenos para la construcción de una Vía Verde.
Ahora se escudan en un supuesto inconveniente por la reciente anulación del PGOU, pero que no ha impedido firmar otro convenio con ADIF de cesión de parte de la citada traza para construir un aparcamiento en la Barriada del Tejar, y que podrían afectar en un tramo a la continuidad de la Vía Verde.
Por último, desde Ecologistas en Acción reclamamos participar en la elaboración del Plan de Movilidad y en el Plan Director de la Bicicleta que tiene intención de llevar a cabo el ayuntamiento. Estos planes requieren de una participación activa de las asociaciones ciudadanas que tienen mucho que aportar pero que no parece ser una prioridad municipal.