Racismo, refugiados y apartheid en Israel

¿Hacia la exclusión de los parlamentarios palestinos en Israel?

16 de enero de 2003. BADIL*, 4 de enero de 2003
Traducción: Beatriz Morales, CSCAweb (www.nodo50.org/csca)

"En el caso de BALAD y de Azmi Bishara** los argumentos políticos y legales israelíes se enmarcan dentro del lenguaje de la 'seguridad nacional', mientras que el principal motivo que subyace es el preponderante imperativo político de mantener a Israel como un 'Estado judío'".

Tras la activación de una intensa campaña internacional en la que han participado miles de personas y más de cien parlamentarios internacionales, el pasado 9 de enero el Tribunal Supremo de Israel decidió revocar la decisión de la Junta Electoral Central de no permitir la participación de la Alianza Nacional Democrática BALAD ni de su presidente, el parlamentario palestino, Azmi Bishara en las elecciones israelíes que tendrán lugar el próximo 28 de enero, aduciendo razones "de seguridad del Estado" que pretenden ocultar y negar el debate sobre la imposibilidad de mantener el carácter judío de Israel en un Estado democrático. El texto que presentamos a continuación, aunque elaborado por Badil con anterioridad a la decisión del Tribunal Supremo, mantiene no obstante su vigencia en cuanto a las cuestiones que plantea [CSCAweb]

Dentro de pocos días está previsto que el Tribunal Supremo israelí tome una decisión que redefinirá el marco de las relaciones políticas entre la mayoría judía de Israel y su minoría palestina para los próximos años. Para el 9 de enero el Tribunal Supremo tendrá que decidir si se va a prohibir la participación de la Asamblea Nacional Democrática (BALAD) encabezada por Azmi Bishara -y del mismo Azmi Bishara- en las elecciones parlamentarias israelíes del 28 de enero con motivo de supuestas razones de "seguridad de Estado". El Tribunal tendrá que adoptar un apostura acerca de si el programa y las actividades de BALAD y de Azmi Bishara forman parte del legítimo debate político del "judío y democrático Estado de Israel", o hay que proscribirlos del discurso parlamentario.

La decisión del Tribunal será crucial porque BALAD y Azmi Bishara no están solos. Además de la sesión sobre el caso Bishara del martes 7 de enero [de 2003], para el mismo día está prevista una sesión similar para decidir acerca del futuro parlamentario de Ahmad Tibi (TA'AL/Hadash). Asimismo, la decisión del Tribunal supondrá un punto de referencia en la feroz campaña política contra los inconformistas parlamentarios palestinos y sus listas. La actual campaña, encabezada por los miembros de derecha del Knesset israelí y por el fiscal general, Elyakim Rubinstein, ya tuvo como resultado la semana pasada la decisión por parte de la Junta Electoral Central de prohibir la participación de BALAD, Bishara y Tibi en las próximas elecciones. Esto hay que entenderlo dentro un más amplio contexto de una serie de políticas adoptadas por el gobierno israelí para aislar y marginar aún más a los ciudadanos palestinos del Estado, tales como la suspensión de la reunificación familiar de ciudadanos palestinos casados con palestinos no residentes; la consideración de nuevas leyes para restringir más el acceso de los palestinos a la tierra; la reactivación del Consejo para la Demografía para que estudie mecanismos para aumentar la población judía en relación a la palestina; el establecimiento de nuevos asentamientos judíos para alterar la demografía en Gaza y Naqab; la revocación de la ciudadanía; la confiscación de tierra y demolición de casas; y la negativa a tratar los derechos de los palestinos desplazados internamente. La discriminación israelí respecto a toda la población palestina ha dado origen a un amplio debate público respecto a al traslado de población y la expulsión forzosa (esto es, la limpieza étnica).

Esto explica también la facilidad con la que la misma Junta Electoral Central aprobó la candidatura para las próximas elecciones de Baruch Marzel, miembro del ilegal movimiento de derechas Kach.

¿Qué democracia en un 'Estado judío y democrático'?

Igual que en el pasado, en el caso de BALAD y de Azmi Bishara los argumentos políticos y legales israelíes se enmarcan dentro del lenguaje de la "seguridad nacional", mientras que el principal motivo que subyace es el preponderante imperativo político de mantener a Israel como un "Estado judío".

Después un frustrado intento anterior de acusar a Bishara por el papel que desempeñó en la organización de viajes para ancianos palestinos a Siria para visitar a familiares suyos que no habían visto en 50 años -el caso sigue pendiente en el tribunal de Nazareth-, la Junta Electoral Central proporcionó una segunda oportunidad. Según unas enmiendas recientemente aprobadas por el Knesset, se puede prohibir una lista o un candidato particular con motivo de que "han denegado la existencia del Estado de Israel como un Estado judío democrático" o "apoyan la lucha armada de un Estado hostil o de una organización terrorista contra el Estado de Israel". El fiscal general de Israel, Elyakim Rubinstein, hizo todo lo posible para probar ambas cosas y su razonamiento citaba prolijamente las "pruebas secretas" proporcionadas por un agente de la inteligencia israelí.

Las declaraciones de BALAD en respuesta al fiscal general arguyen convincentemente que todas las "pruebas secretas" se refieren a declaraciones hechas en actos públicos. Las acusaciones de apoyo a la lucha armada y a las bombas suicidas se basan en interpretaciones erróneas del agente del servicio de inteligencia y se pueden verificar fácilmente con ayuda del público presente en esos actos. El razonamiento del fiscal general no incluye pruebas de encuentros secretos o de actividades con "Estados hostiles u organizaciones terroristas". Además, los abogados de Adalah que defiende el caso de BALAD y de Azmi Bishara critican el hecho de que Rubinstein incluyera pruebas que sirvieron para suprimir la inmunidad parlamentaria de Bishara e iniciar su juicio anterior antes de que se aprobaran la enmiendas a la Ley Electoral. Al mismo tiempo, la respuesta de BALAD reafirma su apoyo al derecho del pueblo palestino a resistir a la ocupación, un derecho que consagra el derecho internacional.

Sin embargo, el desafío real del Tribunal Supremo descansará en la cuestión de si el llamamiento programático de BALAD de transformar Israel en "un Estado de todos sus ciudadanos", en el que judíos y palestinos, incluyendo a los desplazados internos y a los refugiados, puedan vivir sobre las bases de iguales derechos civiles y nacionales, es un asunto legitimo para el debate parlamentario israelí.

Se apelará a los jueces israelíes para que reexaminen críticamente las engañosas ideas públicas y las "pruebas secretas" que mantiene que el abierto a poyo de BALAD al derecho de los refugiados palestinos a retornar a Israel y a un Estado binacional son pruebas del hecho de que el objetivo de "[...] BALAD no es solamente suprimir el carácter judío del Estado, sino abolir el Estado y transformar a la comunidad judía en una minoría controlada por una mayoría árabe en el Estado de Palestina".

El veredicto de los jueces establecerá un hito en el futuro de las relaciones judío-palestinas en Israel. El creciente criticismo entre un sector del público y de los medios de comunicación israelíes respecto a las decisiones políticamente sesgadas emitidas por la Junta Electoral Central, las recomendaciones en contra de la exclusión de las listas y parlamentarios palestinos hechas por el director de la Junta Electoral, el juez Michael Heshin, así como las peticiones y los llamamientos a la anulación de las decisión del Comité Electoral y a un debate abierto y global acerca de la democracia en Israel suscitan ciertas esperanzas de que todavía se puede evitar otro paso más hacia la segregación política y el apartheid.