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(Texto íntegro del informe en inglés publicado por el diario israelí Ha'aretz)El régimen jordano, contra su población y al servicio de los intereses de Israel
'Documento Tenet': la CIA impone a la AP e Israel un plan de seguridad para poner fin a la Intifada
Palestina |
La Administración Bush retoma la cuestión palestino-israelí interpretando el Informe Mitchell a favor de Israel CSCA, mayo de 2001 El respaldo dado por la Administración Bush al Informe Mitchell (mayo, 2001), avalado en la comparecencia ante la prensa del Secretario de Estado Collin Powell el pasado 21 de mayo, simboliza la decisión norteamericana de retomar el expediente palestino tras tres meses de un publicitado absentismo diplomático. Si bien el Informe Mitchell es el resultado del mandato del Presidente Clinton (octubre de 2000) a una comisión de expertos encabezada por el senador norteamericano George J. Mitchell, el contenido del mismo permite a la Administración Bush retomar su intervención mediadora frente a Israel y la Autoridad Palestina (AP) en un momento obligado en que la devastadora represión militar y económica de la Intifada vuelve a alertar a la opinión pública y reclama la intervención inmediata de la comunidad internacional. Merece la pena destacar que el contenido del Informe se pronuncia claramente sobre la necesidad de establecer un "cese inmediato de toda violencia" -sin diferenciar entre la explícita agresión de las fuerzas de ocupación del ejército israelí y el derecho a la resistencia de la población palestina ocupada- y la creación de "medidas de confianza" asociadas a la paralización por parte israelí de "toda actividad [de construcción o ampliación] de los asentamientos, incluido el 'crecimiento natural'. Desde estas dos premisas básicas el Informe reclama la necesidad de volver al marco de las negociaciones restaurando la noción de "cooperación en materia de seguridad entre ambas partes" asociada al marco de los Acuerdos de Oslo. El contenido del Informe equipara "la experiencia traumática de la violencia en el campo palestino e israelí" e identifica la defensa palestina como practicas de "terrorismo". Mientras urge a la AP para que ejerza acciones de control sobre la Intifada, el Informe reduce a la ambigüedad los asesinatos extra-judiciales israelíes de líderes palestinos y de miembros de las fuerzas de seguridad de la AP y no se pronuncia sobre las reclamaciones palestinas de protección internacional para la población palestina de los TTOO sino para afirmar que "para que [tal medida] fuese efectiva necesitaría el apoyo de ambas partes". Pero más allá de las valoraciones referidas en el Informe, lo realmente significativo del mismo no es su contenido, por lo demás muy similar a la iniciativa egipcio-jordana promovida por Mubarak y Abdala hace unas semanas, sino la interpretación que del texto y, particularmente de sus recomendaciones, han hecho tanto EEUU como Israel. Allí donde el Informe establece una conexión directa entre el "fin de la violencia" y la congelación de la actividad de los asentamientos incluido el 'crecimiento natural', como condiciones previas indispensables para iniciar cualquier avance, el Secretario de Estado Powell ha dejado claro que "el primer paso que deben dar las dos partes debe ser un cese inmediato e incondicional de la violencia" sin que éste se someta a las medidas de confianza, prioritariamente, como el propio Informe refiere, la relacionada con la paralización de la actividad ilegal de los asentamientos que es, además, condición sine qua non de la AP para aceptar el texto de la Comisión Mitchel. El argumento de Powell para desvincular el cese de la violencia con la cuestión de los asentamientos israelíes se reduce a la consideración de que lo relativo a los asentamientos únicamente puede ser resuelto previo acuerdo entre las dos partes-Israel y AP-, es decir, que la paralización de nuevas construcciones o ampliaciones de asentamientos es una cuestión objeto de negociación y no de ejecución previa como medida de confianza según se recomienda en el Informe. La Administración norteamericana pretende pasar por alto que los asentamientos de colonos en los TTOO constituyen una practica ilegal desde el punto de vista internacional. Excluir la recomendación del Informe sobre su congelación inmediata implica respaldar la política israelí de crear hechos consumados e irreversibles y redunda en la misma lógica que Israel ha impuesto en los últimos ocho años de proceso negociador. Ello explica que tras la comparecencia de Powell, el gobierno Sharon haya dado su adhesión al Informe Mitchell y, en consecuencia, haya instruido al ejército de ocupación israelí el pasado martes, 22 de mayo, "el fin de las operaciones preventivas iniciadas contra los palestinos excepto en los casos de peligro real para la vida humana". Cabe señalar que, no obstante, ese mismo día el ejército re-ocupó cinco áreas bajo control de la AP en Gaza y bombardeó la ciudad cisjordana de Beit Yala "en respuesta" al fuego palestino contra el asentamiento de Gilo. La interpretación de la Administración norteamericana del informe Mitchell -y el aprovechamiento que de ella está haciendo el gobierno israelí- ha causado la alarma en una AP cuya situación y supervivencia política se ve cada vez mas comprometida ante el impasse que crean las presiones israelíes y norteamericanas, por un lado, y el levantamiento sostenido de una población palestina cada vez mas asediada pero determinada a seguir en rebelión mientras no se modifique el status quo de la ocupación israelí, por otro. La AP debe sumar a la contrariedad con que el contenido del informe ha sido recibido en el interior de los TTOO la interpretación partidaria y favorable a Israel que la Administración norteamericana hace del mismo, especialmente cuando los negociadores palestinos venían reclamando la necesidad de que EEUU interviniese activamente ante Israel: pese al respaldo inicial de la AP al Informe Mitchell, la tan esperada intervención de EEUU se valora sobre todo como una luz verde a Israel para mantener su política de construcción y ampliación de los asentamientos, acomodando el informe a los intereses del gobierno de Sharon. De igual modo, las declaraciones de Javier Solana (uno de los miembros de la Comisión Mitchell) afirmando que para Europa "también debe haber un cese inmediato e incondicional de las hostilidades" previo a cualquier reanudación de "negociaciones constructivas" (23/5/01), ponen de manifiesto el respaldo de la UE a la interpretación norteamericana del informe, cerrando con ello cualquier pretensión palestina de que Europa opere en un sentido diferente al de EEUU. Ambas posiciones, norteamericana y europea no permiten presagiar ninguna modificación sustancial de la intervención internacional en el conflicto, mientras la Intifada entra en su octavo mes, la represión militar israelí se radicaliza y entre la población palestina se recrudecen el empobrecimiento y el drama cotidiano como consecuencia del impenitente bloqueo israelí.
Mayo de 2001 |
