Abdallah II de Jordania:
Un nuevo rey para el antiguo régimen
Loles Oliván
(Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe)
Transcurridos diez meses desde que asumiera el trono, y tras dos remodelaciones
de gobierno, el rey Abdallah de Jordania ha sentado las bases de la política
doméstica, regional e internacional jordana tratando de acomodar
el interés prioritario de fortalecer la economía del país
con la necesidad de corregir formalmente las restricciones políticas
impuestas en los últimos años. Paralelamente, en el frente
árabe e internacional intenta afianzar el recuperado papel regional
-ajustada ya la normalización, con Israel y con EEUU- y despliega
una intensa labor diplomática ante la comunidad internacional y las
instancias financieras en busca de apoyos económicos que garanticen
el drenaje de la economía interna mediante inversiones y condonaciones
de la deuda exterior.
Sintéticamente, el legado de Husein a su heredero Abdallah se
define en términos económicos por recibir un país con
una economía devastada por las secuelas de la guerra del Golfo y
del embargo a Iraq y por la implantación de las reformas estructurales
impuestas en el país según el modelo del FMI desde 1989. Paralelamente,
el campo político presenta una progresiva ruptura como consecuencia
del retroceso en el proceso de apertura iniciado en 1989, retroceso ejemplificado
en la implantación de restrictivas leyes contrarias a los principios
del pluralismo político (Ley de Prensa y Ley Electoral) y en una
fuerte represión de la oposición política. Ligado a
todo ello, en fuerte interdependencia, se intenta afianzar un traumático
reajuste regional vinculado al establecimiento de relaciones con Israel
desde 1994 y asociado al acomodo con la política norteamericana en
Oriente Medio.
La experiencia de las últimas décadas permite constatar
de qué manera el respaldo jordano a la política de EEUU en
la región ha ido acompañado sistemáticamente de una
intensa represión política interna. Ello explica que ante
esta coyuntura los sectores políticos de la oposición reclamasen
a Abdallah, desde su ascenso al trono, la necesidad de establecer un diálogo
nacional que permitiese consensuar el retorno al proceso democratizador
paralizado durante años, con la restauración de un papel regional
para Jordania que no operase en contra de los intereses árabes. Ello
implicaría necesariamente replantear la muy criticada normalización
con Israel, que sigue siendo inaceptable para buena parte de la opinión
pública jordana, así como la reformulación de la política
pronorteamericana de Jordania en Oriente Medio.
Reforma política y recuperación económica
Lejos de afrontar esas medidas, el primer movimiento de Abdallah, tras
la destitución inmediata de varios oficiales militares nombrados
meses atrás por su tío Hasan, fue decretar un cambio de gobierno
nombrando como primer ministro al conservador Abd al-Rawf Rawabda (ligado
a los sectores tradicionales tribales) y a 23 nuevos ministros entre los
cuales se encuentran figuras de la vida política jordana que desempeñaron
un importante papel de apoyo al rey Husein en diferentes gobiernos. Asimismo,
el rey substituyó al jefe de la Casa Real -cargo cuya influencia
y competencias tienen un determinante carácter político en
Jordania- por Abdel Karim Kabariti, primer ministro en 1996/97 y responsable
de la implantación de los recortes en los subsidios del pan que causaron
tres días de fuertes revueltas en el sur del país en 1996.
Su vinculación con los Estados del Golfo así como su coincidencia
con la política norteamericana respecto a Iraq, vaticinaron desde
su nombramiento un fortalecimiento de la alianza de Jordania con EEUU y
una difícil aproximación al vecino iraquí. Ello, unido
al mantenimiento de Samih Batiji como jefe de la seguridad, considerado
como la figura más fuerte a la sombra del poder y responsable directo
de la mujabarat, pronostican que las prometidas reformas en
el sistema jordano estén abocadas a mantenerse dentro de un margen
siempre controlado, el mismo que estableció durante los últimos
años el rey Husein.
No obstante, la necesidad de suavizar el clima de descontento que impera
en Jordania desde los últimos años y de afianzar su posición
como nuevo dirigente del régimen jordano, obligó a Abdallah
a manifestar públicamente su decisión de apoyar profundas
reformas políticas internas que permitiesen abrir el paralizado proceso
democratizador. Se trata, en definitiva, de propiciar una difícil
reconciliación entre las obligaciones pro-occidentales asumidas por
su padre -en los ámbitos político y económico- con
la opinión pública interna. La necesidad de contrapesar estos
dos factores ilustra hasta qué punto el sistema político jordano
descansa en un siempre difícil equilibrio entre la política
interna y exterior.
En el orden interno -establecido como prioritario por Abdallah- dos cuestiones
priman: la reforma política y la recuperación económica.
La primera de ellas parece ineludible si se quiere hacer frente a la contestación
que la oposición jordana viene manifestando en los últimos
años por vías menos expeditivas que la represión policial
que recibe. Lo contrario, el mantenimiento de la represión política
y la preservación del control de las fuerzas de seguridad sobre la
población, está llamado a provocar mayores olas de protesta
y a desencadenar mayor inestabilidad interna. Es por ello que Abdallah orientó
sus primeros pasos a calmar a los grupos de oposición dando instrucciones
al nuevo primer ministro para llevar a cabo "reformas fundamentales
en la lucha contra la corrupción, el desempleo y la pobreza, así
como introducir mayores libertades políticas".
La publicación de un decreto real que anunciaba una sesión
extraordinaria en el parlamento durante el verano pasado con el fin de enmendar
la Ley de Prensa y Publicaciones y las instrucciones al nuevo gobierno para
preparar un borrador de una nueva Ley Electoral fueron tomados como signos
de buenas intenciones por parte de la oposición: "No hemos
visto hasta ahora nada negativo en él y percibimos un esfuerzo real
para afrontar cambios positivos, lo cual por si mismo es muy bueno. Está
en un periodo de rodaje y nosotros le apoyaremos en tanto siga así".
Ambas leyes, la primera por su carácter restrictivo y contrario a
la libertad de expresión y la segunda por estar orientada a asegurar
la mayoría de los escaños en los representantes tribales y
pro-gubernamentales, fueron causa del boicot unánime de los grupos
de oposición a las elecciones parlamentarias de 1997.
En un gesto declarado públicamente como de confianza hacia la
línea reformadora iniciada por Abdallah, los grupos políticos
de la oposición -islamistas del Frente de Acción Islámica
(FIA), izquierda y nacionalistas árabes- decidieron concurrir a las
elecciones municipales celebradas el pasado 14 de julio. Las declaraciones
del FAI, sin embargo, no dejaron resquicio a la duda: su participación
en los próximos comicios generales (2001) estará sujeta a
un efectivo cambio del sistema electoral que abra la participación
real a toda la población por distribución demográfica
y no geográfica como hasta ahora impone la ley. No sin controversia
y tras varios sucesos que enfrentaron a algunos sectores de la prensa independiente
jordana con la oficina del primer ministro Rawabda, el Parlamento aprobó
finalmente el 6 de septiembre la modificación de la Ley de Prensa
suavizando aquellos aspectos que la hacían más impopular.
Frente a estas acciones que podrían indicar movimientos formales
favorables a una mejora de la situación política, un hecho
determinante viene a constatar que la misma dinámica de control y
represión política sigue operando en el interior de Jordania:
el cierre el pasado 30 de agosto de las oficinas que el grupo político
palestino Hamas tenía en Amán y la posterior detención
de veintiún activistas jordanos de la organización, incluidos
tres dirigentes acusados por el gobierno de estar en posesión de
armas y de preparar operaciones militares en los Territorios Ocupados, ha
abierto un proceso judicial y político cuyas dimensiones alcanzan
muy negativamente no sólo al proceso democratizador jordano sino
a la proyección regional del reino en el marco de las negociaciones
palestino-israelíes sobre el llamado estatuto final.
Hamas, democratización y refugiados
La implicación de estas detenciones y la resolución de
las mismas mediante la deportación de cuatro de los detenidos a Qatar
el pasado 21 de noviembre tiene una doble incidencia para la vida política
jordana. Por un lado, si bien desde un principio el gobierno se había
negado a considerar la resolución de la crisis desde la base de la
negociación política, atribuyendo al Tribunal de Seguridad
del Estado competencia exclusiva para resolver la cuestión en un
ámbito judicial, el escaso fundamento legal de los cargos de los
que se acusaba a los detenidos (en total siete; además de los mencionados,
la afiliación a organizaciones ilegales o la posesión de teléfonos
móviles con fines ilegales) obligó al gobierno a renunciar
a un juicio militar sin garantías de fallar a su favor optando de
manera inmediata por utilizar el método de la deportación
contra cuatro de los detenidos y liberando a los 18 restantes. La medida,
criticada desde la oposición por su inconstitucionalidad -los deportados,
aún siendo de origen palestino, son ciudadanos jordanos- tiene serias
consecuencias políticas al sentar un doble precedente: como antecedente
puede volver a aplicarse contra cualquier ciudadano jordano que realice
activismo político contrario al régimen; asimismo, presupone
que el gobierno, con el consentimiento del rey, puede arrogarse el derecho
de violar la Constitución.
Que la crisis de los detenidos de Hamas se haya resuelto provisionalmente
de modo tan drástico y acarreando un gran descrédito para
el gobierno y, sobre todo para el propio rey Abdallah, sólo puede
explicarse si se considera la decisión del nuevo régimen jordano
de eliminar el activismo de Hamas en Jordania como condición necesaria
para deslegitimar la presencia y actividad política opositora de
otros grupos afines a organizaciones palestinas. La presencia organizada
de grupos políticos palestinos en el país y especialmente
la de grupos contrarios al proceso de paz como es el caso de Hamas, sigue
siendo valorada por el régimen como una amenaza susceptible de incidir
en la población refugiada de los campamentos palestinos en Jordania,
en un momento en que la normalización con Israel y las negociaciones
sobre el estatuto final no ofrecen garantías de alcanzar una solución
justa para este colectivo -derecho al retorno o compensación económica,
según la resolución 194 de NNUU. Es por ello que la crisis
de Hamas está intrínsecamente asociada al contexto del proceso
negociador palestino-israelí y al papel que Jordania pueda representar
en él. De hecho, las detenciones y su resolución final con
la deportación han sido permanentemente valoradas no sólo
por los sectores islamistas jordanos sino por toda la oposición como
una manifestación de la voluntad del nuevo gobierno de satisfacer
a Yaser Arafat, a Israel y a EEUU con el fin de que Jordania pueda participar
activamente en las conversaciones sobre el estatuto final y defender en
ellas sus propios intereses.
Ligado a ello y operando en contra del proceso reformador, otro factor
de importancia mediatiza la política interior del país: el
representado por el papel que juegan los poderosos e inmovilistas sectores
conservadores vinculados a los círculos tribales, tradicionales pilares
de la monarquía hachemí y a los cuales pertenece el nuevo
primer ministro Rawabda. La resistencia de dichos sectores a soportar el
peso de una mayor democratización en el país, que implicaría
una pérdida de su influencia política en beneficio de una
mayor igualdad entre todos los jordanos -incluidos los de origen palestino-
ha sido ya objeto de consideración por parte del nuevo rey. La trascendencia
de esta cuestión no es irrelevante: si hasta ahora el sistema jordano
ha negado la participación palestina en la vida política bajo
el pretexto de esperar a que la cuestión de los refugiados palestinos
se resuelva en las negociaciones palestino-israelíes sobre el estatuto
final, la decisión de Abdallah de establecer la igualdad entre todos
los ciudadanos jordanos implicaría que la mayoría de origen
palestino tendría derecho a participar activamente en la vida política
del país, modificando sustancialmente el mapa político del
sistema jordano.
La polémica sobre este asunto se ha extendido hasta el enfrentamiento
entre el primer ministro Rawabda, partidario de mantener la exclusión
política palestina, y el recién destituido jefe de la Casa
Real, Kabariti, favorable a la integración política de los
jordanos de origen palestino. La consideración de que Abdallah estuviese
valorando ante EEUU la posibilidad de asentar a más de un millón
y medio de refugiados palestinos a cambio de percibir el coste financiero
del realojo y la asistencia para su integración económica,
estaría contribuyendo a retrasar cualquier reforma que, como la de
la Ley Electoral, pudiera acarrear serias implicaciones para el régimen
político jordano.
El mantenimiento de la configuración del reparto no equitativo
del poder a favor de los elementos autóctonos tribales, establecida
por el propio rey Husein, tiende a pronunciarse con Abdallah al reforzarse
la preponderancia jordana frente a la mayoría palestina. Afianzar
el sistema interno aun a costa de no satisfacer las demandas de pluralismo
y democratización -y sirviéndose para ello de un reforzado
mecanismo de represión y control de toda actividad política
opositora por medio de las fuerzas de seguridad- es un elemento necesario
asociado a los requerimientos que impone la resolución de la cuestión
palestina a escala regional en el contexto de las negociaciones con Israel
sobre el estatuto final. En este sentido, la salida a la crisis de Hamas
no es sino una manifestación extrema de la determinación de
Abdallah de fortalecer internamente el régimen mediante un método
que criminaliza el activismo político opositor palestino (acomodándose
así a las claves impuestas por EEUU, Israel y la Autoridad Palestina
en el proceso de paz) y que perpetúa el anquilosamiento del sistema
político jordano y sus desigualdades.
Las consecuencias que de ello se derivan determinarán que la brecha
existente en el interior del país entre los estamentos jordanos autóctonos
y los de origen palestino se profundice. A este respecto es sintomática
la posición tomada por la oposición islamista jordana y más
concretamente por los Hermanos Musulmanes ante la crisis de Hamas. Acomodada
tácitamente en la permisividad con que el régimen los ha aceptado
en la última década, la mayoría moderada de sus miembros
ha optado por un distanciamiento de Hamas que ha abierto asimismo una quiebra
en el seno de la organización de los Hermanos: mientras que sus miembros
de origen palestino condenan la actuación del gobierno y favorecen
el mantenimiento de la presencia del grupo palestino en Jordania y en su
propio movimiento, los representantes autóctonos han impuesto finalmente
el distanciamiento y la separación respecto del núcleo político
de Hamas en Cisjordania y Gaza, modificando así lo que hasta ahora
constituía una línea oficial de la asociación. Con
ello, la organización jordana, al igual que en anteriores coyunturas
críticas, adopta un perfil bajo, evita la confrontación directa
con el régimen y cubre sus espaldas.
Imposiciones del FMI
Mientras que el campo político aparece dominado por la preponderancia
de los sectores tribales, el sector privado de la economía jordana
está vinculado desde hace años a familias de origen palestino,
habiendo quedado aquéllos en dependencia simbiótica de los
empleos del gobierno y de los subsidios concedidos tradicionalmente por
el Estado a cambio de obtener la lealtad tribal al régimen. Ello
ha dado lugar a que la puesta en marcha de las reformas impuestas por el
FMI desde 1989 (recortes de los subsidios estatales, privatizaciones de
los sectores públicos y desmantelación progresiva de la clase
funcionarial que pasa a engrosar la tasa de desempleo estimada en un 27%)
haya tenido una fuerte contestación precisamente en las áreas
jordanas de mayor población autóctona y tribal. Por ello las
obligaciones heredadas por Abdallah y las asumidas recientemente (en marzo
de 1999 Jordania firmó un nuevo acuerdo para la obtención
de créditos financieros para los próximos tres años
con el FMI) tienen un difícil ajuste con las expectativas de una
población abocada a soportar las peores contrapartidas del reajuste
económico que alcanza ya a sectores hasta ahora alineados con el
régimen y que pueden provocar nuevas protestas populares sólo
controlables mediante la represión.
A las consecuencias demoledoras que está teniendo la imposición
de las reformas en los recortes de los gastos sociales y la política
de privatizaciones, hay que añadir que el efecto económico
del establecimiento de las relaciones jordano-israelíes no ha derivado
en beneficios económicos tangibles: mientras Israel empieza a implantar
industrias en Jordania, utilizando obreros jordanos como mano de obra barata,
el mercado jordano sigue sin poder acceder libremente al establecimiento
de intercambios comerciales con Cisjordania y Gaza, territorios que siguen
monopolizados por el mercado israelí. La integración de la
economía israelí en la región, uno de los fundamentos
básicos del tratado de paz jordano-israelí, encuentra además
una fuerte oposición en la opinión pública interna
que contempla dicho tratado más como una rendición frente
a Israel que como un acuerdo en pie de igualdad.
Ello ha generado un movimiento antinormalización fuertemente
reprimido por el régimen pero eficaz en su determinación de
castigar a los sectores económicos y profesionales jordanos que establezcan
relaciones con Israel. Liderado por las activas asociaciones de profesionales
jordanas y apoyado por toda la oposición, el movimiento antinormalización
rechaza cualquier acuerdo con el Estado israelí en tanto Israel no
devuelva los Territorios Ocupados y mientras no se permita la existencia
de un Estado palestino independiente y soberano. Su creación en 1994,
como consecuencia de la firma del tratado de paz entre Jordania e Israel,
ha derivado en la planificación de actuaciones concretas que abarcan
desde la expulsión de sus colectivos de todos aquellos profesionales
que entablen relaciones de cualquier índole con Israel, a campañas
de boicot de los productos de industrias jordanas que operen en el mercado
israelí, o a la condena pública de los empresarios jordanos
que se beneficien de las ayudas asociadas a la creación de industrias
en el marco del acuerdo jordano-israelí.
Si las contrapartidas económicas de la paz con Israel son
inciertas, aquellas asociadas al proceso de reforma estructural -apertura
al capital y a las inversiones extranjeras- no se han visto realizadas (como
cabría esperar tras el retorno jordano al marco del nuevo orden regional)
ni siquiera por parte de los vecinos de las petromonarquías
del Golfo, proveedores tradicionales de recursos y de mercado laboral para
Jordania antes de la crisis iraco-kuwaití. Si ello se une al efecto
negativo que las sanciones internacionales a Iraq siguen teniendo sobre
el comercio y la economía jordanas, la ecuación de la estabilidad
económica como pieza imprescindible para asegurar la estabilidad
política interna que garantice mantener los compromisos adquiridos
en el ámbito regional con EEUU parece de difícil solución.
Es por ello que el diseño de la acción regional y exterior
del nuevo monarca ha estado orientada en sus primeros pasos a ejercer una
intensa labor diplomática en busca de respaldos financieros regionales
e internacionales que permitan afrontar la crisis económica interna.
Política regional e internacional
De las primeras visitas de carácter político efectuadas
por el rey Abdallah a los países vecinos se desprende la línea
definida para la política regional: se establece como prioridad la
reparación de las relaciones jordanas con los Estados árabes
que puedan aportar beneficios económicos a Jordania. Bloqueada la
interdependencia de las relaciones económicas con Iraq como consecuencia
de las sanciones internacionales a este país, la única opción
económica a la que está abocado el régimen jordano
es la de substituirla por medio de las ayudas procedentes de los países
del Golfo con las contrapartidas de alineamiento político que ello
impone. En este sentido, el hecho de que los primeros países visitados
por el monarca fuesen Arabia Saudí (4 de abril), Omán (10
de abril) y los Emiratos Árabes Unidos (11 de abril) es indicativo
de cómo el régimen jordano intenta recuperar la posición
que ocupaba entre las petromonarquías del Golfo en el periodo
anterior a la crisis iraco-kuwaití. En el caso saudí, lejos
de obtener un compromiso firme que garantice asistencia financiera en los
próximos años a Jordania, Abdallah se ha visto abocado a solicitar
que al menos se restablezcan los lazos de cooperación económica
que permitan abrir las puertas a los trabajadores jordanos así como
el mercado saudí a la producción jordana, sin que en esto
haya obtenido tampoco una inmediata respuesta favorable.
Pese a la modificación de su posición regional respecto
a Iraq y a que las relaciones con Kuwait se restaurasen plenamente cuando
el pasado 3 de marzo se reabriese la embajada jordana en ese país,
la propia crisis financiera que afecta a las petromonarquías
así como la desconfianza creada por la ruptura jordana en la Guerra
del Golfo, hacen que la reinserción jordana en el sistema regional
árabe surgido del nuevo orden regional no vaya a tener repercusiones
beneficiosas inmediatas para su economía.
En cualquier caso, las ayudas de las petromonarquías, siempre
exiguas y condicionadas, no garantizan la estabilidad económica a
largo plazo en la medida en que el desarrollo natural de la economía
del país está indisolublemente ligado al comercio con Iraq
y, por tanto, condenado a un destino incierto en tanto las sanciones a Iraq
no se levanten. En línea con esta consideración, las declaraciones
de Abdallah sobre Iraq parecen contundentes: "Jordania no será
utilizado como trampolín para desarrollar ninguna acción hostil
contra Iraq, ni participará en ninguna clase de intervención
militar o política contra este país. Estamos entrando en una
nueva era. Lo prioritario es poner nuestra casa en orden y reforzar la unidad
nacional. De manera que no tenemos la ambición de jugar un papel
regional en Iraq ni en ningún otro lugar".
Por otra parte, el acercamiento jordano a Siria, tras la visita del rey
en abril, ha permitido que se hayan alcanzado nuevos acuerdos en cuestiones
relativas al agua: desde el 15 de mayo los depósitos jordanos están
recibiendo 8 millones de metros cúbicos de agua de los pozos sirios.
Asimismo, Asad ha garantizado la revisión de los expedientes de los
más de 700 presos políticos jordanos -la mayoría de
origen palestino- encarcelados en Siria desde los años 70. Desde
su encuentro con el rey Abdallah, el presidente sirio viene permitiendo
que dichos presos reciban las visitas de sus familias en las cárceles.
En directa asociación con el frente económico interno y
con la posición jordana regional, el rey Abdallah ha iniciado desde
los primeros meses de su reinado una intensa actividad diplomática
orientada a solicitar ante los países occidentales la reducción
de la deuda externa jordana. El pago de los 6.8 billones de dólares
que integran el total de la deuda externa ocupa un tercio del presupuesto
nacional en un país en el que un tercio de sus 4,5 millones de habitantes
vive por debajo del nivel de la pobreza. La trascendencia de este problema
es tal que el rey no ha dudado en explicitar ante sus interlocutores internacionales
que el compromiso occidental con Jordania pasa por ayudar a la recuperación
económica de su país como condición indispensable para
que el Estado jordano pueda garantizar su estabilidad interna y ejercer
así el papel estabilizador que tiene asignado en la turbulenta
región de Oriente Medio. Como medida de garantía, el rey ha
insistido en su determinación de poner en marcha un decidido programa
de privatizaciones que favorezca la inversión extranjera y que permita
controlar la pobreza y el desempleo. No obstante, pese a su solicitud de
reducción de un 50% de la deuda ante el Club de París, ante
el llamado G-7 y ante representantes de la UE y otros países donantes,
las peticiones jordanas no han encontrado la respuesta esperada; ni siquiera
el papel favorable que EEUU había prometido ejercer ante estos foros,
en compensación por la convalidación del régimen jordano
con la política norteamericana en la región, ha surtido un
efecto decisorio. En su reunión del 20 de mayo, el Club de París
acordó que únicamente aceptaría la reprogramación
del pago de un billón de dólares excluyendo de momento cualquier
tipo de condonación de la deuda; por su parte el G-7 sólo
se comprometió a revisar las posibilidades de un tratamiento más
beneficioso. Asimismo, Canadá, Francia, Alemania y Japón se
han limitado exclusivamente a favorecer una revisión de las balanzas
de pagos bilaterales. |