El mantenimiento de la ocupación
en Iraq depende cada vez más de la seguridad privada
Sinfo Fernández
Navarro*
CSCAweb
(www.nodo50.org/csca) 7 de mayo de 2005
Sinfo Fernández Navarro, Madrid, 2 de mayo de 2004
"Una
de las consecuencias más graves de la presencia y aumento
del número de compañías y de integrantes
de las mismas es que el precio de esta entente entre militares
y compañías está aumentando vertiginosamente,
detrayendo fondos del presupuesto previsto para la reconstrucción
de Iraq. La APC estimó en sus inicios que los costes de
seguridad consumirían el 10% de los 18.000 millones de
dólares del dinero de la reconstrucción aprobado
por el Congreso. [...] Estimaciones realizadas por el propio
gobierno de EEUU confirman que ese porcentaje ha aumentado por
el momento hasta el 25%"
En el contexto de las operaciones
que lleva a cabo la resistencia en Iraq, la práctica de
los secuestros de civiles no puede dejar de asociarse
con el fenómeno de la privatización de la seguridad
que ha convertido al Iraq ocupado en un escenario donde confluyen
mercenarios de toda procedencia al servicio de empresas de seguridad
privada estadounidenses y de otros países que ofertan
protección a la autoridad de la ocupación e igualmente
a las empresas que pretenden hacer negocio en Iraq.
Como ya se ha informado anteriormente
[1], el fenómeno de la privatización de
la guerra que se está llevando a cabo de forma paradigmática
en Iraq ha derivado en que las compañías privadas
de seguridad asuman una gran diversidad de funciones que tradicionalmente
se encomendaba a los militares. En los conflictos en los que
EEUU ha intervenido hasta ahora no se ha experimentado ningún
conjunto de hechos y actuaciones similares ni en extensión
ni en profundidad. En efecto, la asociación acelerada
entre los militares y las compañías de seguridad
privada ha excedido todas las previsiones.
Funciones
de las compañías de seguridad privada
Al principio una de las funciones
encomendadas a las compañías privadas de seguridad
era la de vigilar los innumerables proyectos de reconstrucción
que EEUU, a través de la Autoridad Provisional de la Coalición
(APC) dirigida por el procónsul Bremer, pretendía
llevar a cabo en Iraq. Pero debido a la aparición e incremento
de la resistencia armada iraquí en todo el país
esa función se ha visto prácticamente paralizada
y carente de sentido: no hay proyectos que vigilar porque nadie
puede ni quiere invertir en un país en el que la situación
de guerra no ha cesado al resistirse sus ciudadanos a aceptar
el papel en comparsas que les asignaban los planes del equipo
y beneficiarios del presidente Bush: hace pocos días los
medios de comunicación daban la noticia de que Siemens
y General Electric abandonaban el país ante la
imposibilidad material de desarrollar ningún proyecto
[2].
Esa misión de vigilancia
ha ido derivando progresivamente a funciones diferentes de las
previstas como consecuencia de la veloz espiral de acontecimientos
que ha sorprendido a las fuerzas de ocupación. Fundamentalmente,
las compañías privadas de seguridad empezaron a
asumir tareas de seguridad directamente al servicio de la APC
y de sus altos funcionarios, incluido el propio Bremer [3].
Sus misiones son defender lugares esenciales y neurálgicos
de la APC, incluyendo sus 15 cuarteles regionales e incluso la
denominada "Zona verde", situada en el corazón
de Bagdad y donde se ubica el centro de poder de EEUU en Iraq;
escoltar convoyes de suministros a través del territorio
donde opera la resistencia y, finalmente, desarrollar acciones
de combate.
¿Quiénes integran
esas compañías llamadas de seguridad?: miles
de individuos provenientes de todo el planeta aunque contratados
mayoritariamente por compañías con sede estadounidense
con presencia en Iraq. Así, se pueden hallar comandos
navales de Carolina del Norte; gurkas de Nepal; soldados
del anterior régimen del apartheid sudafricano,
comandos con antiguos miembros del Ejército chileno, soldados
del disuelto Ejército de la extinta URSS, etc. La cifra
de los mercenarios de estas compañías en Iraq oscila
dependiendo de la fuente consultada. Así, para Randolph
Holhuf, son 15.000, según Robert Fisk y Patrick Cockburn,
18.000 y para David Barstow alcanza hasta 20.000, sobre una presencia
militar multinacional de 153.000 efectivos, de ellos 130.000
estadounidenses.
Los mejor pagados proceden
de unidades de élite de fuerzas especiales de todo el
mundo. Algunas de las compañías de seguridad más
poderosas han llegado incluso a componer sus propias "Fuerzas
de Reacción Rápida" y sus propios servicios
de inteligencia que elaboran informes diarios con una red de
mapas de "Zonas calientes", disponen de helicópteros
e incluso algunas de ellas han llegado a fraguar determinadas
alianzas con clanes locales.
Competencia
entre Ejército y seguridad privada
Sin embargo, no todas disponen
de tantos medios y ante el número creciente de muertos
que se va produciendo entre estas fuerzas, el sector ha empezado
a reclamar armamento pesado con mayor potencia de fuego, ya que,
además, se quejan de que las fuerzas militares de la coalición
no dan apoyo a sus peticiones de ayuda cuando se han visto sorprendidos
y atacados por la resistencia, como ocurrió en la ciudad
de Kut, al sureste de Bagdad, donde ucranianos integrantes de
las fuerzas de la coalición hicieron caso omiso de las
llamadas de socorro de cinco guardias de seguridad personal del
grupo Hart, una consultora de seguridad registrada en
Bermudas y dirigida por un antiguo oficial de las fuerzas armadas
británicas, Richard Bethell, hijo de lord Westbury. Ese
incidente en Kut no ha sido un hecho aislado; se ha repetido
en otras ciudades como en la de Hit, situada a 180 kilómetros
al oeste de Bagdad, en la provincia de Mosul. Tendría
una cierta lógica dado que los soldados de las fuerzas
de ocupación no ignoran lo que cobran esas otras fuerzas
especiales de seguridad y parece que ese pequeño detalle
no ha permitido que aflore mucha solidaridad en sus corazones.
Ha habido intentos de llegar
a acuerdos pero no parece fácil conseguirlos, ya que sería
necesario clarificar numerosos elementos confusos y mientras
tanto la línea divisoria entre compañías
privadas de seguridad y unidades de combate se va difuminando
poco a poco. Este hecho se vio claramente durante el cerco a
los cuarteles de la APC en Nayaf a primeros de abril, que afectó
a la compañía estadounidense de seguridad Blackwater.
Para esta compañía trabajaban los cuatro mercenarios
asesinados y luego mutilados en Faluya, hecho a partir del cual
se difundió masivamente a nivel internacional el fenómeno
de la privatización de la seguridad en el marco de la
ocupación de Iraq.
Para Michael Donovan, del Centro
de Información de la Defensa en Washington, "[...]
definir qué papel vamos a permitirles cumplir es una cuestión
plagada de arenas movedizas". Y así, según
avanza el poderío de la resistencia en una zona de guerra
donde no existe un frente definido, estas compañías
de seguridad se han ido implicando cada vez más en los
combates, acrecentando con ello el resentimiento de los iraquíes
contra los civiles de la seguridad privada.
Esta situación también
alarma a expertos en Defensa y a algunos dirigentes del partido
Demócrata de EEUU, que estiman que la seguridad en un
área hostil es una misión militar clásica
y que delegarla en compañías privadas plantea cuestiones
graves. Uno de los miembros del Comité de Servicios Armados,
el senador Jack Reed, de Rhode Island, escribió a principios
de abril una carta al secretario de Defensa Rumsfeld, firmada
también por otros doce senadores demócratas, en
la que le transmitían su preocupación por haber
delegado en compañías privadas la misión
de la seguridad en un área de combate. No obstante, en
cada estallido de violencia se ha ido viendo cada vez más
claramente la amplitud y la importancia estratégica de
la alianza ente el Pentágono y la industria de seguridad
privada.
La creciente dependencia de
la Administración Bush de las compañías
de seguridad privada no es tampoco producto del azar. Muchos
funcionarios del Pentágono y de la APC aceptan ahora que
el papel en expansión de las compañías es
también resultado del equivocado optimismo de la Administración
acerca de cómo los iraquíes iban a recibir los
proyectos estadounidenses de reconstrucción.
El precio
de la seguridad privada para la ocupación
Una de las consecuencias más
graves de la presencia y aumento del número de compañías
y de integrantes de las mismas es que el precio de esta entente
entre militares y compañías está aumentando
vertiginosamente, detrayendo fondos del presupuesto previsto
para la reconstrucción de Iraq. La APC estimó en
sus inicios que los costes de seguridad consumirían el
10% de los 18.000 millones de dólares del dinero de la
reconstrucción aprobado por el Congreso. Pero tras meses
de sabotajes y otras operaciones de la resistencia, algunos funcionarios
dicen ahora que un porcentaje mucho mayor irá a parar
a las compañías de seguridad, que cobran entre
500 y 1.500 dólares al día por sus mercenarios
más especializados.
Stuart W. Bowen, el nuevo inspector
general de la APC, declaró en una entrevista telefónica
desde Bagdad que "[...] La situación actual de amenaza
requiere ahora que un porcentaje sustancial e inesperado de los
dólares destinados a reconstrucción se dediquen
a seguridad privada; las cifras se han elevado hasta alcanzar
un 25%". Mark J. Lamer, el funcionario del Pentágono
responsable de supervisar los contratos del Ejército que
se establecen en Iraq, manifestó que había considerado
cifras parecidas. Estimaciones realizadas por el propio gobierno
de EEUU alcanzan por el momento la misma cifra del 25% de esos
18.000 millones de dólares previstos para la reconstrucción
del país. Como consecuencia directa, buena parte del dinero
que debería ir destinado a proyectos de reconstrucción
de servicios e infraestructuras como escuelas, hospitales, plantas
de tratamiento de agua, líneas eléctricas, etc.
han sufrido un retraso o han sido simplemente cancelados.
Recientemente se ha conocido
otro dato referido al aspecto y volumen económico al que
se está llegando con estas compañías: el
gobierno estadounidense abrió una licitación hace
pocos días para otorgar un nuevo gran contrato por valor
de 100 millones de dólares para vigilar la "Zona
verde" en Bagdad. Bush está obteniendo un doble provecho
al confiar en estas compañías: le sirven tanto
para enmascarar el coste de la guerra como para ampliar el número
de fuerzas no uniformadas.
¿Quién
controla las compañías de seguridad privadas?
No hay un control central sobre
las compañías, no hay normas de contratación,
no hay pautas consistentes para supervisar o preparar nuevos
contratos. Algunos guardias de seguridad se quejan por tener
que intervenir en combate sin armas, sin preparación ni
equipos adecuados. Además, la comunicación entre
los mandos militares y los guardias de seguridad no funciona
ni se coordinan las operaciones.
Es ahora cuando los funcionarios
de la APC están trabajando para preparar normas para las
compañías privadas de seguridad. Las normas requerirán
que el ministerio del Interior iraquí registre e investigue
a todas las compañías. Se les reconocerá
el derecho de detener a civiles y utilizar fuego mortal en defensa
propia o en la de sus clientes. Son las propias compañías
de seguridad, sobre todo las más poderosas, las que han
presionado para la creación de una normativa arguyendo
que una afluencia de compañías pequeñas
y sin experiencia ha contribuido a crear un ambiente caótico.
El experto en la industria militar privatizada Peter Singer ha
comparado la situación en Iraq con el "salvaje Oeste".
Según Jerry Hoffman, ejecutivo jefe Grupo Armor,
una gran compañía de seguridad que opera en el
Iraq ocupado, se deben elaborar políticas que sean "justas,
igualitarias y respetables", alegando que sus servicios
han evitado que miles de tropas entraran en operaciones de combate.
El secretario de Defensa Rumsfeld
también ha alabado el trabajo de las compañías
de seguridad y se ha mostrado disconforme con la opinión
de que estaban siendo presionados para entrar en acción
sustituyendo a tropas con niveles inadecuados.
Los muertos
aumentan mientras los buitres hacen negocio
Las palabras no acompañan
a las imágenes reales que se producen en Iraq. En el mes
de abril durante una conferencia en Filadelfia, un funcionario
del gobierno hizo publicidad de Iraq ante docenas de empresarios
interesados en conseguir contratos de reconstrucción.
William H. Lash III, antiguo funcionario del Departamento de
Comercio, sostuvo que Bagdad estaba floreciendo, que los restaurantes
y los hoteles estaban volviendo a abrir. Habló de que
conducía por Bagdad y se sentía fuera de lugar
llevando un chaleco blindado entre iraquíes normales.
Pero la realidad de Iraq es mucho menos optimista. Según
Michael Battles, cofundador de la compañía de seguridad
Custer Battles "[...] Estamos aquí realmente
en una situación sin precedentes. Los contratistas civiles
están trabajando en medio de las partes hostiles de un
conflicto o en un escenario post-conflicto".
El Departamento Federal de
Trabajo de EEUU encargado de las reclamaciones de compensación
de los trabajadores por muertes y heridas entre los empleados
contratados que trabajan para los militares en zonas de guerra
ha registrado desde el comienzo de 2003, reclamaciones por 94
muertes y 1.164 heridos. En contraste, el conjunto entre 2001
y 2002 ascendió a 10 muertes y 843 heridos. No se dispone
de un análisis preciso nación por nación,
pero los funcionarios del Departamento de Trabajo sostienen que
desde el año 2003 una mayoría abrumadora de los
casos se han producido en Iraq.
Los mercenarios que operan
en Iraq están en su mayoría en nómina de
EEUU a través de contratos directos con las agencias gubernamentales
o indirectamente a través de subcontratos con compañías
contratadas para reconstruir Iraq.
Global Risk Strategies, una de las primeras compañías
de seguridad en entrar en Iraq, ha pasado de 90 guardas de seguridad
a comienzos de la invasión de Iraq a la actual de 1.500.
La Fundación Steele también ha crecido de
50 a 500. Erinys, una compañía muy poco
conocida en la industria de seguridad antes de la guerra emplea
ahora unos 14.000 iraquíes.
En muchos casos, las compañías
se están adaptando a los peligros de Iraq copiando las
tácticas perfeccionadas en los equipos de las fuerzas
especiales. Michael A. Janke, jefe de operaciones de la compañía
Special Operations Consulting-Security Management Group,
ha reclutado informantes iraquíes que confeccionan notas
de inteligencia para avisar a las compañías de
la existencia de situaciones de riesgo. La combinación
de una insurgencia mortal y miles de millones de dólares
para ayuda ha desatado poderosas fuerzas de mercado en la zona
de guerra. Nuevas compañías de seguridad compiten
frenéticamente por conseguir contratos lucrativos. La
mencionada compañía Fundación Steele
rechazó recientemente un contrato de 18 millones de dólares
para una empresa que quería una fuerza de seguridad desplegada
en pocos días; Steele dijo que no podía
encontrar suficientes guardias cualificados de forma tan rápida,
sin embargo, otra compañía se apresuró a
conseguir el contrato.
Al principio de la guerra los
contratistas de seguridad privada procedían en su mayoría
de fuerzas de élite de operaciones especiales. Era fácil
examinar las credenciales en un mundo que es bastante reducido.
Pero como la demanda aumenta también lo hace la dificultad
de encontrar e investigar a gente cualificada. "¿En
qué punto estamos empezando a rozar los límites?,
preguntó Simon Faulkner, jefe de operaciones de Hart,
una compañía de seguridad británica, ante
el desconocimiento sobre la procedencia y personalidad de sus
reclutados. En este orden de cosas, se ha sabido que un subcontratista
de Erinys tenía personal procedente de las fuerzas
de seguridad de la etapa del apartheid sudafricano con
algún criminal reconocido entre sus miembros. Se le hacen
pocos ascos a cualquier posible recluta y se confía en
las compañías de seguridad para todo.
¿Cómo
distinguir entre fuerzas militares y guardias de seguridad?
Para los contratistas de seguridad privada las normas del contrato
son aparentemente simples: pueden defenderse pero no realizar
ofensivas. Los expertos legales militares dicen que se arriesgan
a ser tratados como combatientes ilegales si apoyan a unidades
militares en combates hostiles. Pero en Iraq la resistencia no
hace distinciones entre tropas combatientes y guardias de seguridad
privada que considera en cualquier caso fuerzas de ocupación
al estar asociadas a los proyectos de la APC. Al haber convertido
los convoyes y los edificios de la APC en objetivos esenciales,
los guardias de seguridad son igualmente objetivos militares
de la resistencia. Es en estos casos donde se borra la distinción
entre la función de proteger con la de atacar.
Un ejemplo: hace dos semanas, durante un ataque importante al
edificio de la APC en Nayaf, ocho contratados de seguridad de
Blackwater USA respondieron disparando miles de balas
hasta que se agotaron sus municiones y tuvieron que pedir refuerzos
a los helicópteros de su propia empresa.
Patrick Toohey, vicepresidente
para relaciones con el gobierno de Blackwater, describe
las acciones de sus hombres incurriendo en abierta contradicción:
por un lado, habla orgullosamente sobre cómo los hombres
de Blackwater "lucharon y atacaron con fuego
de precisión a cada insurgente" y, por otro, insiste
en que sus hombres no habían entrado en combate y que
era tan sólo una misión de seguridad. La línea,
como se indicaba, se sigue borrando. Y cada vez se borrará
más si las compañías de seguridad privada
siguen presionando y consiguen permisos para llevar armas pesadas.
Encontrar líneas de
autoridad y vías de comunicación resulta complejo.
Muchos guardias de seguridad son contratados como "contratistas
independientes" por compañías que, a su vez,
son subcontratadas por las grandes compañías que
pueden también haber sido contratadas por una agencia
de EEUU. En términos prácticos estas relaciones
en espiral tienen como consecuencia que las autoridades en el
gobierno no llevan a cabo ninguna supervisión de las compañías
de seguridad bajo nómina pública. Aunque en algunos
casos el gobierno insiste en que están sujetos a normas
detalladas.
Los funcionarios del gobierno
y los ejecutivos de las compañías aceptan que los
guardias privados tienen todo el derecho a abandonar sus puestos
si se ven en una situación muy insegura ya que no están
sujetos al Código de Justicia Militar ni pueden ser perseguidos
por leyes civiles en caso de deserción. En ese sentido,
el caso de Scott Earhart es ilustrativo. Dejó Iraq al
no aceptar los riesgos que le pedían que corriera sin
entrenamiento ni protección adecuada. Había sido
contratado por Custer Battles como entrenador de perros
para una compañía de detección de bombas.
Pero se marchó alegando que ni las armas ni el chaleco
blindado que le habían entregado reunían los mínimos
necesarios. La compañía lo niega.
En un cambio de papeles inusual,
el impulso para dotar de normas a la industria privada está
partiendo de los propios ejecutivos de seguridad. En Washington,
los abogados del Pentágono están revisando las
normas que rigen las compañías de seguridad y al
mismo tiempo la APC y funcionarios iraquíes están
preparando también normas de actuación que, al
parecer, según ha manifestado desde el anonimato un funcionario
de Defensa, estarán desarrolladas para mayo. Igualmente,
se afirma que los mercenarios de la seguridad privada trabajarán
bajo control político iraquí a partir del 30 de
junio, fecha señalada para la transmisión
de soberanía, por parte de la APC a una nueva instancia
iraquí.
Notas de
CSCAweb:
1. Véase en CSCAweb: Sinfo Fernández: Tras los sucesos
de Faluya. Soldados, mercenarios y empresarios: La privatización
de la guerra avanza en el Iraq ocupado y enlaces relacionados.
2. En el mes de abril de 2004, 25% de las compañías
privadas se habían retirado de Iraq por motivos asociados
a la inseguridad física y financiera (véase en
CSCAweb la nota 3 del texto: Quiebra de la
ocupación militar de Iraq: EEUU presiona para la aprobación
de una nueva resolución de NNUU, mientras renuncia a asaltar
Faluya).
3. El propio Bremer hace descansar su circulo de seguridad inmediato
en agentes de seguridad privada y no en miembros del ejército
de EEUU. Ello no debe resultar extraño habida cuenta de
que previamente a ser nombrado procónsul de Iraq, Bremer
dirigía desde el 11 de septiembre de 2001 una empresa
de "servicios contraterroristas" dirigidos a las grandes
multinacionales estadounidenses (véase en CSCAweb: El
'Procónsul' Bremer: administrar Iraq como una empresa
privada).
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