Las tropas españolas en Iraq son fuerzas de ocupación y se enfrentarán a la legítima resistencia iraquí

Comunicado del CSCA de 27 de julio de 2003. CSCAweb (www.nodo50.org/csca)

"El CSCA denuncia la compra de voluntades que ha realizado José María Aznar de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana al ofrecer la condonación de hasta 1.000 millones de dólares de la deuda pública que mantienen estos países latinoamericanos con el Estado Español, así como la renegociación de créditos FAD como gesto para favorecer el envío de tropas dentro de la denominada "Brigada Plus Ultra". Por ello, el CSCA saluda la decisión del FMLN de El Salvador, el FSLN de Nicaragua, la URNG, la ANN de Guatemala y la UD de Honduras de hacer todo lo posible para dificultar el envío de tropas de sus países y considerarlas como "fuerzas invasoras"."

El despliegue de tropas del Ejército español en las tareas de ocupación de Iraq es otro paso más en la deriva amoral, belicista y dependiente del gobierno Aznar respecto a la estrategia de la Administración Bush: el recurso al uso de la fuerza frente al Derecho Internacional. Hoy está a la vista de todos, sin máscaras de ningún tipo, que la bárbara guerra desatada contra Iraq tenía otros objetivos de los aducidos y que sus protagonistas -EEUU, Gran Bretaña y España- no dudaron en pasar por encima de Naciones Unidas, del Derecho Internacional y de la voluntad y el repudio de millones de personas de todo el mundo que se oponían a la guerra para conseguir sus fines: controlar el petróleo y reordenar estratégicamente el conjunto de Oriente Medio.

El CSCA, que junto a otros colectivos y organizaciones ha constituido la Campaña Estatal por la Soberanía y Contra la Ocupación de Iraq (CEOSI), remitiéndose al Derecho Internacional aún vigente considera que las tropas españolas que serán enviadas a Iraq deben ser consideradas estrictamente como fuerzas de ocupación, y hace un llamamiento a la opinión pública para que retome las movilizaciones contra la política belicista del gobierno Aznar y exija la retirada inmediata de las tropas españolas, que acuden a Iraq, no con criterios humanitarios, sino para reforzar la invasión y la ocupación de este país. En este sentido, el CSCA recuerda que diferentes organizaciones de la resistencia iraquí han manifestado que considerarán "objetivos bélicos" a cualquier fuerza ocupante, sin distinción de la bandera a la que representen. Dado que el todavía vigente Derecho Internacional, en concreto la IV Convención de Ginebra y sus Protocolos I y II adicionales, considera que "un pueblo sometido a ocupación militar no tiene el deber de obediencia al ocupante" y que dicho pueblo "está legitimado para utilizar todo tipo de medios, incluso el uso de la fuerza armada si no se emplea contra objetivos civiles, con el fin de ejercer su derecho a la libre autodeterminación", las acciones de la resistencia iraquí contra las fuerzas ocupantes de su país son legítimas, siendo el único responsable de las posibles muertes que puedan producirse en el contingente español el gobierno Aznar.

Al mismo tiempo, el CSCA denuncia la compra de voluntades que ha realizado José María Aznar de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana al ofrecer la condonación de hasta 1.000 millones de dólares de la deuda pública que mantienen estos países latinoamericanos con el Estado Español, así como la renegociación de créditos FAD como gesto para favorecer el envío de tropas dentro de la denominada "Brigada Plus Ultra", de rancio recuerdo imperial y colonial. Por ello, el CSCA saluda la decisión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la Alianza Nueva Nación (ANN) de Guatemala y la Unificación Democrática (UD) de Honduras de hacer todo lo posible para dificultar el envío de tropas de sus países y considerarlas como "fuerzas invasoras", exigiendo la retirada inmediata de las mismas, tal y como han expresado en la denominada Declaración de Tegucigalpa del pasado 22 de julio.