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29 de abril de 2003, Nota informativa, CSCAweb (www.nodo50.org/csca) El gobierno Aznar, tras respaldar la invasión de Iraq e intervenir en la ocupación militar a las órdenes de EEUU, sitúa al Estado español en la participación plena y activa de la reconfiguración neocolonial de Iraq. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto el 25 de abril que crea el denominado Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción de Iraq. Y bajo el título de "El futuro de la democracia en Iraq", el gobierno español ha reunido en Madrid a representantes de organizaciones opositoras iraquíes del 25 y 27 de abril. Sin embargo, a sabiendas de la poca confianza que le ofrecen estos grupos, la Administración Bush ha hecho público el pasado 25 de abril que el Pentágono ya ha designado un "gobierno interino" para el Iraq ocupado, al tiempo que prepara una nueva resolución en el Consejo de Seguridad que determine el fin de las sanciones, posibilitando así la gestión directa por parte de EEUU del crudo iraquí. Bajo el título de "El futuro de la democracia en Iraq", el gobierno español ha promovido la celebración de un encuentro con miembros de organizaciones políticas "de la oposición en el exilio", empresarios e intelectuales iraquíes procedentes de diversos países entre el 25 y 27 de abril en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y la ONG Humanismo y Democracia, presididas por José Mª Aznar y Javier Rupérez respectivamente. La reunión opositora de Madrid, otra más dentro de las múltiples facetas con que el gobierno español está participando activamente en la nueva fase de desestructuración del Estado de Iraq para instalar en este país un protectorado bajo el control de EEUU, tiene como objeto sumarse de comparsa al proceso que la Administración Bush ha abierto ya en el interior de ese país para establecer un gobierno iraquí a la medida de sus intereses neocoloniales, previa acomodación de las bases políticas, económicas, sociales y militares de Iraq al diseño establecido por Washington. El gobierno español, en pago por el apoyo dado a EEUU en la guerra ilegal contra Iraq ya ha sido recompensado por la Administración Bush asignándole tareas específicas en la reconstrucción de Iraq y dirigidas a "reorganizar el ejército iraquí, asistir en tareas de ayuda humanitaria, asistir en la planificación económica y asistir en la rehabilitación del patrimonio cultural" [1]. Para su cumplimiento, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto el 25 de abril que crea el denominado Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción de Iraq y que confirma el nombramiento de dos asesores: uno militar, el general Luis Feliú, otro para la "ayuda humanitaria", Miguel Benzo, alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con ello, el gobierno de Aznar, tras respaldar la invasión de Iraq e intervenir en la ocupación militar a las órdenes de EEUU, sitúa al Estado español en la participación plena y activa de la reconfiguración neocolonial de Iraq, arruinando el único referente positivo y diferenciador que había prevalecido hasta ahora en el imaginario colectivo árabe de Oriente Medio: no haber sido, a diferencia de Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, potencia colonial. Frente a ello, Aznar no solo se apresta a intervenir a las órdenes de EEUU en la desestructuración y reorganización del futuro de un país árabe ocupado militarmente sino que respalda -invocando como Bush "la liberación" y "la democracia" para Iraq- la instauración de un gobierno ilegítimo exportado directamente desde EEUU. Opositores y 'gobierno interino' La urgencia con que la Administración Bush se está moviendo para crear un gobierno local a su medida deriva de la situación de irregularidad (ilegalidad) en que ha quedado sumido el Estado de Iraq por la invasión y ocupación militar de este país. Sin autoridad reconocida ni en el interior ni en el exterior, EEUU no puede dar por concluida formalmente la guerra sin antes activar el proceso de transformaciones económicas, políticas y militares que pretende imponer sobre Iraq. Es imprescindible y prioritario asegurar a nivel interno y, sobre todo, exterior - ante las instancias internacionales políticas (NNUU), económicas (FMI y Banco Mundial) y militares (la OTAN)- la legitimación de una autoridad local que, reconocida por EEUU, avale, a su vez, los planes estadounidenses para el futuro del país [2]. Ello permitirá a la Administración Bush recabar la intervención activa -aunque subordinada- de esas tres instituciones en el proceso de la denominada reconstrucción de Iraq sin tener que hacer frente a su condición de facto de potencia ocupante y a las obligaciones que ello acarrea según las convenciones internacionales, en concreto, la IV Convención de Ginebra. Para eludir sus obligaciones (entre otras, garantizar la seguridad y los derechos de la población ocupada además de hacer frente a los pagos derivados por su invasión y su ocupación), Washington cuenta con la plena disposición de algunas de las figuras del exilio iraquí preparadas desde el Pentágono y desde el Departamento de Estado en esta última década para cumplir la parodia de formación de un gobierno autóctono. No es de extrañar, pues, que al igual que en las reuniones promovidas por el general estadounidense Garner en el interior de Iraq (la primera, la de Nasiriya [3]) con las figuras de la llamada "oposición del exilio" -las mismas que se han estado reuniendo en estos últimos años en Washington, Londres o en el Kurdistán iraquí hasta enero pasado para preparar bajo la batuta estadounidense el futuro de Iraq-, el gobierno español haya promovido, a través de dos entidades privadas pero directamente vinculadas con el Partido Popular, un encuentro de figuras procedentes de los mismos sectores de la oposición que apoya y/o financia EEUU. Entre ellas, destaca, como un clon de las reuniones promovidas por EEUU y Gran Bretaña en los dos últimos años, el denominado "Grupo de los Cuatro" que integra al Congreso Nacional Iraquí (CNI) de Ahmad Chalabi, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) de Barzani, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) de Talabani, el Acuerdo Nacional Iraquí (ANI) y el Consejo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII) de Akram al-Hakim. Además de estos grupos, participan en la reunión de Madrid el Movimiento Monárquico Constitucional (MMC) de Sharif Ali Ben al-Husein (formalmente integrado en el CNI), el Partido Comunista Iraquí (PCI) dirigido formalmente por Subhi al-Gumaily y Hamid Mayid Mussa (aunque su hombre fuerte a la sombra, ligado a las organizaciones kurdas, muy bien relacionado con Washington y cada vez más lejos de las bases del comunismo iraquí, es Fahri Karim), así como la formación shi'í ad- Dawa. Entre todos los reunidos en Madrid a instancias del PP no ha habido ni un solo representante de la oposición histórica iraquí, organizada en la coalición patriótica Alianza Nacional Iraquí (ANI) [4], que, además de luchar por el cambio del sistema político en Iraq desde el exilio ha caracterizado su labor en los últimos años por denunciar el embargo del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) contra Iraq, por oponerse a los planes de control y dominio de EEUU y por propiciar una transformación política de Iraq desde el interior, sin injerencia extranjera, como mejor manera de hacer frente a la agresión permanente que sufre Iraq y a los planes de desmantelamiento del Estado a través de la guerra ilegal y de la ocupación. Su clara apuesta por la democratización de Iraq, unida a su abierta y pública oposición a la invasión militar de EEUU y Gran Bretaña y a la actual ocupación de su país, es la causa de que esos grupos de múltiples tendencias coaligados en la ANI (entre los que se encuentran nacionalistas árabes, socialistas, comunistas, ba'asistas escindindos, organizaciones kurdo-iraquíes e islamistas moderados) hayan sido apartados durante estos años del debate sobre el futuro político de Iraq a pesar de contar con respaldo popular en el interior del país -a diferencia de la mayor parte de los grupos que se postulan con el apoyo de Washington y ahora del gobierno del Partido Popular para gobernar en Iraq- y de representar, por ello, la verdadera oposición democrática y patriótica al régimen de Sadam Husein. El objetivo para el gobierno español de este encuentro privado (celebrado a puerta cerrada) ha sido arrancar de sus participantes una Declaración de Madrid que permitiese al gobierno de Aznar contribuir a la legitimación de la política de EEUU en Iraq y sumar puntos ante el presidente Bush. No en vano, la intervención del presidente Aznar y de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha dotado al encuentro de un carácter casi institucional. Se trata con esta reunión de hacer un replica de las que se hicieran previamente a la Conferencia de Bonn (2001), que culminó con la creación del gobierno interino y títere de Karzai para Afganistán tras la guerra. Sin embargo, la situación en Iraq es bien distinta, habida cuenta de la disparidad de intereses que cada uno de estos grupos y figuras iraquíes representan y de los enfrentamientos internos que les separan. Al igual que ocurriera en los últimos encuentros organizados en Londres los meses anteriores a la invasión de Iraq, las disputas internas (que obligaron al representante de Bush a intervenir activamente) y las dificultades de articular una mínima posición unitaria afloran de nuevo, impidiendo alcanzar algún acuerdo conjunto que facilite a EEUU la tarea de presentar al mundo una oposición mínimamente decente. Ante esta situación, y para salvar la cara del gobierno español ante lo que no deja de ser un nuevo fracaso, los organizadores del encuentro de Madrid, FAES y Humanismo y Democracia, ya hicieron saber que "no es imprescindible" que tal declaración se produzca [5]. Finalmente, un texto de consenso mínimo que no supera en su contenido los ya publicados en diciembre y enero pasados (en las reuniones previas de Londres) ha podido ser presentado por Ana Palacio, para consumo interno ante la opinión pública del Estado español, como "éxito" de la reunión [6], justo antes de que se produzca en Bagdad, el lunes 27, una segunda reunión de esos mismos grupos reunidos en Madrid -además de los llamados "jefes tribales" y "lideres religiosos"- con las autoridades de ocupación estadounidenses, siguiendo a la de Nasiriya de la semana anterior. Con ello, el Pentágono y, subido a su carro, el gobierno de Aznar y el Partido Popular siguen desarrollando su pantomima democratizadora para hacer frente las críticas internas de una población iraquí que rechaza la presencia militar de EEUU en su país. Una nueva resolución en el CS Sin embargo, a sabiendas de la poca confianza que le ofrecen estos grupos, la Administración Bush ha hecho público el pasado 25 de abril que el Pentágono ya ha organizado un gobierno interino para el Iraq bajo la ocupación estadounidense. El Departamento de Defensa que dirige Rumsfeld no solo ha planificado cómo será la administración neocolonial de Iraq al mando del general estadounidense Garner, sino que ha designado los nombres de los iraquíes que ocuparán los cargos de las carteras en los ministerios de Planificación (Mohamed al-Hakim), Petróleo (Mohamed Ali Zaini), Transportes y Comunicaciones (Sam Karim), Sanidad (Sid Hakki), Asuntos Exteriores (Muhyi al-Katib), Industria (Ramsey Jidu), Energía Atómica (Jidir Hamza) y Juventud (Adam Sheroza), todos ellos ya en Iraq [7]. Baste decir que todos ellos son ciudadanos residentes con nacionalidad estadounidense (alguno, británica) y que, han estado directamente vinculados con puestos dependientes o relacionados con el Pentágono o con la Administración de EEUU. A estos puestos, la Administración Bush ha añadido otros tantos denominados "asesores" que supervisarán las tareas de la administración en la Oficina de Reconstrucción y Ayuda Humanitaria y prepararán a una nueva clase dirigente iraquí para reorganizar un Estado previamente desarticulado y cuyas nuevas características aún están por definir. De confirmarse el anuncio del administrador de Iraq Garner de que la próxima semana este gobierno será operativo, la Administración Bush podría declarar oficialmente el fin de la guerra y, tras ello, presentar formalmente ante el CS de NNUU un nuevo texto de resolución que, además de decidir el levantamiento de las sanciones a Iraq para que el petróleo iraquí pueda ponerse ya a la venta en el mercado internacional, legitime la ocupación militar de Iraq si se consigue subordinar la intervención de NNUU al papel de financiador de una reconstrucción iraquí a la medida de los intereses de EEUU. De aprobarse dicho texto, ello significaría la definitiva aniquilación de NNUU. Está por ver cual sea la posición de Francia, Alemania y Rusia si las negociaciones previas de la diplomacia estadounidense con estos tres países del CS alcanzan o no algún acuerdo que garantice algún tipo de participación con beneficios para franceses, alemanes y rusos en el futuro de Iraq. De momento, el gobierno francés ya ha dado muestras públicas de estar retrocediendo en su posición respecto de los planes estadounidenses: en su vista a Irán, el ministro de Asuntos Exteriores francés ya ha afirmado que Francia está dispuesta "a pasar página" a la guerra ilegal de EEUU contra Iraq y a definir la participación de la OTAN en el futuro de la ocupación militar del país [8]. En una dinámica que marca el establecimiento de un nuevo sistema internacional dominado por el uso del poderío militar estadounidense para remodelar el mundo con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos, el pragmatismo francés aflora de nuevo con el fin de salvar una imagen de potencia que le permita obtener algún beneficio del nuevo contexto regional e internacional. Todo ello se produce ante el anuncio de la próxima gira del secretario de Estado Powell por Oriente Medio que incluye, además del propio Iraq, la visita a Siria, Egipto, Jordania, Arabia Saudí e Israel. Gira de Powell: Iraq y la cuestión palestina El retorno de Powell a Oriente Medio, después de más de un año de ausencia en Palestina, escenifica la apertura del nuevo proceso de ordenamiento regional anunciado por la Administración Bush y coreado por Blair y Aznar, que pasa, tras la invasión y ocupación de Iraq, por la desactivación de la cuestión palestina una vez que las presiones ejercidas por EEUU, Israel, la UE, Rusia y NNUU han conseguido minar la figura de Arafat y activar la de Mahmud Abbas (Abu Mazen) como hombre de confianza de Washington y Tel Aviv [9]. Resulta cuando menos llamativo que frente a la aparente falta de acuerdo al respecto del futuro de Iraq entre EEUU y las NNUU (léase Francia, Rusia, Alemania y China), no existan fisuras en lo que respecta al futuro diseñado por la Administración Bush e Israel para el conflicto palestino-israelí. En esta cuestión, la unanimidad adoptada en la denominada "hoja de ruta" es total, pues su aceptación por parte palestina significará aceptar la desactivación de la Intifada para que Israel proceda a replegar su ejército a las zonas en las que se encontraba antes del inicio de la Intifada en septiembre de 2000 y retomar un proceso de negociación palestino-israelí auspiciado por EEUU que consolidará el proyecto del sionismo en Palestina, algo que la "comunidad internacional" representada en el CS de NNUU no se ha atrevido a cuestionar en los más de treinta y seis años que dura la ocupación ilegal de los TTOO. La transformación que se ha está operando en la política interior palestina a través del nombramiento de Abu Mazen refleja un cambio histórico para el movimiento de liberación nacional palestino, pues significa el intento de su desmovilización desde las propias filas de una elite palestina que, a cambio de medrar ante Israel y EEUU, vende su causa, sus derechos y su sacrificio de décadas de lucha nacional. Y con el fin de hacer firme este cambio, tanto en la política interna y exterior palestina, el Departamento de Estado, siguiendo las consignas de Israel, ha determinado acabar definitivamente con la figura de Arafat, representación viva de una época a la que hay que poner fin. La consigna es ahora forzar tanto a los países de la UE, Japón, Rusia y árabes para que se retire todo reconocimiento diplomático y político a Arafat y se establezca como única interlocución palestina la de Abu Mazen. Ante la visita iniciada el 27 de abril del ministro de Asuntos Exteriores japonés Kawaguchi a Israel, representantes de la Administración Bush, además del propio gobierno de Israel, ya habrían advertido previamente al gobierno de Japón que "si mantienen encuentros con Arafat no serán recibidos por el primer Ministro israelí Sharon" [10]. "Le estamos diciendo a la gente que este es el momento de fortalecer a Abu Mazen y que perjudica a este objetivo si se trata a Arafat como si todavía estuviese al cargo. Esto no puede pasar y no debe pasar", según un representante del gobierno de EEUU citado en The New York Times el 26 de abril. La advertencia de la Administración Bush a occidentales y árabes alcanza no solo a la esfera diplomática y política sino, fundamentalmente, a la económica: EEUU ha comenzado a exigir a europeos y árabes (y esa es una de las tareas de la gira de Powell ante los regímenes árabes) que los fondos destinados a la Autoridad Palestina (AP) que financian los países donantes (mil millones de dólares, de los que una cuarta parte procede de la UE) dejen de ser transferidos a las instancias gubernamentales sobre las que Arafat todavía tiene control y pasen a transferirse a las que dependen del nuevo hombre de Israel y EEUU en los Territorios Ocupados (TTOO) [11]. Más difícil se prevé que EEUU e Israel puedan forzar internamente, entre la población palestina, el reconocimiento de una nueva dirección que no solo no ha sido elegida ni establecida desde el apoyo popular sino que no se reconoce como tal. Por ello, no cabe más que augurar todavía más sufrimiento para el pueblo palestino pues se está abriendo ante él una nueva era en la que al sometimiento de la ocupación y la violencia israelí y al abandono de la comunidad internacional habrá de sumar, muy probablemente, la represión desde su propio campo cuando una nueva autoridad palestina que emane en los TTOO siguiendo las consignas de Israel recomponga un nuevo sistema de control interno contra su lucha y su resistencia.
1. El País,
26 de abril de 2003. |
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