La defensa de la jurisdicción universal frente a Israel

Santiago González

En la Audiencia Nacional una demanda contra siete altos cargos israelíes está provocando que el Gobierno, la derechona, incluyendo el PSOE, y determinados altos responsables del mundo del derecho planteen la conveniencia de suprimir la posibilidad de acceso a la justicia universal, a pesar de reconocer que la gravedad de los hechos denunciados son graves y merecedores de ser investigados o llevados a un tribunal internacional(..).

Comité de Solidaridad con la Causa árabe

En la Audiencia Nacional una demanda contra siete altos cargos israelíes está provocando que el Gobierno, la derechona, incluyendo el PSOE, y determinados altos responsables del mundo del derecho planteen la conveniencia de suprimir la posibilidad de acceso a la justicia universal, a pesar de reconocer que la gravedad de los hechos denunciados son graves y merecedores de ser investigados o llevados a un tribunal internacional (que es una fórmula hipócrita de eludir las responsabilidades, sabiendo como se sabe, que Estados Unidos, Israel o China por poner diversos ejemplos, no han ratificado el Tratado de puesta en marcha). Esa polémica se ha hecho más aguda con la incorporación a dicha Audiencia Nacional de los casos que afectan a los antiguos cargos de la Administración Bush (hijo) que fueron los autores intelectuales del secuestro, encarcelamiento y tortura de sospechosos arbitrarios de ser terroristas, encerrados en la prisión de Guantánamo (Isla de Cuba); o el caso que afecta a ministros de la República Popular China por su actuación en Tibet.
 
No se había acabado de apagar el fuego de los bombardeos de Gaza, cuando el Juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, aceptó admitir a trámite la demanda presentada  por familiares asesinados en el año 2002 en un bombardeo en un barrio populoso. El ejército 'más moral' en palabras de Barak, Ministro laborista israelí de defensa, se veía cuestionado por un crimen.
 
Los crímenes israelíes están documentados y lo sorprendente es que, en buena lógica, sus actuaciones criminales de ocupación no hayan ocasionado en el conjunto de la comunidad Internacional un rechazo coherente y que por el contrario los mismos Gobernantes, parlamentarios o diplomáticos que con la boca pequeña protestan de los asentamientos sionistas o el maltrato hacia los palestinos, contemporáneamente quieran elevar el estatus diplomático israelí con respecto a la Unión Europea y consolidar la ocupación sionista. 
 
Por lo tanto, una demanda que pasó desapercibida cuando se presentó el 24 de junio de 2008 y que iba contra siete personas israelíes, no contra Israel, al asumir éste como parte de su política cotidiana de ocupación, los asesinatos extrajudiciales y los bombardeos a población civil, adquiere carta política. Y, empiezan a moverse los hilos.
 
Primero intentando orillarla, no contestando nada para ver si se pudre en algún juzgado y que la demora borre todo. Pero que, ante la obligación del juez de admitir la demanda fundamentada y haber acusados por crímenes de lesa humanidad, es contestada por la Embajada de Israel al día siguiente de su admisión el 29 de enero de 2009 para intentar parar el golpe y comienza a destaparse el papel que quiere jugar (y han estado jugando) durante estos años los diferentes personajes.
 
La lider del partido Kadima y entonces Ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni hace público que el Ministro español de Exteriores, Moratinos (y antiguo enviado especial de la Unión Europea en la zona, el antiguo Toni Blair) promete cambiar las leyes para que la jurisdicción universal se pare ante los crímenes de Israel. El fiscal, Pedro Martínez Torrijos, por su parte, hace una defensa del archivo de la demanda aceptando los planteamientos israelíes que llevarían a admitir en un estado de derecho y de respeto a los derechos humanos a considerar legítimos los asesinatos extrajudiciales, los bombardeos,... y la consideración de que el tribunal israelí no es un apendice del aparato de ocupación israelí, cuando es público que considera que la presión física, 'moderada', las expropiaciones, la preeminencia judia en la ley de ciudadanía israelí, el Muro como parte indisociable del estado de Israel.
 
El Partido Popular, el aparato del PSOE y los altavoces sesgados mediáticos preparan la puesta en escena. Rápidamente, hay una reacción de los grupos de solidaridad encabezados por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina que consigue unos cientos de firmas y publica un manifiesto en el periódico Público. Las asociaciones Al Quds de Málaga y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que apoyan a las acusaciones particular y popular, recaudan fondos (C/C: 2100 3749 71 2200038690) para satisfacer los gastos de traducciones y demás de la querella, Izquierda Unida, también es acusador popular y a través de Gaspar Llamazares hace preguntas parlamentarias sobre la descarada doblez del Gobierno que por un lado, a través del PSOE ha apoyado manifestaciones contra la masacre espectacular de Gaza, pero que parece apoyar las masacres cotidianas de la ocupación.
 
Tras la ratificación del juez de admisión de la demanda y señalar que existe competencia y que la búsqueda de la justicia es complementaria a la que pudiera hacerse, en caso de que se tuviera la voluntad de hacerlo que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia, Barak, el Ministro laborista de Defensa israelí, dice que pedirá a su 'compañero' Zapatero de la Internacional Socialista que evite que la jurisdicción universal española pueda encausar a ningún israelí, haga lo que haga ese israelí. Nuevamente, el Fiscal pide el archivo, pero ya con argumentaciones más técnicas, sobre competencias de la Audiencia Nacional, pero dando por buena la explicación israelí de que hay investigación de los hechos de la causa (que siempre han sido realizadas por el ejército israelí que tiene como misión exonerar de responsabilidades penales a todos sus miembros) y a la nueva fase investigadora 'abierta' casualmente en diciembre de 2008, ¡6 años después de los hechos y cuando era inminente la admisión de la querella por parte del juez español). 
 
Aquí, es cuando se produce el Debate del Estado de la Nación y las Resoluciones correspondientes, donde con el voto en contra de IU, IpC, ERC y BNG (y a favor del resto de los partidos, PSOE, PP, CiU, PNV. Nafarroa Bai, etc) se aprueba modificar la ley española que permite luchar contra la impunidad (cuando no hay españoles).
 
Mención aparte, merece el compadreo de Barak con su homólogo Zapatero y demás dirigentes de la Internacional Socialista. Ese club, con esos miembros, se retrata y debiera hacer reflexionar a sus militantes que no se pueden tener esos compañeros de viaje si no es a costa de ser cómplices de la ocupación. Creemos que ha habido un doble error por parte de los parlamentarios que han aprobado una resolución pidiendo que se limite y en último extremo que deje de ser operativa la jurisdicción universal al anteponer las razones de estado a la justicia. El doble error es debido a que se muestran los mimbres éticos en que se mueven y por, desde nuestro punto de vista, desvelar la complicidad que tienen ante la ocupación israelí, dado que no han hecho nada para evitarla y por el contrario, premian la impunidad de la misma. Sólo hay que recordar que el artículo 2 del acuerdo de asociación entre la UE e Israel recoge que se suspenderá en caso de vulneración de los derechos humanos. Pero además, si pretenden llevar a cabo la modificación legal, a través de incluir en forma de enmienda en el Proyecto de Ley de Reforma Procesal, de forma intempestiva, que supondría evitar la persecución de crímenes, creemos que incurrirían, con la actual legislación en un delito y en todo caso quedarían nuevamente deslegitimados, como hipócritas.

Ese desvelar la doble faz de esos políticos, que anteponen la razón de estado por encima de la racionalidad de la justicia, será tarea de los próximos días, junto a mantener el apoyo social a que se siga impartiendo justicia en éste y en otros casos que se puedan presentar en la Audiencia nacional. Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, haciendo dejación de su papel político, no tratan de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.