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Asociaciones pro Derechos Humanos solicitan al Gobierno que detenga la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal

Más de medio centenar de organizaciones presentarán un manifiesto en el Senado con el fin de que "los delitos internacionales no queden impunes"

Diversas asociaciones defensoras de los Derechos Humanos solicitaron hoy al Gobierno español que detenga el proyecto de ley para reformar la normativa de Jurisdicción Universal, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo y que se discutirá en el Senado el próximo 7 de octubre

EUROPA PRESS, Madrid 23-09-2009

RAji

Diversas asociaciones defensoras de los Derechos Humanos solicitaron hoy al Gobierno español que detenga el proyecto de ley para reformar la normativa de Jurisdicción Universal, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo y que se discutirá en el Senado el próximo 7 de octubre.

En un encuentro celebrado en la sede de Comisiones Obreras en Madrid y denominado "Acto por la Justicia Universal contra la Impunidad", representantes de asociaciones pro Derechos Humanos reclamaron al Ejecutivo socialista que rompa el pacto "contra natura" que, en su opinión, mantiene con el Partido Popular para reformar la Ley de Jurisdicción Universal.

En el acto participaron la presidenta de Amnistía Internacional en España, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta; el letrado de Asociación Libre de Abogados (ALA) Antonio Segura; el magistrado y responsable del Servicio de Formación Continua de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González Vega, y el director del Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR, en sus siglas inglesas), Raji Sourani.

También intervinieron la secretaria de Participación Internacional de Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras, Laura Pinyol; el presidente de la Fundación Presidente Salvador Allende en España, Joan Garcés, y el periodista Carlos Estévez.

"Tocamos a rebato por la reforma de la Ley de Justicia Universal, ya que esta normativa ha permitido investigar los crímenes contra la humanidad en todo el mundo --aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en España--. (...) Desde su aplicación, los autores de estos delitos contra los Derechos Humanos no han podido dormir tranquilos".

Giménez-Ruiz aseguró que la aprobación del proyecto de ley para la reforma de la Jurisdicción Universal en el Congreso "termina con la esperanza" de las víctimas de estos crímenes. "El día en que se aprobó la reforma --el 19 de mayo de 2009-- fue una jornada muy triste para las víctimas de la impunidad, ya que dichas víctimas habían visto por primera vez en la vida que sus voces podían ser escuchadas y no silenciadas", explicó.

Asimismo, el magistrado de JpD Ignacio González Vega afirmó que la reforma nació a partir del momento en que la Audiencia Nacional "se convirtió en juzgado de guardia del Primer Mundo". "Nadie alzó la voz cuando la Audiencia Nacional era, simplemente, el juzgado de guardia del Tercer Mundo. Las presiones políticas empezaron a llegar cuando las investigaciones involucraron a países como Israel, China y Estados Unidos. Esto es vergonzante", indicó.

Por su parte, el director de la Fundación Presidente Salvador Allende en España, Joan Garcés, emplazó a que se detenga la reforma de la normativa y apostó por la "apertura de un proceso de debate tranquilo" para mejorar el principio de Jurisdicción Universal. En este sentido, Laura Pinyol aseguró que si la nueva ley sale adelante "España se convertirá en uno de los países más restrictivos" en esta materia, cuando "en su momento fue uno de los pioneros" en la legislación internacional.

Más de medio centenar de asociaciones presentarán ante el Senado un "manifiesto contra la impunidad y por la Justicia Universal". En opinión de estas organizaciones, la investigación de crímenes "perjudiciales y atroces" para la comunidad internacional supone una "obligación" y una "oportunidad" para que estos delitos "no queden impunes" y sus responsables sean juzgados.

EL CASO PALESTINO
Por su parte, Raji Sourani aseguró que este agresiones como el ataque de Gaza el 22 de julio de 2002 --por la que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una investigación en enero de este año-- "no pueden quedar impunes".

En su opinión, si este tipo de ataques triunfan "el mundo corre el riesgo de orientarse por los parámetros dictados por la ley de la jungla". "Ignorar el imperio de la ley nos empuja a un terreno peligroso, porque las víctimas podrían regirse por el imperio de la jungla", añadió.

"Las víctimas sienten los crímenes en su piel, y son ellas quienes deben sentir que la ley está de su lado --aseguró Sourani--. Por esta razón nos sentimos avergonzados por las disculpas del ministro Moratinos --jefe de la diplomacia española-- ante el Gobierno israelí, menospreciando a los jueces que iniciaron el proceso contra Ben-Eliezer".

Según Sourani, la decisión del juez Andreu fue "una victoria", pero "no para los palestinos o los habitantes de Gaza", sino para la gente que "siente el poder de la justicia". "Hemos querido agotar las posibilidades que nos ofrecía el Gobierno israelí, que ha protegido legalmente a los criminales sin que pudiésemos juzgar sus delitos; pero hemos tenido que acudir a España después de pasar por países como Suiza o EEUU", concluyó.