Entidades sociales europeas
piden una solución política al conflicto social
y armado en Colombia
CSCAweb,
30 de octubre de 2006
La ciudad
de Oviedo, en Asturias, acogió los días 20 y 21
de octubre un encuentro por el diálogo, la justicia y
la paz en Colombia en el que participaron 38 colectivos españoles
y europeos y a la que asistieron Víctor G. Ricardo, ex
Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Pastaran;
Ángela María Girado, consejera de Paz del gobierno
del departamento de El Valle del Cauca; Carlos Lozano, director
del semanario Voz, y miembro de la "Comisión de Notables"
en el proceso de conversaciones gobierno-guerrilla del Caguán;
Darío Echeverri, secretario de la Comisión de Conciliación;
Carlos Alberto Ruiz, ex-asesor de la Comisión de Humanización
del Conflicto, y Yago Pico de Coaña, ex embajador de España
en Colombia. Como resultado del mismo se aprobaron los siguientes
documentos:
1.- Solución
política al conflicto social y armado
El largo conflicto social,
político y militar que padece Colombia originado en la
inequitativa distribución de la riqueza, la tierra y el
ingreso, y en el uso de la violencia como mecanismo para resolver
las contradicciones resultantes se ha convertido en la principal
amenaza para el derecho a la vida, a la dignidad y al disfrute
cabal de los derechos económicos, sociales y culturales
contemplado ampliamente en la Constitución Política
de 1991.
Casi 60 años después
de iniciada la última etapa de la violencia, la sociedad
colombiana da claras muestras de estar saturada por los altos
niveles de pobreza, violencia y por la barbarie con la degradación
del conflicto militar y viene expresando inequívocamente
su anhelo de lograr pronto una paz negociada.
Sin embargo este anhelo tiene
obstáculos:
La falta de voluntad política
-expresada en el doble discurso, la doble agenda, hablar de paz
y prepararse para escalar la guerra- y el militarismo que pretende
pacificación y se opone con actos muy calculados de sabotaje
al diálogo para la paz.
La destrucción del
estado de derecho y la paramilitarización de la vida en
las regiones y ahora en las ciudades donde se controla con las
armas a la oposición.
El negacionismo que pretende
ignorar la existencia del conflicto para evitar compromisos con
el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, la negación
del estatus político a la insurgencia, y la necesidad
de buscar soluciones distintas a la guerra.
El reduccionismo de conflicto
al problema militar desconociendo el conflicto social, su extensión
y sus propuestas.
La insistencia del gobierno
en la vía militar a pesar del evidente fracaso del plan
Colombia con enormes inversiones en material bélico y
pie de fuerza mientras se abandonan las responsabilidades sociales
del estado.
La realidad de que la guerra
deja ganancias a sectores del empresariado nacional e internacional
interesados, además, en una paz gratuita donde sus privilegios
no se toquen, antes pretenden tratados comerciales que incrementarían
la miseria y la exclusión social.
La influencia del narcotráfico
en la dinámica del conflicto militar y su presencia en
los escenarios políticos, así como el copamiento
de poderes públicos por los paramilitares en algunas regiones.
La persistencia del paramilitarismo
y su relación directa con la fuerza pública, su
papel en la política de exterminio de la oposición
social y política y en la contrarreforma agraria que se
extendió con violencia por todo el país.
La extradición de guerrilleros
a los Estados Unidos, que da al gobierno de ese país otra
baza para seguir su injerencia en el conflicto interno colombiano
y en el urgente intercambio humanitario.
La existencia de presos políticos
que son defensores de los derechos humanos, no son combatientes
pero reciben trato de delincuentes y largas permanencias en cárcel
mediante montajes judiciales.
Las acciones armadas entre
fuerzas insurgentes y la extensión de esa confrontación
a los líderes sociales en algunas regiones.
La polarización de
la sociedad impulsada por los medios de comunicación propiedad
de los grandes grupos económicos, el mesianismo y la falta
de seriedad del ejecutivo con anuncios contradictorios a diario,
y la radicalidad ideológica de la oposición.
La impunidad estructural,
la perspectiva de que no se reconozcan los derechos de las víctimas
a la verdad, justicia y reparación.
La imposibilidad actual para
el retorno seguro y digno de millones de refugiados internos
que de continuar tiene ribetes de limpieza social; esto se agrava
con la perspectiva de legalización a los empresarios palmeros
y latifundistas por ley del congreso nacional en curso.
Las violaciones del Derecho
Internacional Humanitario con minas antipersona, reclutamiento
de menores, toma de rehenes, uso de armas no convencionales,
ejecuciones extrajudiciales, secuestro y desaparición
forzada.
La pregunta que ronda de hasta
dónde hay disponibilidad real de ceder parte del poder,
esto apunta a ver las posibilidades reales de paz negociada,
si los grandes grupos económicos están dispuestos
a tocar sus propiedades, como es el caso de las tierras, y a
la redistribución de rentas e ingresos.
También hay acumulados,
oportunidades, otros retos que son primero responsabilidad del
Estado, del gobierno, las instituciones y luego de la sociedad
comenzando por los dueños de la economía, las tierras,
el poder, pasando por la creación del espacio necesario
para que las organizaciones sociales puedan ser, sin que su accionar
y sus propuestas puedan ser estigmatizadas y exterminadas.
La ley fue después del
conflicto y éste no ha sido superado y tiene como única
salida la negociación política, el dialogo productivo
que supere lo instrumental y aborde las reformas estructurales
que se quedaron en la agenda por provocaciones inoportunas e
interesadas en que no se aborden.
Conscientes de la paz no se
decreta, se construye, hace falta una política de estado
para la paz que supere la temporalidad de los gobiernos, y pasa
por reconocer el estatus político al contradictor armado.
Haría falta una comisión
de paz vinculante con poderes reales, que tenga efectos materiales
concretos en las causas del conflicto y en el seguimiento de
los acuerdos.
Una vía la más
expedita es la de establecer una zona de encuentro con mínimas
reglas para conversar y concretar el intercambio, lo que generaría
un clima favorable para sentar bases de cara a una solución
negociada, comenzando por un cese bilateral del fuego que permita
la expresión social y la visibilización del consenso
social que tiene la paz negociada.
Es importante recoger la experiencia
de otros procesos en varios países teniendo en cuenta
que en Colombia no será posible ni es deseable para una
paz duradera si ésta es concebida como mera dejación
de armas o simple desmovilización de combatientes sin
abordar ni resolver las causas originarias del conflicto.
Las comunidades levantan experiencias
de resistencia civil popular en territorios con mecanismos como
las zonas humanitarias donde ejercen el derecho a tener un modelo
de sociedad diferente, con derecho a la tierra, sin motocultivos,
sin paramilitares que estorban procesos democráticos y
autónomos de las comunidades y sin actores armados incluida
la fuerza pública.
Las comunidades en movimiento
aportarían a la construcción de nuevas identidades,
resistencias, formas de sobrevivir y de ocupar ordenadamente
el territorio, escuelas de reconciliación y de generación
de dinámicas urbano-rurales muy interesantes.
Colombia tiene un acervo de
paz en sus organizaciones sociales que le dan contenido a los
anhelos de solución negociada a pesar de las persecuciones,
la estigmatización y la negación de sus agendas.
La población tiene mucho
tiene que decir en materia de establecer la verdad de lo que
ha ocurrido, de lo que sigue pasando e ir a fondo en las responsabilidades
empezando por las del Estado y sus agentes. La verdad es la base
de la justicia y de la reparación integral.
La existencia de agendas que
apuntan a resolver problemas estructurales como la reforma agraria
integral, el respeto a las comunidades y sus territorios, la
devolución de las tierras usurpadas a los desplazados,
el reconocimiento del derecho al retorno con garantías
de no repetición del desplazamiento.
Estas reformas estructurales
que están contenidas en la agenda común acordada
en El Caguán y las propuestas de las organizaciones sociales
que de aplicarse llevarían el Estado a las comunidades
donde ha estado ausente, y sería un estado reformado por
la apertura democrática y por la redistribución
económica.
Es necesario impulsar la Comisión
Ética para afirmar el derecho a tener memoria y en 10
años recuperar la historia actual.
Se trata de construir estado
social de derecho y democracia real desde la experiencia y la
participación de la población que ya avanza en
construcciones de economías y sociedades locales autogestionarias
y autosostenibles.
Es un proceso largo que parte
de un pacto de paz, no de un decreto, sino de un proceso que
debe tener mecanismos como el cese al fuego para dar mejor ambiente
a las conversaciones sobre los grandes temas de las transformaciones
sociales.
La comunidad internacional
está llamada a apoyar el mantenimiento de la oficina de
la ONU para los derechos humanos en Colombia con su mandato integral
de monitoreo, informes y asesoría, su papel de mediador
y garante.
Estimular que la comunidad
internacional participe en opciones de paz, no de guerra, y en
el seguimiento a temas como el intercambio humanitario, el canje,
y estimule caminos de diálogo hacia una paz negociada
y gestione los cambios necesarios en las llamadas listas negras
para que la insurgencia pueda enviar sus delegados a estos espacios
de conversación política y de búsqueda de
la paz negociada.
2.- Declaración
de Oviedo*
1- En Colombia existe un conflicto político,
social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y
las organizaciones insurgentes, teniendo estas últimas
un carácter político, abiertamente reconocido hasta
fechas recientes tanto por el Estado colombiano como por la comunidad
internacional.
2- El conflicto no ha cambiado sustancialmente.
Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son
diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social,
que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado
al papel de las multinacionales, la eliminación física
de los adversarios políticos y sociales. Su prolongación
en el tiempo ha permitido la presencia de otros factores como
el narcotráfico y se ha visto agravado por el paramilitarismo
auspiciado por el propio Estado. También en este agravamiento
hay que reconocer el papel y la responsabilidad de los Estados
Unidos en el pasado y en sus actuales estrategias, una de ellas
la extradición y juzgamiento en ese país de dirigentes
rebeldes.
3- El conflicto ha sufrido una progresiva degradación:
desplazamientos de población, secuestros, torturas, ejecuciones
extrajudiciales, uso de minas anti-persona bombardeos indiscriminados
sobre población civil, masacres, desapariciones, criminalización
de movimientos y activistas sociales...
4- Urge humanizar el conflicto y para ello el primer
paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario.
Ningún acto violento por parte de los dos actores enfrentados
debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar
e impedir su realización.
Rechazamos cualquier tipo de
acción militar que ponga en peligro la vida de las personas
privadas de libertad. Hacemos un llamamiento a las partes a que
den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario
que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios
más amplios que tengan como base el respeto integral al
DIH.
5- La comunidad internacional, los gobiernos europeos,
deben implicarse en el acompañamiento coherente en la
búsqueda de la humanización del conflicto y de
la solución política al mismo, y no intervenir
bajo ningún concepto en alimentar la espiral de la violencia
que supondría un mayor sufrimiento de la población.
6- No hay una solución militar para este
conflicto. Es necesaria una salida política dialogada
y negociada, que propicie la superación de las causas
estructurales del conflicto y el establecimiento de un nuevo
orden social.
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