La ley orgánica de la
Defensa Nacional o cómo Rodríguez Zapatero omite
lo obvio
Santiago González*
CSCAweb
(www.nodo50.org/csca), 18 de abril de 2005
"Si
bien, tanto desde el punto de vista de la política interior
española como de su trascendencia internacional, la retirada
de las fuerzas armadas españolas de Iraq ha podido tener
una catalogación política alternativa a la inercia
de acceder a los deseos e imposiciones del Imperio de George
Bush, como también fue relevante la oposición de
Francia y Alemania y otros países como Chile a no aceptar
una resolución dictada por el triunvirato de Estados Unidos,
Reino Unido y España en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en las vísperas de la invasión
a Iraq, las siguientes actuaciones (y omisiones), como las que
también han realizado Francia y Alemania, han sido de
un claro comedimiento, seguimiento y sometimiento a las misiones
estadounidenses. Se acepta la operación de la OTAN en
Afganistán, se aumentan los efectivos allí, para
facilitar la redistribución de fuerzas estadounidenses
y ocupar el vacío de poder tras el derrocamiento de Aristide
en Haití. Pero, sobre todo, explica la complicidad gubernamental
española en que las bases 'hispano' estadounidenses hayan
sido elementos necesarios para la invasión, el mantenimiento
de la ocupación en Iraq y sus derivas correspondientes,
incluyendo los bombardeos de Faluya y demás".
Las leyes que se pretenden
estructurales, como podrían ser las 'orgánicas'
que deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de
la composición del congreso, por lo menos 176 diputados-
son la componenda habitual de los partidos mayoritarios. Y, por
lo tanto, son fruto de equilibrios amoldados en el ser de sus
naturalezas e ideologías prácticas, separadas en
incontables ocasiones de la retórica programática.
En este caso, la continuidad
de esta ley orgánica de defensa presentada por el Gobierno
de Rodríguez Zapatero con las anteriores 'orgánicas
de defensa' se manifiesta hasta en la terminología, como
cuando señala que 'las fuerzas armadas, identificadas
con los ideales del pueblo español (sic), del que forman
parte, al que sirven y del que reciben estímulo y apoyo,
son elemento esencial de su defensa; su razón de ser es
la defensa militar de España'. Parecería esta parte
teosófica más hecha por un concursante épico
de un certamen literario dictatorial que por un redactor legal.
Pero esa parte anacrónica,
como la parte referida al rey o al desarrollo legislativo de
un código de conducta descansan en latiguillos que reflejan
la mentalidad premoderna de los redactores ubicados en el Ministerio
de Defensa, que dirige José Bono. También son intencionadamente
confusos y reprochablemente mezclados en el mismo artículo
15 los tipos de operaciones asignadas a las Fuerzas Armadas,
tanto en el territorio nacional junto con las del exterior, haciendo
un batiburrillo de funciones que no se sabría cuando se
está legislando para el interior y cuando para el exterior,
dejando una discrecionalidad al Ejecutivo grosera y no reglada.
Pero lo relevante mediáticamente
es que se quiere vestir este Proyecto de ley como alternativa
legal a lo existente, incluyendo las omisiones, como que el Gobierno
Aznar permitió el envío de tropas españolas
a Iraq pasado el 1 de mayo de 2003, cuando Bush declaró
el fin de la situación bélica causado por la invasión
angloestadounidense en ese país.
Para ello, se enfatiza que
Las Cortes Generales 'examinarán, con carácter
previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones
fuera del territorio nacional'. Después, se precisa que
se realizará 'una consulta' no determinante, si se puede.
Y si no se puede, porque la misión es urgente, el Gobierno
someterá al Congreso la decisión que haya adoptado.
No siendo baladí ese
tema, queda por definir la afinidad de esas misiones con el derecho
internacional. Aquí, deja de estar claro la 'bondad' de
este proyecto para alinearlo con la continuidad de una política
exterior occidentalista como la de todos los anteriores
gobiernos que ni siquiera alcanza las consecuencias del retruécano
del eslogan socialista de principios de los años ochenta
de '[OTAN de] entrada no'.
Efectivamente, 'las fuerzas
armadas contribuyen militarmente a la seguridad de España
y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales
de las que España forma parte, así como
al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.
'Las misiones en el exterior deberán cumplir las condiciones
de 'que se realicen por petición expresa del Gobierno
del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas
en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
o acordadas en su caso, por organizaciones internacionales
de las que España forme parte, particularmente la Unión
Europea o la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.'
Aunque se añade que esas misiones 'sean conformes con
la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren
los principios del derecho internacional convencional que España
ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo
96.1 de la Constitución.'
En todo ese Proyecto no se
alude a las consecuencias del Convenio de Amistad, Defensa y
Cooperación con Estados Unidos y al uso logístico
que dicho país realiza de las instalaciones y espacio
aéreo del nuestro, incluidas las bases militares para
la realización de las 'misiones' unilaterales que los
Presidentes estadounidenses consideren oportunas.
Hipocresía
gubernamental
Vemos ahí, pues, la
hipocresía gubernamental. E, incluso, es de destacar la
asunción de la doctrina OTAN con la recreación
del Tratado de Washington en la reunión en la Cumbre en
abril de1999, de los Jefes de Estado y de Gobierno que aprobaron
el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza tras la guerra
de la antigua Yugoslavia y la incorporación de nuevos
países de Europa del Este a dicho Tratado del Atlántico
del Norte.
Porque no lo olvidemos, la
OTAN bombardeó y España participó en esos
ataques en los países de la antigua Yugoslavia saltándose
a las Naciones Unidas. España, pirateó un mercante
dentro de la Operación Libertad Duradera liderada por
Estados Unidos en el Índico [1]. La recreación
del Tratado de Washington, realizada en tiempos de William Clinton,
afirmaba ya la posibilidad de intervención militar fuera
de los países del Tratado, contra terceros, atacando preventivamente,
saltándose otras instancias ya sean las Naciones Unidas
o el derecho internacional cada vez más vapuleado y amoldado
al poder de la fuerza.
Y en nuestro país, el
PSOE y Solana (en cuanto portavoz de una Unión Europea
inscrita en la Unión Europea Occidental) apoyan esa visión.
Y han ido asumiendo la deriva desde la OTAN 'de entrada no' a
la francesa, sin incorporación formal en la estructura
militar, después la plena integración y, por último,
hasta los ataques preventivos liderados por la OTAN.
Si bien, tanto desde el punto
de vista de la política interior española como
de su trascendencia internacional, la retirada de las fuerzas
armadas españolas de Iraq ha podido tener una catalogación
política alternativa a la inercia de acceder a los deseos
e imposiciones del Imperio de George Bush, como también
fue relevante la oposición de Francia y Alemania y otros
países como Chile a no aceptar una resolución dictada
por el triunvirato de Estados Unidos, Reino Unido y España
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las vísperas
de la invasión a Iraq, las siguientes actuaciones (y omisiones),
como las que también han realizado Francia y Alemania,
han sido de un claro comedimiento, seguimiento y sometimiento
a las misiones estadounidenses. Se acepta la operación
de la OTAN en Afganistán, se aumentan los efectivos allí,
para facilitar la redistribución de fuerzas estadounidenses
y ocupar el vacío de poder tras el derrocamiento de Aristide
en Haití. Pero, sobre todo, explica la complicidad gubernamental
española en que las bases 'hispano' estadounidenses hayan
sido elementos necesarios para la invasión, el mantenimiento
de la ocupación en Iraq y sus derivas correspondientes,
incluyendo los bombardeos de Faluya [2] y demás.
Por lo tanto, no basta con
no invadir directamente; tampoco es suficiente el no hacer del
poder de la fuerza la fuente del derecho, cada vez más
amoldado a esas presiones, amañando presiones en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y contratando ejércitos
pagadores de las deudas externas de sus países, como José
María Aznar; es preciso una coherencia entre los valores
que se dicen defender y los Tratados internacionales, y está
claro que ni la OTAN y menos aún el Convenio bilateral
con Estados Unidos cumplen esos requisitos. Por el contrario,
son agentes de intervención imperialistas, sobre todo
orientadas al mundo árabe y el control del petróleo.
Y eso al eludirlos en ese Proyecto
de la ley de defensa hace que ya la política de defensa
'nueva' del actual Gobierno de Rodríguez Zapatero nazca
flácida, con agujeros y etérea. Pero con la imagen
apropiada, permisividad y complicidad en lo fundamental con Washington
y la posibilidad de 'vender' si se lo compran- la imagen
de talante en Madrid.
Notas:
1. Véase
en Rebelión: Santiago González:
El GAL se internacionaliza
2. Véase en CSCAweb: El gobierno español responde
sobre al-Kubaysi y la utilización de las bases en la guerra
de Iraq. El CSCA solicita al ministro Moratinos que realice las
gestiones oportunas para lograr la liberación de al-Kubaysi
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