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Reunimos una serie de artículos publicados esta semana a propósito del paro agrario.

Nos solidarizamos desde Irlanda con el Paro Agrario y Popular:

A mayor represión, mayor solidaridad

El Grupo Raíces (Grúpa Fréamhacha), organización que desde Irlanda se solidariza con los movimientos populares en Colombia en su lucha por la justicia social, se ha movilizado en apoyo al Paro Agrario y Popular que sacude a Colombia desde el día 19 de Agosto en dos ciudades irlandesas, Galway y Dublín. Nuestra decisión de salir a las calles a hablar con la gente y a entregarles información sobre las razones de este paro, de llevarles a los ciudadanos irlandeses la voz de los campesinos y trabajadores colombianos, se debió a la violencia inaceptable con que el gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido enfrentar la protesta social. Manifestamos de esta manera nuestro repudio a la utilización de métodos terroristas por parte del Estado para intimidar, amedrentar, silenciar y violentar al pueblo. Rechazamos categóricamente el trato militar dado a la protesta del pueblo, protesta legítima y justificada, cuya única causa son las políticas de hambre impulsadas por Santos y su equipo de gobierno.

Ayer jueves 22 de Agosto, se realizó un plantón en la ciudad de la costa occidental en Galway, y hoy, viernes 23, el turno de movilizarse correspondió al grupo de Dublín. En Dublín el plantón fue afuera de la oficina de la Unión Europea. En ambos plantones tuvimos la oportunidad de interactuar con varias personas interesadas de saber qué está sucediendo en Colombia. El respaldo a nuestra protesta fue abrumador por parte de los transeúntes, algunos de los cuales hicieron el compromiso de seguir apoyando nuestro trabajo solidario.

Estos plantones se suman a las cartas de protesta que ya se han hecho llegar a parlamentarios y a miembros del gobierno de Irlanda. Esperamos que se pronuncien a la brevedad, porque agresiones como las que hemos presenciado en el Valle del Cauca, en Cauca, en Tolima, en Meta, en Boyacá, Cundinamarca, y en prácticamente todo el territorio colombiano, no pueden dejar indiferentes a nadie.

Los crímenes del régimen no quedarán impunes, ni las balas silenciarán el creciente descontento que recorre a Colombia. Mientras mayor sea la represión, mayor será nuestra solidaridad.

José Antonio Gutiérrez D.

23 de Agosto, 2013

Protesta social recibe tratamiento militar en Colombia

Grave situación humanitaria en el Cauca

El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Es más, ni siquiera ha recibido la protesta social un trato sencillamente militar: el trato que ha recibido es propio de una situación de guerra sucia. Tanquetas, helicópteros artillados y desembarco de tropas, sobrevuelo de aviones de guerra, fusiles, perdigones, bombas aturdidoras, gases, bombas caseras con metralla… ese es el arsenal al que se han enfrentado campesinos desarmados, que han salido a marchar presionados por el hambre y las necesidades más básicas insatisfechas, muchas veces de la mano de sus familias. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezca hasta $10 millones (pesos colombianos) por información para identificar a los líderes del paro, utilizando mecanismos propios de la guerra contrainsurgente.

Oscar Salazar, dirigente del proceso campesino de La Vega (Cauca) y uno de los voceros nombrados por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), una de las principales instancias convocantes al paro, nos explica el panorama represivo que se vive a nivel de país:

Hay una falta absoluta violación a los derechos humanos, estamos ante formas desproporcionadas, absurda, hasta criminales, de violencia en contra de quienes manifiestan su legítimo derecho a la protesta… el ejército lanza desde helicópteros bombas aturdidoras, es muy duro, traen tropas de infantería, tropas del ejército, que disparan de manera indiscriminada… hay una niña víctima de estas agresiones, que le atravesaron el abdomen con un proyectil de un fusil, acá en Cundinamarca… se están usando armas no convencionales, escopetas recargadas con metralla para agredir a los manifestantes… la violencia es totalmente desproporcionada…

Guerra sucia contra los campesinos en el Cauca: El Cairo y Galindez

Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía) se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua. Según explica Lisette Montero, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, la situación es incluso más grave que un tratamiento militar, porque se están violentando principios básicos aún en tiempo de guerra, como ser la “negación de corredores humanitarias, y el mantenimiento de condiciones mínimas de las personas, se les está haciendo pasar hambre y se les está privando de acceso a la salud… en el sector del Cairo incluso tuvimos un ataque contra una misión médica, porque el ESMAD no permitió que se evacuara a los heridos”. En esa ocasión, según informa un comunicado de la mencionada Red, una misión humanitaria integrada, entre otros, por miembros de la defensoría del pueblo, fueron repelidos por ESMAD y ejército con bombas de aturdimiento.

En El Cairo (Cajibío), se encuentran congregados unos 2.000 campesinos, que están siendo violentados por unos 600 efectivos, fuerzas combinadas del Ejército, Policía Nacional, Policía Militar, ESMAD y 10 tanquetas. Aparte de los sobrevuelos constantes y ataques desde helicópteros. Logramos hablar con un dirigente de los campesinos que están acorralados, y su testimonio es dramático:

Tenemos aproximadamente 13.000 personas movilizadas en el Cauca, unos en el sur del departamento, otros en el norte... estamos sufriendo en estos mismos momentos de un cerco militar, la defensoría del pueblo ha hecho presencia pero la fuerza pública no permite siquiera que haya salida de la gente, nos amenazan que nos van a capturar, tenemos 2.000 campesinos en esta situación de zozobra…  En el sur tenemos unos 7.000 campesinos en un hueco, mientras la fuerza pública está avanzando, tanto en el sur como en el norte, no nos dejan pasar alimentos, lo mismo pasa en el sur del Cauca los compañeros piden auxilio pero no saben qué hacer, es muy grave la situación”.

Tan grave es la situación, que el gobierno ha llegado incluso a judicializar a dos heridos, Juan Pablo Bueno y un mayor de edad, Eusebio Ulcué, heridos durante la represión de ayer, 20 de Agosto, en El Cairo. Nos aclara Lisette Montero, sobre la represión en El Cairo, que

en estos momentos tenemos un herido por arma de fuego, Andrés Guachetá, herido en el pie. También hay otros cinco heridos a causa del uso de gases y armas no convencionales, granadas con grapas, y otras que se están arrojando contra la población campesina. También tenemos cuatro detenidos, incluido un menor de edad, Carlos Andrés Giraldo, del municipio Corinto, que no sabemos dónde lo tienen… está desaparecido, lo que es una situación muy angustiante”.

Los campesinos no dudan en señalar a los oficiales Julio Pinzón Arévalo, comandante de la XXIX Brigada del Ejército, y Ricardo Alarcón Campos, comandante de la Policía en el Dpto. de Cauca, de ser los responsables materiales directos de estas agresiones y abusos.

En el punto de concentración sur, en El Pilón (Galindez, Patía), también se han reportado ataques contra los manifestantes con fusil, bombas de aturdimiento, armas de fragmentación y perdigones, por parte del ESMAD y el Batallón de Alta Montaña No. IV "General Benjamín Herrera Cortez" del ejército. Como consecuencia de estas agresiones, se han dado los siguientes heridos de gravedad: Eiver Bolaños, herido de un impacto de bala en el pie, Diógenes Enríquez, herido en el cuello, Nestor Timana, herido en el cráneo, cuello y brazo, Marino Díaz, herido en la pierna y Apolinar Montero, herido en la espalda. También hay 22 detenidos en el sur del Cauca, y un número no determinado de personas agredidas y golpeadas por la fuerza pulica. Según Lisette Montero, “no hay garantías para la protesta en ninguno de los puntos de concentración en el departamento”.

Pese a la aplicación de una violencia desmedida y de métodos terroristas por parte de las fuerzas del Estado, la justicia de las demandas de los campesinos los mantiene firmes y resueltos a seguir en su lucha. “Los campesinos están replegados en estos momentos”, nos comenta el dirigente campesino del Cairo, “están en asamblea tomando decisiones, la gente está con ánimo y con la fuerza pues por la justeza de las exigencias que tenemos, así vamos a seguir la movilización, pero estamos cercados militarmente, entonces nos toca ver la correlación de fuerzas y evaluar la manera de seguir adelante”.

Unidad nacional del movimiento: garantía para la victoria

Montero ratifica la resolución del campesinado: “La definición de la gente es de mantenerse y seguir en paro hasta que se tengan los resultados a nivel nacional… la gente sigue con la decisión firme de participar en la jornada, pese a la represión, estamos trabajando la unidad a nivel de las coordinaciones nacionales para que haya más participación, hay perspectivas positivas para los próximos días”.

Ese es el factor clave: en medio de los pliegos regionales y departamentales, y de las dinámicas locales de cada proceso, no debe perderse de vista que es una lucha nacional, que debe darse de manera unitaria, sin ánimos mezquinos, que es lo que intenta cultivar el gobierno para así dividir al movimiento y reducir la protesta a la impotencia. Oscar Salazar se refiere a este tema, aclarando que:

El gobierno está utilizando la táctica de negociar con unos y no con otros de hace varias semanas, para fortalecerse utilizando a los movimientos que buscan prebendas particulares, en lugar de demostrar la unidad del conjunto… el gobierno da oportunidades para que se ganen prebendas y así ir cooptando... a nosotros mismos nos llegó con esos señuelos, prometiendo que nos darían plata, pero nosotros dijimos que no, que esto es un problema de todos, que tenemos una mesa nacional para negociar el conflicto y como tal tenemos que operar. Tenemos un pliego nacional, tenemos un espacio de coordinación con los otros procesos en la movilización nacional, esperamos así que podamos coordinar las acciones y esperamos que todos los procesos fortalezcan sus acciones para negociar con el gobierno nacional de manera conjunta”.

A pesar de la violencia oficial que hemos presenciado en Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nordeste Antioqueño, Cauca, etc., así como del bloqueo de los medios de información oficiales, la protesta sigue: “La represión ha sido brutal”, nos explica Salazar, “pero aquí estamos. Hay 24 departamentos que han acogido las diferentes convocatorias en el marco de este paro nacional agrario y popular… nosotros como MIA, tenemos acciones en 17 departamentos, con unos 50 puntos de concentración en todo el país, hemos llegado a tener alrededor de 12 puntos de bloqueos nosotros solos… se mantienen sistemáticamente 6, porque la represión ha sido brutal”. En total, sumando a todas las expresiones convocantes a este paro (incluyendo a los camioneros, al Coordinador Nacional Agrario, etc.), según la policía, se sostienen un total de 18 los bloqueos en ocho departamentos. Según cifras oficiales de la policía, se trataría de 30.000 manifestantes, pero en total, el número de personas que participarían del paro, según la prensa oficial, podría ascender a 200.000 personas [1], cifra que no se ha podido concentrar debido a la violenta represión que mantiene a los grupos dispersos.

La respuesta violenta del Estado a una movilización social pacífica pone en entredicho las credenciales democráticas de las que el gobierno colombiano presume, particularmente en momentos en que se negocia un acuerdo de paz con la insurgencia. Salazar nos dice de manera enfática al terminar nuestra conversación que “la injusticia social es lo que  causa toda esta violencia en Colombia, porque los campesinos se manifiestan con sus manos vacías… las políticas del gobierno son violentas e injustas. No hay de momento ninguna voluntad de diálogo”. Es preciso juntar manos y esfuerzos, apoyar este paro, no ceder al miedo ni a la violencia del Estado, materializar la indignación en acciones solidarias concretas. ¡Viva el paro agrario y popular!

José Antonio Gutiérrez D.

21 de Agosto, 2013

[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/hay-18-bloqueos-45-protestas-policia/354760-3

* Para informaciones actualizadas sobre la situación en el Cauca y en el Suroccidente colombiano, revisar la página web de la Red “Francisco Isaías Cifuentes” http://www.reddhfic.org

4 menores de edad, 23 adultos detenidos en el Valle del Cauca durante el Paro Agrario y Popular 19 de Agosto


Durante el primer día del paro agrario y popular, en la ruta de San Pedro a Tuluá, Valle del Cauca, a la altura de Chambimbal, se registraron graves hechos de violencia que terminaron con un herido grave, Alejandro Vargas Niño (de 17 años), quien después de recibir un impacto de fusil en el abdomen, requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Es de destacar que la comisión de derechos humanos que llevó al herido a una ambulancia, fue inmediatamente detenida por la fuerza pública, en un acto violatorio flagrante contra los derechos humanos. A la comisión de comunicaciones de la Marcha Patriótica, mientras cubría los eventos, les fueron requisadas computadoras, cámaras y grabadoras por parte de la policía.

Hay que destacar que estos hechos de violencia suceden después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenará a los gobiernos locales y a las fuerzas represivas el Estado, aplicar mano dura contra los manifestantes. Las jornadas de protesta dejaron un saldo de más de 70 detenidos en el Valle del Cauca, pero en el transcurso del día algunos fueron siendo liberados. Entre los detenidos que aún se encuentran en poder de la policía en la localidad de Buga, se encuentran cuatro menores de edad:

  • Leonardo Agudelo (Sevilla)
  • Anzisar Alejandro Parra (Sevilla)
  • Víctor Hugo Grajales (Guacarí)
  • Jhonatan Rodríguez (López de Micay).

    También se encuentran 23 adultos que serán judicializados. Estos son:
  • Aníbal Steven Mora (López de Micay)
  • Hernán Lerma Alegría (López de Micay)
  • Orestes Viveros (López de Micay)
  • Uver Lino Zamora (López de Micay)
  • Wilber Caicedo Moya (López de Micay)
  • Marlon Alexis Córdoba (López de Micay)
  • Edwin Mosquera (López de Micay)
  • Hjarling Mosquera (López de Micay)
  • Alexander Valencia (López de Micay)
  • Alder Antonio Angulo (López de Micay)
  • Emiro Angulo (López de Micay)
  • Germán Garcés (López de Micay)
  • Teófilo Campas (López de Micay)
  • Joan Marcial (Sevilla)
  • Roberto Ogarín (Sevilla)
  • José Joaquín Rosero (Tuluá, Vicepresidente de la subdirectiva Tulua, ASTRACAVA)
  • Jhon Alexander Sierra (Tuluá)
  • Leiner Hernández (Tuluá)
  • Carlos Montoya (Tuluá)
  • Fabio Nelson Arango (Tuluá)
  • Mario González (Tuluá)
  • José Libaniel Chaguendo (Pradera)
  • Wilson Andrés Flor (Pradera)

    Manifestamos nuestro profundo repudio a la violencia con la cual el Estado enfrenta al descontento popular y el ambiente de terror y zozobra que siembra en el campo para controlar el desborde de un pueblo cansado y hambreado por las políticas de saqueo impulsadas desde las altas esferas del gobierno de Juan Manuel Santos. Ningún régimen puede sustentarse eternamente en la represión. Es urgente que las organizaciones populares y sociales materialicen su solidaridad hacia las víctimas de la violencia oficial. Nadie está solo en este paro, las balas no callarán la verdad. El pueblo, pese al terrorismo de Estado, sigue en paro.

    José Antonio Gutiérrez D.
    20 de Agosto, 2013

    Violenta represión en Chambimbal (Valle del Cauca), un herido grave y 40 detenidos

    El gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado que, a veces, sí cumple con su palabra. Puede ser que el gobierno mienta cuando firma acuerdos con las organizaciones populares, que no cumpla sus compromisos con los trabajadores, que se burle de las necesidades de los más postergados. Pero cuando se trata de reprimir y meter plomo al pueblo, ahí sí que cumple siempre con sus amenazas. Santos prometió violencia contra quienes protestaran en las vías y ha cumplido.

    En el Valle del Cauca, como en el resto del país, la represión ha sido feroz. Los campesinos denuncian que, mientras se realizaba el bloqueo de la vía San Pedro-Tulua, congregando a unos 2.800 campesinos, cafeteros, lecheros y mineros a la altura de Chambimbal, llegó la fuerza pública a disipar la manifestación con violencia desmedida. Los campesinos defendieron su espacio, hasta que se metió el ejército por las lomas que conducen a Buga, donde se encontraban fundamentalmente menores de edad, mujeres y ancianos (los jóvenes estaban ocupando la carretera). Dispararon con fusiles de asalto indiscriminadamente a los campesinos, les bombardearon con gases, con los resultados de un herido grave, herido de bala, compañero Alejandro Vargas Niño, un muchachito de 17 años (nacido en 1996), habitante del corregimiento de Venus, Tulua. También hay 40 detenidos, que fueron llevados a Buga, donde siguiendo con el proceso judicial están siendo pasados a instancias de la Fiscalía. Una situación de extrema gravedad consiste en que las personas de la comisión de derechos humanos que bajaron al herido a la ambulancia, fueron inmediatamente judicializados y capturados por la fuerza pública.

    José Orlando Gómez, presidente de la junta directiva departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), nos relata la situación por la cual, pese a las amenazas, los campesinos del Valle decidieron salir a protestar:

    Los diferente sectores del campo en el Valle del Cauca nos vimos forzados a usar vías de hecho para exigir nuestros derechos constitucionales, porque el campo en Colombia está olvidado, marginado… estamos exigiéndole al Estado cosas que son necesidades básicas y que se renegocien los TLCs que han perjudicado la producción agropecuaria. No estamos en condiciones de competir con países que tienen subsidios agrícolas, eso lo sabe todo el mundo. Los campesinos somos el 30% de los 47 millones de colombianos. Nosotros producimos el 53% de la comida del país y mire la importancia que nos están dando, que nos ignoran en lugar de velar por nuestra soberanía alimentaria. El 70% de las tierras de este país están en manos del 0,4% de los propietarios y no se hace nada, se habla mucho, pero no se hace nada. Nos dicen no protesten, quédense quietos, pero nuestra situación es terrible, nos obliga a tomar vías de hecho… los niveles de pobreza del campesinado en Colombia son abrumadores, de ese 30% de colombianos que somos del campo, el 56% estamos en un nivel de pobreza. Nos dicen que podemos protestar pero sin salir a la calle, pero cómo hacemos que el gobierno nos escuche, que se siente con nosotros a negociar condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas de vida digna. Nosotros presentamos un pliego de peticiones a las autoridades, estábamos buscando dialogar antes de recurrir a las vías de hecho, queríamos llegar a un acuerdo, pero no ha habido contestación, nos han ignorado, entonces la única medida es salir a la calle. En lugar de diálogo, tenemos como respuesta una represión feroz”.

    Consultado sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que Santos amenaza a la protesta campesina, nos dice el dirigente de ASTRACAVA que “estamos en un país donde no podemos ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Se sabe que todas las reformas constitucionales hechas por Santos han sido para ejercer una fuerza desmedida contra los movimientos sociales que se vienen gestando en Colombia y que crecen, porque crece el descontento y la conciencia del pueblo”.

    En estos momentos, los campesinos se encuentran refugiados en un estadio por miedo a la violencia estatal. “En el Valle”, prosigue el dirigente campesino, “nos quitan de la vía por la fuerza y el miedo, nos disparan desde los cerros, con gases, entonces por seguridad estamos resguardados en un estadio, para resguardar nuestra integridad física. La lectura de la situación es que nos ponemos en riesgo si salimos de acá hacia las vías. No queremos ser mártires, sino que tenemos que pensar con la cabeza fría, este es un evento político, y estamos dejando constancia de nuestro descontento. Tenemos que ver la manera de seguir con la presión hasta que se nos escuche”.

    Por lo pronto, ya estamos al tanto que lo único que se le puede creer a Santos, son sus amenazas y sus promesas de usar la fuerza bruta contra los más vulnerables. Lo demás, son mentiras. Puras mentiras.

    José Antonio Gutiérrez D.

    19 de Agosto, 2013

19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?

Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.

Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.

Cada cual tendrá su lugar en esta lucha. Los campesinos, que saldrán a las rutas a visibilizar sus miserias. Los trabajadores que se declaren en paro. Los estudiantes que salgan a unir su joven sangre con los descamisados. Los indígenas que se unan a sus hermanos trabajadores, campesinos y afrocolombianos demostrando que somos un mismo pueblo en lucha. La izquierda que trate de romper el cerco mediático con sus acciones solidarias. El movimiento solidario internacional que tendrá como tarea, poner desde el primer momento los ojos del mundo en Colombia, pues sabemos que la represión no se hará esperar.

Este paro es indicativo de que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia. Todavía no tenemos un panorama acabado de este fenómeno social que se empezó a vislumbrar con las protestas de los corteros del Valle y la minga indígena y popular en el segundo semestre del 2008; que se siguió dibujado con las movilizaciones estudiantiles del 2011 que llevaron a la conformación de la MANE; que se insinuó en el Encuentro La Paz es la Ruta de Barrancabermeja el 2011; que comenzó a levantar cabeza en las movilizaciones campesinas-indígenas en el Cauca en Mayo-Junio del 2012; que ha tenido un eco resonante en la negociación política insurgencia-gobierno en La Habana; que se ha ido perfilando más y más con la gran movilización cafetera-cacaotera y con la rebelión del Catatumbo este año. El movimiento popular adquiere un carácter verdaderamente telúrico. Pero aunque no podemos apreciar en toda su magnitud este nuevo fenómeno que crece fundamentalmente en los campos de Colombia, sí hay una serie de constataciones que podemos hacer, que nos pueden servir de brújula para el actual momento.

Una primera constatación es que hoy, el sector que lidera de manera indiscutible las luchas populares en Colombia, es el campesinado. Lo que comenzó como un paro agrario, en el fragor de la movilización de los campesinos del Catatumbo, terminó jalando a algunos sectores urbanos y terminó por convertirse en un paro popular que está comenzando a sacudir al adormecido (y violentado) movimiento sindical. El campo colombiano es hoy el escenario principal de la confrontación entre el campo popular y el modelo económico y político oligárquico. Esto no es casual: tiene que ver con el carácter oligárquico del Estado y la naturaleza del bloque en el poder; tiene que ver también con el dinamismo que han adquirido, en los últimos quince años, la agroindustria y el sector extractivista; y por último, tiene que ver con un acumulado de resistencia de varias décadas del campesinado.

Una segunda constatación es que avanza un proceso de unidad y convergencia. En este escenario, la unidad se da orgánicamente (no espontáneamente) desde las luchas populares, desde abajo, no desde pactos equívocos electoreros, escenario predilecto de una cierta tradición socialbacana que, con el pueblo siempre a flor de labios, termina cooptando procesos organizativos populares, dividiéndolos, utilizándolos para fines mezquinos y alienando a sectores sociales. Ya la coyuntura electoral no es la que domina los discursos de unidad, sino que las organizaciones populares están pensando en proceso a largo plazo. No es de menor importancia que al calor de este proceso de lucha se plantee la realización, el día 31 de Agosto, del 2º Encuentro Nacional de Unidad Popular. Ni tampoco es menor el hecho de que se plantee la creación de una coordinadora de las jornadas de protesta a nivel nacional y departamental.

Una tercera constatación es que la lucha de clases está adquiriendo una dinámica que está comenzando a superar los vicios caudillistas y burocráticos de algunos sectores sociales, así como a desbordar los estrechos canales institucionales de domesticación de la protesta –por eso la violencia con que se la reprime. Esto no significa que los vicios caudillistas sean cosa del pasado, sino que la dinámica de lucha está dando señales de que, aunque aún pesen, ya no son paralizantes. Si ciertas dirigencias, bien sea por comodidad o conveniencia, optan por no apoyar la protesta social, sus bases sí que se movilizan. Esto es crucial, pues uno de los objetivos principales de la llamada “unidad nacional” del santismo fue cooptar y domesticar importantes sectores sociales (socialbacanería, indígenas y sindicales), en una especie de perversa inclusión por arriba, hecha mediante el agasajo a los caudillos, excluyendo a las masas. La CGT puede ser que no apoye el paro, pero muchas de sus filiales sí se sumarán. Si los caciques y su burocracia indígena no apoyan, sí lo harán los comuneros en la base que unirán sus manos con negritudes y campesinos. Hay que avanzar en la unidad desde abajo y en la lucha con estos sectores, más allá de acuerdos superestructurales.

Se han generado algunas plataformas reivindicativas para la lucha, siendo quizás la de mayor profundidad, claridad y convocatoria, la desarrollada por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional). Pero también las hay regionales y nacionales. Cada sector que participa y protesta tendrá sus propias demandas particulares. Un desafío para el movimiento popular será superar lo local, lo parroquial, lo particular, y poner por delante aquellos elementos comunes que engloben la lucha de la mayoría de los sectores organizados. Porque las demandas más sentidas del pueblo solamente podrán ser ganadas mediante una movilización de masas nacional. Ningún sector aislado podrá imponer su agenda a largo plazo y, no lo olvidemos, la negociación parcial de agendas locales o sectoriales es una eficaz manera de desactivación del conflicto social por parte de la oligarquía, sin que cambie nada. Tarea nada fácil esta de la convergencia; por ello es que ya hay sectores que, más allá de este paro indefinido, creen pertinente comenzar a organizar el Paro Cívico Nacional, que requiere niveles de coordinación y unidad cualitativamente superiores.

El pueblo no puede volver a creer en una oligarquía mentirosa, que no conoce la palabra honor y que se ha burlado sistemáticamente, por siglos, de ellos. Cafeteros, cacaoteros, paperos, transportistas, estudiantes, se movilizan porque no se les ha cumplido. Ninguna región, ningún sector, por separado, tendrá sus demandas satisfechas. Cada vez está más claro que los problemas que afectan a las mayorías requieren de soluciones de fondo, radicales, de una transformación desde las profundidades del país. Tarea que necesariamente es de masas. Y esta es, precisamente, la constatación más significativa que hacemos del actual proceso de convergencia hacia el paro: que las masas han vuelto a ser las protagonistas en la construcción de su propio destino. ¡Viva el Paro Agrario y Popular!

José Antonio Gutiérrez D.

18 de Agosto, 2013

[1] http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-advierte-pagaran-carcel-quienes-bloqueen-vias-articulo-440449