¿Solo se castigará a los proxenetas?

El PSOE registra una norma que reintroduce la tercería locativa, descartada en la ley del solo sí es sí, y vuelve el debate sobre esta medida que penaliza a cualquier persona que se lucre de prostituir a otra. Trabajadoras sexuales ya señalaron en su día que puede dejarlas en situación de vulnerabilidad, como explicaban en este análisis adaptado que publicamos ya en el monográfico de Prostitución de 2021.

Ilustración: Jorm Sangsorn.

Texto: Redacción Pikara Magazine / Berta Gómez Santo Tomás 20-03-204

El debate sobre la tercería locativa volvió ayer al Congreso. Esta figura jurídica, que hace referencia al lugar que se proporciona para la realización del trabajo sexual, fue el motivo de disenso entre feministas ya en 2021, cuando se presentó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual –conocida como ley del solo sí es sí– y que finalmente no quedó incluida en el texto. Ayer, la diputada socialista Andrea Fernández explicaba en una rueda de prensa que el PSOE había registrado una propuesta en la Cámara Baja que recuperaba esta medida: “El texto recoge la eliminación del criterio de explotación para que un proxeneta sea condenado por el enriquecimiento del proxenetismo; persigue la tercería locativa, es decir, el alquiler de inmuebles para la obtención de recursos económicos a través de esta práctica y además sanciona a aquellos varones, y digo varones porque son la inmensa mayoría, que recurren a la prostitución”. Según fuentes consultadas, el proyecto que se presenta ahora añade más artículos en torno al proxenetismo de los que se contemplaban en la primera reforma de hace tres años, y todas las medidas que recoge, dicen, “parecen estar vinculadas al Código Penal”.

“La mayoría de las Trabajadoras del sexo vivimos y trabajamos en el mismo sitio, la tercería locativa disuadirá a quienes nos alquilan un espacio, nos expondrá a chantajes, los riesgos siempre los pagamos nosotras: encarecimiento de alquileres”, decía ayer el Colectivo de Prostitutas de Sevilla en su cuenta de Twitter. Y recordaba: “Las más perjudicadas serán nuestras compañeras en situación administrativa irregular y nuestras compañeras trans que siempre lo tienen más difícil para alquilar un espacio para vivir y trabajar, esto las obligará a recurrir a terceros boicoteando la posibilidad de autogestión”.

Como ya pasó en 2021, el debate se centra en esta figura como medida para acabar con la “industria proxeneta”: “Es muy importante dejar claro que las trabajadoras sexuales no estamos en contra del anteproyecto de ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad, lo que rechazamos es la reinserción en el Código Penal de la tercería locativa”, explicaba entonces Kenia García, trabajadora sexual migrante y activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, que le recriminaba a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, no haber contado con ellas en los meses de consultas de la ley. “Se están diseñando políticas sin conocer nuestra realidad. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla llegó a solicitar una reunión con el Ministerio y en principio aceptaron, pero finalmente nos la cancelaron con la promesa de que podríamos reunirnos más adelante.”, contaba.

Los “parches” que no incluyó la ley del solo sí es sí

Cuando el anteproyecto de ley fue presentado por el Ministerio con Montero a la cabeza, las fuentes consultadas explicaban que, precisamente, lo que se criticaba eran los cambios en el Código Penal que facilitarían castigar penalmente el proxenetismo no coactivo –aquel que no va en contra de la voluntad de la trabajadora sexual– y la tercería locativa, es decir, “a quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento”. Si hasta ahora en España existía un conjunto de leyes que dejaban la legalidad de la prostitución en un plano ambiguo -entre la permisividad y la prohibición dependiendo de quién analice la cuestión, pero sin conceder en ningún caso derechos laborales a las trabajadoras sexuales- la reforma que llegó a plantear el proyecto de ley del solo sí es sí, y que nunca se incorporó finalmente a la legislación, se acercaba más a posiciones como la que viene defendiendo desde hace años Beatriz Gimeno, directora entonces del Instituto de la Mujer, que explicaba: “Soy abolicionista, igual que lo es este Gobierno, así que creo que es imprescindible atacar de una vez por todas la impunidad con la que los proxenetas se han movido en este país. Introducir la tercería locativa en el Código Penal es la manera de penalizar a los proxenetas, ya que es la manera en que se explota a las mujeres, a través de un supuesto alquiler de habitaciones que ellas están obligadas a usar y que hace que ellos parezcan libres de toda relación con lo que allí dentro ocurre”.

“Desde el Grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona nos preocupa bastante esta reforma porque no creemos que vaya a mejorar la situación de las trabajadoras sexuales”, explicaba entonces Paula Arce, profesora de Filosofía del Derecho e investigadora especializada en trabajo sexual. Desde un punto de vista jurídico denunciaba en primera instancia que en España no exista una “política coherente en relación a la prostitución”, y que tampoco existirá de aprobarse esta ley. “Lo que hay son parches, un mejunje de normas y políticas públicas que no son coherentes entre sí, probablemente porque no hay un consenso político claro en relación a la prostitución”. Y continuaba: “Todavía estamos en un modelo que criminaliza a las personas que ejercen la prostitución y, con este cambio, se va un paso más allá. Como efecto colateral de estas normas, aunque por supuesto no es buscado ni mucho menos, las mujeres que quieren continuar ejerciendo la prostitución se quedan en una situación de muchísima más vulnerabilidad”.

Mariona Llobet, profesora lectora en Derecho Penal y Criminología, coincidía con ella y añadía, además, que “según cómo se interprete las repercusiones legales podrían incluso alcanzar a quien sabe que está alquilando un piso de su propiedad a una persona que ejerce trabajo sexual. Entonces estás diciendo que estas mujeres no pueden trabajar por ni por cuenta ajena, porque se multará a los grandes empresarios, ni por cuenta propia en un piso de alquiler porque nadie se va a arriesgar a hacerlo sabiendo que existe este artículo; ni tampoco en la calle porque serán multadas según la ley de orgánica de seguridad ciudadana”. A pesar de que las dos expertas son partidarias de la regularización del trabajo sexual en España en lugar del punitivismo, su mayor denuncia respecto a la normativa que estaba sobre la mesa y que ahora se retoma se refiere más bien al olvido de la situación en la quedarán las vidas de muchas mujeres. “Este tipo de medidas lo que tienen es que son baratas: reformar el Código Penal no cuesta dinero y es lo que se hace habitualmente para solucionar un problema. Aunque haya muchas mujeres que quieran salir de la prostitución, es imposible generar una política pública coherente que se atenga a sus necesidades si se da la espalda a las receptoras de esas políticas”, decía entonces Arce.

Es lo mismo que ya apuntaba Kenia García, para quien la tercería locativa es una normativa que afectará a su realidad diaria: “Yo trabajo de manera independiente, alquilo un estudio y mi contrato es únicamente verbal con el propietario. Si esto se aprueba, él podría entrar en pánico, decirme que tiene miedo a ser acusado de proxeneta y echarme. Me quedaría en la calle. Por eso digo que nos están arrinconando para que acabemos pidiendo los favores de un tercero, de un proxeneta. Con este tipo de herramientas me están arrojando a manos de delincuentes”.

Precisamente con el fin de solventar este tipo de situaciones, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero también se comprometió en su día a impulsar medidas de acompañamiento de protección social, habitacionales y salidas laborales y económicas. En este sentido, Beatriz Gimeno advertía que, para el Gobierno, la situación de las prostitutas era una de sus mayores preocupaciones y por ello estaban “negociando un plan de inserción sociolaboral con el Ministerio de Trabajo”. Tanto la tercería locativa como la propuesta de medidas de acompañamiento se dejaron de lado finalmente. Es decir, de aprobarse la propuesta socialista, no se sabe todavía si irá acompañada de otro tipo de medidas de palien la situación de vulnerabilidad que la misma medida propicia.

En el primer intento de introducción de esta figura jurídica, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución opinaban que estas preocupaciones manifiestan “cierta resistencia a los cambios”. “Recuerdo que cuando comenzamos a luchar contra la violencia en las relaciones de pareja o expareja no nos detuvimos en nuestra denuncia y en nuestras propuestas hasta que todo estuviera armado: casas de acogida, soluciones habitacionales, medidas de empleo, recursos económicos”, explicaba entonces Rosario Carracedo como portavoz de la plataforma.