05. Justicia civil y justicia social

Se conoce como justicia o derecho civil, al reglamento jurídico encargado de regimentar los vínculos o relaciones patrimoniales privadas que las personas físicas o jurídicas establecen entre ellas. Está formado por las reglas de comportamiento que rigen dichas relaciones. La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial que hacen a sus relaciones —según el caso— legítimas o ilegales con otras personas o empresas.

Esta rama de la justicia civil define a cada ser humano, como sujeto de derecho patrimonial en su relación interpersonal con los demás, independientemente de sus otras actividades particulares. Compendia las normas que forman parte del llamado código civil.

El derecho anglosajón, comprende al derecho civil, al derecho continental (o civil law) y al derecho positivo (en oposición al derecho natural).

El derecho civil comprende o abarca el derecho de las personas (regulando su capacidad jurídica), el derecho de familia, el derecho de bienes, el derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil.

El concepto de justicia social es posterior al derecho civil privado. Surgió en el Siglo XIX a raíz del conflicto entre la clase social de los capitalistas y su relativa clase de los asalariados. No ha existido jamás ni existe ningún código civil en el Mundo, que regule jurídicamente la justicia social basada en la propiedad común de los medios de producción y de cambio. Y no existe por la sencilla “razón”, de que la sinrazón de la propiedad privada todavía vigente desde los tiempos del esclavismo, sigue siendo incomprensiblemente la causa histórica fundamental de la distribución social cada vez más desigual de la riqueza.                                                                                                                                                                                                                                                     GPM.

 

El hecho de que la justicia civil en la más moderna ya decadente y caduca sociedad actual, siga limitándose a juzgar exclusivamente la conducta delictiva de los individuos que violan lo impuesto por la ley jurídica en que viven, se explica porque así supuestamente procedió la “justicia divina” del cristianismo desde los más remotos orígenes de la humanidad, cuando la ignorancia de aquellos seres más primitivos sobre su propia realidad, les indujo a creer en las  ensoñaciones que otros sujetos políticamente ungidos como privilegiados sacerdotes, atribuyeron a las imaginarias divinidades dominantes en el espíritu colectivo de aquellos tiempos. Tal como relata el primer capítulo del Génesis en las Sagradas Escrituras cristianas, cuando la supuestamente todopoderosa divinidad católica vengativa omnisapiente y omnipresente, tras haber no menos presuntamente creado el universo pro-pecaminoso y seguidamente al primer género humano en las personas de Eva y Adán, les condenó expulsándoles del paraíso terrenal por haberse corrompido, al dejarse tentar por el diablo y comer del fruto prohibido. Así se nos cuenta que procedió el dios judeocristiano Yahveh previamente, a sabiendas de que iban a pecar:

<<Los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado>>. (K. Marx. El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte”. Cap. 1 Pp. 11. El subrayado es nuestro. Ver en Versión digitalizada Pp. 7).

 

O sea que, “hecha la ley hecha la trampa”. Precisamente para ocultar el hecho de que la corrupción moral no es ni ha sido jamás propia y particular o intrínseca de los individuos, sino social. Es decir, que ha sido siempre determinada previamente por el corrupto sistema de vida vigente que de tal forma corrompe, al mismo tiempo que así escapa al conocimiento general la verdadera y necesaria causa fundamental inductora del delito, que ha venido haciendo hipócritamente al ejercicio de la “justicia”, y que no cabe atribuir a las personas sino al sistema de vida social que prevaleció en cada etapa histórica vigente, como es el caso hoy bajo el capitalismo, basado en la propiedad privada discrecional de los medios de producción y de cambio, donde la igualdad formal de los sujetos ante la ley común a todos ellos —que hace por ejemplo al contrato de trabajo entre asalariados y capitalistas—, tras ese acuerdo de voluntades la igualdad formal del contrato se trueca en desigualdad real a la hora de ejecutarlo, porque quien manda en el ámbito de la producción no es el contratado sino el contratante, de modo que —como hemos visto ya más arriba— el hecho de que el patrón haya acordado pagarle a su contraparte un salario equivalente a media jornada de labor —tiempo en el que produce los medios necesarios para reponer su fuerza potencial de trabajo diaria—, eso no obsta para que se le haga trabajar la jornada entera. He aquí consumada la estratagema similar al llamado “timo de la estampita” .

 

Y así como el sistema capitalista determina que los propietarios privados sobre los medios de producción y de cambio puedan engañar a sus incautos asalariados en la sociedad civil, ¿quién puede negar que el mismo sistema haga lo propio en la comunidad política con los altos y medianos cargos públicos estatales de los tres poderes, a quienes corrompen mostrándoles la ocasión de asociarse con empresarios privados para fines mutuos gananciales de enriquecimiento personal? Según lo reportado por “Europapres”, hoy sólo en España se cuentan por miles los imputados en casos de corrupción. Causa social fundamental sistémica característica y distintiva del capitalismo, respecto de las anteriores que lo fueron en su momento bajo el esclavismo y el feudalismo. Ambas formas de vida convertidas ya en basura histórica. Pero los explotados que hoy sufren las más terribles e inauditas consecuencias letales de la tendencia al derrumbe del capitalismo —especialmente los 12,2 millones que han huido de las guerras en Oriente medio y África, buscando refugio en otros países— deben saber que el sistema todavía vigente de vida en su etapa postrera, no desaparecerá por el propio peso de sus contradicciones económicas y sociales, sino que será necesario derrocarlo políticamente.  

 

¡A la basura, pues, con el capitalismo de una vez por todas!

 

1) Expropiación de todas las grandes y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios, sin compensación alguna.

 

2) Cierre y desaparición de la Bolsa de Valores.

 

3) Control obrero colectivo permanente y democrático de la producción y de la contabilidad en todas las empresas, privadas y públicas, garantizando la transparencia informativa en los medios de difusión para el pleno y universal conocimiento de la verdad, en todo momento y en todos los ámbitos de la vida social.

 

4) El que no trabaja en condiciones de hacerlo, no come.

 

5) De cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad.

 

6) Régimen político de gobierno basado en la democracia directa, donde los más decisivos asuntos de Estado se aprueben por mayoría en Asambleas, simultánea y libremente convocadas por distrito, y los altos cargos de los tres poderes, elegidos según el método de la representación proporcional, sean revocables en cualquier momento de la misma forma.

         

GPM.

  

Además de las referencias que aparecen en este trabajo, nosotros hemos tratado de todas estas cuestiones en los documentos publicados cuyas direcciones electrónicas son:

http://www.nodo50.org/gpm/plusvalia/00.htm

http://www.nodo50.org/gpm/plusvalia/04.htm 

http://www.nodo50.org/gpm/ff_pp_tasa_ganancia/00.htm 

http://www.nodo50.org/gpm/decadencia/12.htm

http://www.nodo50.org/gpm/arglc/02.htm