02. La deriva del artículo 135 en
la constitución española
Aprobada por las cortes en
sesión plenaria del Congreso de los diputados y del senado celebradas el 31 de
octubre de 1978, fue ratificada en referendum el 06 de diciembre y sancionada
por S. M. el Rey Juan Carlos I el 27 de ese mismo mes.
Artículo 135
1) El gobierno habrá de estar
autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
2) Los créditos para
satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado, se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán
ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de
la ley de emisión.
En
1986 España decidió adherir a los tratados
de la naciente Unión Económica y Monetaria Europea, que marcó límites dentro de los cuales debía
operar la política económica de cada país miembro. O sea, que cuestiones tales
como la fiscalidad, los tipos de interés, el tipo de cambio, la emisión
monetaria, el techo de déficit público alcanzable y el sistema de pensiones, desde
entonces quedaron teóricamente fuera del rango de acción autónoma del Estado
nacional español, de sus gobiernos y del Parlamento.
En
octubre de 2008 los efectos de la crisis que había estallado un año antes en
EE.UU se extendió a Europa. Bajo tales circunstancias el gobierno español del
P.S.O.E., al mismo tiempo que bajó un 5% el salario de los empleados públicos y
congeló las pensiones, puso en marcha el espectacular llamado “Plan E”, que
movilizó más de 50.000 millones de Euros destinados a inversión pública, para
absorber el paro que estaba generando el gran capital privado por falta de
relativa rentabilidad suficiente. Siguiendo la teoría anti-cíclica de Keynes, el
presidente Zapatero emuló la política económica del Gobierno de Roosevelt en los EE.UU. tras el
estallido de la gran crisis mundial en 1929, con el propósito de “fomentar el empleo” y la “modernización de la economía”.
A
propósito de tal episodio histórico, hay que recordar aquí que aquél dispendio
de 480 mil millones de Dólares que Roosevelt malgastó, para financiar el empleo
a instancias de la inversión pública en obras de infraestructura, ayuda a los
bancos y subsidio a los parados, acabó en 1934 generando la quiebra presupuestaria y el impago de la
deuda
interna del país. Una situación insostenible, que ni siquiera pudo ser superada
mediante la política de convertir la industria civil norteamericana en
industria de guerra entre 1937 y 1941, exportando material bélico a los países
beligerantes que preparaban la Segunda Guerra Mundial; una recesión económica que
sólo pudo superarse a instancias de la destrucción bélica de riqueza creada y
más de tres millones de vidas, entre soldados y civiles muertos, además de 1,2
millones de desparecidos en aquél conflicto bélico.
En setiembre de 2011 y raíz de la
profunda recesión que siguió a la última gran crisis de 2008 en Europa —todavía
hoy en curso—, sin consultar al pueblo español ni al resto de las formaciones
políticas menores, el izquierdista PSOE a cargo del gobierno de Zapatero y en
acuerdo con el derechista PP, decidieron modificar el artículo 135 de la
constitución con arreglo a las estrictas directivas de austeridad aprobadas por
la UEE:
He aquí retratados los principales
protagonistas de la reforma.
¿Qué había
pasado entre noviembre de 2008 y setiembre de 2011? Que el martes 11
de mayo de 2010 por la mañana, el Presidente norteamericano Barack Obama ordenó
concertar una comunicación telefónica con el por entonces Presidente del
gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pretextando interesarse por el
estado de salud del ex Rey Juan Carlos, quien acababa de ser sometido a una
intervención quirúrgica. En realidad el interés de Obama por ese contacto
telefónico surgió, a raíz de lo que Zapatero había conversado tres días antes
con el vicepresidente norteamericano Joe Biden, acerca de la necesidad o no de reformar el sistema financiero
internacional, tema que se tenía previsto abordar en la próxima reunión del
G-20 —y que tuvo lugar ese mismo año el 26 y 27 de junio en Toronto—, cuyo tema
de discusión giró en torno a las decisiones políticas para estimular la recuperación económica mundial, con vistas a
superar políticamente la
recesión todavía hoy en curso.
Es muy fácil comprender la
preocupación de Obama por lo que la delegación española pudiera proponer en ese
cónclave, teniendo en cuenta lo que Zapatero había dicho en agosto de 2007,
aquello de que “España está a salvo de la crisis
financiera”,
o ese otro exabrupto con el que se superó a sí mismo en su mediocridad
intelectual el 14 de enero de 2008, sentenciando que “La crisis es una falacia, puro
catastrofismo”.
Llegando al colmo de su irracionalidad política el 10 de setiembre de 2009, al
proclamar que: “el gobierno ha situado a España en la
Champions League de las economías del mundo”.
Pero lo cierto es que, al momento de
sostener esa conversación telefónica con Obama, la semi-parálisis del sistema económico en los países de la cadena imperialista
—uno de cuyos eslabones más débiles sin duda es España— la recesión ya era
mundial y se había trasladado a los distintos aparatos de sus respectivos Estados nacionales, convertida
en una crisis presupuestaria
cuyos déficits fiscales crecientes, amenazaban peligrosamente con paralizar su
funcionamiento por carencia de fondos líquidos, afectando a sus más importantes
instituciones ministeriales, como es el caso de las que hacen a los servicios
de salud, educación, dependencia y hasta el propio régimen jubilatorio.
¿Qué le sugirió el histriónico yanky
Barack Obama al despistado español Zapatero en esa conversación ante tales
circunstancias? Lo resumió en seis palabras: “Hay que calmar a los mercados”. O sea, a la gran burguesía
internacional. Como si los actuales
gobernantes de los países fueran aquellos sacerdotes del antiguo Egipto al
servicio de los Faraones, quienes al desconocer
las causas de fenómenos naturales como los movimientos telúricos y
climáticos, temerosos atribuían esas fuerzas destructivas personificadas en dioses,
a los que rendían culto celebrando pomposos ceremoniales, para ofrecerles en
sacrificio vidas humanas creyendo que así lograban sosegar sus furiosas
embestidas.
La función de un sacerdote mitológico.
Tal es el papel que se sintió representando Barack Obama en el teatro de la recesión
mundial, cuando le largó aquél mensaje telefónico a Zapatero. Y para preservar
las “bondades” del sistema, entendió que se imponía sacrificar a cientos de
millones de personas en el Planeta —inconscientes
de su propia situación—, convirtiéndoles así en víctimas propicias de esa liturgia cósmica genocida; ya sea
por múltiples hambrunas en los países más pobres; ya sea en el resto de
naciones de desarrollo medio y alto a raíz de las más diversas consecuencias
derivadas de la crisis, lanzadas de tal modo al holocausto del paro, la
miseria, la inseguridad social a raíz del paro y la muerte prematura por desahucios
y enfermedades curables —somáticas y psicosomáticas— a quienes se les negó el
derecho al trabajo, a la educación gratuita, a la vivienda digna y a la
preceptiva atención médica y la seguridad personal, en una sociedad preñada por
la crisis de conflictos laborales, familiares e interpersonales, con infinidad
de crímenes, suicidios y muertes masivas por aparentes “causas” de diversa
índole, con perdida de riqueza material y vidas humanas
en catástrofes supuestamente “naturales” y guerras deliberadamente provocadas.
Toda esta destrucción material y desgracias sociales inducidas por cada
recesión económica mundial periódica, se han vuelto a repetir en el Mundo desde
que la última gran crisis estallara en EE.UU. corriendo el mes de agosto de
2007, para extenderse seguidamente al resto del Mundo.
Bajo tales circunstancias, el despropósito
encubierto por su propia ignorancia de este otro falsificador profesional más de
la realidad, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a ser, por entonces,
efectivamente de campeonato. Presumía de ser su gobierno un garante del Estado
del Bienestar, al mismo tiempo que decidía por decreto congelar los ingresos a
6 millones de pensionistas, alargando la jubilación a los 67 años. Suprimió la
retroactividad de las prestaciones por dependencia y los 2.500 Euros del
“cheque-bebé”. Recortó el presupuesto de los Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Abarató los despidos propiciando un descenso general de salarios por
la vía de los contratos a tiempo parcial. Precisamente por esos días de mayo en
2010, comenzamos nosotros la redacción del trabajo publicado en junio bajo el
título: “Nueva
fase de la crisis mundial: del salvataje bancario a la bancarrota fiscal”, donde
contribuimos a poner en evidencia el decadente sistema capitalista de vida y la
necesidad de acabar con él.
¿En qué consistió la política
financiera que acordaron adoptar en aquella reunión de Toronto los países del
G.20 para salir de la recesión? En que como hiciera ese otro arribista llamado
Roosevelt en 1933, se destinaran miles de millones para rescatar a los bancos,
dejando a las mayorías sociales en manos del Dios de los mercados, para que a buena
parte de ellos la recesión se los lleve al otro barrio, tras ser sometidos a
los preceptivos tormentos que anuncian para millones de desgraciados, ese viaje
a la nada sin retorno. Así es cómo los políticos
profesionales institucionalizados de hoy día, siguen cumpliendo su
función de gobierno actuando engañosamente al servicio de los capitalistas.
Emulando el mismo ceremonial macabro que cumplieron aquellos sumos sacerdotes egipcios al
oficiar sus rituales de culto, en cuyos altares sacrificaban a cierto número de
súbditos escogidos entre los sustratos más bajos de la sociedad, a modo de
chivos expiatorios para calmar la supuesta ira de sus dioses; sin advertir que,
en realidad, actuaban al servicio de sus respectivos monarcas parasitarios en
el ejercicio del poder real. Pero con la diferencia de que las víctimas propicias de aquellos
sacrificios no pasaban de ser unos pocos, mientras que las de hoy se cuentan
por cientos de millones en el Mundo. Así está el “patio” bajo el capitalismo,
un sistema de vida que, según se nos dice desde las alturas del poder económico
y político constituido, es “el mejor de los mundos posibles”.
Pero hay más, porque cuando su colega
Obama empleó ese mismo lenguaje místico de nuestros más primitivos antepasados,
obviamente Zapatero no se creyó el cuento de que los mercados sean etéreos espíritus superiores. Ambos
saben que se trata de realidades
tangibles muy concretas, donde determinadas fracciones del capital
social global se disputan intereses
compitiendo unos con otros, que todos ellos consagran y representan. ¿Ignoran
esta verdad los pequeñoburgueses intelectuales de hoy con ínfulas de gobernar, preparados
por las usinas ideológicas de los aparatos estatales? ¡¡La esconden bajo engañosas
palabras en los discursos que pronuncian por la cuenta que les trae!! Y es que la
corrupción política que
consiste en el pingüe negocio entre políticos institucionalizados y empresarios
a expensas del erario público, tiene su antecedente inmediato y posibilidad de
existencia real en la corrupción ideológica
de las mentes.
Es el ya tradicional fenómeno extendido
a escala mundial que palpita en
el sistema capitalista, dando pábulo a la perversa
relación lucrativa entre determinados sujetos inescrupulosos actuantes
en la sociedad civil de cada
país, acordando con otros tantos pragmáticos y arribistas políticos en las
dependencias de su correspondiente Estado
nacional, que tiene su causa
formal predeterminante
en la corrupción ideológica
de las llamadas “ciencias políticas y
sociales”, impartidas “urbi et orbi” en todos los aparatos ideológicos de cada Estado nacional, donde la gran burguesía internacional se
ha encargado de que impere el llamado “pensamiento unidimensional” a escala
planetaria. Bajo tales condiciones, para promocionarse al interior de esos
aparatos en cualquier Estado nacional del mundo, es imprescindible aceptar ese pensamiento único. Y es en este
tipo de ámbitos donde han venido “educando” su intelecto los futuros dirigentes
de la izquierda pequeñoburguesa,
agrupados en torno a organizaciones como en España lo son, formaciones
políticas tradicionales por el estilo del PSOE,
Izquierda Unida y más recientemente “Podemos”.
Una vez cumplido este requisito ideológico
perverso y dada la relación entre políticos institucionalizados y empresarios, por
una parte esa oligarquía organizada en partidos
políticos permite que, cuando cualquiera de ellos consigue triunfar en
las elecciones y le toca ser gobierno,
asume disciplinadamente la ética de
las responsabilidades, cuyo cometido es ejecutar las políticas de Estado determinadas
por leyes que hacen a los intereses de los explotadores
en su conjunto, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir a cualquier coste;
aunque ocasionalmente —hecha la ley hecha la trampa—, suelan violarlas procurando
privilegiar a unos explotadores —su clientela política ocasional— más que a
otros, dando paso así a la corrupción
política, que para eso está la discrecionalidad
burocrática del alto funcionario estatal, que desde la exclusiva
intimidad de sus muy bien amueblados y alfombrados despachos, pueden convertir la cosa pública en cosa privada
objeto de negociación, para mutuo usufructo personal compartido; tanto más
cuanto mayor sea su nivel jerárquico y poder
político discrecional de decisión. Tal es la causa formal del cohecho,
delito consustancial a la democracia representativa
—entre políticos institucionalizados y empresarios—, al tiempo que de cara a
los explotados tratan de
inculcar eso de que “la política es el arte de lo posible”, dando por imposible,
naturalmente, todo lo que no sea medrar a expensas del trabajo ajeno, un
negocio propio de toda esa minoría —pública y privada— de explotadores.
Mientras tanto, a los partidos políticos de la oposición
les está reservado actuar desde la ética
de las ideas, cuya función específica consiste en criticar al partido o
coalición de partidos gobernantes, proclamando como posibles de satisfacer todas
las necesidades de los explotados, que el gobierno de turno desatiende y de las
que sus opositores prometen ocuparse para hacer “justicia”, tanto como para
mantener a las masas explotadas cautivas de la ilusión en el sistema, con
vistas a ganarse su favor político en los próximos comicios. De este modo, por
ejemplo, la causa objetiva formal y esencial
del sistema capitalista en cuanto a que los asalariados participen cada vez menos en el producto de
su trabajo, es transformada por los partidos políticos de la izquierda subjetiva pequeñoburguesa en causa eficiente injusta, de la
que invariablemente responsabilizan a ciertos y determinados grandes empresarios
coaligados con los partidos políticos de la derecha, dejando de tal modo
intangible al sistema, que de esto se trata para todos ellos.
Pero el caso es que durante las recesiones periódicas y como
medio de política económica
supuestamente eficaz para superar el paro masivo, estos señores proponen subir los salarios, suponiendo que
el aumento del consecuente consumo incentiva la demanda empresarial de trabajo,
coadyuvando de tal modo a la recuperación de la producción. Por eso es que en
su función de partidos de la oposición a los gobiernos de la derecha, la
izquierda pequeñoburguesa está en contra de las políticas de austeridad, del
control del gasto público y del equilibrio presupuestario, argumentando que
ante todo priva la necesidad de los más desfavorecidos. O sea que, según su
criterio, la recesión económica no está determinada por la ganancia decreciente relativa de los capitalistas respecto
de lo que les cuesta producirla, sino por el insuficiente consumo de los
asalariados. Si así fuera, ¿cómo explicar bajo
tales circunstancias críticas, el cada vez más desigual reparto de la riqueza entre empresarios en general y
sus empleados a favor de los primeros? Olvidan estos contumaces reformistas del
capitalismo al mejor estilo del gatopardismo lampedusiano, que bajo
condiciones de recesión y paro masivo, ese reparto desigual de la riqueza viene
determinado por la presión de la competencia,
que desde fuera de la producción ejercen los parados, para que los empleados trabajen más y con mayor intensidad por
menos salario, como “conditio sine qua non” de conservar sus puestos de
trabajo. Todo ello rigurosamente cronometrado:
<<Resulta, pues, sumamente ventajoso
hacer que los mecanismos funcionen infatigablemente, reduciendo al mínimo
posible los intervalos de reposo: la perfección en la materia sería trabajar
siempre. (…) Se ha introducido en el mismo taller a los dos sexos y a las tres
edades explotados en rivalidades, de frente y, si podemos hablar en estos
términos, arrastrados sin distinción por el motor mecánico hacia el trabajo
prolongado, hacia el trabajo de día y de noche, para acercarse cada vez más al
movimiento perpetuo>>. (Barón Dupon a la Cámara de Paris, 1847.
Por Benjamín Coriat en: “El taller y el
cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo y el fordismo”. Ed. Siglo XXI/1982 Cap. 3 Pp. 38).
Es el consabido ataque de la burguesía
sobre las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados. Una realidad
férreamente determinada por la economía
política —agravada durante las crisis económicas periódicas—, donde la subjetiva política económica de los políticos
gobernantes nada tiene que hacer, porque la bolsa social mayoritaria
del trabajo asalariado disponible, no está en el Estado sino en la sociedad
civil; y allí la política del empleo corre por cuenta exclusiva del
empresariado privado, que tampoco es subjetivamente discrecional, sino que
discurre con arreglo a lo predeterminado
por la Ley objetiva o sistémica del valor vigente bajo el capitalismo
en los mercados.
Lo mismo sucede respecto de la corrupción gubernamental,
convertida —a instancias de los partidos que aspiran al gobierno—, en causa jurídica eficiente de su ocasional
función opositora. Este jueguito “democrático” que se traen los grandes
partidos políticos burgueses, alternando desde la Revolución francesa en las
instituciones del Estado, por un lado como partidos opositores —que denuncian
la corrupción— y por otro en función de gobierno —que la ejecutan—, todo sucede
a instancias de los comicios periódicos, lo cual permite que aquellos partidos a
cargo del gobierno funjan en las campañas electorales como fusibles del sistema, es decir, chivos expiatorios señalados
por la oposición como “culpables” de la corrupción, el paro y demás noxas
sociales, cuando en realidad esas conductas son producto de una causa objetiva o sistémica, determinada
por la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio.
Una causa eficiente perversa que —por mediación de la causa jurídica eficiente—
queda sustraída a la conciencia de los explotados so capa de atribuirles tales daños
sociales al comportamiento delictivo de determinados
individuos, agentes corruptos de los partidos políticos en el gobierno, que negocian con sus
clientes del empresariado a
costa del erario público; donde la justicia
penal desplaza, sustituye y malogra la justicia social distributiva. O sea, consagra la desigualdad
creciente del reparto de la riqueza.
Mientras tanto, las necesidades de las mayorías sociales absolutas, con y sin trabajo, quedan postergadas sine die, lo cual permite al sistema sostenerse permanentemente intangible. Así las cosas, la “democracia” representativa en cada Estado nacional, se combina perfectamente con la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio en la sociedad civil, de tal modo que bajo tales condiciones nadie pueda impedir el cohecho subrepticio, permanente y sostenido, entre una irrisoria minoría de políticos y empresarios, ejecutado sistemáticamente por completo a espaldas de las mayorías absolutas ciudadanas. Todo ello a instancias de los comicios que hacen a la alternancia periódica de los distintos partidos políticos en recurrente periplo de ida y vuelta —como en cualquier tiovivo— entre su descenso al purgatorio de la oposición y su ascenso a las más “altas esferas” celestiales del poder estatal ejecutivo, legislativo y judicial.
http://www.nodo50.org/gpm
e-mail: gpm@nodo50.org