02. La deriva del artículo 135 en la constitución española

         Aprobada por las cortes en sesión plenaria del Congreso de los diputados y del senado celebradas el 31 de octubre de 1978, fue ratificada en referendum el 06 de diciembre y sancionada por S. M. el Rey Juan Carlos I el 27 de ese mismo mes.

Artículo 135

         1) El gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

         2) Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado, se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

 

            En 1986 España decidió adherir a los tratados de la naciente Unión Económica y Monetaria Europea, que marcó límites dentro de los cuales debía operar la política económica de cada país miembro. O sea, que cuestiones tales como la fiscalidad, los tipos de interés, el tipo de cambio, la emisión monetaria, el techo de déficit público alcanzable y el sistema de pensiones, desde entonces quedaron teóricamente fuera del rango de acción autónoma del Estado nacional español, de sus gobiernos y del Parlamento. 

          En octubre de 2008 los efectos de la crisis que había estallado un año antes en EE.UU se extendió a Europa. Bajo tales circunstancias el gobierno español del P.S.O.E., al mismo tiempo que bajó un 5% el salario de los empleados públicos y congeló las pensiones, puso en marcha el espectacular llamado “Plan E”, que movilizó más de 50.000 millones de Euros destinados a inversión pública, para absorber el paro que estaba generando el gran capital privado por falta de relativa rentabilidad suficiente. Siguiendo la teoría anti-cíclica de Keynes, el presidente Zapatero emuló la política económica del Gobierno de Roosevelt en los EE.UU. tras el estallido de la gran crisis mundial en 1929, con el propósito de “fomentar el empleo” y la “modernización de la economía”.

          A propósito de tal episodio histórico, hay que recordar aquí que aquél dispendio de 480 mil millones de Dólares que Roosevelt malgastó, para financiar el empleo a instancias de la inversión pública en obras de infraestructura, ayuda a los bancos y subsidio a los parados, acabó en 1934 generando la quiebra presupuestaria y el impago de la deuda interna del país. Una situación insostenible, que ni siquiera pudo ser superada mediante la política de convertir la industria civil norteamericana en industria de guerra entre 1937 y 1941, exportando material bélico a los países beligerantes que preparaban la Segunda Guerra Mundial; una recesión económica que sólo pudo superarse a instancias de la destrucción bélica de riqueza creada y más de tres millones de vidas, entre soldados y civiles muertos, además de 1,2 millones de desparecidos en aquél conflicto bélico.

          En setiembre de 2011 y raíz de la profunda recesión que siguió a la última gran crisis de 2008 en Europa —todavía hoy en curso—, sin consultar al pueblo español ni al resto de las formaciones políticas menores, el izquierdista PSOE a cargo del gobierno de Zapatero y en acuerdo con el derechista PP, decidieron modificar el artículo 135 de la constitución con arreglo a las estrictas directivas de austeridad aprobadas por la UEE:

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          He aquí retratados los principales protagonistas de la reforma.

 

¿Qué había pasado entre noviembre de 2008 y setiembre de 2011? Que el martes 11 de mayo de 2010 por la mañana, el Presidente norteamericano Barack Obama ordenó concertar una comunicación telefónica con el por entonces Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pretextando interesarse por el estado de salud del ex Rey Juan Carlos, quien acababa de ser sometido a una intervención quirúrgica. En realidad el interés de Obama por ese contacto telefónico surgió, a raíz de lo que Zapatero había conversado tres días antes con el vicepresidente norteamericano Joe Biden, acerca de la necesidad o no de reformar el sistema financiero internacional, tema que se tenía previsto abordar en la próxima reunión del G-20 —y que tuvo lugar ese mismo año el 26 y 27 de junio en Toronto—, cuyo tema de discusión giró en torno a las decisiones políticas para estimular la recuperación económica mundial, con vistas a superar políticamente la recesión todavía hoy en curso.

 

          Es muy fácil comprender la preocupación de Obama por lo que la delegación española pudiera proponer en ese cónclave, teniendo en cuenta lo que Zapatero había dicho en agosto de 2007, aquello de que “España está a salvo de la crisis financiera”, o ese otro exabrupto con el que se superó a sí mismo en su mediocridad intelectual el 14 de enero de 2008, sentenciando que “La crisis es una falacia, puro catastrofismo”. Llegando al colmo de su irracionalidad política el 10 de setiembre de 2009, al proclamar que: “el gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo”.

 

          Pero lo cierto es que, al momento de sostener esa conversación telefónica con Obama, la semi-parálisis del sistema económico en los países de la cadena imperialista —uno de cuyos eslabones más débiles sin duda es España— la recesión ya era mundial y se había trasladado a los distintos aparatos de sus respectivos Estados nacionales, convertida en una crisis presupuestaria cuyos déficits fiscales crecientes, amenazaban peligrosamente con paralizar su funcionamiento por carencia de fondos líquidos, afectando a sus más importantes instituciones ministeriales, como es el caso de las que hacen a los servicios de salud, educación, dependencia y hasta el propio régimen jubilatorio.

 

          ¿Qué le sugirió el histriónico yanky Barack Obama al despistado español Zapatero en esa conversación ante tales circunstancias? Lo resumió en seis palabras: “Hay que calmar a los mercados”. O sea, a la gran burguesía internacional. Como si los actuales gobernantes de los países fueran aquellos sacerdotes del antiguo Egipto al servicio de los Faraones, quienes al desconocer las causas de fenómenos naturales como los movimientos telúricos y climáticos, temerosos atribuían esas fuerzas destructivas personificadas en dioses, a los que rendían culto celebrando pomposos ceremoniales, para ofrecerles en sacrificio vidas humanas creyendo que así lograban sosegar sus furiosas embestidas.

 

          La función de un sacerdote mitológico. Tal es el papel que se sintió representando Barack Obama en el teatro de la recesión mundial, cuando le largó aquél mensaje telefónico a Zapatero. Y para preservar las “bondades” del sistema, entendió que se imponía sacrificar a cientos de millones de personas en el Planeta —inconscientes de su propia situación—, convirtiéndoles así en víctimas propicias de esa liturgia cósmica genocida; ya sea por múltiples hambrunas en los países más pobres; ya sea en el resto de naciones de desarrollo medio y alto a raíz de las más diversas consecuencias derivadas de la crisis, lanzadas de tal modo al holocausto del paro, la miseria, la inseguridad social a raíz del paro y la muerte prematura por desahucios y enfermedades curables —somáticas y psicosomáticas— a quienes se les negó el derecho al trabajo, a la educación gratuita, a la vivienda digna y a la preceptiva atención médica y la seguridad personal, en una sociedad preñada por la crisis de conflictos laborales, familiares e interpersonales, con infinidad de crímenes, suicidios y muertes masivas por aparentes “causas” de diversa índole, con perdida de riqueza material y vidas humanas en catástrofes supuestamente “naturales” y guerras deliberadamente provocadas. Toda esta destrucción material y desgracias sociales inducidas por cada recesión económica mundial periódica, se han vuelto a repetir en el Mundo desde que la última gran crisis estallara en EE.UU. corriendo el mes de agosto de 2007, para extenderse seguidamente al resto del Mundo.

 

          Bajo tales circunstancias, el despropósito encubierto por su propia ignorancia de este otro falsificador profesional más de la realidad, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a ser, por entonces, efectivamente de campeonato. Presumía de ser su gobierno un garante del Estado del Bienestar, al mismo tiempo que decidía por decreto congelar los ingresos a 6 millones de pensionistas, alargando la jubilación a los 67 años. Suprimió la retroactividad de las prestaciones por dependencia y los 2.500 Euros del “cheque-bebé”. Recortó el presupuesto de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Abarató los despidos propiciando un descenso general de salarios por la vía de los contratos a tiempo parcial. Precisamente por esos días de mayo en 2010, comenzamos nosotros la redacción del trabajo publicado en junio bajo el título: “Nueva fase de la crisis mundial: del salvataje bancario a la bancarrota fiscal”, donde contribuimos a poner en evidencia el decadente sistema capitalista de vida y la necesidad de acabar con él.

 

          ¿En qué consistió la política financiera que acordaron adoptar en aquella reunión de Toronto los países del G.20 para salir de la recesión? En que como hiciera ese otro arribista llamado Roosevelt en 1933, se destinaran miles de millones para rescatar a los bancos, dejando a las mayorías sociales en manos del Dios de los mercados, para que a buena parte de ellos la recesión se los lleve al otro barrio, tras ser sometidos a los preceptivos tormentos que anuncian para millones de desgraciados, ese viaje a la nada sin retorno. Así es cómo los políticos profesionales institucionalizados de hoy día, siguen cumpliendo su función de gobierno actuando engañosamente al servicio de los capitalistas. Emulando el mismo ceremonial macabro que cumplieron aquellos sumos sacerdotes egipcios al oficiar sus rituales de culto, en cuyos altares sacrificaban a cierto número de súbditos escogidos entre los sustratos más bajos de la sociedad, a modo de chivos expiatorios para calmar la supuesta ira de sus dioses; sin advertir que, en realidad, actuaban al servicio de sus respectivos monarcas parasitarios en el ejercicio del poder real. Pero con la diferencia de que las víctimas propicias de aquellos sacrificios no pasaban de ser unos pocos, mientras que las de hoy se cuentan por cientos de millones en el Mundo. Así está el “patio” bajo el capitalismo, un sistema de vida que, según se nos dice desde las alturas del poder económico y político constituido, es “el mejor de los mundos posibles”.

 

          Pero hay más, porque cuando su colega Obama empleó ese mismo lenguaje místico de nuestros más primitivos antepasados, obviamente Zapatero no se creyó el cuento de que los mercados sean etéreos espíritus superiores. Ambos saben que se trata de realidades tangibles muy concretas, donde determinadas fracciones del capital social global se disputan intereses compitiendo unos con otros, que todos ellos consagran y representan. ¿Ignoran esta verdad los pequeñoburgueses intelectuales de hoy con ínfulas de gobernar, preparados por las usinas ideológicas de los aparatos estatales? ¡¡La esconden bajo engañosas palabras en los discursos que pronuncian por la cuenta que les trae!! Y es que la corrupción política que consiste en el pingüe negocio entre políticos institucionalizados y empresarios a expensas del erario público, tiene su antecedente inmediato y posibilidad de existencia real en la corrupción ideológica de las mentes.

 

          Es el ya tradicional fenómeno extendido a escala mundial que palpita en el sistema capitalista, dando pábulo a la perversa relación lucrativa entre determinados sujetos inescrupulosos actuantes en la sociedad civil de cada país, acordando con otros tantos pragmáticos y arribistas políticos en las dependencias de su correspondiente Estado nacional, que tiene su causa formal predeterminante en la corrupción ideológica de las llamadas “ciencias políticas y sociales, impartidas “urbi et orbi” en todos los aparatos ideológicos de cada Estado nacional, donde la gran burguesía internacional se ha encargado de que impere el llamado “pensamiento unidimensional” a escala planetaria. Bajo tales condiciones, para promocionarse al interior de esos aparatos en cualquier Estado nacional del mundo, es imprescindible aceptar ese pensamiento único. Y es en este tipo de ámbitos donde han venido “educando” su intelecto los futuros dirigentes de la izquierda pequeñoburguesa, agrupados en torno a organizaciones como en España lo son, formaciones políticas tradicionales por el estilo del PSOE, Izquierda Unida y más recientemente “Podemos”.  

 

          Una vez cumplido este requisito ideológico perverso y dada la relación entre políticos institucionalizados y empresarios, por una parte esa oligarquía organizada en partidos políticos permite que, cuando cualquiera de ellos consigue triunfar en las elecciones y le toca ser gobierno, asume disciplinadamente la ética de las responsabilidades, cuyo cometido es ejecutar las políticas de Estado determinadas por leyes que hacen a los intereses de los explotadores en su conjunto, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir a cualquier coste; aunque ocasionalmente —hecha la ley hecha la trampa—, suelan violarlas procurando privilegiar a unos explotadores —su clientela política ocasional— más que a otros, dando paso así a la corrupción política, que para eso está la discrecionalidad burocrática del alto funcionario estatal, que desde la exclusiva intimidad de sus muy bien amueblados y alfombrados despachos, pueden  convertir la cosa pública en cosa privada objeto de negociación, para mutuo usufructo personal compartido; tanto más cuanto mayor sea su nivel jerárquico y poder político discrecional de decisión. Tal es la causa formal del cohecho, delito consustancial a la democracia representativa —entre políticos institucionalizados y empresarios—, al tiempo que de cara a los explotados tratan de inculcar eso de que “la política es el arte de lo posible”, dando por imposible, naturalmente, todo lo que no sea medrar a expensas del trabajo ajeno, un negocio propio de toda esa minoría —pública y privada— de explotadores.

 

          Mientras tanto, a los partidos políticos de la oposición les está reservado actuar desde la ética de las ideas, cuya función específica consiste en criticar al partido o coalición de partidos gobernantes, proclamando como posibles de satisfacer todas las necesidades de los explotados, que el gobierno de turno desatiende y de las que sus opositores prometen ocuparse para hacer “justicia”, tanto como para mantener a las masas explotadas cautivas de la ilusión en el sistema, con vistas a ganarse su favor político en los próximos comicios. De este modo, por ejemplo, la causa objetiva formal y esencial del sistema capitalista en cuanto a que los asalariados participen cada vez menos en el producto de su trabajo, es transformada por los partidos políticos de la izquierda subjetiva pequeñoburguesa en causa eficiente injusta, de la que invariablemente responsabilizan a ciertos y determinados grandes empresarios coaligados con los partidos políticos de la derecha, dejando de tal modo intangible al sistema, que de esto se trata para todos ellos.

 

          Pero el caso es que durante las recesiones periódicas y como medio de política económica supuestamente eficaz para superar el paro masivo, estos señores proponen subir los salarios, suponiendo que el aumento del consecuente consumo incentiva la demanda empresarial de trabajo, coadyuvando de tal modo a la recuperación de la producción. Por eso es que en su función de partidos de la oposición a los gobiernos de la derecha, la izquierda pequeñoburguesa está en contra de las políticas de austeridad, del control del gasto público y del equilibrio presupuestario, argumentando que ante todo priva la necesidad de los más desfavorecidos. O sea que, según su criterio, la recesión económica no está determinada por la ganancia decreciente relativa de los capitalistas respecto de lo que les cuesta producirla, sino por el insuficiente consumo de los asalariados. Si así fuera, ¿cómo explicar bajo tales circunstancias críticas, el cada vez más desigual reparto de la riqueza entre empresarios en general y sus empleados a favor de los primeros? Olvidan estos contumaces reformistas del capitalismo al mejor estilo del gatopardismo lampedusiano, que bajo condiciones de recesión y paro masivo, ese reparto desigual de la riqueza viene determinado por la presión de la competencia, que desde fuera de la producción ejercen los parados, para que los empleados trabajen más y con mayor intensidad por menos salario, como “conditio sine qua non” de conservar sus puestos de trabajo. Todo ello rigurosamente cronometrado:

<<Resulta, pues, sumamente ventajoso hacer que los mecanismos funcionen infatigablemente, reduciendo al mínimo posible los intervalos de reposo: la perfección en la materia sería trabajar siempre. (…) Se ha introducido en el mismo taller a los dos sexos y a las tres edades explotados en rivalidades, de frente y, si podemos hablar en estos términos, arrastrados sin distinción por el motor mecánico hacia el trabajo prolongado, hacia el trabajo de día y de noche, para acercarse cada vez más al movimiento perpetuo>>. (Barón Dupon a la Cámara de Paris, 1847. Por Benjamín Coriat en: “El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo y el fordismo”.  Ed. Siglo XXI/1982 Cap. 3 Pp. 38).

  

          Es el consabido ataque de la burguesía sobre las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados. Una realidad férreamente determinada por la economía política —agravada durante las crisis económicas periódicas—, donde la subjetiva política económica de los políticos gobernantes nada tiene que hacer, porque la bolsa social mayoritaria del trabajo asalariado disponible, no está en el Estado sino en la sociedad civil; y allí la política del empleo corre por cuenta exclusiva del empresariado privado, que tampoco es subjetivamente discrecional, sino que discurre con arreglo a lo predeterminado por la Ley objetiva o sistémica del valor vigente bajo el capitalismo en los mercados.

 

          Lo mismo sucede respecto de la corrupción gubernamental, convertida —a instancias de los partidos que aspiran al gobierno—, en causa jurídica eficiente de su ocasional función opositora. Este jueguito “democrático” que se traen los grandes partidos políticos burgueses, alternando desde la Revolución francesa en las instituciones del Estado, por un lado como partidos opositores —que denuncian la corrupción— y por otro en función de gobierno —que la ejecutan—, todo sucede a instancias de los comicios periódicos, lo cual permite que aquellos partidos a cargo del gobierno funjan en las campañas electorales como fusibles del sistema, es decir, chivos expiatorios señalados por la oposición como “culpables” de la corrupción, el paro y demás noxas sociales, cuando en realidad esas conductas son producto de una causa objetiva o sistémica, determinada por la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio. Una causa eficiente perversa que —por mediación de la causa jurídica eficiente— queda sustraída a la conciencia de los explotados so capa de atribuirles tales daños sociales al comportamiento delictivo de determinados individuos, agentes corruptos de los partidos políticos en el gobierno, que negocian con sus clientes del empresariado a costa del erario público; donde la justicia penal desplaza, sustituye y malogra la justicia social distributiva. O sea, consagra la desigualdad creciente del reparto de la riqueza.

 

          Mientras tanto, las necesidades de las mayorías sociales absolutas, con y sin trabajo, quedan postergadas sine die, lo cual permite al sistema sostenerse permanentemente intangible. Así las cosas, la “democracia” representativa en cada Estado nacional, se combina perfectamente con la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio en la sociedad civil, de tal modo que bajo tales condiciones nadie pueda impedir el cohecho subrepticio, permanente y sostenido, entre una irrisoria minoría de políticos y empresarios, ejecutado sistemáticamente por completo a espaldas de las mayorías absolutas ciudadanas. Todo ello a instancias de los comicios que hacen a la alternancia periódica de los distintos partidos políticos en recurrente periplo de ida y vuelta —como en cualquier tiovivo— entre su descenso al purgatorio de la oposición y su ascenso a las más “altas esferas” celestiales del poder estatal ejecutivo, legislativo y judicial.

 

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