(Ecologistas en Acción, 27 de Agosto de 2.002)

La connivencia entre el Gobierno de Murcia y las Confederaciones del Tajo y del Segura para ocultar la mala gestión y las ilegalidades cometidas en el uso del agua y el apoyo dado al PHN por parte del Partido Popular y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha responsables de la situación.

Este volumen de aguas trasvasadas, apenas alcanzado en año alguno hasta la fecha, unido al mal estado de la calidad de aguas del río, que el propio PHN calificó como “deplorable” en el tramo comprendido entre la desembocadura del Jarama y la ciudad de Toledo, conducirá al río Tajo a una situación crítica sin precedentes que acrecentará, más aún si cabe, los peligros sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones ribereñas, además de poner en serio riesgo el aprovechamiento para regadío de las aguas en Madrid y Toledo.

Ecologistas en Acción acusa al Gobierno de Murcia y a las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Tajo de connivencia en sus actuaciones para desviar la atención de los problemas de mala gestión de agua que se dan en el trasvase y de irregularidades en los regadíos del Levante.

Estos problemas han venido siendo denunciados por Ecologistas en Acción desde hace años. Pero no sólo por nosotros, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto en evidencia el desfase de 113 hectómetros cúbicos entre las aguas trasvasadas y las usadas realmente en el Segura. Por otra parte, de que las nuevas roturaciones siguen apareciendo por toda la Región de Murcia dan testimonio las actas de denuncia presentadas por los guardas forestales y por el SEPRONA. De hecho, el propio Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de esa región, Sr. Cerdá, ha reconocido en declaraciones a los medios de comunicación que 187 de las 203 denuncias interpuestas el año pasado en Murcia por roturaciones ilegales, es decir, el 92% de las mismas, fueron presentadas por los Agentes Forestales y por la Guardia Civil. Si todo esto pasa es porque las Confederaciones y el Gobierno de Murcia lo consienten y lo promueven por activa o por pasiva.

Dentro de este panorama no debemos olvidar el pernicioso efecto que sobre el trasvase ha tenido y seguirá teniendo en el futuro la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Como también ya anunció Ecologistas en Acción que pasaría, la expectativa de que lleguen en el futuro aguas del Ebro al Levante ha generado en esta última zona un movimiento especulativo que ha dado lugar a nuevas roturaciones y nuevos proyectos de urbanización, de zonas de ocio y campos de golf. Estas nuevas demandas, a la vista de que el trasvase del Ebro tardaría años en hacerse, si es que llega a ejecutarse el proyecto, han dirigido sus miradas hacia el trasvase Tajo-Segura. Pretenden, en primer lugar, que se agote el tope legal de volumen de aguas trasvasables y, en segundo lugar, que se revise el límite actual y se amplíe hasta alcanzar la capacidad efectiva del acueducto, esto es que se permita trasvasar hasta 1.000 hectómetros cúbicos al año.

Que se dé esta situación es responsabilidad política a partes iguales del Gobierno de Aznar y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que negociaron un PHN a todas luces extremadamente perjudicial para la gestión del agua en Castilla-La Mancha y, muy en particular, para el Tajo y para los usos (ambiental, abastecimiento, agrícola, de ocio, etc.) que pudiera tener.

Ecologistas en Acción entiende que el debate sobre el trasvase que ahora se está produciendo en Castilla-La Mancha es necesario para que todos los partidos y voces autorizadas de la Región se retraten en él. Y, aunque puedan resultar más o menos evidentes las motivaciones políticas que han llevado a que el tema trascienda especialmente ahora, no hay que dejar de pasar la oportunidad de mostrar la insostenibilidad de un modelo de gestión del agua ambientalmente pernicioso y socialmente injusto como el del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, valoramos como lamentable el despego, la insensibilidad y la falta de conocimiento que ha manifestado el Sr. Suárez Illana con respecto a la problemática que está generando el trasvase en la cuenca del Tajo. También, son lamentables las contradicciones del Gobierno de Bono que entra ahora en campaña contra una obra que santificó con parabienes cuando colaboró en la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo y Nacional. Bien harían PP y PSOE, Gobierno Central y Autonómico, tanto monta, monta tanto, en preocuparse de elaborar de una vez un Plan Integral para el río Tajo que contemple la reducción progresiva de los trasvases al Levante, un plan de ahorro y un plan de acción de lucha contra la contaminación. De momento ya se ha agotado el plazo de un año dado en la Ley del PHN para elaborar ese Plan y no se sabe nada del mismo.