LA VERDAD/ALBACETE

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha detectado hasta un total de 21 roturaciones de terreno en la cuenca del Segura, la mayoría en Murcia y algunas en Alicante, para su transformación posterior en regadío, pese a que esta práctica está prohibida desde 1986.

Por tanto, según dijo ayer el consejero de Obras Públicas castellano-manchego, Alejandro Gil, en una rueda de prensa en Toledo, cualquier transformación en regadío que se produzca en esta cuenca es «contraria a la ley y por tanto ilegal».

Esta circunstancia, denunció Gil, no hace sino confirmar lo que se pone de manifiesto incluso en documentos oficiales del Gobierno murciano, como es el estudio de impacto territorial del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde se dice que la extensión de las tierras dedicadas a regadío agrícola aumenta de forma imparable. El incremento de la superficie de regadío da lugar a una utilización excesiva de los acuíferos de la zona que provoca su destrucción por sobreexplotación, explicó el titular de Obras Públicas, quien lamentó que una vez que se sequen estos pozos se tomará agua del trasvase Tajo-Segura para regar y esto, dijo, compete a Castilla-La Mancha.

Queja

El Gobierno castellano-manchego, continuó, no es contrario al desarrollo de una región, pero sí a que este se haga a costa de otra comunidad como Castilla-La Mancha, de la que procede el agua del trasvase a la cuenca del Segura.

El consejero de Obras Públicas explicó que en la queja que va a presentar la Junta de Comunidades ante la Unión Europea por el uso abusivo que se hace en el Levante del agua del trasvase Tajo-Segura se van a incluir tanto el documento del Gobierno murciano que reconoce que el regadío crece sin freno como los casos de roturaciones para su posterior conversión en regadío que se han detectado hasta el momento.

Además, Gil citó una publicación de Ecologistas en Acción titulada Gestión alternativa del agua en la cuenca del Segura», editada con la colaboración de la Región de Murcia, donde se especifica que la superficie de regadío en esta cuenca ha aumentado en 57.000 hectáreas en los últimos años. Así, se ha pasado de las 196.000 hectáreas de regadío en 1986 a las 270.000 en 1996, pese a la prohibición de la extensión de los cultivos intensivos en la ley del Suelo de 1986.

Alejandro Gil denunció que con estas actuaciones se están incumpliendo tanto el Plan Hidrológico Nacional como los planes de cuenca, por lo que pidió tanto al Gobierno murciano como a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Partido Popular de Castilla-La Mancha que dejen de negar que existe un uso irregular y una mala gestión del trasvase, al tiempo que exigió el cumplimiento de la ley del Agua.Criticó además que el PP de Castilla-La Mancha «sigue escurriendo el bulto» en este asunto e intentando desviar la atención hacia otros temas.

El consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz Abellán, dijo ayer en conferencia de prensa que «en ningún caso se ha producido un incremento de regadíos» en la Región de Murcia, al contrario de lo que ayer publicaba un diario nacional, que cita el Plan de Ordenación del Litoral.

El consejero replicó ayer la información que publicaba el diario El País, según la cual la extensión de tierras dedicadas a regadío agrícola «no hace sino aumentar» en un proceso «imparable», según el estudio de impacto territorial del Plan de Ordenación del Litoral.

Según Ruiz Abellán, «se ha sacado fuera de contexto una información de impacto territorial donde se dice que el modelo normal que podría seguirse». Añadió que el Plan del Litoral augura crecimiento de la ocupación turística «tanto en los núcleos urbanos como en posibles núcleos nuevos, y es posible que la ocupación turística puede ir ocupando terrenos que incluso pueden estar en regadíos».

Mitad de la información

El consejero indicó que «el proceso normal es que el terreno que está en secano pase a ser de regadío, y lo que dice el estudio es que habrá que velar para que eso no se produzca; si se saca la mitad de la información, evidentemente lo que se está diciendo es que van a crecer los riegos».Advirtió que «para velar que no puedan crecer los riegos, lo que hay que hacer es establecer unas medidas correctoras en un estudio de impacto ambiental, para que en esa declaración de impacto ambiental no se produzca, ya que es una posibilidad que pudiera ocurrir».

Aclaró que en el citado Plan del Litoral, a la hora de construir una carretera o una infraestructura, «en el estudio de impacto ambiental se dice lo qué se puede producir y cómo se debe corregir». «Lógicamente, si se saca solamente lo qué se puede producir, la información estaría tergiversada y no tendría nada que ver con la realidad», agregó. Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, negó también ayer que la Región supere el número legal de explotaciones de regadío permitido por la Ley del Suelo de 1986, según declaró esta tarde tras reunirse con el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, en Madrid. Valcárcel añadió que «por falta de agua» en la Región se cultivan 52.000 hectáreas menos de las permitidas por la Ley, con lo que Murcia estaría por debajo de sus posibilidades de explotación en cuanto al cultivo de regadío se refiere.

El jefe del Ejecutivo murciano responde así a las conclusiones a las que llega el estudio, realizado por Turismo, sobre el impacto territorial del Plan de Ordenación del Territorio en el Litoral, en las que se califica de «imparable» la extensión del regadío en Murcia y en las que se apunta que la mayoría de estas tierras reciben agua de fuera.

«Los regantes murcianos, los alicantinos y los almerienses pagan ese agua que viene de fuera -señaló-, porque no hay que olvidar que la cuenca del Segura no es solo la Región de Murcia», a lo que añadió que «parece muchas veces que, al final, quien se encuentra siempre en la misma diana es el murciano».

«Otra cosa -añadió- es que el señor Cháves rechaze ciertas imputaciones que desde Castilla la Mancha se puedan hacer respecto del uso que dan a ese agua que desde el Tajo va a la cuenca del Segura».