La organización Ecologistas en Acción ha exigido a las instituciones locales, provinciales y autonómicas que prohíban con la máxima urgencia la instalación de torres de telefonía móvil en las terrazas de los edificios teniendo en cuenta que todavía se desconoce si estos artilugios pueden resultar peligrosos para los ciudadanos. Este colectivo ha pedido al Ayuntamiento de Albacete que modifique la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente (OMMA), puesto que en estos momentos está desfasada en determinados aspectos, y por ejemplo, no incluye ni un párrafo acerca de este polémico y controvertido tema.

La organización Ecologistas en Acción en Albacete lanzó ayer un Informe preliminar sobre antenas de telefonía móvil ante la «inminente y masiva instalación» de este tipo de torres en la ciudad y en diversos puntos de la provincia. Con este informe, este movimiento ecologista pretende abrir un debate a fin de que se dé respuesta a los «numerosos interrogantes» que la colocación en las azoteas de los edificios están generando entre los ciudadanos y las comunidades de vecinos, con la consecuente «intranquilidad» que éso está provocando.

Ecologistas en Acción, que ha participado en las jornadas nacionales celebradas durante el pasado fin de semana en la localidad alcarreña de Alcalá de Henares sobre Contaminación electromagnética, ha difundido un decálogo para que sea tenido en cuenta, y por lo tanto, aplicado por las instituciones locales, provinciales y autonómicas, cuyo primer punto pasa por la prohibición, como principio de prevención, de la instalación de torres de telefonía móvil en las terrazas de los edificios.

A juicio de los ecologistas albaceteños, las antenas deberían situarse lejos de los núcleos de población, ya que, entre otras cosas, el efecto térmico en las proximidades «está admitido por todos los científicos».

De la misma manera, Ecologistas en Acción considera que se tendrín que tomar las medidas necesarias para «evitar» la exposición a esta radiación hasta que esté estudiada su inocuidad y se comprueben que los efectos no térmicos no existen o no afectan a la salud.

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En cuanto al Ayuntamiento de Albacete, este colectivo opina que debería estar informado con el fin de poder informar a los ciudadanos. En este sentido, los ecologistas han denunciado que el consistorio albaceteño no trata este tipo de radiación, la generada presuntamente por las antenas de telefonía móvil, en sus ordenanzas.

En este sentido, han pedido a la concejalía de Medio Ambiente que modifique la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente (OMMA), y más en concreto, el título relativo a contaminación atmosférica por distintas formas de la energía, con el fin de incluir esta supuesta forma de contaminación electromagnética. Los ecologistas también defienden el derecho que tienen las comunidades de vecinos a estar informadas de lo que significa realmente la instalación de una antena base en su azotea.

En este sentido, sugieren a las comunidades de vecinos que se asesoren debidamente sobre los aspectos jurídicos de los contratos de arrendamiento, ya que a su juicio, «sólo tienen ventajas para la empresa y dejan totalmente atada de pies y manos a la comunidad por periodos importantes de hasta 25 años».

Uno de los aspectos en los que más insisten los ecologistas en su decálogo es que «no está demostrada la peligrosidad pero tampoco la inocuidad», y en este sentido, recuerdan que el Consejo de las Comunidades Europeas recomienda, entre otros aspectos de precaución, observar los límites de radiación menos permisivos en el ámbito internacional e instalar las antenas base lejos de los núcleos habitados. Para los ecologistas albaceteños, una de las cuestiones más preocupantes en estos momentos es el modo en que se está procediendo a su instalación, «aprovechando cierto vacío normativo, que deja sin delimitar claramente las responsabilidades de las diferentes administraciones».

Ecologistas en Acción ha reconocido que además, con el «apetitoso ingreso que les supone a las comunidades de vecinos el alquiler de sus azoteas, unido a la nula información que los ciudadanos poseen sobre sus posibles efectos, las compañías de telefonía móvil encuentran mínimas reticencias para su instalación».

Para esta organización, son «criticables» también «algunos términos» de los contratos que ofrecen a las comunidades de vecinos, ya que están realizados en unas condiciones de superioridad por parte de la empresa, destacándose la alta duración del contrato, 20 ó 25 años, el que sólo tenga posibilidad de rescindirlo de forma unilateral la empresa antes de ese plazo».

«También es de destacar –añade Ecologistas en Acción en su página oficial en Internet (http://www.nodo50.org/ecologistasclm/ab/documentos/basesdeantenas.htm )– el riesgo que supone para el propio edificio y para los viandantes la instalación de unos elementos que pueden pesar entre 5 y 15 toneladas».

El ayuntamiento quiere que todas las antenas ya instaladas cuenten al menos con licencia de obras

(La Verdad Albacete. 21 de Noviembre de 2.000)

En la actualidad, en la ciudad, funcionan al menos unas veinte antenas de telefonía móvil, de las que buena parte de ellas no disponen ni siquiera de licencia de obras. Así al menos lo aseguró ayer el concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero, quien comentó que en estos momentos, los servicios técnicos municipales están analizando las antenas que hay en funcionamiento en la capital para comprobar si disponen de permiso de obras, al menos, y en caso contrario, exigirles a las empresas responsables que tramiten la oportuna licencia. «Más que nada –dijo Valero–, con la licencia de obras se asegura que esa antena no puede causar un peligro en el edificio en cuanto a su peso, ya que de contaminación electromagnética no podemos hablar en estos momentos, y también nos preocupan los aspectos estéticos de estos aparatos».

De cualquier manera, el concejal de Medio Ambiente adelantó que se está preparando la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente para incluir una serie mínima de medidas preventivas respecto a las antenas de telefonía móvil. «Nos estamos reuniendo con todos los que tienen algo que decir, esta semana lo haremos con los ecologistas, y con toda la información de que dispongamos, iniciaremos los trámites, que todavía hemos comenzado», comentó.

Por otro lado, cabe recordar que recientemente, el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Relaciones con las Cortes, solicitó su comparecencia en el Pleno de las Cortes Regionales para informar sobre los estudios e iniciativas que está realizando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para determinar los efectos electromagnéticos provocados por instalaciones de telefonía móvil y similares en la comunidad autónoma. La consejería de Obras Públicas quiere desarrollar una normativa a nivel regional, que supla el vacío que en el ámbito estatal existe ante este tipo de instalaciones para prestar estos nuevos servicios, con el fin de regular las instalaciones de radiocomunicación.