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Consuelo Navarro

El derecho al aborto y los servicios públicos sanitarios

Eleusis

Jueves 12 de junio de 2008 (Fecha de redacción anterior: 10 de junio de 2008).

Titulares del periodico EL PAÍS, el sábado 7 de junio, por un lado “ Un partido ultra podrá sentar en el banquillo a médicos de Isadora” con el siguiente subtítulo: “ El juez permite que este grupo conozca la identidad de mujeres que abortaron”. Y más abajo otra noticia, titular: “ Un aborto paralizado porque es el segundo” como subtítulo, “ Un hospital de Elche se niega a realizar el informe psicológico de una embarazada” en este último subtitulo se incluye una errata porque no es de ELCHE es el hospital de SAN JUAN.

La jefa del servicio de psiquiatría de dicho hospital rechaza realizar informe de valoración psicológico para que una mujer pueda llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo a través de la sanidad pública. Con el único argumento de que hace 4 años ya se le practicó uno y que no ha tomado los anticonceptivos necesarios para evitar el embarazo.

Además exige que la acompañe un familiar y no una amiga, tratando de nuevo a la mujer solicitante como “ menor de edad” suponiéndole una incapacidad individual para decidir sobre este asunto, y además imponiéndole quién puede acompañarle y quién no, y si hubiera ido sola, ¿qué? ¿ la habriamos orientado ir con papá o mamá?

Desde la secretaría de la mujer de CC.OO l´Alacantí-Les Marines queremos denunciar públicamente este tipo de actuaciones desde un servicio público sanitario y decimos que:

• Sra. Oliveras, como decimos antes, usted es jefa de servicio de psiquiatría del hospital público de San Juan, y como servicio público usted tiene que limitarse a cumplir la ley y realizar lo mejor posible su trabajo. En su consulta privada, usted puede atender a quien quiera y discriminar qué hace y a quién, y qué no hace según con quién, ¿sí?.

• Que una mujer hace cuatro años haya sido intervenida para interrumpir su embarazo, que yo sepa según la ley, no es un obstáculo para que pueda en un momento determinado de la vida, verse necesitada de recurrir a otra intervención y además que la Administración, cumpliendo la ley, ponga a su disposición los recursos necesarios para ello. O es que a estas alturas usted, que es médica, no letrada, va a interpretar lo que la ley no dice, ni tan siquiera vislumbra.

• Que no haya cumplido con el compromiso de tomar anticonceptivos, pues es una valoración hecha muy a la ligera, porque 1º, en este país la educación sexual y los programas o acciones para la prevención de embarazos no deseados no son la tónica general. Y hay sectores, religiosos y consevadores que prefieren no “ mentar la bicha” y obstaculizan de múltiples modos la implantación de una educación más progresista, democrática y liberadora. En 2º lugar, usted no está para valorar si la toma de anticonceptivos es directamente proporcional al ejercicio de un derecho, ateniéndose a la ley, como el que aquí mencionamos. Y en 3º lugar, usted no está tampoco para juzgar, valorar moralmente o censurar un hecho objetivo, que es el de una mujer que se acerca a los servicios públicos de salud para solicitar un examen psicológico como paso previo para la posibilidad de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Que no es asesinato, ni homicidio, ni ejecución como muchos sectores reaccionarios y ultraconsevadores califican estos hechos.

• A usted la he leido alguna vez, y nombra la desigualdad de género o por razón de sexo en algunos de sus trabajos. Pero creo, con estas noticias que no tiene muy claro los referentes de dicha desigualdad. Que los derechos reproductivos de las mujeres siguen siendo uno de los mayores deficits de más de la mitad de la humanidad es un hecho incontestable. Léase los informes de la ONU al respecto.

• Desde CC.OO venimos reclamando una ley que regule el derecho al aborto que no de ni la mínima oportunidad a nadie para criminalizar a las mujeres que se ven en esta situación. Y exigimos a las autoridades sanitarias de esta comunidad su responsabilidad en garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a través de la sanidad y hospitales públicos.

Fdo.: Consuelo Navarro Sánchez Secretaría de mujer y empleo de la U.I de CC.OO l´Alacantí-Les Marines

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