El día 27 de mayo acompañé a una paciente que pretendía acceder a la IVE, acogiéndose al primer supuesto, de peligro para la salud psíquica, a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de San Juan, donde habían de hacerle el informe que requiere la ley.
En la Comunidad Valenciana, una mujer que quiera abortar a través de la Sanidad Pública debe recorrer tres pasos: ir primero al Centro de Orientación Familiar que le corresponde, éste la remite a San Juan para el informe psiquiátrico y desde allí la envían a la clínica concertada dónde se realiza la IVE, salvo que le corresponda ir al único Hospital público de alencia donde también se realiza.
Esta mujer ya había pasado por el COF y así llegamos, a la consulta con la psiquiatra, en este caso Angustias Oliveras.
Nada más entrar, yo iba delante, la doctora me dijo: “No”. Había mirado la hoja de la historia clínica donde decía que la paciente había abortado en 2004 y había tomado la decisión de que esa mujer no abortaba. ¿Cómo? Porque ella no le hacía el informe. ¿Por qué? Porque esas eran las normas. Evidentemente esas no son las normas que establece la ley y, o bien me estaba mintiendo, o bien tienen esas normas en su Unidad y por fin podremos saberlo.
Desde el primer momento se negó a realizar el acto médico para el que habían citado a la paciente, y que era su trabajo en ese momento: valorar si el embarazo suponía peligro para su salud psíquica. No dirigió ni una sola palabra a la paciente, ni siquiera “Buenos días” o “Siéntese” (la paciente permaneció de pie los minutos que estuvimos en la consulta). Lo más parecido a una valoración psiquiátrica que hizo fue, ante mi insistencia, levantar la mirada hacia la paciente y decirme “No está mal”. Así a simple vista y sin haber oído su voz, veía que no estaba para merecer un aborto subvencionado. ¿La razón?: “que la mujer la ya había tenido un aborto subvencionado por la Seguridad Social” y que “No había cumplido el pacto que había hecho entonces de ir al COF y utilizar anticoncepción”. Realmente no sabemos si los utilizaba. Todos los métodos, incluida la ligadura de trompas tienen fallos. Y la ley no dice que las usuarias de la Sanidad Pública tengan que tener determinado buen comportamiento para acceder a esta prestación, ni a ninguna otra. No sé si esto es una nueva vía de desmantelar la Sanidad Pública: si fumas no te mereces un tratamiento del infarto, si no respetas la dieta no mereces el tratamiento de la diabetes,...
Yo le insistí que ella tenía que hacer un informe diciendo si la paciente tenía o no problemas psíquicos, que eso es lo que dice la ley, y que si los tenía, aunque hubiera abortado el mes anterior, tenía derecho a la IVE (si hay razones médicas para no hacerla lo tiene que valorar quien lo vaya a realizar, que será especialista en ginecología y no en psiquiatría).
Esta señora no es una psiquiatra más, es la Jefa (como ella me recalcó) del único equipo que hace los informes psiquiátricos para todas las mujeres de las Àreas de Salud de Alicante, Elche, Orihuela,... que quieran abortar por este supuesto a través de la Seguridad Social. La única manera de no pasar por ella es ir directamente a una clínica y pagar por una prestación a la que se tiene derecho.
No sabemos de momento si esta “norma” la aplica a todas las mujeres que han abortado ya una vez o se la aplicó justamente a esta paciente por algún motivo especial: su estatura, su peso, el color de su piel... Tampoco si la aplica todo el equipo o la aplica sólo ella. Vamos a pedir una investigación que aclare si actuaciones como esta se han repetido y si tenían algo en común las mujeres que las han sufrido, por si hay indicios de discriminación ilegal.
Quiero aclarar que esto ocurre con una profesional que no hace objeción de conciencia al aborto. Al contrario, precisamente “su” Unidad es, entre las decenas de Unidades de Salud Mental de todas estas Àreas de Salud, la responsable de todas las valoraciones para IVE. Intentaremos que se haga público qué criterios se han seguido para la selección, ya que para concentrar los informes para IVE en San Juan se han dejado de hacer en la propia Zona o Área de Salud, y las mujeres tienen que desplazarse hasta allí para algo que hay en todas las Áreas: consulta de psiquiatría.
Esto muestra que con la actual ley el aborto está muy lejos de ser libre y de ser gratuito.
Es verdad que este es un caso de mala praxis médica, pero permitido por una ley que, para resultar más aceptable para la derecha, requiere que para que una mujer pueda abortar, alguien tiene que decir que se lo merece. Esta psiquiatra fue muy torpe -o se sobrevaloró y me infravaloró- al hacerlo de esta manera, podía haberle impedido el aborto con un informe en el que valorara que “no está tan mal psíquicamente como para tener que abortar”. Es posible o probable que lo haya hecho o que lo hagan otros profesionales.
Se ha afirmado muchas veces que con la ley de 1985 las mujeres que querían podían abortar, pero hay una desigualdad en el acceso, como cuando el aborto era ilegal y las que podían se iban a Londres.
Quienes recurren a la Seguridad Social pasan un calvario, cosa que ya sabíamos. Ahora vemos que algunas, al final del calvario tampoco lo consiguen, en contra de la idea mantenida por la derecha, pero también por el PSOE, de que esta ley es suficiente.
Como colectivo feminista vamos a hacer una queja y a pedir una investigación,a la vez estamos recogiendo información sobre otros posibles casos. Y desde luego seguimos trabajando porque el aborto salga del Código Penal y sea considerado una prestación sanitaria más, prestada por la Sanidad Pública. En este sentido recogimos 40 autoinculpaciones, tantas de hombres como de mujeres, que presentamos junto con otros colectivos feministas en Madrid, y en septiembre comenzaremos una recogida de firmas a nivel estatal, además de apoyar otras iniciativas en el mismo sentido como una carta a la Ministra de Igualdad.
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