Después de 23 años de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) los centros públicos siguen poniendo trabas a las mujeres en situación de riesgo.
Los responsables del servicio se han negado a realizar la evaluación psiquiátrica, independientemente de su resultado positivo o negativo. La doctora Oliveras ha argumentado para ello que la mujer ya había abortado en otra ocasión cuatro años atrás y que, por lo tanto, “la Seguridad Social ya ha subvencionado un aborto”, considerando excesivo que ahora lo haga de nuevo.
Igualmente la profesional ha reprochado a la gestante que “no haya cumplido el pacto por el que comprometió a tomar anticonceptivos”,
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