Una victoria histórica para las trabajadoras del hogar

El Congreso vota la ratificación del Convenio 189 de la OIT, un compromiso por la igualdad de derechos con el resto de trabajadores. Las asociaciones del sector quieren asegurar que se cuente con ellas a la hora de implementarlo

Una de las muchas protestas de las trabajadoras del hogar para exigir sus derechos, en 2020.
TERRITORIO DOMÉSTICO

Elena de Sus 9/06/2022 CTXT

El Congreso de los Diputados vota hoy, 9 de junio, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, un compromiso por la igualdad de derechos laborales para las trabajadoras de hogar y cuidados, que hasta ahora no han tenido prestación por desempleo, entre otras cosas.

Las organizaciones del sector en España han luchado por ello desde que la OIT adoptó este convenio en 2011. Hasta ahora lo han ratificado 35 países, entre ellos seis de la Unión Europea: Italia y Alemania en 2013, Irlanda en 2014, Portugal y Bélgica en 2015, y Suecia en 2019.

“Desde que salió el Convenio en 2011, hemos solicitado reuniones con diputados, hemos enviado cartas a los presidentes, a los ministros… Todos los gobiernos nos han dicho que sí, que lo iban a revisar”, cuenta Constanza Cisneros, que forma parte de Territorio Doméstico y el Observatorio Jeanette Beltrán. “Estamos orgullosas de que por fin se nos tome en cuenta, gracias a todo el trabajo que hemos hecho”. Cisneros no olvida el apoyo de las asambleas del 8M y otros grupos feministas porque “muchas trabajadoras del hogar somos internas o no tenemos tiempo para estas cosas, necesitamos a nuestras amigas y a las amigas de nuestras amigas”.

El 7 de junio, representantes de las principales asociaciones del sector se reunieron con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para hablar sobre la implementación del convenio y presentarle sus demandas. Las impresiones han sido positivas. “Es la primera vez que las trabajadoras de hogar y cuidados somos escuchadas en el Ministerio de Trabajo”, subraya Cisneros, que advertía antes de la reunión de que la lucha está lejos de terminar: “No queremos que se queden solo en el voto, en la ratificación del convenio, y que dejen la carpeta guardada en algún lado como se ha hecho en otros países, y aquí también, con otros acuerdos firmados”. Ellas quieren ser parte activa del proceso, “si no, no pueden saber lo que necesitamos”. Según el Ministerio, Díaz se ha comprometido a mantener una línea de comunicación abierta.

España es el segundo país de la Unión Europea con más empleadas de hogar, solo por detrás de Italia. Suponen cerca del 3% de la fuerza laboral. La media europea es inferior al 1%. Nuestro país concentra una cuarta parte del empleo doméstico en la UE, según datos de Eurostat.

Los derechos de estas trabajadoras están regulados por el Sistema Especial para Empleados del Hogar, que no incluye el paro. “En la práctica, esto nos impide acceder a ayudas sociales, porque generalmente se conceden estas ayudas cuando se acaba el paro”, explica Cisneros. “Y cuando perdemos el empleo, tenemos que coger cualquier cosa que encontremos, para no quedarnos sin nada”.

No es su única desventaja. El sistema especial tampoco cubre las lagunas en la vida laboral para la pensión, y las cotizaciones son muy bajas. Existe la figura del desistimiento, que permite despedir a una empleada de un día para otro, sin necesidad de justificarlo. “Es una figura que compartimos con los altos ejecutivos”, comenta con ironía Constanza Cisneros. Además, la Inspección de Trabajo no puede actuar como en el resto de sectores debido a la inviolabilidad del domicilio.

En febrero, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respondía a la denuncia de una trabajadora doméstica gallega, dictaminó que el hecho de que estas no tuvieran prestación por desempleo era contrario a la directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. La sentencia obliga a España a implementar el derecho a la prestación, aunque no establece una fecha para ello. Las medidas legislativas en las que trabaja el Ministerio incluyen el reconocimiento de este derecho, protección contra el despido y acceso a la prevención de riesgos laborales, tal y como ha comunicado la ministra a las representantes de las trabajadoras.

La incorporación plena de las trabajadoras de hogar y cuidados al régimen general de la Seguridad Social es la principal demanda de las organizaciones. El Gobierno de Rajoy se comprometió a llevarla a cabo, pero en 2018 la enmienda 6777 a los Presupuestos Generales del Estado, votada por el PP, Ciudadanos y el PNV, entre otros, retrasó esta incorporación de 2019 a 2024. “Perdimos toda la esperanza con ellos”, dice Cisneros. Esta decepción, sin embargo, llevó a un aumento de la colaboración entre las distintas asociaciones de trabajadoras, que ahora forman una “red” en todo el Estado. El primer Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió de nuevo a adelantar la incorporación al régimen general, pero en 2020 un decreto la retrasó otra vez a 2023. “Ahora veremos, pero por lo menos nos han escuchado”, comenta Cisneros.

De las casi 378.000 personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados del Hogar, más del 95% son mujeres y el 43% son extranjeras. Estas 378.000 personas son las que cotizan, pero la Encuesta de Población Activa del INE contabiliza más de 500.000 trabajadoras en el sector y diferentes estimaciones apuntan a una cifra real cercana a 600.000, ya que muchas de ellas son migrantes en situación irregular. Un informe de Eurostat señala que el número de empleadas de hogar y cuidados de nacionalidad española se ha mantenido estable en torno a 200.000 desde 1996, mientras que las de nacionalidad extranjera han ido aumentando considerablemente.

El empleo de hogar y cuidados en condiciones de precariedad es una de las pocas opciones laborales que encuentran las mujeres migrantes, a las que la ley de extranjería obliga a pasar tres años empadronadas en España hasta que puedan solicitar el permiso de residencia con una oferta de trabajo. Esta situación facilita abusos de todo tipo. “Yo tengo compañeras a las que les han ofrecido hacerles la documentación y hasta ocho o diez años después no lo han hecho, y si lo exigen les echan, y ya está”, cuenta Constanza Cisneros, que recuerda que la regularización de la situación de sus compañeras es otra de las demandas que han presentado al Ministerio.

Las organizaciones reivindican un trabajo que, según Cisneros, todavía se sigue viendo como una ayudita, pese a su importancia y la dureza de sus condiciones, “casi esclavizantes” en el caso de las trabajadoras internas.

A Constanza Cisneros le da la risa antes de decir: “Es un poco manido eso de que nosotras sostenemos la vida, pero nos lo tenemos que creer, lo estamos viendo”. Por ello, entre sus demandas también está el fortalecimiento de las políticas públicas de cuidados, de manera que estos queden garantizados “para todas las personas, no solo para la gente adinerada”.