Si te divorcias, corres el riesgo de ser deportada: así interpreta Dinamarca la ley de inmigración

Los nuevos casos de dos mujeres inmigrantes que recibieron la orden de expulsión tras su divorcio con un hombre danés ponen en cuestión la política migratoria del país nórdico. Los expertos advierten del riesgo añadido que conlleva para las víctimas de violencia de género

Imagen de archivo. David Conde

Òscar Gelis Pons - Copenhague (Dinamarca) — 20 de octubre de 2023 elDiario.es

Sabrina Álvarez (argentina, de 33 años), llevaba nueve años viviendo en Copenhague. Llegó al país un verano junto a un amigo argentino-danés con la idea de viajar por Europa pero, sin que estuviera en sus planes, se enamoró y decidió quedarse. Hace cuatro años empezó a trabajar en una guardería, donde hacía las tareas de ayudante de pedagogía a tiempo completo, y le gustaba su trabajo. En pocos años, Álvarez aprendió a hablar el danés con fluidez, lo que le permitió tener un buen círculo de amigos en la ciudad. Pronto se acostumbró al nuevo estilo de vida. Le gustaba, cuenta, la sensación de libertad ligada a su vida en Copenhague. Su brazo lleva tatuada la palabra København.

Pero su vida dio un giro cuando el pasado mes de julio recibió un mensaje de parte del Servicio de Inmigración: “La renovación de tu permiso de residencia en Dinamarca ha sido denegada, tienes que abandonar el país”. El 27 de setiembre fue deportada en un vuelo de vuelta hacia Buenos Aires. “Te dan cuatro semanas para empaquetar tu vida, dejé el trabajo en el mismo día, es horrible ser tratado así”, explicaba Sabrina Álvarez.

Unas semanas antes, la prensa danesa publicaba otro caso que recientemente también ha sacudido el país, y ha servido para poner en cuestión las políticas que han convertido a Dinamarca en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea en materia de inmigración.

A Aphitchaya Chalad (tailandesa, 47 años), todo el mundo la conocía como Tucktack desde que llegó a Dinamarca hace 11 años. Durante ocho años, Chalad se ha levantado a las tres de la mañana para empezar su turno de trabajo como limpiadora de habitaciones de hotel en la ciudad de Kolding. A pesar de la dureza del trabajo, aseguraba que le gustaba, y además afirma que su salario por trabajar 31 horas a la semana estaba bien pagado: “Recibía 17.000 coronas al mes después de pagar los impuestos” (alrededor de 2.279 euros). Ella afirma que este salario la ha hecho ser una mujer libre, sin depender de nadie, ni de los servicios sociales. Sin embargo, es a causa de un hombre danés (del que se divorció hace cuatro años) que el pasado 16 de setiembre también fue deportada, entre lágrimas, desde el aeropuerto de Kaastrup (Copenhague) hacia Bangkok.

Tanto el caso de Sabrina Álvarez como el de Aphitchaya Chalad, que la prensa en Dinamarca ha destapado en las últimas semanas, tienen un denominador común: a pesar de los años que llevaban viviendo y trabajando en el país nórdico, su permiso de residencia estaba vinculado a un matrimonio con una persona danesa, y, por lo tanto, podían estar en el país sobre la base del criterio de reunificación familiar. Cuando Sabrina se divorció de Morten, quien había conocido y se habían casado unos años después de llegar a Copenhague, no se podía ni imaginar que la ruptura traería tales consecuencias.

No fue hasta el año 2020 cuando los servicios de inmigración la contactaron para preguntar por su divorcio. Ella solicitó entonces una extensión de su permiso de residencia, alegando tener fuertes vínculos con Dinamarca. Su petición tardó dos años en procesarse, hasta enero de 2022, cuando recibió la respuesta: su petición era rechazada. En este punto, Álvarez comenzó un proceso de apelación que terminó este mes de setiembre.

Una ley migratoria inflexible e inhumana

Antes de dejar Dinamarca, Sabrina decía entender la razón de su deportación, pero critica que los servicios de inmigración juzgaran su conexión con el país solamente basándose en la relación matrimonial con su expareja: “He trabajado aquí, casi siempre a tiempo completo, nunca he pedido una ayuda, nunca he cometido ningún delito, la situación es surrealista cuando llevas tantos años viviendo aquí”, explicaba Álvarez.

En el caso de Aphitchaya Chalad, tras divorciarse de su marido, solicitó su permiso de residencia basándose en que había trabajado a tiempo completo durante más de dos años. El ayuntamiento de Kolding y el servicio de inmigración creyeron que su trabajo de 31 horas semanales era una jornada completa, sin embargo, cuando el caso pasó a la Agencia para el Reclutamiento y la Integración Internacional (SIRI), le denegaron el permiso al considerar que una jornada laboral entera era de 37 horas semanales, por lo que no cumplía los requisitos.

“Esta no es una forma humana de tratar a la gente, se supone que un estado democrático no debería actuar así”, afirma la profesora en Estudios Globales en la Universidad de Roskilde, Michelle Pace. Para la experta, el caso de Álvarez y Chalad se trata de interpretaciones muy estrictas de las leyes que ponen de manifiesto que el sistema tiene fisuras importantes, sin flexibilidad para tener en cuenta su impacto en la vida de las personas. “El hecho de que mantener el permiso de residencia pueda depender de un matrimonio pone en una situación muy vulnerable a las personas inmigrantes que llegan al país, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia de género”.

Un tiro en el pie para Dinamarca

Los testimonios de Álvarez y Chalad tampoco son casos aislados en Dinamarca. Pace explica que desde 2019, con la entrada del Gobierno socialdemócrata, la política migratoria danesa dejó de un lado las políticas de inclusión para centrarse en las deportaciones. Actualmente, el país escandinavo está gobernado por una coalición de centro-derecha liderada por la primera ministra Mette Frederiksen, quien, con el argumento de garantizar la cohesión social, mantiene la línea dura. “Dinamarca ha hecho un esfuerzo para darse a conocer en el mundo de forma negativa para los inmigrantes y los refugiados, enviando un mensaje muy claro: no vengáis”, añade la experta.

Como ejemplo de ello, en los últimos cinco años el Gobierno ha intentado impulsar medidas tan polémicas como el traslado de centros para solicitantes de asilo en Ruanda, o el envío de extranjeros convictos a cumplir su condena en una cárcel en Kosovo. “Sin ninguna duda, Dinamarca está jugando a empujar los límites legales de las convenciones internacionales en materia de asilo y derechos humanos, tan lejos como pueda” asegura Pace.

Sin embargo, para la profesora, estas políticas migratorias entran en contradicción con las necesidades del país: “Los casos de Sabrina Álvarez y Aphitchaya Chalad también han puesto de relieve que, por un lado, el sector privado necesita miles de trabajadores en labores como la limpieza o los cuidadores de guarderías, que ningún danés quieren hacer”. Por otro lado, apunta, “están deportando a gente trabajadora” y “perfectamente” arraigada en el país.

“Dinamarca se está disparando en el pie”, concluye la experta.