Mujeres migrantes y violencias machistas: denunciar con el temor a ser deportadas

Pese a que la tasa de feminicidios íntimos es mayor entre las mujeres migrantes, la ley de extranjería supone un bloqueo para su acceso a la protección como víctimas de violencias machistas y la nueva directiva que se prepara en Europa no mejora la situación.

Manifestación del 25-N de 2022 en Barcelona. KIKE RINCÓN

Sara Plaza Casares 25 NOV 2023 El Salto

“Si las instituciones criminalizan y persiguen la migración, ya hay un marco violento contra las mujeres. ¿Cómo vas a denunciar si has sido violada ante el temor a que te vayan a deportar?”, Antonia Ávalos, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe y de Mujeres Supervivientes, se muestra clara al expresar la desprotección que sufren las mujeres migrantes que se enfrentan a la violencia machista. En ellas el maltrato intersecciona con su situación administrativa, enfrentándose a otro tipo de violencia: la violencia institucional, plasmada en la ley de extranjería.

En España, y tal y como recoge esta norma, cuando una mujer en situación irregular denuncia violencia machista, automáticamente ve su proceso administrativo sancionador, que puede concluir con la expulsión del territorio, paralizado. Además, puede solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando tenga una orden de protección a su favor o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género o sexual. Cuando acaba el proceso penal, con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, este proceso sancionador se retoma. Además, se deniega la autorización de residencia y trabajo “y en su caso las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades”.

En resumen: si se solicita una orden de protección sin éxito o si el procedimiento penal no culmina con una sentencia condenatoria, las mujeres pueden ser expulsadas de España. Con este escenario presente, "las mujeres en situación irregular no denuncian porque saben que si la sentencia es en su contra a ellas les van a dar una hoja de expulsión“, valora Antonia Ávalos. “Los procesos judiciales son complicados, es complicado enfrentarte a tu maltratador, que puede ser español, y obtener una sentencia favorable. ¿Quién se va a atrever a denunciar?”, concluye Ávalos.

Ávalos avisa: esta desprotección afecta a mujeres en situación irregular pero también a las que tienen autorización de residencia ya que los procesos de regularización son inestables. “Las situaciones cambian. Si tu situación regular depende de tu pareja, de quien te apartas porque es un maltratador, o de un contrato con una empresa que se acaba, cambia también tu situación legal y vuelves a estar expuesta a esa vulnerabilidad”.

A este contexto se añade la realidad que exponen las cifras. Según los datos recopilados por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), en un informe de 2020, del total de mujeres asesinadas por violencia de género en pareja (definidos también como feminicidios íntimos), en los términos en que la define la ley, entre 2003 y 2019, el 32,7% son extranjeras (338 en números absolutos). Esto supone que los asesinatos de mujeres migrantes afectan a 29 mujeres por cada millón de mujeres migrantes; mientras en el caso de las españolas afecta a 5 por cada millón.

En 2023, el 43,2% de las mujeres asesinadas por violencia de género son migrantes, según los datos oficiales recopilados por la Asociación de Mujeres de Guatemala, SOS Racismo Madrid y Mujeres con Voz. “Ni se acabó, ni España es otra para las siempre postergadas y tratadas como «otras»”, afirman desde la Asociación de Mujeres de Guatemala en relación al anuncio difundido por el Ministerio de Igualdad que utiliza el famoso tema musical de María Jiménez para retratar los cambios que se han desplegado en España en materia de Igualdad.

Una directiva que no llega a todas

Este es el escenario que se da en España. Para conseguir una mayor protección que englobe a todas las mujeres se esperaba la Directiva de la Unión Europea sobre violencia de género, la primera norma para armonizar las legislaciones de los países de la UE con respecto a la violencia machista y que se encuentra en su fase de negociación.

Pero la conocida como la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica causa preocupación entre las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres migrantes. Así lo expresan una coalición de once organizaciones, firmantes de un manifiesto que se desprende tras la Jornada por la igualdad de género y contra la violencia machista en Europa celebrada el pasado 23 de noviembre en Pamplona. Un encuentro organizado de manera paralela a una reunión informal de ministerios de Igualdad de la UE como parte de la presidencia española del Consejo de la UE. Las organizaciones denuncian que, pese a los esfuerzos por presentarles demandas y propuestas, no han podido establecer relación con esa reunión de alto nivel de los ministerios de Igualdad de la UE.

“La futura directiva nace violentando a las mujeres migrantes al no ser reconocidas como sujetas de derecho en la misma, limitando su acceso a la justicia y protección, desconociendo la existencia de una sociedad diversa y pluricultural en el ámbito europeo”, avisan en este manifiesto. Hablan de una directiva que responde a “un pensamiento colonial” en un “marco de violencia estructural en la UE que criminaliza la migración, limitando la libertad y el derecho a la movilidad de las mujeres migrantes”.

Denuncian una directiva que invisibiliza a las mujeres migrantes, a las que apenas se refiere y lo hace con términos “discriminatorios” como “mujeres indocumentadas”. “La directiva ni siquiera incluye ningún tipo de prevención para que las víctimas de violencia puedan acceder a la proyección de quedarse en el país. Tampoco deja claro que puedan acceder a todos los servicios, independientemente de su situación administrativa. No hay referencia a ello más que de soslayo”, apoya Virginia Gil, portavoz de la fundación Aspacia.

En los márgenes

Por tanto, una vez más, las mujeres migrantes se quedan fuera de lo que pudiera cristalizar en un avance contra la violencia machista, explica Gil. Gil incide en que la directiva no hace alusión a las políticas migratorias y si estas no cambian las mujeres migrantes en situación irregular se seguirán quedando fuera.

La portavoz de Aspacia establece un paralelismo con lo que ocurre con la nueva ley de garantía de libertad sexual, que plantea que las mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa puedan pedir permiso de residencia y trabajo, tal y como se establece en la ley de extranjería. Pero, tal y como se ha indicado en este artículo, esta ley establece la necesidad de que exista una denuncia, una orden de protección o un informe de Fiscalía y, finalmente, una sentencia a su favor.

“Las mujeres migrantes se quedan fuera siempre de los avances. Una violencia en el ámbito de la pareja es más fácil de probar, pero las denuncias por violencia sexual son más difíciles de probar. En ocasiones los agresores son conocidos de la mujer donde no ha operado violencia física, perseguir eso judicialmente a veces es muy complicado, por los mitos que manejan los operadores jurídicos”, explica Gil. “Muchas mujeres -añade- deciden quitar la denuncia porque se han sentido cuestionadas y deslegitimadas. Muy pocas consiguen una sentencia condenatoria, al final es muy complicado que consigan su permiso de residencia”. Para Gil la clave está en modificar la ley de extranjería: “Lo que se pide tiene que ver con perseguir el delito y no con poner en el centro a la mujer”, concluye.