Las manos invisibles: la lucha de las trabajadoras del hogar en la crisis

Diversos colectivos han creado cajas de resistencia ya que muchas mujeres que trabajan en este sector han sufrido despidos sin indemnización, suspensiones de empleo y sueldo, o han sido obligadas a coger vacaciones sin remuneración

Rommy Arce 29/04/2020 CTXT

Una mujer limpia el alfeizar de una ventana.

Cuando me dedicaba al trabajo doméstico quise participar en la huelga general del 2002. Todavía recuerdo la cara de perplejidad de mi empleador cuando le dije que no iría a trabajar. Sin duda, una huelga es algo inaudito cuando desempeñas tu trabajo en soledad, sin contrato y sin derecho a nada. Desde entonces ha llovido mucho y las trabajadoras del hogar han librado una dura batalla para hacer comprender a la sociedad que ellas “no son nuestras amigas, no son nuestra familia. Son trabajadoras que brindan un servicio”, como dice la portavoz de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Esta es una de las principales tareas de las organizaciones hoy, la concienciación sobre la existencia de una relación laboral que no se reconoce. Las mujeres que hemos desempeñado el trabajo del hogar en la economía sumergida sabemos lo que representa para nuestra vida laboral que muchos empleadores, con el más absoluto cinismo, nos hagan regalos en nuestros cumpleaños y en las Navidades, al tiempo que nos niegan contratos y la cotización en la Seguridad Social. El reconocimiento de derechos y la dignificación del empleo del hogar es el objetivo, no las migajas de una cesta de Navidad.

Desde hace más de veinte años los colectivos de trabajadoras del hogar han sostenido una lucha de largo aliento en el Estado español para poner fin a la invisibilidad y la explotación y han ido dando pequeños pasos hacia la plena equiparación de sus derechos. Hoy todavía tienen un tratamiento especial en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que significa que tienen peores condiciones en relación al resto de trabajadores. Por ejemplo, no tienen derecho al desempleo y se admite el desistimiento –un despido unilateral por parte del empleador que no necesita justificación ya que entiende que como la relación laboral “es especial”, el empleador puede revocarla sin más justificación.

Hoy, la covid-19 y el estado de alarma ha desordenado todo nuestro mundo y ha puesto en primer plano la lucha de clases que nos divide entre los que tienen posibilidades de refugiarse frente a los que se quedan a la intemperie. Las trabajadoras del hogar han denunciado desde el inicio de la crisis –en un comunicado firmado por dieciocho organizaciones– los efectos de esta pandemia sobre las más de 630.000 mujeres del sector. El gobierno, a pesar de sus promesas de ratificar el Convenio 189 de la OIT –que podría suponer la plena equiparación de derechos– no había articulado ni una sola medida que revirtiera la deuda histórica con estas trabajadoras. Las trabajadoras han tenido que crear cajas de resistencia para sostenerse, ya que muchas han sufrido despidos sin indemnización, suspensión de empleo y sueldo, y otras han sido obligadas a coger vacaciones sin remuneración. Las compañeras de Territorio Doméstico y el Observatorio Jeanneth Beltrán han lanzado una encuesta para determinar el impacto de esta crisis sanitaria en el sector –en la que han participado hasta el 30 de marzo unas 300 mujeres–. Esta muestra evidencia la realidad del empleo del hogar con toda su crudeza ya que un 54% de las encuestadas no están dadas de alta en la Seguridad Social, un 53% de las encuestadas habían sido suspendidas de empleo y sueldo y un 24,5% despedidas sin indemnización. Entre las internas –las que a veces trabajan siete días sin descanso porque viven con sus empleadores teniendo derecho a día y medio de libranza desde 2011–, la mayoría han sido privadas del descanso que les corresponde obligándolas a quedarse con sus empleadores (61%); las que conservan el trabajo como externas han tenido problemas en los desplazamientos a sus centros de trabajo con riesgo de ser multadas porque los empleadores se niegan a firmar un certificado de trabajo o bien no se ha respetado su derecho a la protección sanitaria –40%–. Así también a muchas se les ha impedido el cuidado de sus propios familiares –45%–, aunque la mayoría –el 53%– de las trabajadoras atienden a personas mayores, niñas o personas dependientes. Otras agresiones gravísimas detectadas han sido no proporcionales condiciones de higiene adecuadas o negarles una alimentación equilibrada a la mitad de ellas. Por no hablar de la angustia que están viviendo muchas de ellas al no poder enviar las remesas a sus familiares. Una vez más han estado poniendo el cuerpo allí donde el Estado se desresponsabiliza de los cuidados y como vemos en condiciones de semiesclavitud.

Las medidas del Gobierno siguen ignorando a las más de 200.000 mujeres que trabajan en la economía sumergida, sin papeles y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social

Gracias a la movilización social y a la presión sindical de los propios colectivos de trabajadoras del hogar se puso al Gobierno frente a un espejo señalándole que estaba condenando a la exclusión a miles de trabajadoras. Finalmente se ha aprobado un subsidio –el 31 de marzo– que, aunque puede considerarse una victoria de las trabajadoras, resulta claramente insuficiente. Esta ayuda se establece a partir de un 70% de la base reguladora, en un sector con un alto nivel de fraude –es decir que pocas veces se paga la cotización que corresponde a la remuneración real, lo que implica que el subsidio siempre será menor a lo que realmente les corresponde. Hay que reconocer el avance, sin duda, pero también sus límites: no garantiza derechos a todas las trabajadoras del hogar del Estado español.

Sigue ignorando a las más de 200.000 mujeres que trabajan en la economía sumergida, sin papeles y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, que no podrán acceder a ningún tipo de ayuda. Para ellas, lo que sería justo es que se abriese la posibilidad de una regularización extraordinaria para no seguir engordando el ejército de reserva de cuidadoras esclavas. Hay que seguir recordando al gobierno de progreso que estas mujeres son víctimas de una Ley de Extranjería xenófoba y sexista.

Tanto el subsidio como el reconocimiento de la actividad de cuidado de personas mayores, menores y personas en situación de dependencia como un trabajo “esencial” –tal y como recoge el Real Decreto Ley 10/2020– sienta las bases para la impostergable equiparación de derechos que debe reconocer la prestación por desempleo que ahora se les niega y con ello la incorporación plena en el régimen general de la Seguridad Social. Tampoco hay ninguna justificación para postergar más su inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sobre todo en este contexto de pandemia, donde muchos empleadores no han facilitado a las trabajadoras equipos de protección individual, lo que pone en riesgo sus vidas y las de sus allegados. Esta ley además, dotaría de cobertura a las enfermedades profesionales que hoy no se reconocen como tales, dejándolas desprotegidas. Otra de las demandas que se plantean es la de la suspensión de la cuota de la Seguridad Social a las familias empleadoras para evitar los despidos.

La crisis del coronavirus ha hecho más evidente que nunca el papel de los cuidados como columna central e invisibilizada del sistema. A escala global las cifras demuestran que no son un apéndice del sistema productivo sino que garantizan su supervivencia y reproducción. Según fuentes de la OIT, 67 millones de personas desempeñan esta labor remunerada, de ellas un 85% son mujeres, por supuesto por aquellas que menos opciones tienen. Las mujeres migrantes compartimos el haber desempeñado este trabajo como puerta de entrada al mundo laboral casi siempre en condiciones de explotación, bien como internas o externas con uno o varios empleadores. No tiene otro nombre que explotación el que estando fijado el salario mínimo en 950 euros, muchas mujeres que trabajan como internas a día de hoy cobren entre 500 y 600 euros por jornadas laborales extenuantes. Las manos invisibles de las que cuidan tapan las vergüenzas de un Estado del bienestar quebrado que no se responsabiliza de sus mayores ni de las niñas y, al mismo tiempo, sostiene la economía de los países de origen mediante las remesas. Esta es la dramática cadena global de cuidados que garantiza la pervivencia del sistema capitalista patriarcal; cuando aterrizamos en las biografías personales nos encontramos con familias rotas, cuerpos golpeados por lumbalgias y otras enfermedades, problemas psicológicos derivados de muchos años desempeñando un trabajo en soledad y sin papeles. Y por supuesto, baja autoestima, porque la infravaloración del trabajo en sí mismo repercute en la salud de las mujeres y en cómo se perciben a sí mismas.

Es una ocasión única para volver a reafirmar la necesaria ratificación por parte de España del Convenio 189 de la OIT. Su redacción fue fruto de la movilización y organización de miles de trabajadoras

Es una ocasión única para volver a reafirmar la necesaria ratificación por parte de España del Convenio 189 de la OIT como reclaman los colectivos de trabajadoras. Su redacción fue fruto de la movilización y organización de miles de trabajadoras a nivel internacional, y supone un gran avance al integrarlas en el sistema internacional de normas laborales. Desde su aprobación ha sido ratificado por 30 países. Pero ni los gobiernos del PP ni del PSOE se han atrevido a dar este paso. No es un asunto menor ya que contempla normas mínimas en cuanto a los derechos y las protecciones que deberían tener las trabajadoras del hogar, reconociendo su valor económico y social y afirmando que tienen el mismo derecho al trabajo decente que cualquier otro sector. De aprobarse –con las medidas específicas para su implementación–, quedarían recogidos la regulación de las horas de trabajo, los días de descanso, el salario mínimo, el derecho a la sindicación y el derecho a la Seguridad Social. Además, se incluirían medidas para prevenir y poner fin a los abusos en el lugar de trabajo y la negociación colectiva con ellas como protagonistas. Establece también protecciones específicas para las trabajadoras del hogar migrantes, las “internas” y quienes están atrapadas en condiciones de trabajo infantil o forzoso. No queremos más buenas palabras sin compromisos políticos reales y efectivos.

En esta crisis sanitaria, al igual que en las movilizaciones a las que asistimos desde hace algunos años y en las huelgas del 8M, la lucha de clases está ya ligada a las luchas por la reproducción social, donde el empleo del hogar y cuidados tiene un papel clave por el sesgo de raza, clase y género. Los colectivos de trabajadoras del hogar están marcando el camino. Han dicho basta; cada vez va a ser más difícil encontrar manos invisibles, obedientes y baratas que laven los trapos sucios del maltrecho Estado del bienestar.

Rommy Arce es bibliotecaria y exconcejala del Ayuntamiento de Madrid.