La activista denunciada por hablar de la penalización del aborto en Andorra irá a juicio el 4 de diciembre

Las autoridades andorranas acusan a Vanessa Mendoza Cortés de difamar a las autoridades del país, donde el aborto es ilegal en cualquier supuesto y está castigado con penas de prisión. Amnistía Internacional, Women’s Link y el Centre for Reproductive Rights acudirán para vigilar que se cumplen las garantías en un proceso que consideran anómalo.

Detalle de una de las mujeres que participó en la primera marcha por el aborto libre en Andorra. AUNA PHOTO

Patricia Reguero Ríos 27 NOV 2023 El Salto

La activista Vanessa Mendoza Cortés ya tiene fecha para el juicio al que la ha llevado la denuncia de las autoridades de Andorra por difamación por su intervención en octubre de 2019 en la 74º sesión de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) donde se llevaba a cabo el examen periódico de Andorra ante el Comité de Naciones Unidas. Allí, Mendoza Cortés presentó el informe de su asociación sobre la situación de la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto en Andorra documentado por la Associació Stop Violències, de la que ella es presidenta.

En el informe completo, de 26 páginas, se repasa la situación del país no solo con respecto a los derechos reproductivos sino que se exponen situaciones de desigualdad en otros ámbitos. Con respeto al aborto, Stop Violències informa en esa comparecencia de que está totalmente penalizado y prohibido en Andorra, incluso en los tres supuestos básicos —riesgo para la madre, malformaciones fetales o violación—. También indica que, si una menor se queda embarazada, el Estado no proporciona ningún medio por lo que “la obliga a parir” y denuncia cómo las mujeres adultas se ven abocadas a abortar en Catalunya o Francia.

Poco tiempo después, las autoridades andorranas presentaron una denuncia contra ella ante la Fiscalía argumentando que sus declaraciones socavaban el prestigio y el buen nombre del Gobierno. En julio de 2020, la Fiscalía andorrana instó al juzgado a incoar diligencias previas contra Vanessa Mendoza Cortés por los presuntos delitos de “calumnias hechas con publicidad” (artículo 172 del Código Penal), de “calumnias contra los copríncipes” (artículo 320 del Código Penal) y “delitos contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal). En 2021, el fiscal retiró dos de los cargos, los que acarreaban penas de prisión, pero mantuvo la acusación por desprestigiar a las instituciones en base al artículo 325. Mendoza Cortés se enfrenta a una posible multa de 6.000 euros, una indemnización de otros 6.000 y a seis meses de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Al juicio, que será de carácter público, tienen previsto asistir varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Según esta organización de referencia en la defensa de los derechos humanos, es una anomalía que el Código Penal andorrano penalice la libertad de expresión en su artículo 325, que recoge los delitos contra el prestigio de las instituciones, al castigar a quien “con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio” con penas que contemplan multas de hasta 30.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público hasta cuatro años.

Vigilancia internacional

“Vamos a estar para observar el juicio, pero también queremos dejar muy claro que Vanessa no debería estar allí, porque no ha cometido ningún delito”, explica a El Salto Mónica Costa Riba, encargada de campañas de Amnistía Internacional a favor de los derechos de las mujeres. “Entendemos que ella ejerció su derecho a la libertad de expresión y que además se la va a juzgar en base a un supuesto delito que tampoco cumple con la normativa internacional de derechos humanos en relación a los delitos de difamación”.

El artículo que ha permitido llevar a juicio a Mendoza Cortés, mantiene Amnistía Internacional, es un artículo que no se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos. “Es un artículo destinado a proteger a una autoridad, pero entendemos que las instituciones públicas están sometidas a crítica, por lo tanto es contrario a la libertad de expresión”, explica.

“Nos parece extremadamente preocupante que Vanessa tenga que comparecer en un juicio simplemente por ser una defensora de derechos humanos”, explica Costa Riba que pone en valor el trabajo de Stop Violenciès por el derecho al aborto en Andorra, pero también su trabajo relacionado con la lucha contra las violencias machistas.

También Women’s Link tiene previsto asistir al juicio del día 4 de diciembre en la capital de Andorra. Gema Fernández, abogada de esta organización, expresa su preocupación por el señalamiento a la activista andorrana y lo pone en contexto: “Estamos viendo cómo se incrementa la persecución a defensoras de los derechos reproductivos en varios países”, explica. Women’s Link ha acompañado dos casos que ilustran bien esta persecución: el de Vannesa Rosales, en Venezuela, y el de Justyna Wydrzyńska, en Polonia.

“Estamos viendo que existe un vínculo claro entre la criminalización del aborto y el recorte de libertades como la libertad de expresión, la libertad de asociación, o el derecho de información, porque al final se impide que haya un debate y que la gente pueda criticar una legislación tan restrictiva sobre el aborto con la que tiene Andorra”, dice Fernández, que señala también la situación preocupante con respecto a los derechos reproductivos en Guatemala, con la reciente censura de un documentos sobre el aborto, o en El Salvador.

En el contexto Europeo, Malta, y Andorra cuentan con las legislaciones más restrictivas, como señala el mapa del Centre for Reproductive Rights, la tercera organización internacional que seguirá el juicio de la activista.

En el caso de Andorra, la Constitución incluye un artículo antiderechos: “La Constitución reconoce el derecho a la vida y lo protege plenamente en sus diferentes fases”. El Código Penal andorrano materializa este principio constitucional en los artículos 107, 108 y 109 de su Código Penal. Los ‘Delitos contra la vida prenatal’ recogen que se podrá castigar desde tres meses hasta tres años de cárcel a cualquier mujer que realice o intente el procedimiento, así como a los profesionales sanitarios que practiquen dicha acción, a los que se sanciona con hasta cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación.

“Vamos a darle seguimiento al caso y desde luego vamos a acompañarla en caso de que sea condenada en primera instancia”, dice Fernández, que apunta a cómo Andorra pasa por debajo del rádar de la vigilancia de los derechos reproductivos por su imagen idílica como lugar vacacional, mientras penaliza el aborto, mantiene la pena de muerte en el Código Penal y se sostiene en una fórmula de Gobierno en la que intervienen las autoridades eclesiásticas con la figura del copríncipe, que tiene el rango de jefe de estado, cargo asignado al obispo de Urgel.

Apoyo de Parlamento de Catalunya

Amnistía Internacional, Women’s Link y el Centre for Reproductive Rights también llevarán hasta Andorra a dos expertas independientes como observadoras del juicio a la activista.

En el contexto estatal, el juicio contra Vanessa Mendoza Cortés ha sido objeto de debate en el Parlament de Catalunya, donde la situación de Andorra es conocida, ya que es su sistema sanitario el que asume las interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres andorranas, que se ven forzadas a desplazarse de su país.

En una interpelación al Gobierno sobre derechos reproductivos a principios de octubre, la CUP advirtió de que los derechos reproductivos de las mujeres “están siendo amenazados en los países catalanes y en España y gravemente vulnerados en Andorra”. Allí, diputados de varios partidos mostraron su preocupación por la represión al activismo pro derechos reproductivos en Andorra.

Ese mismo mes el Parlament aprobó una moción donde manifestaba “la voluntad de aunar todas las acciones políticas necesarias para que los Països Catalans se conviertan en un referente en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos” y la “solidaridad y apoyo con las activistas feministas represaliadas para defender los derechos sexuales y reproductivos en Andorra”, una moción presentada por la diputada Laia Estrada Cañón (CUP).

Vanessa Mendoza Cortés, por su parte, asegura que Stop Violències ha seguido trabajando y lo seguirá haciendo. Desde que las autoridades de Andorra la denunciaron por su intervención en 2019, explica, la asociación ha hecho otros cinco informes para la ONU y uno más para el Consejo de Europa. Y es que Stop Violències consiguió en 2023 la acreditación como organismo no gubernamental que le permite participar como órgano informador en materia de derechos humanos en Andorra ante la ONU, y es la única asociación de Andorra que cuenta con esta acreditación.

La activista lamenta el proceso emprendido contra ella: “Es desproporcionado”, asegura a El Salto. Teme que el juicio derive en una condena pese a la vigilancia internacional y la ausencia de precedentes —no se conoce otra denuncia en términos similares—: “Es un juicio por mi libertad de expresión, y eso los organismo internacionales no lo entienden”.