La GVA propone a una entidad de la Iglesia investigada por el robo de bebés para un premio feminista

Indignación y repulsa generalizada entre víctimas, grupos memorialistas y la sociedad civil ante la propuesta de la consellera de Justicia valenciana de otorgar el premio Meninas a la Casa Cuna Santa Isabel.

Casa Cuna Santa Isabel, en València EVA MÁÑEZ

Eva Máñez 29 SEP 2023 El Salto

La consellera de Justicia e Interior valenciana, Elisa Núñez, ha propuesto otorgar el premio Meninas —que persigue “reconocer estrategias para combatir la violencia sobre las mujeres”— a la Casa Cuna Santa Isabel, investigada por casos de bebés robados, algo que no ha sentado bien a grupos memorialistas y víctimas. “Consideramos la propuesta de la Consellera del todo inaceptable; resulta además una provocación para quienes llevan años reclamando información sobre sus orígenes para conocer los nombres de las madres que les dieron a luz. Frente al dolor de tantas familias, la respuesta ha sido siempre la más total opacidad y la negativa a responder, a dar cuenta de lo sucedido”, manifestaban en nota de prensa la Asociación Valenciana contra la Impunidad del Franquismo y la Asociación de Víctimas de Alicante de Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA).

“Durante todos estos años, las responsables de la Casa Cuna se han negado a facilitar a personas que buscan su identidad, los datos de las mujeres que allí parieron y el destino que corrieron sus bebés; por tanto, este centro religioso está negando uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la identidad”. Las entidades firmantes del comunicado califican la candidatura de “insulto a las víctimas” ya que consideran que, “la Casa Cuna de Valencia está en las antípodas de una institución que actúa contra la violencia de género. Más bien ha venido siendo denunciada por lo contrario”.

En similares términos se ha expresado Enrique Vila Torres, abogado, presidente de SOS Bebés Robados y nacido en La Casa Cuna Santa Isabel en 1965. “Es una cosa indignante, pero más que enfadarme me produce una inmensa tristeza que pueda haber una consellera de Justicia que, en vez de velar por todos los valencianos, permita que sigan pisoteando nuestros derechos constitucionales”. Vila es impulsor de la denuncia que llevó en 2019 a que el juzgado de primera instancia número 7 de Valencia dictara un auto en el que se instaba a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia a facilitar información de la madre biológica a un hombre nacido en 1981 en la institución.

A día de hoy la entidad todavía no ha facilitado esa información. “Pusimos una demanda civil para que nos dieran los nombres de nuestras madres biológicas”, cuenta a El Salto en llamada telefónica, “luego pusimos una querella penal por un delito contra la integridad moral y de coacciones que se admitió a trámite y se les tomó declaración a las monjas. El juez consideró que no darnos el nombre de nuestra madre biológica podía ser un delito moral y ellas insistieron en que no tenían los datos”.

Vila calcula que en la Casa Cuna Santa Isabel hubo alrededor de 3.000 nacimientos y cree que decenas de madres han ido a preguntar por el paradero de sus hijos y tampoco les han dicho nada. “Me enteré de que era adoptado con 23 años”, se sincera este abogado que ahora tiene 58 años de edad. “Muy ingenuamente fui entonces a pedir información y me dijeron que no podían dármela, que era secreto. En 1999, once años después, se nos reconoció el derecho a conocer y comenzaron las excusas y cuando ya intervinieron los jueces dicen las monjas que no tienen esa información. Más de un centenar de personas nacidas en la Casa Cuna han pasado por mi despacho”, cuenta, “hoy mismo una persona me ha preguntado si podía ayudarle a encontrar a su madre cuando ni yo he conseguido saber esa información”.

Para este abogado, “es indignante y todavía más sorprendente que una jurista y Consellera pueda dar un premio de carácter social y feminista a una institución que en los años sesenta coaccionaban a las mujeres para que dieran a sus hijos porque eran concebidos fuera del matrimonio y que según las monjas por eso serán siempre unas putas”. Vila menciona en la conversación un libro editado por él que recoge varios testimonios de mujeres que pasaron por allí en lo que el abogado define como “un régimen casi carcelario que, por ejemplo, las utilizaba para pedir limosna por las calles” e insiste que la directora investigada, Sor Aurora Gallego, ya estaba allí en esa época. “Una cosa es que no nos ayuden y otra que le den un premio a unas personas que han sido imputadas, impidiendo que muchos valencianos conozcan a sus madres”, concluye.

El pasado miércoles 27 de septiembre decenas de personas convocadas por la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià se congregaban en la Plaça de la Mare de Déu de la ciudad del Turia en memoria de los últimos asesinados por el franquismo. Además de pedir que continúen las 421 exhumaciones pendientes, los y las allí reunidas también reclamaron una ley de Bebés Robados.

Paco Alarcón, portavoz de la Asociación de Víctimas de Alicante de Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA) tomó la palabra para recordar que “según el auto del juez Baltasar Garzón, desde el final de la guerra y hasta el año 1952, el régimen fascista nacional católico se apropió de 30.000 niños robados a sus madres y familias biológicas. Esta cifra es la única que conocemos oficialmente, pero el robo de bebés continuó hasta la década de los noventa”, asegura. A lo que añade que “La Ley de Memoria democrática nos reconoce como víctimas del franquismo hasta el año 1978 y la Ley de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana hasta el 10 de julio de 1982”.

Decenas de personas se concentran en València convocadas por la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià. Fotografía: Isabel Ginés

“En ambas se nos cita brevemente, pero no son nuestra ley. Es necesaria una Ley sobre bebés robados en el Estado español. Una ley que ya hemos presentado en el Congreso en las dos legislaturas anteriores y que se volverá a presentar en esta. Una ley que impida que los gobiernos fascistas, como el nuestro actualmente, les conceda premios a entidades implicadas en robos de bebés o pretendan derogar las leyes de Memoria Histórica de cada autonomía donde gobiernan. El premio que nuestro gobierno valenciano quiere entregar a Casa Cuna Santa Isabel por combatir la violencia sobre las mujeres y promover la igualdad, es ofensivo e indigna a las víctimas de bebés robados y adopciones irregulares”.

Alarcón finalizó su intervención durante el acto con algunas de las preguntas que se hacen estas víctimas: “¿Dónde están nuestras hijas e hijos? ¿Tenemos nietas y nietos? ¿Tenemos sobrinas y sobrinos? ¿Tenemos primas y primos? ¿Vivirán mis padres? ¿Tendré hermanas, hermanos y sobrinos? ¿De dónde vengo? ¿En qué fecha nací? ¿Saben que existo, que no estoy muerto? ¿Cómo y dónde están mis familiares?

Los Premios Meninas reconoce cada año por parte del Gobierno central a personas e instituciones que incorporaran estrategias, iniciativas o proyectos para combatir la violencia sobre las mujeres y promover la igualdad, en el marco de los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre. La Delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios, ha calificado la situación de ”indecente, lamentable y desde luego, bochornosa”. Preguntada por las propuestas del departamento que dirige Núñez, Bernabé ha señalado que no las va a valorar porque están “fuera de plazo, fuera de contexto y fuera de lugar”.

Cabe destacar que los premios ya se decidieron en una reunión celebrada en la que participó la Generalitat y en que la administración autonómica no presentó ninguna propuesta en el correo electrónico facilitado para tal fin. “Si quieren desmerecer estos premios, a mí no me van a encontrar”, ha agregado. “No representan a la España que madruga si llegan 15 días tarde”, ha dicho Bernabé en referencia a Vox y al hecho de que se ha hecho pública esa propuesta sin que la hayan recibido oficialmente en Delegación de Gobierno.

EVA MÁÑEZ

La Consellera valenciana de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que forma parte de la cuota de Vox en el nuevo Consell compartido con el PPCV, es doctora en derecho por la Universidad de Alicante, abogada y letrada del turno de oficio en matrimonial y penal del Colegio de Abogados de Valencia, además de letrada acreditada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia y ha ejercido como docente de la Universidad Católica de València (UCV). La Conselleria de Justicia e Interior anunció este lunes en un comunicado que proponía a la asociación Mamás en Acción y al centro Casa Cuna Santa Isabel como merecedores del reconocimiento ’Meninas 2023’, sin hacer referencia a en qué momento se había presentado las candidaturas.

La titular de Justicia e Interior destacó en dicho comunicado que estas propuestas son “una oportunidad para mostrar el convencimiento de esta Conselleria para acabar con la violencia doméstica y en particular, la que afecta a las personas más vulnerables. Es necesario despojar el sistema de criminalizaciones apriorísticas y profundizar en la plena igualdad de todas las víctimas, así como en la más tenaz persecución de todos los criminales”.