Hasta dos años de cárcel en Inglaterra por sacar fotos por debajo de la falda sin permiso

Tras 18 meses peleándolo, una joven víctima de ’upskirting’ ha logrado que el parlamento británico apruebe una ley que lo reconoce como delito sexual.

Hasta dos años de cárcel en Inglaterra por sacar fotos por debajo de la falda sin permiso. PIXABAY

LONDRES 13/02/2019 Cristina Casero Público

El 8 de julio de 2017 llevaba meses marcado en rojo en el calendario de Gina Martin, pero ella nunca imaginó que acabaría recordando esa fecha por los motivos por los que lo hace ahora. Su plan era otro muy distinto: disfrutar con su hermana mayor del concierto de The Killers en el festival Summer Time que se celebraba ese día en Hyde Park, en el centro de Londres.

Y así empezó la tarde, hasta que un par de indeseables se cruzaron en su camino. Como ella misma relató poco después, les ofrecieron compartir unas patatas fritas, charlaron un poco y “luego se frotó contra mí y creo que fue entonces cuando ocurrió: puso su teléfono entre mis piernas, colocó su cámara en mi falda y tomó fotos de mi entrepierna a plena luz del día”.

Gina lo descubrió cuando, sorprendida de que el tipo se riera tanto mientras miraba su móvil, se acercó y vio la foto que le había hecho. Estuvo rápida, consiguió quitarle el teléfono y correr con él hasta los equipos de seguridad del concierto. Junto a ellos esperó a la policía, pero después de interrogar al hombre, cuando se acercaron a Gina, no le dijeron lo que ella hubiera querido escuchar: “El agente se disculpó. Me dijo que desafortunadamente había tenido que ver la foto, que mostraba más de lo que a mi me gustaría, pero que no era gráfico, así que podía hacerlo”. Como recuerda Gina, el agente se despidió de ella con un: “Voy a ser honesto, es posible que no vuelvas a tener noticias nuestras". Efectivamente, así fue. Cinco días después, le avisaron de que la policía daba el caso por cerrado.

Pero Gina no pensaba hacer lo mismo. Comenzó a investigar con abogados y descubrió que ni siquiera las leyes contra el voyeurimo la protegían porque éstas sólo se aplican cuando ocurre en espacios cerrados; obviamente, en esa definición no entran ni un festival de música en uno de los parques más grandes de Londres ni el metro de la capital británica -donde entre 2013 y 2017 los casos de upskirting denunciados a los agentes se han incrementado en un 178%.

Gina creyó haber encontrado una alternativa en ley de "indignación de decencia pública”, que establece como punible algo indecente sucedido en público y que al menos dos personas han visto. Lo que le había ocurrido entraba dentro de esos parámetros pero, como ella misma explicaba, resulta surrealista que “la ley que puede proteger a una víctima de upskirting sea una diseñada para defender a quien pueda haber visto algo y no a la víctima de ese acoso”. Y aun así, en su caso en concreto, ni siquiera era aplicable.

Todo se le ponía en contra pero a Gina, lejos de venirse abajo, le faltó tiempo para poner en marcha ella misma una campaña con el objetivo de que el upskirting se reconociera como un delito sexual en Inglaterra y Gales; en Escocia ya lo es desde 2010. Su plan comenzó por contar lo que le había ocurrido en Facebook y Twitter y a través de una web pidió firmas que la apoyaran; recibió decenas de mensajes de mujeres -algunas de ellas de apenas 13 años- que habían pasado por lo mismo y en sólo unos días logró reunir 50.000 firmas.

Fue entonces cuando su caso llegó a oídos de la parlamentaria del Partido Liberal Demócrata Wera Hobhouse, que le mostró su apoyo y llevó el tema hasta la Cámara de los Comunes donde, sorprendentemente, el conservador Christopher Chope se opuso y logró bloquear el proceso. Ni él imaginaba que el suyo iba a acabar siendo un movimiento boomerang, porque lo único que consiguió fue reactivar la campaña, darle más visibilidad y que todavía más gente decidiera respaldarla. Entre ellos, la propia Theresa May, que desacreditó públicamente a su compañero y se comprometió a que el Gobierno respaldaría la campaña de Gina.

De aquello sólo han pasado ocho meses –mucho para una víctima pero relativamente poco en términos legales–, hasta que ahora por fin la nueva ley que reconoce el upskirting como delito sexual ha logrado la aprobación de ambas cámaras del parlamento y el consentimiento real necesario para que a partir del próximo mes de abril pueda entrar en funcionamiento. Una normativa por la que quien lo lleve a la práctica podría llegar a ser condenado a hasta dos años de prisión y su nombre podría acabar en el registro de delincuentes sexuales.

Por supuesto, para Gina es todo un logro: “Deberíamos ver esta campaña no solo como un cambio legislativo esencial –ha dicho–, sino también como una prueba de que la gente corriente y las campañas de base pueden marcar la diferencia. Es un recordatorio para que, en lugar de decir ‘alguien debería hacer algo al respecto’, nosotros seamos esa persona".

La Ministra de Justicia, Lucy Frazer, que lleva meses apoyando a Gina públicamente y cuyo departamento ha puesto en marcha una campaña animando a las víctimas a denunciar, ha destacado que con esta ley “aquellos que cometan un acto tan degradante se enfrentarán a la cárcel y las quejas de las víctimas se tratarán con seriedad”.

Un paso de gigante teniendo en cuenta el incremento de actos de este tipo, con decenas de webs dedicadas sólo a albergar fotos de upskirting y con miserables que se esfuerzan tanto que han desarrollado un sistema que les permita pasar desapercibidos colocando una pequeña cámara en la puntera del zapato. Y aun así, todavía queda mucho por hacer a la vista de un estudio realizado por la edición británica de la revista GQ que recogía que el 15% de los hombres de entre 25 y 34 años no cree que el upskirting sea acoso sexual.

Por si acaso, para nunca haya dudas, Gina tiene un último consejo para las víctimas: “El agente (que me atendió cuando ocurrió) me dijo que se había asegurado de que la foto había sido borrada. Entones con tanto lío no se me ocurrió que esa foto era mi única prueba”. Hoy, gracias a su esfuerzo, sería una prueba judicial en un proceso penal.