Feministas piden mantener el consentimiento en el centro de la ley de libertad sexual

Varios colectivos lanzan un comunicado en el que ponen en valor el carácter integral de la ley y recuerdan que endurecer las penas no protege a las mujeres.

Patricia Reguero Ríos 6 feb 2023 El Salto

Varios colectivos feministas han lanzado este lunes un comunicado para recoger firmas ante la modificación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, una modificación que el Gobierno anunció el sábado 28 de enero y que este lunes se ha materializado con una propuesta unilateral del grupo socialista que ha pillado por sorpresa al Ministerio de Igualdad, que desde diciembre negocia algunos cambios con el Ministerio de Justicia.

El comunicado de estos grupos denuncia la “confusión y alarma social” que se ha generado a raíz de que se conocieran las rebajas de penas a algunos condenados por delitos contra la libertad sexual desde la entrada en vigor de la ley. Las primeras rebajas se conocieron a mediados de noviembre —la ley fue aprobada el 25 de agosto y entró en vigor el 7 de octubre— y el viernes 3 de febrero eran ya unas 400 las rebajas conocidas, entre ellas algunas excarcelaciones, un efecto que el Ministerio de Igualdad atribuye a la actuación de algunos jueces.

Entre los grupos que lo impulsan están Las tejedoras, la Asamblea Feminista de Madrid, la Asamblea Feminista de Granada, Feministas por el Clima, Generando Red contra las Violencias Machistas, Autodefensa Roja en Línea y el Colectivo de Autodefensa Las Turas. Una treintena de colectivos se han adherido ya al comunicado en este momento.

Rocío Lleo, de Las Tejedoras, explica que la reflexión en estos colectivos es previa al anuncio del PSOE de presentar una propuesta de reforma unilateral, y que vienen trabajando en este comunicado desde que la semana pasada se anunció que la ley sería modificada. Lleo pide no hacer una lectura del comunicado en clave partidista y mirar más allá: “Esta ley es interesante y responde a las reivindicaciones que se han hecho desde el feminismo autónomo", valora”. “Lo importante es que se deje de preguntar a las mujeres si cerraron las piernas y se pregunte a los hombres si tenían consentimiento”, añade.

El comunicado atribuye los ataques a la ley al “cambio de mirada” que supone poner en el centro el consentimiento de las mujeres, ya que la ley termina con el paradigma anterior, donde la gravedad del delito dependía de la existencia de violencia o intimidación. De ahí que se distinguiera entre abuso —sin mediación de violencia— y agresión sexual —un ataque a la libertad sexual con violencia—. En este sentido, las impulsoras del comunicado entienden que esta ley responde a las demandas feministas expresadas en el lema “no es abuso, es violación” que se escuchó en numerosas manifestaciones tras el caso de La Manada.

Las feministas que impulsan este comunicado lamentan que la atención se haya puesto en las rebajas de penas que se han producido vulnerando el espíritu de la ley y piden que la protección de las mujeres sea una cuestión de Estado “y no dependa del juego de la política partidista”.

El comunicado no entra a valorar la propuesta concreta del PSOE, que pretende aumentar la pena “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”, tal y como plantea el Ministerio de Justicia dirigido por la socialista Pilar Llop. La reforma que plantea Justicia añadiría una pena más alta, similar a la que había antes “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”, algo que para el PSOE no modifica el concepto de consentimiento. Algo con lo que no está de acuerdo Igualdad, que cree que supondría una vuelta al paradigma anterior.

El Ministerio de Igualdad, que dice haber presentado tres propuestas al PSOE sin que ninguna haya sido tenida en cuenta. Igualdad mantiene que el problema no son las penas, ya que la actual ley es aún más dura que la anterior. Sus propuestas tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, como con algún retoque en las penas mínimas, explicaban la semana pasada, sin entrar a detallar el contenido de cada unas de sus propuestas.

Sin embargo, el comunicado deja claro que “aumentar las penas no nos protege, ni nos ha protegido nunca”. Lo que ponen en valor las impulsoras del comunicado es el carácter integral de la ley, que no solo borra la diferencia entre abuso y agresión sexual sino que pone en el centro a las víctimas, cambia el procedimiento de la toma de la prueba forense, crea centros de crisis 24 horas en todos los territorios, recoge medidas de reparación, incluye nuevos tipos de violencias sexuales en el ámbito digital, el acoso callejero y la sumisión química, establece medidas formativas para la judicatura y en el ámbito sanitario, enumeran, antes de pedir que, de hacerse mejoras, estas tendrían que pasar por asegurar de manera más rotunda los derechos de las mujeres migrantes.