El nuevo convenio del campo para Huelva: recortes en salarios y en derechos

La patronal Asaja y CCOO han alcanzado un preacuerdo para la firma en enero de un nuevo Convenio del Campo para la provincia de Huelva

Chabolas demolidas en un asentamiento junto al cementerio de Lepe (Huelva) Pepa Suárez

Aurora Báez Boza 11 ene 2023 El Salto

El campo de Huelva se prepara otro año más para la temporada de recogida del fruto rojo y la fresa, que desde finales de enero hasta junio empleará a más de 70.000 personas. Según las llegadas de años anteriores, más de 15.000 personas empleadas serán temporeras contratadas en sus países de origen, especialmente Marruecos, unas trabajadoras que por desgracia anualmente son protagonistas de noticias relacionadas con la esclavitud laboral, los abusos sexuales y la vulneración de derechos humanos cometida por los dueños de las plantaciones y la pasividad de la sociedad.

La delicada situación laboral en la que se encuentran la totalidad de las trabajadoras del campo en Huelva podría agravarse con la firma del próximo Convenio para el Campo de la provincia tras el anuncio de un preacuerdo entre la patronal Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y el sindicato CC.OO el pasado 30 de diciembre en el que se ven reflejado una serie de recortes en los derechos laborales y en los salarios. A pesar de ello, desde la representante de CC. OO, Monica Vega expone que el acuerdo es “innovador y garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores del sector agrícola, sea cual sea la modalidad de su contrato”. Una visión muy distinta a la que tienen las trabajadoras del campo que creen que la firma de este preacuerdo es “Una nueva decepción tremenda para las trabajadoras por parte de sindicatos como CC. OO que se supone que deben velar por los derechos de las trabajadoras y una vez más nos han vendido y traicionado recortándonos en derechos”, según Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en Lucha. Desde UGT Luciano Gómez expone que el preacuerdo ha sido redactado a espaldas de su sindicato que en un principio iba a participar de estas negociaciones: “La patronal ha conseguido todo lo que quería, ha pedido y CCOO le ha entregado los pocos derechos que teníamos en este convenio”. La actitud del sindicato CCOO sorprende a las trabajadoras, ya que la responsable del sector agrario de la Federación de Industria de CCOO Andalucía, Mónica Vega, realizó una campaña el pasado verano por toda la provincia onubense para “que los trabajadores y trabajadoras del campo mantenga sus protecciones sociales”, según el propio sindicato.

Entre las medidas que incluirá el convenio que se firmará en las próximas semanas se encuentra el cambio en el pago del kilometraje de desplazamiento que antes se contaba a partir de los 2 kms desde el lugar de residencia del trabajador hasta el lugar de trabajo y ahora será a partir de los 6 kms desde el núcleo habitacional más cercano a la finca laboral. “A pesar de que no se cumplía a la hora de poner una demanda de cantidad de denunciar a inspección de trabajo, al estar recogido por ley tenemos unos derechos garantizados y ahora nos lo quitan, según la delegada es que como no se cumplía, decía que como el empresario no te pagaba los 20 euros de tu pueblo al tajo, pues ahora que te pague menos porque así te paga algo, vamos un auténtico despropósito”, sostiene Ana Pinto. En un sector como el agrícola y con tantas irregularidades como en los campos de Huelva, blindar pagos como estos se vuelve esencial para la dignidad laboral. Otro de los recortes tiene que ver con las horas extras que pasan a reducirse en 3,20 euros menos de lo establecido, de un 75% más de la hora ordinaria a solo un 25% de incremento. Desde Jornaleras de Huelva en Lucha hacen hincapié en la importancia de estas cuestiones, ya que a pesar de su incumplimiento, el blindaje de estas era esencial para poder denunciar judicialmente la precariedad laboral: “Con estas cuestiones poníamos las denuncia a inspección de trabajo y lo que han querido es quitar eso para que las denuncias no sean efectivas y no multen a las empresas”, reclama Pinto.

El acuerdo entre patronal y sindicato, que tampoco recoge la subida del SMI actual, además elimina los 15 minutos de descanso para comer que pagaba la empresa, es decir, la trabajadora tendrá que hacerse cargo de recuperar el tiempo empleado en alimentarse durante la jornada intensiva.

Vulneración tras vulneración

La firma de este convenio las próximas semanas se unirá al contexto de abuso laboral y de derechos humanos que durante décadas lleva soportando las jornaleras del campo onubense. A pesar de que estas medidas son comunes a todas las trabajadoras, serán una agravante en la delicada situación en la que se encuentran las más de 15.000 trabajadoras marroquíes contratadas en origen que se encuentran en la provincia. Unas trabajadoras que no cuentan con el blindaje de los derechos habitacionales y humanos por parte de empresarios y sociedad en general. El pasado 27 de diciembre se volvía a sufrir un incendio en los asentamientos chabolistas en Lepe provocado por el lanzamiento de una botella desde un coche, según señala el medio La Mar de Onuba. Las trabajadoras sufren diariamente el racismo social en la provincia y así como el racismo institucional amparado con políticas como la puesta en marcha del protocolo para la erradicación de la infravivienda por la Junta de Andalucía el pasado verano, que no ofrece alternativas habitacionales reales a las jornaleras.

Unas políticas y medidas laborales que inciden en la feminización de la pobreza del sector: “Desde CCOO están muy indignados con la violencia machista con la que hemos empezado el año, pero me parece una hipocresía que, por otro lado, no tienen en cuenta que mucho de estos asesinatos se dan porque las mujeres acaban aguantando el maltrato por la situación económica que tienen y por las medias de trabajos precarios que tienen y tienen que mantener a sus familias y eso es debido a sindicatos como este nos firmen convenio a la baja y nos recorten condiciones de trabajo los que nos da las mujeres una menor posibilidad de tener una alternativa de vida digna”.