25 de Noviembre Artículo de Prensa. Juez del Juzgado de Violencia sobre la mujer

El próximo día veinticinco de noviembre se celebra el Día internacional para combatir la violencia contra las mujeres, resulta por tanto que esta forma de criminalidad, el maltrato sobre las mujeres por el solo hecho de serlo, por su género, trasciende de lo que podría ser un problema limitado únicamente a un país o lugar determinados. Es por el contrario un fenómeno que se manifiesta en la mayoría de las sociedades, incluso en aquellas con una tradición democrática mucho mayor que la de España y del que se ha hecho eco la Asamblea General de Naciones Unidas aprobando la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer el veinte de diciembre de 1.993.

Quizás, y como punto de partida, he de decir que desde la perspectiva que me da ser titular de un juzgado con competencias, en el ámbito penal, ceñidas fundamentalmente a la investigación de los delitos que atañen a la violencia de género, mi visión del problema es muy concreta. En lo que va de año hemos iniciado cerca de tres mil procedimientos por hechos de tal naturaleza y una de mis conclusiones, a la vista de la experiencia acumulada, es la de que en la mayoría de las ocasiones cuando la mujer decide interponer la denuncia es porque su situación se ha hecho ya insostenible, insoportable, pues arrastra tras de sí muchos días de sufrimiento, mucho dolor soportado. Si uno se detiene en la víctima e indaga en su estado de ánimo comprueba que la esperanza se ha perdido y se han agotado los límites de su paciencia. Y es por ello por lo que más que incidir en los asuntos tramitados, los que llegan a la mesa de cualquier juez de violencia sobre la mujer, mi reflexión se va a centrar fundamentalmente en los que nunca serán denunciados.

Con toda seguridad este artículo será leído por muchas mujeres. Más de una de ellas habrá sido víctima de malos tratos o lo estará siendo por parte de su marido, su compañero sentimental o su novio, o por quienes alguna vez compartieron sus vidas. Quizás ellas no se reconozcan como víctimas y acudan inmediatamente a una coartada que les permita no enfrentarse a esa realidad para continuar leyendo estas líneas. “Mi marido no es un maltratador, en el fondo yo sé que me quiere. Seguro que volverá a ser la persona de la que me enamoré, es solo una mala racha; mis hijos no me perdonarían que le denunciara; dónde voy a ir si me separo. Él nunca llegaría al punto de matarme”. Después retomarán sus vidas, tal vez consoladas por el hecho de que en su caso solo les insulta cuando ha bebido, o solo las golpea cuando lo contradicen o hacen algo que a él le contraría, es decir, cuando lo provocan. Habrán caído así, apenas sin darse cuenta, en un ciclo de la violencia especialmente cruel por su cotidianeidad y porque puede llegar a anularlas como personas.

Pero ninguna de ellas es culpable en realidad. No solo del infierno en que se ha convertido sus vidas, sino tampoco de su dificultad para salir de él. Todas son tributarias de una mentalidad forjada durante generaciones. Han aprendido su papel en la sociedad desde niñas y, en definitiva, no hacen sino comportarse conforme a lo que creen que se espera de ellas. Les han enseñado que en casa el hombre es el que manda; quien se encarga del sustento de la familia, quien toma dentro del hogar todas las decisiones de relevancia. Y en ese rol, machista y trasnochado se había incluído aceptar el dominio del varón sobre ellas y el castigo ante cualquier sublevación, por mínima que fuera. Si alguna de las lectoras de este artículo sí se identifica con una mujer maltratada, espero que ello le sirva para reconsiderar cómo es su vida y qué hacer para recuperarla. Todas deben saber que actualmente las posibilidades de hacerlo son reales. Los Centros Mujer, las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, las Concejalías de Bienestar Social de los Ayuntamientos o la propia Fiscalía les informarán de los pasos a seguir hasta desembocar en la presentación de una denuncia o de una demanda de separación o divorcio.

Esa labor de información es primordial y se erige hoy en un auténtico derecho para quienes sufren esta violencia y correlativamente en una obligación para la Administración y debe comprender una explicación suficientemente detallada a quien la solicita, según la propia Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral Contra la Violencia de Género, acerca de las medidas contempladas en dicha norma relativas a su protección y seguridad, así como a los derechos y ayudas previstos en la misma, al lugar de la prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, con especial atención a las mujeres con algún tipo de discapacidad. Ese asesoramiento debería igualmente incluir cuáles son las consecuencias derivadas de la presentación de una denuncia y el iter del proceso con el fin de preparar a la mujer para su declaración, primero policial y luego ante el Juzgado.

Parece igualmente en este punto, esencial, acompañar esa intervención de una debida asistencia sicológica para que la mujer refuerce su determinación en romper con su maltratador. De esta forma se lograría no solo incrementar el número de denuncias, sino también evitar una buena parte de las que se acaban retirando una vez iniciado el proceso penal.

Pero esta reflexión en voz alta se quedaría a medias si no hiciéramos alusión a los otros protagonistas del fenómeno, a los maltratadores, pues a la vista de las cifras que manejamos y de la magnitud del problema no es tampoco descabellado pensar que es igualmente muy probable que alguno de los que lean esto ahora habrá maltratado a su pareja. Seguramente tampoco ellos se reconozcan como maltratadores, ni como delincuentes, pero lo son, que no les quepa la más mínima duda. Y además son autores de una de las formas más cobardes y viles de delincuencia: la del que se prevale de su fuerza, de la fragilidad de su víctima. La de quien nunca se pone en la piel del otro. La cobardía de quien golpea a quien sabe que no le denunciará porque le tiene pánico, o porque inexplicablemente aún le quiere. La de quien no acepta que la mujer que ha estado a su lado un día le diga que ya no aguanta más porque simplemente reivindica el derecho a su propia felicidad, no a la de él.

Para todos ellos la conclusión ha de ser forzosamente otra. Ningún hombre, por el mero hecho de serlo puede considerarse más o mejor que la mujer con quien comparte su vida. Ello incluye que no tiene derecho alguno a vejarla, insultarla o humillarla y por supuesto mucho menos a dirigir los designios de su vida a fuerza de golpes ni a pagar con ellas sus frustraciones e inseguridades. Deben igualmente saber que la Sociedad entera está cambiando su mentalidad, poco a poco, pero de forma indefectible. Nunca antes había existido una sensibilización tan unánime acerca de la necesidad de poner coto a estas conductas, duramente castigadas hoy en el Código Penal. Nunca antes se había alcanzado un grado de reproche como el actual, ante la idea cada vez más extendida de que esta violencia atenta contra bienes jurídicos de primer orden, como la dignidad de la persona o el derecho al libre desarrollo de su personalidad, la igualdad o el derecho a la no discriminación por razón de sexo, habiendo sido casi desterrada la idea equivocada de que tales conflictos pertenecen al ámbito privado de la pareja y nadie debe intervenir. Antes al contrario, todos debemos hacerlo. La Policía, los Jueces, el Ministerio Fiscal, los Médicos que detecten una situación de maltrato y todos los poderes públicos, pero también cualquier ciudadano con sentido de la responsabilidad que conozca a alguna mujer que esté siendo maltratada. Es un camino duro para muchas mujeres, pero la razón les asiste y su determinación y la nuestra harán el resto.

José Mª Gómez Villora

Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia