Respondiendo al llamamiento internacional lanzado por la Assemblea de Solidaritat amb el Poble Hondureny, unas mil trescientas organizaciones sociales políticas y solidarias, y personas a título individual, han manifestado que desconocen y denuncian la farsa electoral que pretende legitimar el golpe de estado en Honduras.

A las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos hondureños que se han posicionado contra el golpe de estado, se han unido centenares de colectivos y personas de todo el planeta.

El golpe de estado en Honduras no sólo constituye una subversión del orden constitucional y un atentado contra la democracia hondureña, sino que además supone un peligro muy serio para toda América, donde pueden regresar las expresiones de violencia militar que dominaron sus historia durante los dos siglos anteriores.

Además, la violación sistemática de los derechos humanos no ha cesado desde que se produjo el golpe de estado, consumándose asesinatos, torturas, detenciones, persecuciones judiciales y represión en general contra quienes pretenden la restitución del orden constitucional, como ha sido puesto de manifiesto en el Informe final de la Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos, y en las Primeras conclusiones de la Comisión Asturiana de Observación y Segundo informe del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras.

El gobierno golpista hondureño ha violado los acuerdos del 28 de octubre, de por sí ya precarios, riéndose por enésima vez de la comunidad internacional con la complicidad de la diplomacia estadounidense, como lo puso de manifiesto el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado en su comunicado número 33, en el que advertía desconocería el proceso electoral y sus resultados si antes de las 24 horas del 5 de noviembre no se restituía al Presidente Zelaya en sus funciones constitucionales. La respuesta de los golpistas, trece días después, fue la de convocar al Congreso el 2 de diciembre (tres días después de las elecciones) para decidir sobre la restitución o no del presidente constitucional.

El 22 de noviembre el Presidente Zelaya envió una carta a los presidentes de las naciones americanas, en la que pone de manifiesto que conforme al artículo 3 de la Constitución "El pueblo tiene derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional", tras constatar el incumplimiento del acuerdo de octubre, que tenía como propósito retrotraer la titularidad del poder ejecutivo a la fecha previa al 28 de junio; añadiendo que en estas circunstancias no puede cumplir con su parte del acuerdo y por tanto, no respaldará el proceso electoral y procederá a impugnarlo "en nombre de los hombres y mujeres de mi país y de cientos de dirigentes y líderes que sufren la pérdida de la democracia, represión, competencia desleal y supresión de la libertad".

Todos los estados deben mantener la posición de deslegitimación del régimen de facto y no reconocer y denunciar las elecciones del 29 de noviembre, como lo han hecho los firmantes del llamamiento internacional.