A partir de una iniciativa presentada por el senador vasco-venezolano Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, el Senado español aprobó el 21 de octubre instar al Gobierno a que interceda ante las autoridades venezolanas "para que se respeten los derechos fundamentales de los opositores en los procesos penales en su contra".

El portavoz del del partido de la derecha nacionalista vasca, aseguró que con su iniciativa pretende "defender los derechos humanos allí donde son conculcados, como se hace en países como Venezuela..." donde "se utiliza la justicia para perseguir a los opositores, cuyos más elementales derechos procesales son ignorados".

En la ronda de intervenciones el portavoz de la derecha nazional encarnada por Partido Popular, Dionisio García Carnero, afirmó que en Venezuela "hay un verdadero régimen dictatorial, aunque se disfrace de democrático, porque su presidente, Hugo Chávez, controla los poderes públicos, algo que impide que haya un verdadero Estado de Derecho".

Al coro se unió Joan María Roig, portavoz de la derecha catalana representada por Convergencia i Unió,  quien justificó su voto diciendo que ante "flagrantes injusticias... no se puede mirar hacia otro lado" y que resulta "inaceptable que el Gobierno venezolano utilice para sus intereses el Poder Judicial".

La iniciativa vasca fue aprobada por 132 votos a favor (PP, PNV y CiU), 114 en contra y una abstención.

La Asamblea Nacional de Venezuela emitió un comunicado rechazando la moción e Isaías Rodríguez, Embajador de Venezuela en España, emitió una nota de prensa en el mismo sentido, copia íntegra de ambas notas está publicada en este sitio. Por su parte Jorge Valero, Embajador de Venezuela en la ONU, calificó la moción senatorial de una "grosera intervención a los asuntos internos de Venezuela" y “un irrespeto a la inteligencia del pueblo de Venezuela”, señalando además que pone de manifiesto la ignorancia de los senadores españoles que la votaron, pues desconocen "que en Venezuela está en desarrollo un proceso de transformación democrática, signado por un escrupuloso respeto a los derechos humanos".

La derecha española, incluida la vasca y la catalana, ha utilizado el Senado como altavoz de la campaña internacional contra el Proceso Bolivariano, en lugar de cumplir con su obligación de ocuparse de los muy significativos problemas que aquejan a la sociedad española. Ha dado además una prueba más de su prepotencia eurocentrista, permitiéndose el lujo de dictar clases de democracia desde una tribuna en que precisamente, quienes allí detentan la supuesta representación popular lo hacen en condiciones bastante antidemocráticas, puesto que que han sido electos por un obsoleto sistema mayoritario (no están representadas las minorías), un reparto circunscripcional supuestamente igualitario pero que no responde a la distribución demográfica del electorado, y una ley electoral injusta, que premia a los grandes partidos nacionales y a los pequeños partidos que, como el PNV y CiU, concentran su electorado en 7 de las 52 circunscripciones existentes:

Los partidos de la derecha que sacaron adelante esta iniciativa representan el 48,3% de los 26,1 millones (74,5% del censo) de votantes  que concurrieron a las elecciones generales en 2008; sin embargo, controlan el 51,1% de los escaños, gracias al sistema mayoritario electoral y a la designación directa de las comunidades autónomas. Es de destacar que el PNV, autor de la iniciativa, representa al 1,25% de los votantes que concurrieron a las elecciones generales de 2008, pero cuenta con 4 senadores, gracias a la concentración de sus votantes en sólo 3 circunscripciones.