El 4 de diciembre la población venezolana acudió a votar para elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional. Este proceso resultaba particularmente interesante, pues era la primera vez que los electores acudían a las urnas para elegir al sólo a los integrantes del Poder Legislativo.

Entre la oposición oligárquica,  es decir los sectores que aquí se conocen como escuálidos, integrada por los partidos Acción Democrática (AD) y COPEI -firmantes del Pacto de Punto Fijo, por el que se turnaron en el poder entre 1958 y 1999-, y los partidos Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Súmate, tras su descalabro en el Referéndum Revocatorio y posteriormente en las elecciones regionales y municipales, manifestó mucha inquietud a la vista de las encuestas, que ella misma había encargado, donde los sondeos no les daba más de 25 de los 167 escaños de la Asamblea.

Ante la expectativa de un nuevo desastre y valiéndose de los medios de comunicación golpistas, que a pesar de la Ley Resorte siguen orquestando la desestabilización y promoviendo el golpe de estado, cuando no la intervención militar de los Estados Unidos, inició una campaña de acoso contra en Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándole de preparar el fraude, con la intención de desprestigiarlo a nivel internacional y obligar un aplazamiento de los comicios. Como apuntaba el semanario Temas de Venezuela, en su primera página del 25 de noviembre, el fraude consiste en "desprestigiar al árbitro y llamar a la abstención" pues con ello se pretende conseguir "por la vía del ardid discursivo lo que no pueden lograr por los caminos de la honestidad".

Tras la campaña desinformativa en la que ya son expertos y múltiples reuniones con los observadores internacionales y el propio CNE, se comprometieron a concurrir a las elecciones siempre que el ente electoral retirara los cuadernos electrónicos, los cuadernos en blanco, las máquinas capta huellas y auditara las urnas donde se depositan los resguardos en papel del voto electrónico, en un número muy superior al inicialmente previsto. Sin embargo, tal compromiso no era más que un nuevo acto de dilación e intoxicación y finalmente, a cuatro días de las elecciones, comenzó el goteo de retirada de sus candidatos, la llamada a la abstención y a la concentración en las iglesias durante la jornada electoral.

A pesar de lo difundido por los medios golpistas y refundido por sus contrapartes internacionales, la oposición no se retiró en bloque de las elecciones, sólo se retiró la oposición oligárquica y golpista; aunque bien es verdad, que los grupos opositores que concurrieron tenían muy pocas oportunidades de obtener escaños, bien por su debilidad, bien por su desprestigio, como es el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) -una especie de eurocomunismo a la venezolana-, que en la IV República llegó a ser la tercera fuerza en importancia, que apoyó al Proceso Bolivariano en sus comienzos pero luego traicionó a sus electores pasándose a la bancada de la oposición.

El día anterior a las elecciones las fuerzas desestabilizadoras, que habían fracasado en tu táctica por suspender los comicios, recurrieron al sabotaje dinamitando un importante oleoducto y preparando una acción terrorista en Caracas, durante la jornada electoral, que pretendía sembrar de muertos la ciudad: "necesitamos 15 mil muertos" decían en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por los cuerpos de seguridad, que afortunadamente abortaron la acción.

La retirada de los oligarcas golpistas de las elecciones legislativas ha dado como resultado que el 100 por 100 de la Asamblea Nacional esté ocupada por personas y organizaciones que apoyan el Proyecto Bolivariano: Movimiento V República (MVR), Patria para Todos (PPT), Podemos, Partido Comunista de Venezuela (PCV) y otras seis organizaciones nacionales y regionales modestas.

La abstención, que llegó al 75 por 100, no puede ser esgrimida como triunfo por los escuálidos y los medios nacionales e internacionales acólitos del golpismo. Evidentemente, el alto grado de abstención constituye un fracaso para el Proceso y pone de manifiesto la necesidad de abordar determinadas correcciones políticas, pero hay que abordarla en su contexto histórico.