Ahora bien, hay que evitar que la necesaria lucha contra el terrorismo y por la reapertura de un proceso de paz tape los problemas socioeconómicos, y en particular las consecuencias de la política neoliberal del gobierno del PSOE que se ha puesto de manifiesto en los presupuestos generales del Estado, la reforma del IRPF, la reforma laboral y ahora de las pensiones, sin olvidar la vergonzosa Ley de la Memoria Histórica, el claudicante acuerdo de financiación de la Iglesia Católica, impropia de un Estado laico, y un viraje atlantista en política internacional por su papel en asuntos como la propuesta ante la ONU de la Alianza de Civilizaciones entre Occidente y el mundo árabe y musulmán con el fin de combatir el terrorismo internacional, el aumento de tropas en Afganistán, o su falta de responsabilidad en el tema del Sahara. Por lo contrario, nuestra apuesta va por convertir el crecimiento en desarrollo sostenible; favorecer un empleo digno y poner fin al abuso de la subcontratación; disponer un reparto progresista y solidario del crecimiento; decir no a los presupuestos con superávit; buscar un incremento de la política social; frenar la privatización y recuperar el espacio de lo público; poner fin al crecimiento de las hipotecas; impulsar la vivienda social y públicas; reforzar la calidad de la educación y la salud y potenciar las políticas de atención social y de atención a la dependencia.
Hay que resaltar especialmente el problema de la corrupción vinculada a los abusos urbanísticos, que ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una auténtica epidemia a lo largo y ancho de España. Aquí se aúnan las agresiones al medio ambiente por la construcción y reclasificaciones desaforadas, con la degradación moral que supone la especulación urbanística y la corrupción vinculada a ella, ante la que las instituciones municipales, con problemas endémicos de financiación, se han revelado como las más vulnerables. La sangrante situación derivada de dicha especulación, en la que coexisten miles de pisos vacíos y graves dificultades de las personas de bajo nivel socioeconómico, y en particular entre la juventud, para acceder a una vivienda digna así como un endeudamiento familiar extremo que pone en peligro la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y ciudadanas, requiere una intervención urgente desde una izquierda comprometida con la defensa de las clases populares y del medio ambiente. Las movilizaciones en todo el estado por una vivienda digna el pasado 23-D demuestra una sensibilización creciente sobre el problema. Si las familias españolas están sufriendo un endeudamiento alarmante en el que la vivienda ya representa cerca del 40% de sus ingresos, no menos cierto es que con la entrada en el euro la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores se ha incrementado, deteriorándose su nivel de vida.
El modelo económico impulsado por el Partido Popular del beneficio rápido y desorbitado a través del urbanismo, ha desincentivado la inversión en la modernización de la industria y la agricultura. Las bajísimas rentas agrarias están acelerando el envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras del campo y la despoblación de las zonas rurales, sobre todo en el interior. Por su parte la industria tradicional agoniza porque el capital especulativo absorbe totalmente al productivo. Las ayudas directas se usan, en muchos casos, para diversificar los ingresos (de nuevo en el ladrillo) y los índices de producción industrial bajan al ritmo que las empresas expulsan a los trabajadores hacia trabajos más precarios o directamente al paro. La precariedad agudiza la inseguridad laboral, que en 2006 aumentó en un 20% los accidentes con término de muerte. Tenemos el índice de crecimiento más alto del estado. Pero la burbuja inmobiliaria tiene un corto recorrido y la crisis de la construcción que empieza a adivinarse (sobre todo en el sur) agravará el problema porque ya no existirán sectores tradicionales a los que volver. Urge una redefinición de la política económica desde el Consell que implique un cambio en las prioridades, un Plan de Reindustrialización dentro el objetivo del pleno empleo, la seguridad y calidad del mismo y un plan de choque para el campo desde una consideración estratégica, que permita mantener una renta agraria digna para las familias que vivan del mismo.
El Gobierno del PP ha situado las arcas públicas al borde de la bancarrota. El Partido Popular ha dilapidado los recursos públicos actuales y futuros en fastos y megaproyectos sin rentabilidad social alguna hasta convertirnos en la comunidad más endeuda. De hecho, más del 50% de la deuda de todas las autonomías corresponde a la Generalitat Valenciana. Y eso, a pesar de la ingeniería económica a la que nos tienen acostumbrados con la que derivan la deuda a empresas públicas que no contabilizan en el total. Los sobrecostes, el derroche y el saqueo son las señas de identidad de un gobierno que gestiona el País Valencià a favor un reducido grupo de empresas amigas. Y todo ello, en detrimento de unos servicios públicos cada vez más precarios que día a día se distancian más de las necesidades de la ciudadanía, al ritmo que avanzan las privatizaciones. El reto de sanear las cuentas es uno de los más difíciles de afrontar, cuando los pagos se aplazan en ocasiones durante una década, las facturas sin consignación se acumulan en los cajones y las empresas públicas (RTVV, FGV,..) están en quiebra técnica.
Junto a ello la corrupción y los escándalos políticos cercan el entorno de cargos públicos del Partido Popular. Un alcalde, el de Vila-real. inhabilitado por prevaricación en delito ecológico (ruído), tres alcaldes a la espera de sentencia por tráfico de influencias y corrupción, el presidente de la Diputación de Castellón acusado de delito contra la salud pública y falsificación y varios altos cargos salpicados por las facturas falsas de Terra Mítica (entre ellos Zaplana) y por el desvío de fondos a paraísos fiscales por el IVEX, son sólo la punta de lanza de los escándalos que jalonan la gestión de los populares. Todo apunta que el PP es el partido más afectado pero tampoco hay que descartar casos graves en las filas socialistas.
La visita de la Comisión europea a finales de febrero para revisar el urbanismo valenciano, pone otra vez a debate los abusos y la insostenibilidad del mismo. La sentencia del TSJ contra el PAI de Parcent, ahora aplicada en Ador, es uno de los primeros autos que ponen freno desde la justicia a la política depredadora del PP. Sin duda, las consecuencias a medio plazo pueden ser vitales, pero como siempre llegarán demasiado tarde. El ritmo de cimentación es tan acusado que los recursos naturales no aguantarían un nuevo gobierno de la derecha y las necesidades energéticas empiezan a introducir de nuevo el debate sobre una nueva central nuclear. Esperemos que el expediente abierto por la Unión Europea no quede en papel mojado: Pla anunció que presionaría al grupo socialista europeo para provocar su retirada. Por eso, la única oportunidad para reordenar el territorio y corregir el actual proceso es la aplicación de una moratoria urbanística inmediata tanto en la costa, especialmente, como en el interior que permita una planificación urbana sostenible.
La escalada de precios de la vivienda tiene mucho que ver con el actual modelo urbanístico. Los abusos en precios y unos incrementos salariales a ritmos infinitamente menores que los de la vivienda, la convierten en un objeto inasequible para amplias masas población a la vez que disparan el endeudamiento familiar con cuotas elevadísimas de hipotecarios que ya pasan de padres a hijos. Las casas han dejado de ser un bien de uso para convertirse en una inversión y el suelo objeto de especulación en lugar de una herramienta de ordenación. Es imprescindible que la administración intervenga decididamente para regular los precios (obligando a construir un porcentaje muy alto de viviendas protegidas) y crear soluciones inmediatas para las rentas más bajas potenciando el alquiler (gravando viviendas vacías), la rehabilitación pública o de cooperativas y la construcción de viviendas sociales. Mientras, el Pais Valenciano, se ha incorporado a las mencionadas movilizaciones del pasado diciembre en defensa de una vivienda digna, donde centenares de jóvenes salieron a la calle.
Otro forma de expresión de estos problemas, la del movimiento okupa, han saltado a la calle con violencia tras el desalojo policial de una vivienda vacía “okupada”. Es necesaria la “despenalización” de este movimiento; solo el establecimeinto de mecanismos como los comentados con anterioridad para el acceso a viviendas dignas podrá encauzar las manifestaciones, justificadas, ante miles de viviendas vacías que son un insulto para los miles de jóvenes que se encuentran sin techo ni posibilidades de emancipación.
El hecho de que la Comunidad Valenciana haya dejado de ser objetivo prioritario de la UE desde el 1 de enero va a agravar la situación de la industria y el campo, el estado de las infraestructuras y comunicaciones recibirán un golpe mortal a su modernización y se estancarán inversiones tan urgentes como las necesarias para concluir el mapa escolar y sanitario del País Valenciano. Sin ir más lejos, ante el accidente de Metro de Valencia, no solo sigue sin depurarse responsabilidades, sino que sus constantes incidentes evidencian la ausencia de voluntad política por solucionar los problemas de esta ,línea que enlaza con las poblaciones metropolitanas que nutren de mano de obra a las principales empresas de la comarca. Pero tampoco debemos perder de vista la mala situación de los cercanías y regionales, especialmente estos últimos con dos accidentes en menos de una semana en la línea Valencia-Zaragoza, que de haberlos sufrido un convoy de pasajeros estaríamos hablando de consecuencias humanas muy graves. Y, sin embargo, tanto el PP como el PSOE siguen apostando por el AVE, un corredor de elite que se come los recursos del tren y destroza el territorio por el que pasa.
Conviene recordar que el País Valenciano está a la cabeza de las agresiones a mujeres y de muerte de las mismas por razón de género. El Partido Popular desde la Ganeralitat no ha puesto en marcha medidas eficaces contra esta lacra. Exigimos la inmediata aplicación de la ley en esta materia, así como las dotaciones necesarias para la atención policial, judicial y social a esta problemática.
Las elecciones autonómicas y municipales.
El PP está fiando toda su estrategia electoral en el potencial mediático -público y privado- y el control de la Generalitat, a través de campañas institucionales, para augurar el Apocalipsis si accediese al gobierno el tripartito de comunistas y nacionalistas que identifica con Batasuna, y aparecer como víctima de un Zapatero en la Moncloa que se dedica a machacar el País Valencià. Además están acentuado su discurso xenófobo y racista para culpar a los inmigrantes de los problemas más sensibles ante la opinión pública derivados de su gestión (inseguridad, carencias educativas y sanitarias, suciedad en las calles,…). Las luchas internas y los escándalos de corrupción pueden desgastarles mucho.
El PSPV-PSOE se apunta a un efecto Zapatero cada vez más en entredicho tras el fin de la tregua con ETA y duda entre la oposición dura y los pactos con el PP. Sus puntos débiles son el candidato y la falta de un discurso alternativo que movilice el voto y sus puntos fuertes el apoyo mediático y la ayuda política que recibirán desde fuera. En las últimas semana redoblarán sus llamadas al voto útil, que tenemos que contrarrestar desde ahora situando con claridad el perfil propio de nuestras políticas y movilizando a nuestro electorado. Para el líder socialista ésta es la última oportunidad y como mínimo tiene que subir en votos.
EUPV, que cerró un preacuerdo electoral para acudir en coalición a las elecciones autonómicas con el BNV, Els Verds del PV, Els Verds-EE e Izquierda Republicana, bajo el lema “Compromís pel País Valencià” acaba de realizar su Referéndum. Referéndum que constituye un mecanismo participativo, un ejercicio de democracia inédito en la vida política española. EU es la única formación de la izquierda que lo practica para que su afiliación decida sobre la conveniencia o no de pactos electorales. Debemos felicitarnos por este tipo de procedimientos que se sitúan en consonancia con la sociedad participativa que pretendemos poner en pie.
El resultado de los SIES (77,86%de los votos emitidos) coincide con el mismo porcentaje con que se aprobó el preacuerdo en el Consell Nacional de EU, demostrando una correspondencia entre la opinión de la militancia y la posición de ese órgano. La participación fue un punto por debajo de la habida en el referéndum de L’Entesa (ahora del 60,32%), en este sentido destacan las comarcas del Norte por el bajo índice participativo, del que no debe ser ajeno el resultado de los debates de la última asamblea de EUPV sobre el tercer mandato. El resultado de los NOES (20,15%, en 7 mesas de las 57 constituidas) refleja, además de la posición contraria a los mismos por motivos ideológicos o políticos, la concurrencia de otros factores como graves dificultades en las relaciones con alguno de los socios en el trabajo político municipal, o el resultado final de los acuerdos en la conformación de algunas listas autonómicas. Hemos de valorar como una muestra de responsabilidad que no se constituyera ninguna plataforma por el NO, reforzando en esta coyuntura a EUPV y al proyecto que se configuró en la Asamblea pasada, así como a la cohesión del Partido, en la medida que pudiera haber comprometido a algunos de nuestros militantes. De esta forma, el intento por capitalizar el SI por parte de la plataforma “Un acord per a guanyar” que se constituyó a tal efecto, fue inútil, además de excluyente y sectario, al no encontrar con quien confrontar.
Con todo, el resultado permite el trabajo electoral y bien planteada la campaña, la movilización de la afiliación. La actitud del conjunto de la organización en estos momentos refleja que ya se está poniendo en marcha nuestra fuerza orgánica al servicio de la campaña electoral.
EUPV tiene que hacer una campaña de mucha presencia en los pueblos y ciudades, necesitamos reforzar las elecciones municipales con la presencia de nuestros candidatos autonómicos porque mediáticamente es mucho más rentable y porque tenemos que fidelizar el voto autonómico para EUPV que esta vez será muy superior.
Tenemos que ligar la campaña a las movilizaciones (8 de marzo, 14 de abril, 25 de abril, 1 de mayo,..) porque nuestro compromiso es con los movimientos sociales: Esta vez no tendrán duda de cual es la opción, incluso los abstencionistas. Este es el trabajo fundamental del Partido junto a los sindicatos, las organizaciones feministas y el movimiento republicano, ya que estas fechas tendrán mucha repercusión para potenciar nuestro perfil y permitirnos romper la monotonía mediática con nuestros mensajes más importantes.
Debemos demostrar que nuestra alternativa tiene ámbito estatal. Traer responsables de Izquierda Unida con relevancia pública y experiencia, porque su simple presencia reforzará nuestra imagen de capacidad de gobierno sin tener que entrar a dar mensajes equívocos.
El Comprimís hay que explicarlo en todas las comarcas, hacer entender que es la única herramienta que hará posible el cambio real, con algunos actos conjuntos muy potentes vinculando a personas destacadas de movimientos sociales, a la cultura, a la universidad, al sindicalismo. Movilizar el voto de gentes conscientes y comprometidas en favor de nuestras candidaturas es nuestro objetivo. Es la garantía para un cambio real. Garantía que siempre nos la dará el apoyo y la participación de quienes decimos defender.
Valencia, 19 de enero de 2007