Informe Político del Comité Central, mayo 2013.

Informe Político aprobado por unanimidad por el Comité Central del PCE-Aragón reunido el 19 de mayo de 2013.

Las cifras del paro en nuestra comunidad autónoma, los índices de precariedad y temporalidad de los puestos de trabajo que aun existen, la gravedad y dureza de las agresiones que la Educación, la Sanidad, la Dependencia y los Servicios Públicos están sufriendo por parte del gobierno del PP/PAR, son de tal calado que solo la denuncia contundente de los mismos pierde efectividad si no va acompañada de un análisis político de los motivos por los cuales el capitalismo pretende hacer negocio con lo que hasta ahora era un servicio público. 

Esta oleada ha tenido en Aragón una propuesta  que nos hace ponernos a la cabeza de los aventajados discípulos de Merkel y Rajoy con los precios impuestos para cursar determinados grados de la Formación Profesional. Aragón ha sido una de las primeras comunidades autónomas en imponer tasas a la Formación Profesional de grado superior, una medida que ya se viene aplicando en Madrid y Cataluña desde este año. Se hará efectiva el próximo curso escolar y quienes estudien alguno de los 61 grados de ciclo superior que se ofertan deberán pagar 35 euros por módulo formativo, con lo que el curso completo costará un máximo de 245 euros. Una cuantía que deberá multiplicarse por las 6.000 plazas que hay ofertadas en este nivel. 

Este encarecimiento irracional lo único que pretende realmente es por un lado expulsar a una parte importante del alumnado con menor poder adquisitivo, es decir, los hijos e hijas de nuestra clase, y por otro reforzar un ejército de reserva sin formación suficiente para abaratar los salarios. Además este año se van a ver  reducidas las becas de comedor en dos millones de euros, por lo que aumentarán los problemas de malnutrición infantil y la imposibilidad de compatibilizar en muchos casos la vida laboral y familiar, ya que no podrán quedarse en el comedor. Por otro lado debemos denunciar la falta de voluntad de la DGA para acoger al alumnado en el centro solicitado (hasta un total de 61 centros en todo Aragón deberán sortear sus plazas) usando esto de excusa para aumentar el concierto con los colegios de corte religioso.

La situación económica se ha seguido deteriorando a pasos agigantados, unas 106.700 personas viven en situación de pobreza severa en Aragón. Esto supone que el 8,2% de la población está recibiendo el impacto más fuerte de la crisis, un porcentaje que no ha dejado de crecer en los tres últimos años.

La comunidad autónoma tiene un total de 144.100 parados y paradas, 22.100 personas desempleadas más que en el trimestre anterior, lo que supone un aumento del 18,1%. Esta cifra supone una tasa de desempleo del 22,3% según la última Encuesta de Población Activa. Zaragoza, con un 24,09%, registra la tasa de desempleo más elevada de las tres provincias. La pérdida de empleos en las diferentes industrias ubicadas en nuestras comarcas es un autentico drama para muchos de nuestros pueblos por la cantidad de puestos de trabajo auxiliares vinculadas a las mismas. También el aumento de la destrucción de empleo público para externalizar servicios a través de empresas afines ha tenido un acelerón importante. Es de destacar el desmantelamiento cronometrado de la Educación Pública por parte del Gobierno Estatal y Autonómico, y la promoción indecente de los colegios concertados y privadas con un impulso de la religión que nos retrotrae a tiempos de la dictadura franquista. Y todos estos datos se ven agudizados en el caso de la población femenina, con unos porcentajes mayores de empobrecimiento y desempleo. La población aragonesa ocupada es de 500.300 personas, pero estas encuestas dejan de lado al gran número de personas en situación administrativa irregular, sin derecho a prestación y a la sanidad pública. Otra grave amenaza para la negociación sindical es la propuesta de contrato único, y la inminente caída en cascada en la vigencia de muchos convenios por la anunciada ultractividad de muchos de ellos. Una realidad desoladora oculta en el anonimato de las cifras oficiales y ante la cual los gobiernos del PP/PAR se muestran totalmente incapaces de plantear alternativas, con una pésima gestión donde destaca el consejero Olivan y sus declaraciones sobre la sanidad pública, el hospital de Alcañiz, el acceso al Ingreso Aragonés de Inserción, y ponen en valor iniciativas como la desarrollada con la huelga de hambre en Huesca: “hambre de justicia”. Las declaraciones del consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, que ha asegurado en el Pleno de las Cortes que posiblemente hasta 2016 no habrá crecimiento del empleo,  para seguidamente decir que “quizás” a finales de 2015, nos muestran a un Gobierno sobrepasado ante la gravedad de la crisis y sorprendido del nulo efecto que ha tenido para el capital el hecho de que el PP accediera con mayorías importantes al gobierno autonómico y estatal. Al capital le empiezan a sobrar sus organizaciones políticas sumisas e incluso las instituciones parlamentarias, y es en esta lógica donde se enmarca el nuevo impulso a la Ley anti ayuntamientos que pretenden tener aprobada para el mes de julio y comenzar a aplicarla en enero del año que viene. La última andanada reaccionaria del ministro Gallardón modificando la Ley del Aborto a algo puramente testimonial es un eslabón más de esa cadena. En ese afán de legislar de parte, la recién aprobada Ley de Lenguas en el Parlamento Autonómico donde se excluye la realidad extralingüística de nuestra comunidad autónoma, nos ha hecho merecedores de hacer un ridículo nacional en las empresas de comunicación.

Durante este último mes también hemos celebrado el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo; en el primer trimestre del año en Aragón el número de accidentes se ha reducido un 12,4% respecto al mismo periodo de 2012. El dato es positivo, aunque no tanto como parece si tenemos en cuenta que la población afiliada ha bajado más de un 4% y que está creciendo el número de trabajadores/as que ocultan sus accidentes o enfermedades laborales por miedo al despido o a otro tipo de sanciones por parte de la empresa y a que la falta de actividad industrial también tiene un peso importante en este balance. Ese miedo está afectando de una forma importante al acceso a la vivienda, donde la población aragonesa con problemas económicos está sustituyendo a la inmigrante como solicitantes de viviendas de alquiler social en Zaragoza. Una situación muy diferente a la que se vivía hace apenas unos años. Es necesario también resaltar el brutal accidente laboral en Bangladesh, donde más de 1.500 personas, la mayoría mujeres, murieron fruto de la codicia de diversas multinacionales -varias de ellas españolas-, que aprovechando las pésimas condiciones laborales de la India se lucran sobre el dolor y la muerte de nuestras compañeras.

Mención aparte merece la criminalización de las personas que han realizado escraches a las puertas de las sedes del PP o en las calles donde viven algunos de los cargos públicos cómplices de esas propuestas y de la indignidad en la gestión de la ILP presentada. En diferentes ámbitos, desde el sindical al político, se ha manifestado por parte de algún destacado dirigente la solidaridad personal con alguno de estos políticos equiparando la violencia de las políticas de quienes legislan contra las personas a la manifestación pacífica de la denuncia cívica. Craso error. No es lo mismo expulsar de la vivienda a familias con menores y a personas mayores con la Policía Nacional o la Guardia Civil, que encontrarte un tupper en la calle. No es lo mismo violar el derecho a la vivienda que asumir la crítica en la institución y en la calle. La pésima gestión del Delegado del Gobierno acotando la calle Alfonso como espacio reservado libre de manifestaciones por ser la calle donde vive una compañera suya de partido, o la imputación de activistas de la Plataforma Solidaria del Actur y de un profesor de Marea Verde, no hace sino reforzar la importancia de exigir, una vez más, la dimisión inmediata de este político que más que un Delegado del Gobierno nos recuerda a los viejos gobernadores civiles de la dictadura. 

Esta doble vara de medir, la criminalización de las protestas con los cómplices anteriormente citados y la cantidad económica de las multas impuestas, varias de ellas a camaradas de PCA, es un claro intento de meter miedo y reprimir la protesta. Esta represión económica, genera menos solidaridad al individualizar la represión y recaer habitualmente en personas como nosotros de escasos recursos económicos. No es casualidad el que en el último informe realizado sobre torturas y denuncias de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del estado, Zaragoza tenga 11 denuncias por actuaciones violentas y 31 personas afectadas que decidieron acudir a los tribunales. Artieda y las movilizaciones del 14N y el 29M, con los piquetes informativos como objetivo de la Policía y las movilizaciones en Zaragoza de grupúsculos neonazis realizando actos fascistas y agresiones varias. No le tenemos ningún miedo a esta campaña represiva, pero eso no impide el que tomemos las medidas oportunas para garantizar que el cumplimiento de la política del PCA no suponga más problemas de los estrictamente necesarios.

La elaboración de los presupuestos municipales, la celebración de la Asamblea de Izquierda Unida de Aragón y la celebración del 1º de Mayo se han ajustado a las previsiones que habíamos realizado. Son tiempos duros para nuestra clase, los cierres de empresas como en Ateca o los expedientes de regulación de empleo como en Pikolin, Tata y otras más pequeñas, suponen una sangría de recursos públicos y una incertidumbre terriblemente injusta para aquellas trabajadoras y trabajadores que sin tener ninguna responsabilidad en la actual situación económica observan entre la perplejidad y la indignación como se rescata a la banca y se abandona a un futuro incierto a las personas.

No son tiempos para las dudas ni para los pactos lampedusianos, son tiempos para recuperar los derechos arrebatados y tomar las calles, son tiempos donde el miedo debe cambiar de bando, son tiempos de lucha y acción. El PCA debe continuar las tareas encomendadas por la dirección federal del PCE, en la difusión del ASDA y la creación de las condiciones necesarias para recuperar para el pueblo el poder popular en el marco de una República en el Estado Español. Las movilizaciones del 14 de Abril donde volvimos a reclamar los valores republicanos y nuestra lucha por la llegada de la Tercera República, y las manifestaciones del Primero de Mayo, han sido momentos importantes de visibilidad de la militancia comunista. Nuestra Fiesta el próximo día 25 será otro hito importante donde compartir debates, reflexiones y un momento para el reencuentro y la camaradería. Son tiempos de renovación en la Asamblea de Zaragoza de Izquierda Unida, en el Congreso Federal del PCE, y en el Congreso del PIE. Muchas tareas para un PCA unido ejemplarmente en la propuesta política y firmemente cohesionado en la actuación directa.

Nada ni nadie nos va a retrasar.