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Sábado 24 de noviembre de 2012

Asociaciones de mujeres critican las tasas judiciales por perjudicar a las maltratadas

Las víctimas de violencia machista son especialmente vulnerables, sobre todo a causa de la crisis, al tener muchas de ellas una situación económica precaria, por lo que, según las asociaciones de mujeres, la ley de tasas dificultará que se divorcien de sus agresores, si tienen que pagar por ello.

La Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis consideran, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que la ley de tasas es un "despropósito" para estas mujeres.

Las tres asociaciones coinciden en destacar que la ley, que no será efectiva hasta que estén listos los impresos de autoliquidación, obliga a pagar a las mujeres si quieren romper todos los vínculos con su agresor a través de la demanda de divorcio o separación.

Los colectivos de mujeres no son los únicos indignados con la ley que ha impulsado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Unos 200 jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid pidieron ayer la dimisión del ministro, en una concentración a las puertas de la sede del Ministerio, y amenazaron con convocar una huelga en el mes de diciembre si mantiene la Ley de Tasas.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, aseguró el viernes que los procedimientos penales están exentos de la aplicación de esta ley, lo que incluye a los casos de violencia de género, y no se introduce ninguna tasa para éstos.

’Más difícil el acceso a la justicia’

En los casos de separación y divorcio, al tramitarse por la vía civil, sí que habrá que pagar una tasa, pero, según Moreno, cuando una mujer maltratada presente una demanda de estas características contra su agresor, tenga menores a su cargo y solicite una pensión alimenticia, tampoco tendrá que abonar nada.

Las mujeres cuyos ingresos sean inferiores en dos veces al salario mínimo interprofesional pagarán las tasas con cargo al caudal común del matrimonio o al cónyuge, explicó el secretario de Estado.

Sin embargo, la presidenta de Themis, Ángela Cerrillos, sostiene que el hecho de introducir una tasa en estos procesos "supone una posibilidad real de hacer mucho más difícil el acceso a la justicia" de estas mujeres.

Asegura que tendrán que abonar como mínimo 300 euros para presentar la demanda de separación o divorcio, cantidad a la que se sumaría el 0,5 por ciento de lo que se solicite, y además, si se recurre la resolución judicial dictada, serán 800 euros más el 0,5% anterior.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, apunta que es muy difícil que este tipo de demandas terminen en la primera instancia, sino que casi siempre se recurre o bien porque la pensión fijada por el juez es muy pequeña, o porque el agresor recurre y es la mujer la que se tiene que oponer al recurso.

"Las mujeres cobran menos y trabajan a tiempo parcial y piden excedencias para cuidar de los hijos y, si encima son maltratadas, la situación es mucho peor, ya que no podrán afrontar el pago", ha opinado Besteiro.

A su juicio, las mujeres maltratadas también tendrán que pagar si reclaman una revisión de las medidas acordadas en el proceso o en la regulación del régimen de custodia de los hijos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien ha calificado de "contrasentido" que por un lado el Gobierno haga pagar tasas judiciales y, por otro, anime a las mujeres a romper con su agresor.

"El Gobierno ha presentado una campaña de sensibilización que anima a las mujeres a tomar la puerta de salida al maltrato y cuando llegan a la puerta se encuentran con la tapia de una casa", señala Soleto en relación a la iniciativa contra el maltrato que presentó el pasado jueves la ministra de Sanidad, Ana Mato, y que tiene como lema "Hay salida".

Proposición no de ley del PSOE

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista llevará el martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley sobre medidas de apoyo y asistencia a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género, en la que, entre otras medidas, propondrá la exención de tasas judiciales para la interposición de demanda y la presentación de recursos en todos los procedimientos civiles que se tramiten ante los Juzgados de Violencia sobre la MujerÇ

Los socialistas consideran que "uno de los efectos más sangrantes del tasazo de Gallardón" es precisamente su incidencia a los casos de violencia de género. Alertan en este sentido de que, aunque los casos penales están exentos, la Ley de Tasas sí afecta a otros procedimientos civiles que se tramitan en los Juzgados de violencia machista, como por ejemplo, las demandas de separación o divorcio.

Para el PSOE, esta circunstancia "puede suponer una barrera para la lucha contra la violencia de género, al constituir un obstáculo para que muchas víctimas sigan adelante con sus procesos judiciales". El PSOE ya ha anunciado que recurrirá la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional al entender que se trata de una norma "claramente inconstitucional, que impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos, de manera que sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia".



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