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Mujeres juristas piden terapias fiables contra la violencia

El Gobierno admite que 1.700 condenados por maltrato no están siendo rehabilitados

Charo Nogueira/ Inma de la Fuente

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Maltratadores sin rehabilitar, aunque la ley exija lo contrario. A punto de cumplirse un año de la total entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género, en parte de España siguen sin implantarse los programas de rehabilitación que debe seguir un número considerable de los agresores sentenciados con menos de dos años de cárcel, según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Montserrat Comas, asegura que esta carencia afecta a "miles de condenados". La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, responsable de estos programas, calcula en 1.700 los maltratadores pendientes de tratamiento y asegura que lo recibirán lo antes posible.

Los maltratadores condenados pueden rehabilitarse dentro de la cárcel: los programas, cuyo seguimiento es voluntario, existen en 33 de las 64 prisiones y ahora participan en ellos 319 internos, según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). En cambio, tienen dificultades para hacerlo fuera si evitan la prisión: los programas destinados a que cambien de conducta al tiempo que mantienen la libertad despegan con lentitud.

La Ley Integral contra la Violencia de Género, totalmente en vigor desde el pasado 29 de junio, permite a los jueces "sustituir o suspender" la pena de prisión inferior a dos años a cambio, entre otras cosas, de que los condenados por agredir a su pareja o ex pareja femenina sigan un programa de rehabilitación, explica la magistrada Monserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sin embargo, no hay ni programas de rehabilitación diseñados, ni centros para impartirlos", critica esta responsable. Estima que esta carencia afecta a "varios miles de condenados por maltrato a su pareja".

Comas recuerda que la responsabilidad de los programas recae en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, excepto en Cataluña (con competencias en esta materia). Además de esa comunidad, las administraciones autonómicas han puesto en marcha programas en el País Vasco, Galicia y Alicante, afirma.

El CGPJ comparte esa inquietud. El pasado abril acordó enviar una carta a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para exponerle su "preocupación" por "la falta de desarrollo y generalización" de estos programas.

Una fuente próxima a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoce que los programas han arrancado con retraso, por la complejidad para implementarlos y la relativa escasez de medios para ello. Por eso se ha optado por la vía de los convenios (con comunidades autónomas, universidades, ONG o la Federación Española de Municipios y Provincias). Cada uno de esos organismos, en colaboración con los servicios sociales penitenciarios, diseña y ejecuta las terapias. "Existen convenios en todas las comunidades autónomas, aunque no en todas las provincias", asegura una portavoz de Instituciones Penitenciarias. Añade que 1.107 maltratadores han seguido los programas de rehabilitación en libertad en los últimos 12 meses.

"Vamos con retraso, pero ningún maltratador quedará sin tratamiento", asegura el subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Virgilio Valero. Calcula que de los condenados por maltrato tras la entrada en vigor de la ley integral unos 1.700 castigados a menos de dos años de prisión y cuya pena se suspendió (un millar) o sustituyó (unos 700) están ahora pendientes de acudir a los cursos de rehabilitación. "Es un proceso largo, que empieza por la elaboración de un plan individual para cada condenado", detalla. Pide "paciencia" y asegura que a final de año existirán servicios de rehabilitación "en todas las provincias". "Donde no hay convenio, Instituciones Penitenciarias intenta ofrecer el programa de rehabilitación con sus propios medios", asegura Valero.

En medios judiciales destacan que una de las consecuencias negativas de la demora es la sensación de impunidad que pueden sentir los maltratadores obligados a hacer una terapia para la que no tienen fecha.

ASIGNATURAS PENDIENTES

- "Vamos con retraso, pero ningún maltratador quedará sin tratamiento", asegura un portavoz

de Instituciones Penitenciarias

- El Consejo General del Poder Judicial ha hecho llegar su preocupación al Gobierno por la falta de programas

- Los expertos afirman que una consecuencia de la demora es la sensación de impunidad que pueden sentir los maltratadores.

Mujeres juristas piden terapias fiables contra la violencia

I. DE LA FUENTE - Madrid

¿Qué cabe esperar de los maltratadores? ¿Se puede conseguir que no reincidan? Si están motivados y reciben un tratamiento adecuado, pueden mejorar. Grupo 25, un colectivo que aglutina a varias asociaciones de mujeres juristas y a diversos especialistas en medicina y psicología, propuso ayer que los programas para reeducar a los hombres que ejercen violencia contra su pareja o ex pareja estén homologados y sigan unos criterios de calidad que eviten efectos perversos: minimizar las consecuencias del maltrato o utilizar el tratamiento como coartada para eludir responsabilidades. Juristas y expertos se apoyaron en la experiencia de países que llevan 20 años con programas rehabilitadores para asegurar que al finalizar el tratamiento la violencia física remite (la no reincidencia se sitúa en torno a un 80%) y la psíquica disminuye.

"Urge homologar los programas de intervención en las distintas comunidades y exigir unos estándares de calidad en los tratamientos sufragados con fondos públicos", afirmó Andrés Montero Gómez, psicoterapeuta y presidente de la Sociedad Española de la Psicología de la Violencia. "De no hacerse así, el tratamiento puede ser inútil", añadió. Montero explicó qué modelo de terapia ha aquilatado ya su eficacia: abordar las distintas dimensiones de la conducta del maltratador (cognitiva, conductual, emocional y educativa) hacia la mujer con perspectiva de género; incidir en que es una violencia sexista sustentada en una ideología de dominación y contar con profesionales capacitados en violencia de género.

Diagnóstico individual

El objetivo es desarraigar la violencia del comportamiento. Para lograr resultados, Montero esbozó un formato a seguir: establecer un diagnóstico individual previo al tratamiento, fijar una terapia reeducadora y realizar una evolución y seguimiento posteriores. Un año de terapia o en torno a 30 meses, es el plazo mínimo que garantiza cambios duraderos y fiables.

Montero consideró que es pronto para evaluar los resultados de los programas de Instituciones Penitenciarias, pero insistió en que deberían ser específicos para maltratadores y reunir determinadas exigencias. Recordó, además, que estos programas están colapsados.

Grupo 25, integrado por Themis, Fundación Mujeres y otras juristas, sostuvo, además, que la rehabilitación de los maltratadores tiene que estar incorporada a la pena o sanción, sin plantearla como alternativa. Luis Bonino, psiquiatra y director del Centro de Estudios de la Condición Masculina, pionero en terapias para hombres, no necesariamente violentos, y Andrés Montero desarrollan ya de modo privado este tipo de terapias bajo el lema No más maltrato, con hombres que lo solicitan.

Fuente: El País



2006-06


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