Periodismo y Organizaciones de la Sociedad Civil: El caso Lydia Cacho

En general, los medios de comunicación no se distinguen precisamente por ser una vía para la construcción de la democracia en México. Esto es porque obedecen a una infinita gama de intereses, desde los propios, que son legítimos, hasta los más oscuros, pasando por el clásico “chayotazo”, la falta de ética profesional, las ligas con grupos de distintas tendencias oscuras y maquiavélicas, pero, eso si, ejerciendo su derecho a las libertades consagradas en nuestra Carta Magna.

Los medios pueden ser pretenciosos. Nadie puede intentar siquiera sentirse representante exclusivo de la sociedad y conocedor absoluto de sus problemáticas, porque tal pretensión raya en el mesianismo y en la ignorancia de la realidad cotidiana.

Actualmente, en el ejercicio del periodismo en nuestro país, se magnifica más la tragedia que la propuesta, se privilegia más el escándalo que la sabiduría popular, se le da mayor espacio a lo banal y superfluo que al problema creciente de la vulneración de los derechos más elementales por parte del estado, sobre todo a grupos minoritarios. Solo cuando la tensión en la relación entre la sociedad y los gobiernos desemboca en golpes, heridos y sangre, viene a ser noticia para algunos medios.

Así sucede cuando se magnifica la detención por parte de la PGJ del estado de Puebla de una periodista, quien, como cualquier otra mujer, puede sufrir lo que todas las procuradurías de justicia en México son expertas en llevar a cabo: el trabajo sucio de sus jefes, o, simplemente la ejecución de acciones por parte de quienes detentan el poder económico. Como si se tratara de agencias de colocación de empleos para resolver casos particulares (quien paga más mejor trato recibe)

¿Por qué esa diferencia?

No quiero pensar que es solo porque la detenida es periodista y entonces si se debe hacer justicia y respetar el estado de derecho. Porque entonces se podría pensar que es un asunto de privilegios y que solo los periodistas no pueden ser tocados y lastimados en lo más mínimo, como si tuvieran fuero por el solo hecho de serlo.

Mujeres fuertes, representativas de la comunidad, que por convicción hacen las cosas a pesar de la falta de apoyo de los medios para difundir su verdad y las razones de los derechos que reivindican, nunca son tomadas en cuenta, a pesar de que, inclusive, no solo son detenidas arbitrariamente, sino que llegan a ser violadas y golpeadas, torturadas e inclusive asesinadas; sus familias, amenazadas. Nunca he visto un apoyo contundente de los medios y de las asociaciones de periodistas ante semejantes injusticias, ante tanta afrenta a las mujeres. Los medios documentan por lo general el maltrato y la inequidad en la mujer que es líder social.

La arbitraria detención que aparentemente se dio en contra de Lydia Cacho no es algo nuevo, porque muchas de las detenciones en este país suelen ser ilegales. Ese no es el punto. Esto tiene que parar porque la sociedad en su conjunto sufre ante esta manera (ya es casi un “uso y costumbre”) de “aplicar la justicia”. Y nadie hace nada de fondo. Ni el Estado, ni las instituciones, ni los gobiernos locales- y no se digan los municipales, cuyos policías se coluden con bandas y mafias de todo tipo, porque de ahí sacan para el “chivo”, para sostener a sus familias (así dicen).

Este cáncer debe ser debatido por la sociedad, pero en el marco de un espacio plural, ciudadano, sin “comités exclusivos y especializados en seguridad pública” que sólo le hacen el caldo gordo a quienes los nombran y sirven solo para reunirse en hoteles de lujo y con reserva de derecho de admisión (si eres crítico, eres peligroso).

Los medios de comunicación son importantes, pero las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) somos las que conocemos la problemática urbana y comunitaria, aunque no estemos totalmente organizados entre nosotros, gracias a las estrategias de los gobiernos que nos tratan de mantener divididos, en lugar de potenciarnos y fortalecernos como es su obligación. En esta lucha contra las inequidades, las injusticias, las detenciones arbitrarias y las torturas de entre tantas muchas otras lacras el Estado avala, podemos empezar a abrir espacios para hacer alianzas sólidas, logrando que nuestras diferencias sean el motor para llegar a un consenso de cómo queremos atajar las injusticias, marcando un nuevo camino, y demandando a gritos y movilizaciones, si es necesario, lo que no entiende el gobierno por la vía del diálogo, instancia que debe ser la primera instancia en agotarse. Pero sin soltar el fondo hasta que haya una total seguridad de que nunca más seremos tratadas y tratados injusta e inhumanamente.

Lydia Cacho, hoy libre bajo fianza pero sujeta a un proceso penal, deberá enfrentar la demanda como cualquier otra ciudadana y ciudadano común a la que se le exige demuestre que no tiene culpa en lo que la contraparte expone como su derecho; pero esto no debe confundirse con el asunto de la detención, que se debe mostrar que fue arbitraria y no cumplió con lo que los códigos y leyes vigentes en materia legal. Sin embargo, a primera vista la manifestación de una asociación de periodistas defendiendo a su compañera y amiga, da la apariencia de ser un llamado a que la exoneren, pero de todo, inclusive de los cargos por los que fue detenida. Esto tampoco es aceptable en una democracia y menos para construir una sociedad justa.

En momentos como este, los medios y las Organizaciones de la Sociedad Civil no podemos desaprovechar la oportunidad de unirnos para empezar a construir puentes que nos permitan potenciar nuestro actuar para combatir la corrupción del poder y construir la democracia que tanto necesitamos.

cefimac@hotmail.com