Irlanda, Malta, España

Cuenta Jordi Pujol, en su tercer volumen de memorias, una interesante conversación con una muy creyente diputada democristiana alemana a la que preguntó por qué había dado su voto para que saliera adelante la ley del aborto. La socialdemocracia germana no tenía la fuerza parlamentaria suficiente, así que los conservadores cristianos buscaron entre los suyos al número suficiente de diputados para llegar a la mayoría. Con gran dolor de corazón -relata el president-, la diputada le dijo que votó a favor de la ley porque un político «debe anteponer el bien común incluso a las convicciones». Así es la derecha europea, al menos hasta llegar a los Pirineos.

El aborto es una realidad dramática que existió, existe y existirá porque siempre habrá mujeres desesperadas y dispuestas a lo que sea para evitar una maternidad no deseada. Miles de ellas mueren todos los años, víctimas de legrados clandestinos, desangradas o devoradas por la infección. Así ocurrió también en España durante décadas negras bajo palio, mientras la Europa civilizada, libre y democrática entendía la maternidad como un derecho, nunca como un castigo.

La ley de plazos

«Más Europa», se oye a menudo clamar a miembros destacados del Gobierno. Me pregunto por qué, en lo concerniente a la libertad de las mujeres, quieren mandarnos a otro continente. ¿No son buenos los ejemplos de Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda o Austria? En esos países existe la ley de plazos y es, precisamente, donde menores son las tasas de aborto. Hasta Ruiz-Gallardón debe de saber que el resultado de la prohibición no es otro que la clandestinidad o, en el caso de las mujeres de su clase social, un discreto viaje de fin semana a una capital europea.

Si eso está probado con cifras y datos en toda Europa, si se sabe de antemano que dificultar el proceso no se ha demostrado disuasorio ante una firme determinación de no traer al mundo una criatura no deseada, ¿a qué viene volver en España a la ley de supuestos, más restrictivos incluso que los del 85? ¿Por qué escogen tratar a la mujer como un sujeto sin conciencia, irresponsable y carente de ética que precisa consejo y tutela?

Los más fanáticos antiabortistas sueñan con el Código Penal de otro siglo o de otros mundos para poder llamar con todas las de la ley «asesinas» a esas mujeres y perseguirlas hasta allí donde cometen sus atroces crímenes. La semana pasada, ultracatólicos argentinos irrumpieron en un hospital e impidieron que a una joven embarazada tras una violación le fuera practicado un aborto cuando ya estaba en el quirófano.

Gallardón sigue con su cruzada y acaba de anunciar una nueva ley del aborto para fin de año. Antes incluso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por su partido, no fuera el caso de que la ley de plazos vigente resultase perfectamente constitucional. O sea, también en esto España se parecerá más a Irlanda y Malta. ¿Quién nos rescata del ministro?