La justicia belga emula a Garzón
Habida cuenta de que el imperialismo Británico no tiene motivos para ir contra Pinochet sino al contrario -y se está viendo- una vez totalmente superado el contencioso hispano chileno en torno al proceso de apropiación de Enersis por Endesa España en abril-mayo del año pasado, los poderes fácticos españoles dieron por finalizado el cometido de su aparato de justicia representado en este y otros muchos casos por su "juez estrella", Baltasar Garzón. A partir de ese momento, el destino de Pinochet pareció pasar a ser cuestión exclusiva de una carambola a tres bandas de la diplomacia secreta entre Londres, Madrid y Santiago de Chile. Pero la solución del caso ha de retrasarse porque los capitales belgas del armamento han decidido terciar en el asunto danto trabajo extra a alguno de sus jueces.
Según reporta el periodista Tortoro, actualmente hay una investigación judicial abierta en Bélgica respecto de un millonario negocio de aviones de combate que la Fuerza Aérea chilena adquirió en 1994. Se trata de veinte aviones Mirage Mirsip. Los datos de la investigación judicial han sido aportados por pesquistas judiciales belgas y por la investigación que realizaron los periodistas Philippe Brewaeys y Frank Garbely, una labor de recopilación de antecedentes al que se ha sumado la revista chilena Punto Final.
El caso ha tenido sus orígenes en las postrimerías de la década de los 80, cuando la Fuerza Aérea Chilena decidió sustituir los antiguos cazas Hawker Hunter de su Grupo Nº 8. Hasta 1993, los especialistas tenían sobre la mesa varias alternativas y ofrecimientos: Kfir C-2 y C-7 de Israel; Jaguar de la British Aerospace; Cheetah sudafricanos; Gripen de Suecia; Mig-29 y Su-27 rusos; F-16 norteamericanos. Ofertas sobraban, y finalmente la FACH se decidió por el Mirage de la francesa Marcel Dassault, aviones de propiedad de la fuerza aérea belga que habían sido modernizados por la empresa local SABCA.
Siempre según Tortoro, en 1994 comenzó la larga cadena de tratos comerciales, pagos de comisiones y depósitos en cuentas bancarias con que se materializó el negocio. La cosa fue así: Primero, el gobierno belga vendió los aviones a la compañía SABCA. El operador de la transacción fue el general en retiro belga, Jacques Lefebvre, quien no sólo realizó la venta, sino que además medió en la operación de modernización de los aparatos. Poco antes de este negociado, Lefebvre se había venido desempeñando como jefe del gabinete del ministro de Defensa del presidente Paul Vanden Boeynants. Durante la operación, este ex burócrata militar belga actuó como administrador general de la empresa francesa de comercialización de armas, Europavia, a la vez asociado con dos reconocidos comerciantes internacionales de armas llamados Philippe Chauveau y Mohamad Bashi.
Así fue como los Mirage, propiedad de la belga SABCA, fueron vendidos conjuntamente por esta empresa y la francesa Europavia (representada por Lefebvre), a una tercera parte por un total de 109 millones de dólares, por intermedio de una empresa llamada Berthier International, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y con dirección postal en la ciudad de Miami. Según declaraciones del propio general Lefebvre, esta empresa era un "dispositivo chileno" que operaba en coordinación con otra empresa, Combak S.A., ubicada en Santiago (Seminario 790, 2º Piso A), dirigida por un ciudadano belga, Francois de Smet d'Olbecke, quien reside en Chile desde 1948 y es propietario de miles de hectáreas en el extremo sur. Por intermedio de esta última empresa, Berthier agilizó la venta de los aviones a la FACH, sirviendo como intermediario el empresario chileno de origen húngaro, Carlos Honzik, dueño de la empresa DECOPAL (Moneda 812, oficina 801), dedicada a la representación de empresas suizas de fabricación de material de guerra.
De acuerdo con los datos aportados por Tortoro, las comisiones por este negocio alcanzaron los 15 millones de dólares, de los cuales 14,5 millones fueron a parar a cuentas administradas por la misteriosa Berthier International, el "dispositivo chileno", y a un banco suizo. Los investigadores belgas descubrieron documentos que indicaban que las comisiones habían sido depositadas en el Clariden Bank de Zurich.
Cuando se exigió a Lefebvre que explicara el destino y razones de estos dineros, el general contestó con un memorándum: "los documentos relacionados con Chile de los que hablan son confidenciales; su divulgación sería catastrófica por cuanto pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades". Lefebvre se suicidó al día siguiente de redactar esta nota.
Las comisiones habían seguido la llamada "senda verde", metáfora con que la revista Time ha bautizado el procedimiento con que es posible hacer desaparecer la pista de millones de dólares y dejar un rastro tan opaco que resulte imposible reconstruir la ruta. La mencionada "senda", en términos gruesos, funciona del siguiente modo: quien quiera hacer desaparecer una fuerte suma de dinero debe comenzar por hacer depósitos, utilizando a un palo blanco o nombre falso, en la cuenta local de un banco internacional. Desde ahí los depósitos son transferidos a una cuenta de "concentración" en la casa matriz del banco en Nueva York, y enviados a las cuentas de una "empresa fantasma" registrada en algún sitio como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Estas cuentas, protegidas por el secreto bancario, son traspasadas como títulos de inversión, en acciones y bonos, a cuentas privadas en la banca suiza, inglesa o de Luxemburgo.
Si como es cierto según se ha visto, que la burocracia militar dirigida por Pinochet mantiene el control sobre el comercio de armas entre Chile y el resto del mundo, la justicia belga en este caso, al igual que la española en el caso Enersis, aunque a "toro pasado" tienen sobrados motivos para esgrimir la "defensa de los derechos humanos" en la perspectiva estratégica de acabar cuanto antes con los efectos residuales de la dictadura en ese país. Es que, como hemos explicado ya siguiendo a Lenin, en la medida en que tornan desproporcionadamente onerosos los actos de soborno y cohecho característicos de la fusión entre los gobiernos y la Bolsa en la etapa del capitalismo tardío, los privilegios políticos burocráticos vigentes en países como Chile, Yugoslavia o Irak, cualquiera sea su ideología entorpecen y retardan la inevitable centralización del capital imperialista. Y esto resulta intolerable para el sistema burgués en su conjunto, dominado actualmente por esa tendencia histórica objetiva irreversible; todavía más en un mercado clave como el chileno, que cabalga hoy sobre dos prolíficos soportes materiales de producción directa de plusvalor, como la energía eléctrica y los armamentos.
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