Los DD.HH. y la alternancia entre dictadura y "democracia"
Para confirmar lo que acabamos de explicar, acerca de la naturaleza clasista de los DD.HH., no sólo basta con distinguir entre la base material o económica dominante y su correspondiente superestructura, ideológica y política; también hay que distinguir entre sus agentes respectivos: el burgués y el burócrata estatal, incluidos los jueces. Decíamos que en la sociedad capitalista prevalece la libertad de los patrones. El burócrata estatal representa esta libertad de la burguesía en su conjunto al interior del aparato de Estado capitalista. Su funcionalidad primordial consiste en poner la ideología y la política estatal al servicio de los intereses generales de la clase capitalista.
A diferencia de las sociedades que le precedieron, bajo el capitalismo el Estado permanece separado de la sociedad civil. El burócrata como tal, actúa dentro del Estado; vive de él y para él. De este modo, para el burócrata, el Estado se convierte en un fin en sí mismo.
Pero la acción política no sólo tiene un contenido de clase general. También es la expresión de los intereses particulares que se dirimen en la sociedad civil, donde cada sector de clase capitalista -a nivel de grupos empresariales e incluso individuos- tratan de hacer prevalecer los suyos propios. Y dado que de las instituciones estatales emanan las leyes de contenido económico y social, así como la política presupuestaria, fiscal, monetaria, aduanera, etc.,etc., es inevitable que la lucha interburguesa se traslade al interior de las instituciones del Estado capitalista, donde cada grupo social trata de hacer prevalecer su conveniencia. Esto implica al burócrata, lo vincula con la sociedad civil, con los intereses particulares que se dirimen allí. El burócrata es, pues, el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, entre los intereses particulares de cada sector dela burguesía y los intereses generales o de la burguesía como clase.
Este vínculo, en tanto que fomalmente político pero de contenido esencialmente económico y mercantil, resulta ser necesariamente contradictorio. Como funcionario estatal, el burócrata representa formalmente los intereses generales de la burguesía frente a la sociedad civil. Pero en tanto y cuanto el contenido esencial de lo que el burócrata representa formalmente es de carácter económico-mercantil y, por tanto, particular y privado, el burócrata tiende a convertir su función en cosa de su propiedad particular y, por tanto, negociable, enajenable, objeto de contraprestación mercantil. Aunque debe ser un fiel servidor de cada burgués particular en su relación con el Estado, al mismo tiempo, el burócrata tiende a servirse de determinados burgueses particulares para sus propios fines personales en virtud del monopolio político de su función político-burocrática. En este aspecto, el burócrata colisiona con los intereses de la burguesía en su conjunto, conformando una contradicción antagónica aun cuando en última instancia conciliable.
<<...La burocracia se considera a sí misma como el fin absolutamente último del Estado; y puesto que convierte sus objetivos "formales" (su funcionalidad) en su propio contenido, constantemente choca con los objetivos reales (servir a la burguesía) (...) el objetivo del Estado se convierte en su propio objetivo, en una caza de puestos más altos, en un hacer carrera>> (K.Marx: "Crítica de la filosofía hegeliana del derecho estatal". Citado de Irving Fetscher: "El marxismo: su historia en documentos". Lo entre paréntesis es nuestro)
Esta tendencia del burócrata a hacer del Estado capitalista cosa propia en virtud de su cargo, por efecto de la generalización de las relaciones mercantiles convierte su funcionalidad en mercancía y a los burgueses en clientes. Una de esas formas de clientelismo es el soborno en el poder ejecutivo, el cohecho en el poder legislativo y la prevaricación en el poder judicial de la "democracia". Ahora bien, esta función del burócrata es independiente de las formas de gobierno que adopte el Estado, pero se acentúa sensiblemente bajo las dictaduras.
La palabra bonapartismo fue inventada por Marx para explicar el desenlace de una situación política en que ningún sector de la burguesía es capaz de prevalecer sobre los demás para mantener en equilibrio las relaciones de dominio del conjunto de las clases dominantes sobre el conjunto de las clases subalternas. En esos casos, la burguesía en bloque decide ceder el gobierno a la reserva de poder de última instancia: el ejército. Es aquí donde la superestructura política alcanza el mayor grado de independencia relativa respecto de la base material del sistema bajo el modo de producción capitalista. Y es aquí donde la tendencia del burócrata estatal a convertir el Estado burgués en cosa propia ofrece las mayores posibilidades y con la mayor impunidad, al tiempo que tensa en grado extremo la relación entre el burócrata estatal y el burgués particular (tornándola más onerosa para éste), y entre los intereses particulares de la burocracia totalitaria y el interés general de la burguesía en su conjunto.
Tras su derrota, al decir que "las bayonetas pueden servir para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas" Napoleón Bonaparte reconoció lo que Marx y Engels afirmaron del bonapartismo en "La Sagrada Familia":
<<... Napoleón seguía considerando al Estado como un fin en sí mismo y veía en la vida burguesa solamente un tesorero y un subalterno suyo, que no tenía derecho a poseer una voluntad propia. Y puso por obra el terrorismo, al sustituir la revolución permanente por la guerra permanente. Satisfizo hasta la saciedad el egoísmo de la nacionalidad francesa, pero reclamó también el sacrificio de los negocios, del disfrute, de la riqueza, etc. de la burguesía, siempre que ello fuera necesario para alcanzar las finalidades políticas de la conquista. Reprimió despóticamente el liberalismo de la sociedad burguesía -el idealismo político de su práctica cotidiana- pero sin preocuparse ya tampoco de sus intereses materiales más sustanciales, del comercio, ni de la industria, cuando estos entraban en colisión con sus intereses políticos. (K.Marx-F.Engels: Op.cit. )
Más de cien años después de estos hechos, durante una serie de entrevistas concedidas a principios de 1932 al por entonces prestigioso periodista alemán Emil Ludwig, Mussolini definía con precisión los perfiles de su gobierno:
<<El Estado fascista dirige y fiscaliza a los patronos, desde la pesca hasta la industria pesada en el Valle de Aosta (...) El capital no es un dios, es un instrumento>>. (Emil Ludwig: "Conversaciones con Mussolini")
Al revés de lo que ocurre con la "democracia" en la etapa del capitalismo tardío, la dictadura supone una produnda intromisión política del Estado totalitario en la sociedad civil y del burócrata en la vida del burgués; tanto más acusada cuanto más despótica es la dictadura. Para combatir la idea de que el marxismo es un determinismo económico, Marx y Engels han insistido en que política y economía están en permanente interacción dialéctica, y aun cuando en la historia el factor económico es el determinante de última instancia, hay incluso momentos en que la superestructura política puede alcanzar cierta autonomía relativa respecto de la base económica del sistema. Pues bien, las Dictaduras militares y los regímenes "democráticos" más o menos bonapartistas dan prueba de esta autonomía y, según las circunstancias, pueden llevarla al máximo de sus posiblilidades históricas.
Tal como lo muestra Berlanga en "La escopeta nacional" es de conocimiento general que bajo la dictadura de Franco, la burguesía española tuvo que pasar por la caja de la burocracia franquista en cada transacción con el Estado y demás cuestiones administrativas antingentes a sus negocios. Pero la gran mayoría de esos casos de corrupción, jamás fueron conocidos ni fueron objeto de investigación y sentencia para la justicia. Uno de los principales objetos de litigio y negociación entre los llamados "poderes fácticos del franquismo" y la oligarquía de partidos que le sucedió al frente del Estado español, consistió precisamente en esta capacidad de la burocracia totalitaria para convertir a la sociedad civil burguesa en cliente obligado del Estado, fijando las condiciones de su relación con cualquier fracción de la burguesía.
Por tanto, es necesario precisar aquí algo cuyo conocimiento está muy poco extendido, y es que, en virtud de esa autonomía relativa del aparato estatal respecto de la sociedad civil, el fascismo reprimió a la clase obrera para reducir el efecto de sus luchas a la mínima expresión organizativa. Y lo hizo bajo el imperativo económico determinante de preservar la libertad de explotación de los capitalistas, es decir de sus intereses generales como clase. Pero a cambio de esa función esencialísima, regimentó esa libertad, le puso condiciones políticas. La clave de la derrota del nazismo y del fascismo, como antes la del Primer Imperio francés, estuvo en la falta de libertad que la burguesía internacional no le toleró a la burocracia de Hitler y Mussolini, como antes tampoco le llegó a tolerar a Napoleón. Este ha sido el espíritu que presidió los juicios de Neürenber tras la segunda guerra mundial. Lo demás, siguen siendo espejitos de colores en el arte típicamente burgués de cambiar una cosa por otra.
Cierto es que en su etapa imperialista, el capitalismo lleva implícita la tendencia a la totalitarización del poder económico. Pero esto no quiere decir que el sistema en su conjunto se compadezca con ella, sino que la repele históricamente. Al igual que todas las cosas de este mundo, el capitalismo es una realidad contradictoria. La centralización de las decisiones económicas tiende a la anulación de la competencia y al parasitismo, lo cual retarda el desarrollo de las fuerzas productivas. En tales condiciones el ritmo de la acumulación y el metabolismo del capital se enlentecen y el incremento del plusvalor disminuye todavía más amenazando con provocar el colapso del sistema. Pero, por otro lado, la baja tendencial de la tasa de ganancia que acompaña el proceso intermitente y espasmódico de la acumulación, provoca e incentiva la competencia intercapitalista entre los grandes capitales ya existentes y los medianos y pequeños que se incorporan al mercado, especialmente durante las fases depresivas de cada ciclo:
<<...Mientras todo marcha bien, la competencia, tal como se revela en la nivelación de la tasa general de ganancia, actúa como una cofradía práctica de la clase capitalista, de modo que esta se reparte comunitariamente , y en proporción a la magnitud de la participación de cada cual, el botín colectivo. Pero cuando ya no se trata de dividir las ganancias sino de dividir las pérdidas, cada cual procura reducir en lo posible su participación en las mismas y de endosársela a los demás. La pérdida es inevitable para toda la clase. Pero la cantidad que de esa pérdida ha de corresponderle a cada cual, en qué medida ha de participar en ella, se torna entonces en una cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte a partir de ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace sentir, entonces, el antagonismo entre el interés de cada capitalista individual y el de la clase de los capitalistas, del mismo modo que antes se imponía prácticamente la identidad de estos intereses a través de la competencia. (...) Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca necesariamente una lucha competitiva. La compensación de la mengua en la tasa de ganancia mediante el incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la sociedad y para los grandes capitalista sólidamente instalados. El nuevo capital adicional que funciona en forma autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones supletorias, debe luchar para conquistarlas, y de ese modo, la baja de la tasa de ganancia suscita la lucha de competencia entre los grandes capitales y no a la inversa. (...) La tasa de ganancia, es decir, el incremento proporcional del capital, es importante para todas las derivaciones nuevas de capital que se agrupan de manera autónoma. Y en cuanto la formación de capital cayese exclusivamente en manos de unos pocos grandes capitales definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la ganancia compensara la tasa de la misma, el fuego que anima la producción se habría extinguido por completo. En ese caso la producción se adormecería. La tasa de ganancia es la fuerza impulsora en la producción capitalista, y sólo se produce lo que se puede producir con ganancia y en la medida en que pueda producírselo con ganancia. (...)El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la misión histórica y la justificación del capital.>> (K. Marx: "El Capital" Libro III cap. XV)
En política, esta contradicción entre la tendencia al parasitismo de los monopolios y el dinamismo de la competencia, se expresa políticamente llegando a su extremo, en la dialéctica entre democracia y dictadura. La dictadura política tiene un efecto económico estancacionista, en razón de que sustituye parcialmente la competencia, la sofoca mediante el monopolio político de la burocracia totalitaria a cargo del Estado. De este modo, el desarrollo económico en áreas importantes del proceso de acumulación del capital social global de un país sometido al régimen totalitario, deja de obedecer a la ley económica del baneficio, para regirse por decisiones que una eventual o contingente burocracia a cargo del poder político dictatorial adopta en favor de determinados individuos o grupos empresariales privilegiados.
Las trabas al desarrollo económico-social del contubernio parasitario entre el "Estado franquista" y el restringido grupo de conocidos dirigentes empresariales en quienes se arropó el régimen, se ha puesto de manifiesto en el salto cualitativo que la acumulación del capital ha dado en España una vez consolidada la "democracia".
La transición de la dictadura a la "democracia" pasa por la ejecución de dos operaciones políticas simultáneas y combinadas. Una consiste en diluir el anhelo de justicia del movimiento antidictatorial en el aparato judicial y propagandístico del sistema. Dada la mayor o menor dificultad según la correlación de fuerzas sociales entre el movimiento antidictatorial y el poder totalitario residual, en todo caso se trata del arte en combinar el tempo jurídico procesal con la manipulación del "Estado de derecho" y el periodismo venal apologético, para que la mayor impunidad posible resultante del obligado juicio a los "culpables", pase por ser lo más parecido al castigo ejemplar que el oprobio social de sus crímenes demanda.
La otra operación política pasa por utilizar la fuerza del movimiento antidictatorial previamente enajenado en el aparato judicial burgués a instancias de la filosofía de los DD.HH., como instrumento de presión sobre los responsables de los crímenes de Estado. En esta operación, el tempo jurídico procesal, las normas del Estado de derecho, el sistema carcelario y la propaganda del sistema, tienen por cometido contribuir a la metamorfosis de la dictadura política en "democracia". Se trata de debilitar lo más posible al poder dictatorial residual que entorpece el curso normal del proceso de acumulación, procediendo a eliminar ciertas cláusulas institucionales remanentes impuestas por vía del poder político totalitario. Por ejemplo, en Chile, la cláusula constitucional que faculta a las FF.AA. disponer de los excedentes de la industria estatal del cobre para mantener el aparato militar, así como la asignación discrecional o arbitraria de todos los fondos dedicados a ese fin -incluidos los presupuestarios- en favor de deteminados proveedores del material bélico al márgen de consideraciones puramente económicas regidas por la ley del mayor beneficio repecto del gasto; idéntico sentido restrictivo han tenido los privilegios otorgados por el régimen a los llamados "hijos de Pinochet", designados administradores fiduciarios de los "fondos de pensiones" de los trabajadores chilenos, sobre los cuales giró el primer movimiento de la política de privatizaciones en ese país.
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