c. Lo que debiera haberse hecho y lo que, en cambio, se hizo:
reanudación de la política contrarrevolucionaria inaugurada en 1935

A nivel regional las huelgas de esta década demostraron la crisis del sector hullero, consecuencia de las primeras medidas liberalizadoras del mercado, de efectos catastróficos para unas empresas privadas que habían sobrevivido gracias a una extremada legislación proteccionista.

Significaron también el despertar de una oposición política que se puso al frente del movimiento liderada por el Partido Comunista de España, y que en los años anteriores había permanecido sumergida en un profundo letargo. En mayo de 1959, la OCDE emitió su primer informe sobre España. El ministro de Comercio, Alberto Ullastres, decidió acabar con una inflación que suponía el 1.400 por ciento respecto a 1935, en parte como resultado de las luchas obreras durante el período 1957/59 En efecto, una de las consecuencias de que la burguesía internacional decidiera en 1944 independizar la emisión de dinero respecto de la economía real —esto es, de las reservas mundiales de oro existentes en cada momento en los Bancos Centrales de los distintos Estados nacionales—, fue que, a la hora de hacer frente a las irresistibles presiones obreras por demandas salariales efectivas, la patronal pudiera apelar al crédito bancario, trasladando inmediatamente ese incremento emergente de los costos en mano de obra (más los correspondientes costes financieros), a los precios de sus productos. Así, las conquistas salariales —que bajo el régimen anterior de patrón oro se traducían en un descenso del plusvalor o ganancia capitalista— de este otro modo, todo lo que los obreros consiguieron con sus luchas, lo perdieron por el descenso de su nivel de vida a consecuencia del aumento en los precios de la canasta familiar.

El Plan de Estabilización de 1959 permitió a España incorporarse a la onda de prosperidad que se dejó sentir en todo el Mundo desde 1953, cuando las economías europeas recuperaron los grados de acumulación alcanzados antes de iniciarse la contienda. También en España, en 1959, eran ya notorios los resultados de la política de inversiones públicas y de creación de empresas industriales, a través del Instituto Nacional de Industrias (INI), que hicieron posible el desarrollo económico posterior, a través de los tres Planes de Desarrollo cuatrienales que se pusieron en marcha a partir de 1964 y que incentivaron a la economía española crecer a un ritmo superior al 6,5 por ciento anual acumulativo; superando ampliamente el ritmo medio anual alcanzado por el conjunto de países miembros de la OCDE. [5]

  ¿Qué debieran haber hecho los revolucionarios ante semejante reanimamiento del movimiento obrero español ―tras su derrota en la guerra civil― y las estratagemas de la burguesía para confundirle, desmoralizarle y neutralizar sus luchas? Pues, en primer lugar, un balance de lo actuado en aquella lucha perdida, confrontando la línea política desarrollada —que condujo a la derrota—, con la única experiencia obrera de poder triunfante que fue la revolución de octubre en 1917.

En segundo lugar, debieran poner este balance autocrítico en conocimiento de los explotados, iniciando desde ese mismo momento una tarea inteligente y tenaz de educación política de la vanguardia amplia, basada en el Materialismo Histórico —aplicado al conocimiento de la realidad capitalista en España— haciendo un esfuerzo por recuperar la memoria histórica de lo actuado por el movimiento obrero mundial, de la que los dirigentes del PCE habían renegado para echarse en brazos de la reacción reformista.

La importancia de esclarecer a los elementos más avanzados del movimiento de los explotados, radica en que, con ese acervo de conocimientos, puedan ellos, a su vez, cultivar el instinto de clase del resto, quienes, de este modo, a instancias de su propia experiencia política, consigan que fructifique en el conjunto la autoconciencia política subversiva del orden explotador establecido.

¿Cómo hacerlo? Desvelándole el secreto de todos los engaños y tretas —como la que hemos ejemplificado más arriba respecto de la inflación para neutralizar las conquistas del proletariado— que la burguesía utiliza para someterle a su control político a los fines de la explotación sin contratiempos, secretos que enriquecen su cultura política de clase y les orientan para dar la lucha más eficazmente en defensa de sus intereses.

¿Para qué? Pues, para que, siempre aleccionados por el referente educativo y la dirección política de los mejores y más esclarecidos elementos de la propia clase, vanguardia amplia y masas, articulados en el curso de sus propios conflictos con el capital, se vayan convenciendo por sí mismos de la necesidad de trascender esas luchas —en un principio limitadas y aisladas— contra sus respectivos patronos por reivindicaciones inmediatas, dando el salto sustantivo hacia la acción política estratégica  y la elección más adecuada de las formas de lucha y los medios de acción de la clase explotada en su conjunto contra el conjunto de la patronal, esto es, contra el Estado, a fin de que les alumbre el camino y les impulse por vía del conocimiento de su propia práctica, hacia la necesaria lucha por la toma del poder, para constituirse como clase dominante y comenzar la construcción del comunismo.  

Pero el caso fue que, en la España de 1957-59, esa vanguardia revolucionaria no existía. Había sido aniquilada por las huestes reformistas burguesas del stalinismo español durante la Guerra Civil. Nos referimos al Partido Comunista de España, creado en 1921 por efecto de aquella enorme onda política revolucionaria expansiva de alcance mundial, provocada por la revolución rusa en 1917. Este partido se hizo con la dirección del movimiento obrero español precisamente después de aquella matanza de obreros revolucionarios que perpetró en mayo de 1937 apoyado por la pequeñoburguesía y la clase obrera políticamente más atrasada.

Acabada la guerra civil que se saldó con el triunfo del franquismo —porque el PCE dejó intactas las bases económicas (capital físico) y sociales (burguesía en funciones) del capitalismo en la llamada “zona roja” bajo su dominio—, este partido pudo seguir al frente del movimiento asalariado gracias a que encabezó la resistencia, y a las rentas políticas que usufructuó gracias al “prestigio” alcanzado por la burocrática soviética ante el triunfo del pueblo ruso contra el nazi-fascismo que dio término a la Segunda Guerra Mundial, euforia tras la cual, esta camarilla criminal pudo ocultar que años antes había hecho la contrarrevolución en la URSS inmediatamente después de la muerte de Lenin y que durante la guerra civil apoyó la contrarrevolución reformista en España al interior del bando antifranquista. [6]

¿Qué hicieron en lugar de la inexistente vanguardia revolucionaria las preexistentes direcciones políticas del movimiento obrero a cargo del Partido Comunista de España (PCE) desde ese momento? Lo mismo que hicieron desde que, José Díaz y Dolores Ibarruri impulsaron en España la llamada estrategia de los “Frentes populares”, consistente en la colaboración política entre la burguesía republicana y el proletariado, que acababa de ser aprobada por el VII Congreso de la “Comintern” en 1935.

            Tras el triunfo de Hitler en Alemania (1933), el gobierno soviético ya bajo la dirección de la camarilla stalinista, vio la necesidad táctica de buscar aliados contra los nazis. Como consecuencia, entre 1934 y 1935, dio un giro de 180 grados en la política de la Internacional Comunista que había estado bajo la dirección bolchevique, y entendió que lo que hacia falta, nada más que para los fines de preservar los intereses de la burocracia emergente en la URSS, era formar “Frentes Populares” de todos los sectores antifascistas en todos los países del mundo (representados en la Comintern), incluyendo sectores “progresistas” de la derecha burguesa liberal.

            Se trataba, pues, para los stalinistas, de luchar contra la dictadura del capitalismo fascista, pero no por la dictadura democrática del proletariado socialista, sino por la dictadura “democrática” del capital, esto es, por el status quo internacional entre la Rusia soviético-burocrática y el Occidente capitalista explotador de los aliados. El “frente popular” entre burguesía y proletariado en la España de los años treinta, fue, pues, el instrumento político de la lucha contra el franquismo por la república burguesa “democrática”, todo ello al servicio de la táctica de lucha internacional de la burocracia soviética contra la amenaza fascista —tan cierta como que luego se demostró— para la preservación de los intereses nacionales contrarrevolucionarios de la camarilla stalinista al interior de la URSS.     

            Era lógico, pues, que la adopción de la política del Frente Popular por el PCE, rompiera radicalmente con la teoría política de construcción del partido políticamente independiente del proletariado español, elaborada por Lenin en varias de sus obras de principios de siglo, como el “¿Qué Hacer”, entendida como expresión orgánica democráticamente centralizada, de la teoría económico-social científica y de la memoria histórica del movimiento aplicadas ambas a la actualidad de la lucha de clases.

            Demás está decir que esta política de los “Frentes populares”, no estuvo basada en ningún análisis de la situación económico-social en España, ni materialista histórica ni de cualquier otro tipo; tampoco tuvo en cuenta la memoria histórica de lo actuado por el movimiento obrero en las revoluciones de 1848 en Europa, 1871 en Francia, 1905 y 1917 en Rusia y 1918 en Alemania, ni falta que le hacía a los oportunistas esa o cualquier otra memoria: todo ello a pesar de que todavía por entonces, la política de continuidad entre Marx y Lenin, se hallaba  públicamente reconocida y proclamada por el PCUS, aunque estuviera siendo cínica y miserablemente falsificada.

            La estrategia de los “Frentes populares” en España, pues, fue exclusivamente producto del oportunismo reformista y de la ciega disciplina burocrática del PCE a la táctica de la Internacional Comunista dirigida por Stalin. El crimen político del PCE ha sido todavía mayor, si tenemos en cuenta que, en contraste con 1931 —cuando la mayoría de los trabajadores alentaban todavía muchas ilusiones en la República burguesa— en 1935 las voces que dentro del movimiento obrero español querían luchar por la revolución proletaria eran cada vez más numerosas.

              Desde semejante perspectiva contrarrevolucionaria, era lógico que el PCE renegara de la necesaria independencia política del proletariado y, por tanto, de la insustituible tarea de educación política revolucionaria —dentro y fuera del partido— como condición preparatoria de la lucha eficaz y efectiva por el poder, no sólo de sus cuadros partidarios sino también de la vanguardia amplia del proletariado sin partido; renegaron de la educación política porque desertaron de la lucha revolucionaria, de la lucha por conquistar la democracia real de las mayorías sociales bajo la dictadura de obreros y campesinos. Hicieron justamente lo contrario: orientar esa educación en pos de la contrarrevolución democrática, de la dictadura de una minoría de capitalistas bajo la forma burguesa “democrática” de gobierno. Tal fue el contenido político en el que estos dirigentes educaron a la vanguardia natural de las masas explotadas. Se empeñaron por educarlas no en el concepto de la lucha de clases —contenida en las contradicciones del capitalismo— sino en la idea de la conciliación de clases, que no tiene más contenido que el de sus propias inclinaciones burguesas. Se desentendieron de educar a los asalariados en la necesaria conquista del poder obrero-campesino a instancias del control democrático directo y horizontal entre los consejos de fábrica y los soviets, para maleducar en la conservación, continuidad y proyección internacional del poder burgués a instancias del control burocrático representativo o indirecto —en el que ellos, desde un primer momento, aspiraron inconfesadamente a participar y a qué precio lo han conseguido— entre el poder ejecutivo y el parlamento burgués (central, autonómico y local). Renegaron del Estado realmente democrático revolucionario socialista soviético y consejista, para abrazar el Estado capitalista burocrático y contrarrevolucionario de apariencia democrática. Esta propensión política fue la que les indujo a ahogar el aliento de la revolución socialista en medio de la guerra civil.  

Después de haber dirigido la fuerza social más potente y numerosa en la lucha contra el franquismo —durante la guerra civil llegó a tener 300.000 militantes— bajo la dictadura, el PCE defendió la idea de una gran alianza de todas las fuerzas —no solo las republicanas— opuestas al régimen de Franco. En los años 50, este planteamiento se concretó en la propuesta de la “Reconciliación Nacional” para superar las divisiones de la guerra civil. Esta propuesta estuvo basada en la idea —¿ingenuamente equivocada?— de que Franco estaba muy aislado, y por eso sería posible trabajar con los monárquicos y con los sectores de la iglesia y del ejército. Dejándose deslizar por esta pendiente criminal del oportunismo, el PCE llegó a atacar a Franco por no por ser un fascista que actuó al frente del Ejército como reserva de poder de última instancia del capitalismo español, sino por no ser suficientemente patriótico, acusándole de haber “vendido” el país, la “patria”, a los intereses del imperialismo americano.

  Por ahí han seguido hasta caer hoy víctimas políticas propiciatorias de su oportunismo rastrero con el poder burgués —que ayudaron a consolidar— y de su política de cuadros al servicio de la estupidez cívica de medio pelo en las masas proletarias. Esta política de dejación ideológica revolucionaria al servicio del adormecimiento de la conciencia proletaria, dejó el camino expedito a la consagración de la democracia dineraria, expresión de una voluntad política mayoritaria conseguida a golpe de talonario, en virtud de la cual, la burguesía pudo conseguir que esta formación política institucionalizada haya pasado a ser ultraminoritaria, tras un proceso en el que se siguió reclamando republicana desde la oposición clandestina a la dictadura fascista triunfante en la guerra civil, pero que, bajo las presiones de los albaceas políticos testamentarios de Franco en el “Opus Dei”, durante la transición acabó aceptando la actual forma monárquico-parlamentaria de gobierno para colmar sus hasta entonces secretas aspiraciones a compartir y usufructuar las instituciones del Estado capitalista explotador español.