i) Consecuencias de la derrota pequeñoburguesa en 1849
(De la II República constituida al II Imperio)

El 13 de junio de 1849, la mayoría parlamentaria de los burgueses monárquicos (terratenientes y financieros), coaligados con la representación política republicana de la burguesía industrial, quebró finalmente la resistencia parlamentaria de la minoría pequeñoburguesa representada políticamente por el Partido de la Montaña. A partir de esta fecha,  el Partido del Orden convirtió al Parlamento en un apéndice del Poder Ejecutivo. Se Decretó un nuevo reglamento parlamentario que hizo desaparecer la libertad de la tribuna, autorizando al presidente de la Asamblea Nacional a sancionar con censura, multas, privación de dietas, expulsión temporal y hasta cárcel a los diputados por infracción del orden.

Con la disolución de la artillería de París y de las regiones 8, 9 y 12 de la Guardia Nacional, los pequeñoburgueses no sólo fueron despojados de su poder legislativo, sino de sus propias fuerzas armadas, mientras los mandos de tropa leales a la alta finanza que habían asaltado las imprentas de los diarios republicanos, destruyendo sus máquinas impresoras, devastado sus oficinas y detenido arbitrariamente a impresores, redactores, cajeros, recaderos y distribuidores, recibieron menciones de honor  y aliento desde la tribuna de la Asamblea Legislativa, de donde salieron aprobadas nuevas leyes reaccionarias de prensa de asociación y de estado de sitio. Los emigrados políticos fueron expulsados, las cárceles de Paris quedaron abarrotadas de presos políticos y los periódicos que iban más allá del National suspendidos. La Asamblea Legislativa estuvo ocupada en todos estos menesteres durante los meses de junio, julio y Agosto.

A mediados de agosto, la mayoría monárquica decidió suspender por dos meses las sesiones de la Asamblea; se levantó el estado de sitio en París y se permitió que los periódicos republicanos y socialdemócratas reanudasen sus publicaciones. En ese intervalo, las organizaciones clandestinas se extendían e intensificaban su actividad conspirativa a media que los “clubes” políticos se ilegalizaban, y las cooperativas obreras de producción, carentes de significación económica y social, al ser toleradas como sociedades mercantiles, se convirtieron en puntos de enlace político del proletariado. Por su parte, el Partido del Orden intrigaba en los consejos departamentales que acababan de reunirse, para que allí se probara lo que en la Asamblea no habían podido: la propuesta de urgencia para la revisión inmediata de la Constitución:

<<Con arreglo a su texto, la Constitución sólo podía revisarse a partir de 1852 y por una Asamblea Nacional convocada especialmente al efecto. Pero si la mayoría de los consejos departamentales se pronunciaban en este sentido, ¿no debía la Asamblea Nacional sacrificar a la voz de Francia la virginidad de la constitución? (Ibíd)

Contra todo pronóstico, los consejos departamentales rechazaron la propuesta; y cuando a fines de octubre reanudó sus sesiones, la inesperada decisión de los consejos departamentales mantuvo a la Asamblea Nacional dentro de los límites de la Constitución. Orleanistas y legitimistas se recelaban mutuamente, al tiempo que ambos grupos desaprobaban los ostensibles intentos del Presidente por sacudirse los controles de la Asamblea Nacional, mientras Luis Bonaparte expresaba su disgusto contra esas restricciones constitucionalistas de la Asamblea Nacional y contra el ministerio Barrot que las apoyaba. Por su parte, el propio ministerio aparecía dividido en torno a la expedición romana, y al impuesto sobre la renta proyectado por el ministro Passy, que los conservadores tildaban de socialista. A su vez, el partido pequeñoburgués, republicano radical, estaba ocupado en defenderse de los ataques del partido del orden --a través del ministerio Barrot— contra su prensa, sus asociaciones y sus militantes en “brutales ingerencias policíacas de la burocracia, de la policía y de la gendarmería”,

<<...defendiendo así los “eternos derechos humanos”, como todo partido llamado popular lo viene haciendo más o menos desde hace siglo y medio (nada nuevo bajo el sol)>> (K. Marx:  “El 18 brumario de Luis Bonaparte” Cap. III. Lo entre paréntesis nuestro)

Como hemos visto, desde el 28 de mayo legitimistas y orleanistas habían pasado a constituirse en las dos grandes fracciones hegemónicas del partido del orden dentro de la Asamblea. Y Marx aquí se pregunta: ¿qué era lo que separaba y enfrentaba a estas dos fracciones a pesar de coincidir en el mismo principio dinástico general?; ¿por qué cada una de ellas pugnaba por su respectivo pretendiente al trono que, supuestamente, querían restaurar? Y contesta:

 Bajo los Borbones había gobernado la gran propiedad territorial, con su clero y sus lacayos; bajo los Orleans la alta finanza, la gran industrial, el gran comercio, es decir, el capital, con todo su séquito de abogados, profesores y retóricos. La monarquía no era más que la expresión política de la dominación heredada de los señores de la tierra, del mismo modo que la monarquía de julio no era más que la dominación política de la dominación usurpada de los advenedizos burgueses. Lo que separaba, pues, a estas fracciones, no era eso que llaman principios, eran sus condiciones materiales de vida, dos especies distintas de propiedad; era el viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, entre el capital y la propiedad del suelo. Que al mismo tiempo, había viejos recuerdos, enemistades personales, temores y esperanzas, prejuicios e ilusiones, simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los mantenían unidos a una dinastía, ¿quién lo niega? Sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. La clase entera los crea y los plasma sobre la base de sus condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes. El individuo aislado, que los recibe por tradición y educación, podrá creer que (estos) son los motivos determinantes y el punto de partida de su conducta. Aunque los orleanistas y los legitimistas, aunque cada fracción se esfuerce por convencerse a sí misma y por convencer a las otras de que lo que las separa es la lealtad a sus dos dinastías, los hechos demostraron más tarde que eran más bien sus encontrados intereses lo que impedía que las dos dinastías se uniesen. Y así como en la vida privada se distingue (o debiera distinguirse) entre lo que un ser humano piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las pretensiones de los partidos, y su naturaleza real y sus intereses reales, entre lo que se imaginan ser, y lo que en realidad son.>> (Op. Cit. Lo entre paréntesis es nuestro.)  

Finalmente, la ruptura entre Luis Bonaparte y la asamblea Nacional se precipitó a raíz de la discusión respecto de la propuesta de retorno al país de los Orleáns y los Borbones, junto con la amnistía a los insurrectos de junio de 1848, presentada por el primo del Presidente en ausencia del ministerio. La Asamblea rechazó la propuesta y el 1 de noviembre Luis Bonaparte respondió anunciando la destitución del ministerio Barrot y la formación de uno nuevo, que inmediatamente cesó al “socialista” Passy restituyendo al orleanista y usurero Fould como ministro de Hacienda, con lo que la iniciativa gubernamental volvió a caer en manos de la aristocracia financiera.

Marx explicó el por qué de esta recurrente recaída del ejecutivo francés en manos de los grandes especuladores financieros orleanistas coaligados con los terratenientes legitimistas. En un país como Francia, donde los gastos del Estado superan progresivamente a los ingresos y la deuda pública sobrepasa con creces el volumen de la producción nacional, la bolsa es el principal mercado para la inversión del capital que se valoriza improductivamente, en su mayor parte a expensas de los impuestos indirectos con cargo al presupuesto familiar de las clases subalternas (obreros y campesinos) y el alza de la tasa de interés, que deprime el fondo de acumulación de la burguesía productiva.

Para eliminar el déficit público, el Estado tenía sólo dos alternativas: una era reducir drásticamente los gastos corrientes, achicar el aparato burocrático estatal, disminuir el empleo público en funcionariado administrativo y policial, gobernar y controlar la sociedad civil “lo menos posible”. El Partido del Orden, esto es, la coalición política --surgida de la derrota obrera de junio-- entre la burguesía financiera, la burguesía terrateniente y la burguesía industrial, no podía elegir esta vía de solución presupuestaria por razones de Estado:

<<No se puede reducir la gendarmería a medida que se multiplican los ataques contra las personas y contra la propiedad>> (K.Marx: “Las luchas de clases en Francia” Cap. III)

La otra opción era cargar la presión fiscal sobre las espaldas de las clases opulentas. En esto opción sólo podía estar interesada la burguesía industrial y las clases subalternas, puesto que la deuda permanente del Estado era la fuente de enriquecimiento especulativo de legitimistas y orleanistas en detrimento suyo. Pero en Francia, a diferencia de Inglaterra el grueso de la producción no era de origen industrial sino agrícola y la renta de la tierra predominaba sobre la ganancia del capital. Esta debilidad relativa de la burguesía industrial francesa le hacía menesterosa y dependiente de un Estado fuerte con altos aranceles a la importación que le preservara de la competencia de productos elaborados extranjeros de igual o mayor calidad y más baratos. En semejantes condiciones, la burguesía industrial francesa era tributaria de orleanistas y legitimistas. Al no dominar la producción francesa, la burguesía industrial no podía prevalecer sobre el conjunto de la burguesía francesa. De ahí que sólo el bloque histórico entre el proletariado, el campesinado pobre y la pequeñoburguesía urbana, estaban en condiciones de hacer valer sus intereses contrarios al Estado burgués en poder de legitimistas y orleanistas:

<<Para sacar a flote sus intereses frente a las demás fracciones de la burguesía, (los capitalistas industriales) no pueden, como los ingleses, marchar al frente del movimiento y al mismo tiempo poner su interés de clase en primer término; tienen que seguir el cortejo de la revolución y servir intereses que están en contra de los intereses comunes de su clase. En febrero no habían sabido ver dónde estaba su puesto, y Febrero les agudizó el ingenio: ¿quién está más directamente amenazado por los obreros que el patrono, el capitalista industrial? (Ibíd.. Lo entre paréntesis es nuestro)

En cuanto a la burguesía financiera y terrateniente coligada en el partido del orden, ejercieron bajo la república el dominio más férreo y absoluto sobre las demás clases de la sociedad, como nunca antes bajo la restauración o bajo la monarquía de julio. Fueron ellos quienes, gracias a la forma republicana de gobierno, pudieron reemplazar en el poder a quienes habían sido sus superiores jerárquicos dinásticos bajo la antigua forma monárquica. Sin embargo, estos sectores de la emergente sociedad burguesa no se atrevían a cortar los vínculos políticos con sus respectivos ancestros feudales: los Borbones y la Casa de Orleáns. Es que, estos sectores, no sintiéndose aun lo suficientemente fuertes como para actuar por si mismos, veían que, en tanto las relaciones de producción capitalistas encontraban en la república su caldo de cultivo político favorable, al desarrollarse reemplazaban a las relaciones de señorío y servidumbre, debilitando hasta la extenuación las bases sociales del feudalismo y, con ellas, a sus valedores políticos nostálgicos de la sociedad decadente anterior. De ahí que no pudieran oponerse consecuentemente a la república, al mismo tiempo que tampoco podían llevar adelante su necesaria misión de clase burguesa. Y ¿por qué no se pensaban con capacidad para dominar la situación política bajo la república sin la supuesta tutela de sus ascendientes históricos inmediatos? Pues, porque la comadrona de esa nueva forma de gobierno había sido el proletariado, cuya amenazadora presencia  les hacía temblar de miedo. De ahí que frente a los “enemigos” dinásticos que le disputaban el poder --como Napoleón III desde la presidencia— actuaran desde la Asamblea Legislativa como republicanos, mientras que, frente al bloque proletario-campesino buscaran querencia en sus bases monárquicas:

<<El instinto les enseñaba que la república había coronado indudablemente su dominación política, pero al mismo tiempo socavaba su base social, ya que ahora se enfrentaban con las clases sojuzgadas y tenían que luchar con ellas sin ningún género de mediación, sin tener que ocultarse detrás de la corona, sin poder desviar el interés de la nación mediante sus luchas subalternas entre ellos y contra la monarquía. Era un sentimiento de debilidad el que les hacía retroceder temblando ante las dominaciones puras de su dominación de clase y suspirar por las formas (burguesas) más incompletas, menos desarrolladas y, precisamente por ello, menos peligrosas de su dominación. En cambio, cada vez que los (burgueses) monárquicos coligados entran en conflicto con el pretendiente que se les opone, con Bonaparte, cada vez que creen que el poder ejecutivo hace peligrar su omnipotencia parlamentaria, cada vez que tienen que exhibir el título político de su dominación, actúan como republicanos y no como monárquicos>> (K. Marx: “El 18 brumario de Luis Bonaparte” Cap. III. Lo entre paréntesis es nuestro)

Tal fue el fundamento histórico marxista de la política de “revolución permanente” para Europa. Pero, al mismo tiempo, Marx observaba que el proletariado, dentro del peyorativamente llamado, “partido de la anarquía” estaba dividido entre el socialismo proclamado de la burguesía republicana moderada de los Cavaignac, que, habiendo ahogado en sangre la insurrección de junio, no pasaba del simple deseo de verse liberado de la burguesía financiera y terrateniente, y el socialismo pequeñoburgués “radical” de los Ledru-Rollin, que no pasa de ver a la burguesía propiamente dicha como a sus acreedores usureros que esquilman sus magras ganancias, y como a sus competidores más fuertes que acaban por expropiarle; era el socialismo de las instituciones de crédito, de las asociaciones cooperativas y de los impuestos progresivos, todo con el apoyo del Estado capitalista, cuyos continuadores después de 1848, estuvieron detrás de gente como Born y Lassalle, precursores de la IIª Internacional. De este modo:

<<En Francia, el pequeñoburgués hace lo que normalmente debiera hacer el burgués industrial (ponerse a la cabeza de la lucha por la república puramente burguesa); el obrero hace lo que normalmente debiera ser la misión del pequeñoburgués (constituirse en vanguardia de la lucha por la república social); y la misión del obrero (dirigir la lucha por la dictadura del proletariado), ¿quién la cumple? Nadie. Las tareas del obrero no se cumplen en Francia; sólo se proclaman.>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

Quinta enseñanza

Aquí, acaba por confirmarse con toda claridad y desde todo punto de vista –estructural y superestructural--, la tercera enseñanza de la revolución francesa, a saber: que en los países bajo condiciones objetivas similares de relativa debilidad económica y política de la burguesía industrial en presencia de un proletariado socialmente numeroso y políticamente significativo --como en España desde la revolución de 1854/56 hasta la guerra civil de 1936, y en Latinoamérica desde la década de los años treinta hasta la segunda post guerra, la política de los partidos obreros revolucionarios no pasa por aconsejar al proletariado que se limite a actuar como clase auxiliar de la pequeñoburguesía en los órganos constitucionales del Estado capitalista -–ejecutivo y parlamentos— sino que lo trascienda construyendo sus propios organos de poder en el curso de su lucha –como los soviets y los consejos--, para decidir desde ahí en qué condiciones es objetivamente revolucionario participar o no en los gobiernos provisionales y en las asambleas constituyentes burguesas.

Esta tactica ve confirmadas las condiciones que la justifican, en la medida en que las burguesías asnacionales  acaban por fusionarse con el capital multinacional, y el proletariado aumenta hasta coconstituirse en clase abasolutamente mayoritaria de la sociedad, como es el caso hoy día en todo el Orbe.  

Desde este punto de vista –el de Marx, sin duda ninguna-- ¿qué siguen haciendo todavía, quienes, en momentos de alza revolucionaria de las luchas proletarias contra eventuales dictaduras militares emergentes, insisten en ¡¿EXIGIR!? a la burguesía que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente? Pues, eso, que proclaman la lucha por el comunismo en nombre del marxismo, pero hacen la política del capitalismo. Torpedean la revolución.

Habíamos quedado en el 1 de noviembre de 1849, fecha en que el gobierno de Napoleón III destituyó al ministro de Hacienda, Passy para reentronizar al usurero orleanista Fould, quien inauguró su nuevo cargo el 14 de noviembre, declarando ante la Asamblea Nacional que iba a mantener el impuesto sobre el vino y a suprimir el impuesto sobre la renta. Aunque Passy había sido ministro con Luis Felipe y siempre estuvo de acuerdo en resistir las presiones de las clases subalternas manteniendo el impuesto sobre el vino, también introdujo el impuesto sobre la renta para evitar la bancarrota del Estado. Si el déficit público aumentaba a la peligrosa progresión en que aumentaba la oferta de plusvalor disponible en forma dineraria para fines crediticios, y si la fuente originaria de esta oferta de crédito era la renta territorial, ergo, para disminuir los gastos deficitarios del Estado era necesario convertir parte del dinero para crédito en ingresos del Estado a instancias de un impuesto sobre la renta territorial. Tal era la lógica --en parte objetivamente revolucionaria-- de Passy. Tal fue la causa de su destitución.

Respecto del vino, la Asamblea Constituyente durante la presidencia del general pro  burgués Cavaignac, había legislado que sería suprimido en 1850, trasladando a las espaldas del Estado, la presión por demandas salariales efectivas sobre la burguesía productiva, ante la merma sobre el nivel de vida que ese impuesto suponía para los obreros. El 20 de diciembre de 1849, la Asamblea Nacional Legislativa decretó la restauración del impuesto sobre el vino:

<<El abogado de esta restauración –dice Marx a respecto-- no fue ningún financiero, fue el jefe de los jesuitas, Montelembert. Su deducción era contundentemente sencilla: el impuesto es el pecho materno del que se amamanta el gobierno. El gobierno son los instrumentos de represión, son los órganos de la autoridad, es la policía, son los funcionarios, los jueces, los ministros, son los sacerdotes. El ataque contra los impuestos es el ataque de los anarquistas contra los centinelas del orden, que amparan la producción material y espiritual de la sociedad burguesa contra los ataques de los vándalos proletarios. El impuesto es el quinto dios, al lado de la propiedad la familia, el orden y la religión. Y el impuesto sobre el vino es indiscutiblemente un impuesto; pero no un impuesto como otro cualquiera, sino un impuesto tradicional, un impuesto de espíritu monárquico, un impuesto respetable. ¡Viva el impuesto sobre el vino! ¡Tres vivas y un viva más!>> (Ibíd)

He aquí  el secreto de la alianza estratégica entre la burguesía industrial y los residuos monárquicos representados por la coalición política entre legitimistas y orleanistas. Verdadera premisa económica y política de la dictadura política del proletariado como condición necesaria para que la revolución social burguesa se lleve a término sin pasar por las “horcas caudinas” del capitalismo, es decir, de la renta territorial y su transformación en capital financiero especulativo, parasitario y retrógrado, a instancias de la tasa de interés y la hipoteca, dos instrumentos que, de la ganancia obtenida en cada periodo de rotación del capital invertido en el agro, sustraen buena parte reduciendo el fondo para inversión adicional. [36]   En el caso del campesino, dado el carácter no reproducible de la tierra como medio de producción fundamental, a medida que aumenta la población agraria, la propiedad parcelaria individual tiende a reducirse y, bajo la presión de la demanda de tierra, aumenta su precio, al tiempo que disminuye el rendimiento del trabajo en ella y, por tanto, el excedente sobre los costos, con lo que la hipoteca se vuelve cada vez más onerosa, hasta el punto de que su rescate no sólo supone la pérdida de todo superávit, sino que devora parte del producto de valor correspondiente al trabajo del campesino, su salario:

<<Al igual que sobre las fincas medievales se  acumulaban los privilegios, sobre la parcela moderna se acumulan las hipotecas. Por otra parte, en la economía parcelaria, la tierra es, para su propietario, un mero instrumento de producción. Ahora bien, a medida que el suelo se reparte, disminuye su fertilidad. La aplicación de maquinaria al cultivo, la división del trabajo, los grandes medios para mejorar la tierra, tales como la instalación de canales de drenaje y de riego, etc., se hacen cada vez más imposibles (según se reduce la parcela y aumenta su precio), a la par que los gastos improductivos (como el del precio de su tierra [37] ) del cultivo aumentan en la misma medida en que aumenta la división (parcelación) del instrumento de producción en sí (la tierra)>> (Ibíd. Lo entre paréntesis nuestro.)

Consultando una estadística de 1840, Marx observó que, ese año, el producto bruto del suelo francés ascendió a  5.237.180.000 francos, de los cuales 3.552.000.000 se destinaron a gastos de cultivo, incluyendo el consumo de los trabajadores. Quedó un producto neto de 1.685.178.000 francos, a los que hubo que descontar 550 millones para intereses hipotecarios, 100 millones para los funcionarios de justicia, 350 millones para impuestos, y 150 millones para derechos de inscripción, timbres, tasas del registro hipotecario, etc. El producto neto se redujo, así, a 578.178.000, que, repartidos entre la población, no tocó ni a 25 francos por cabeza.

  De esta realidad Marx sacó la conclusión económico-social de que la explotación del campesinado se distingue de la explotación del asalariado sólo por su forma. Como individuos, los capitalistas explotan al campesino por medio de la hipoteca y la usura; como clase explotan a los campesinos por medio de los impuestos del Estado. Al concederle el título de propiedad sobre su parcela, la revolución burguesa consagrada en el Código Napoleónico, metió una cuña ideológica y política entre asalariados y campesinos, fue el pretexto para enfrentar uno con otro a estos dos sectores explotados de la sociedad francesa. Como así sucedió con el impuesto de los 45 céntimos.

La contrapartida política de esta conclusión económico-social, es que sólo con el derrocamiento del capitalismo, el campesino puede alcanzar su realización plena, una participación creciente en el producto de su trabajo y en las decisiones políticas colectivas; sólo un gobierno obrero-campesino en un Estado proletario, puede acabar con su penuria económica y su degradación humana:

<<La república constitucional es la dictadura de sus explotadores coligados; la república socialdemocrática, la república roja, es la dictadura de sus aliados.>> (Ibíd)  

¿Quiere esto decir que la “república roja” en aquellas condiciones suponía la negación de la propiedad privada capitalista, la expropiación de los medios de producción en manos de la burguesía, la sociedad socialista? No. Quiere decir que, ante la incapacidad o falta de voluntad política de la burguesía para llevar a cabo su propia revolución, es el proletariado ―en alianza con los campesinos y la pequeñoburguesía urbana― quien debía llevar adelante ese proceso aplicando el programa previsto en el capítulo II del Manifiesto, eliminando de raíz la propiedad sobre el suelo y el derecho de herencia; implantando el monopolio y centralización estatal del crédito y de los medios de transporte, la promoción de empresas fabriles socializadas, la roturación de los terrenos incultos y el mejoramiento de las tierras según un plan general, la obligación de trabajar, la combinación de la agricultura en gran escala con la industria estatizada, la educación primaria pública y gratuita, la abolición del trabajo infantil, el régimen de educación combinado con la producción material, y, finalmente, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente el desarrollo desigual del trabajo social en el agro respecto de la industria urbana. Medidas todas estas necesarias y posibles, que la burguesía había demostrado ya ―en junio de 1848― no estar dispuesta a promover políticamente, dado que suponían acelerar el proceso de su propia caducidad histórica. Por tanto, estas tareas no podían llevarse a cabo con instrumentos políticos como los gobiernos provisionales y las asambleas constituyentes de la burguesía. Estos instrumentos del poder burgués, sólo eran históricamente progresivos, allí donde las relaciones de producción capitalistas no estuvieran  difundidas hasta el punto en que el proletariado pudiera ser visto como una amenaza para la propia burguesía, pero sí lo suficiente para que su lucha política como clase auxiliar del capital garantizase el triunfo de la revolución antifeudal. Pero todavía no eran estas las condiciones del momento. 

 Esta incapacidad política de la burguesía industrial francesa para acabar con los parasitarios privilegios feudales de la propiedad territorial --metamorfoseados en renta territorial que los legitimistas, capitalizaban a instancias de la intermediación financiera orleanista-- fue lo que dio pábulo a esa especie de enfrentamiento-alianza entre los tres sectores de la nueva clase capitalista francesa, en disputa por la hegemonía al interior de sus instituciones de Estado, para inclinar la política a favor de sus intereses particulares respecto del producto del trabajo social de las clases subalternas explotadas de la nueva sociedad: los campesinos pobres y el proletariado, que esta vez se perfilaba a la cabeza del movimiento.

  Y en la medida en que ninguno de estos tres sectores de la burguesía lograba prevalecer sobre los demás, la inestabilidad política resultante en presencia de la reconstitución del bloque de poder “popular” ―que todas las fracciones burguesas coincidían en llamar “el partido de la anarquía”― a cuyo frente se iba destacando el proletariado, semejante situación planteada en febrero de 1850, poco antes de las elecciones parciales previstas para completar los escaños vacantes dejados por los diputados del partido de la Montaña proscritos a raíz de los sucesos del 13 de junio de 1849, era el mejor caldo de cultivo para la reedición de una nueva “crisis revolucionaria”, como la de junio de 1848.

En esas elecciones triunfaron los tres candidatos por la circunscripción de París propuestos por los obreros y los tenderos de París; de ellos, dos comunistas: De Flotte, un insurrecto amigo de Blanqui, que tomó parte en el asalto a la Asamblea Nacional el 15 de mayo de 1848, posteriormente amnistiado por Napoleón, y Vidal, escritor conocido por su libro “Sobre la distribución de la riqueza”, que había sido secretario de Auguste Blanc en la Comisión paraestatal Obrera del Luxemburgo; el tercero fue Carnot, ex ministro de educación en el Gobierno provisional y en la Comisión Ejecutiva, ubicado a la extrema izquierda del partido burgués del “National”:

<<París sólo eligió a candidatos socialdemócratas. Concentró incluso la mayoría de los votos en un insurrecto de junio de 1848, en De Flotte. La pequeña burguesía de París, aliada al proletariado, se vengaba así de su derrota del 13 de junio de 1849. Parecía como si sólo se hubiese retirado del campo de batalla en el momento de peligro (que supuso para ella el proletariado), para volver a pisarlo con una masa mayor de fuerzas combativas y con una consigna de guerra más audaz, al presentarse la ocasión propicia. Una circunstancia parecía aumentar el peligro de esta victoria electoral. El ejército votó en París por el insurrecto de junio, contra La Hitte, un ministro de Bonaparte, y en los departamentos votó en gran parte por los «montañeses», que también aquí, aunque no de un modo tan decisivo como en París, afirmaron la supremacía sobre sus adversarios.>> (K. Marx: “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” IV. Lo entre paréntesis nuestro)

 Marx dice que estas votaciones del 10 de marzo eran “una revolución”. Pero no porque lo fuera el mismo acto electoral, sino por la carga de voluntad política revolucionaria que trascendía a ese mero ejercicio formal de la voluntad democrática representativa, porque “detrás de las papeletas de voto estaban los adoquines del empedrado”, la decisión de las bases sociales del mismo bloque popular que hizo posible la República de Febrero, pero esta vez liderado por el proletariado, de volver a disputarle el poder a la burguesía monárquica coaligada, no precisamente en las instituciones del Estado, sino en la calle.

Frente a esta nueva amenaza, desaparecieron las desavenencias entre estas dos fracciones burguesas dentro del partido del orden. Todas ellas: legitimistas, orleanistas y bonapartistas, cerraron filas en torno al Gobierno de Luis Napoleón, quien volvió a ser su “hombre neutral” elevado a la condición de árbitro por encima de las contradicciones económicas y políticas de la sociedad civil dentro de la República constitucional, que así se les apareció, cada vez más como algo imposible de concretar con arreglo a sus intereses particulares:

<<Cuando (legitimistas y orleanistas) se acuerdan de que son monárquicos, sólo es porque desesperan de una república burguesa, y cuando él (Luis Bonaparte) se acuerda de que es un (nuevo) pretendiente (al trono), sólo es porque desespera de seguir siendo presidente.>> (K. Marx: “Las luchas de clases en Francia” III)  

Esta desilusión de la burguesía monárquica respecto de la República, tuvo su causa en la evidente ruptura de su bloque histórico de clase ante el hecho de que la mayoría de los pequeñoburgueses de París habían votado por el comunista De Frotte. Semejante cambio en la correlación de fuerzas políticas a favor del proletariado, convenció a la burguesía de que, esta vez, era imposible una salida como la del 13 de junio de 1848, por lo que, a través del presidente Luis Bonaparte, contestó a la elección de De Frotte nombrando como Ministro del Interior a Pedro Julio Baroche, un miembro del Partido del Orden que se había venido desempeñando como Fiscal General del Tribunal de apelación, acusador de Blanqui y Barbès, de Ledrú Rollín y Guinard; a la elección de Carnot, la Asamblea Nacional Legislativa contestó con la aprobación de la ley de enseñanza; a la elección de Vidal con la suspensión de la prensa socialista. Esta última medida fue el pistoletazo de salida para que la prensa del orden preparara el terreno del Golpe de Estado. “La espada es sagrada” vocifera uno de sus órganos. Los defensores del orden deben tomar la ofensiva contra el partido rojo”, grita otro. “Ente el socialismo y la sociedad hay un duelo a muerte, una guerra sin tregua ni cuartel; en este duelo a la desesperada tiene que perecer uno de los dos; si la sociedad no aniquila al socialismo, el socialismo aniquilará a la sociedad” anuncia un tercer “gallo” galo del orden: “¡Levantad las barricadas del orden, las barricadas de la religión, las barricadas de la familia. Hay que acabar con los 127.000 electores de París!” [38] .  Todos estos titulares que Marx trasladó a su análisis de los hechos, demostraban que la burguesía sólo era democrática mientras sus instituciones pudieran garantizar la hegemonía política de sus intereses económicos integrando a las mayorías subalternas de la sociedad. Tales fueron los límites que la burguesía empezó a poner por primera vez en la historia moderna, al sufragio universal, a las libertades cívicas y, en fin, a los principios constitutivos de la democracia representativa basada en el concepto de soberanía popular:

<<El sufragio universal les dio la razón el 4 de mayo de 1848, el 20 de diciembre de 1848, el 13 de mayo de 1849 y el 8 de julio de 1849. El sufragio universal se quitó la razón a sí mismo el 10 de mayo de 1850. La dominación burguesa, como emanación y resultado del sufragio universal, como manifestación explícita de la voluntad soberana del pueblo: tal es el sentido de la constitución burguesa. Pero desde el momento en que el contenido (político) de este derecho de sufragio, de esta voluntad soberana, deja de ser la dominación de la burguesía, ¿tiene la Constitución algún sentido? ¿No es deber de la burguesía reglamentar el derecho de sufragio para que quiera lo que es razonable, es decir, su dominación? Al anular una y otra vez el poder estatal, para volver a hacerlo surgir de su seno, el sufragio universal, ¿no suprime toda estabilidad, no pone a cada momento en tela de juicio todos, los poderes existentes, no aniquila la autoridad, no amenaza con elevar a la categoría de autoridad a la misma anarquía? Después del 10 de marzo de 1850, ¿a quién podía caberle todavía alguna duda? (K. Marx: Op. Cit. Lo entre paréntesis es nuestro)

¿Qué razón se quitó a sí mismo el sufragio universal aquél 10 de marzo de 1850, su razón históricamente universal de ser? ¡No! Su razón de ser bajo condiciones y resultados electorales, en que esta clase no puede seguir ejerciendo democráticamente su hegemonía política, esa es la razón de ser que se ha quitado a sí mismo el sufragio universal desde que la sociedad capitalista le dio nacimiento. La sinrazón del totalitarismo social burgués esencialmente antidemocrático en virtud de la ley general de la acumulación capitalista. [39]

En este sentido, si como es cierto que la democracia consiste en el gobierno de las mayorías sociales, resulta que la ley general absoluta de la acumulación capitalista, ha terminado por convertir la democracia en oligarquía. Pero, independientemente de esta previsión teórica que en 1850 todavía no era siquiera eso, lo cierto es que, a consecuencia del triunfo electoral de las clases subalternas el 10 de marzo de ese mismo año,  la historia ha demostrado que las circunstancias históricas bajo las cuales el sufragio universal no pudo ser la expresión de la voluntad política mayoritaria en la sociedad capitalista, se han venido contando por decenas de miles en el mundo. 

En todos los casos, tales circunstancias históricas han tenido por condición necesaria a esa misma “razón” de la sinrazón totalitaria congénita de la burguesía, devenida como clase cada vez más minoritaria por efecto de la ley general absoluta de la acumulación. [40] Pero su condición suficiente la han aportado los dirigentes políticos del movimiento asalariado inmediatamente posteriores a la revolución europea de 1848, quienes, por estupidez política o intereses creados, han venido cediendo a la corruptora sinrazón histórica de la burguesía frente a la razón histórica científicamente fundada de los asalariados. Sinrazón política que se torna tanto más evidente e insufrible cuanto más se agudiza la contradicción fundamental del capitalismo entre el desarrollo incesante de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, y la apropiación privada de los medios de producción y riqueza. Y esta sinrazón histórica se torna tanto más recurrente, demencial y catastrófica para los seres humanos y la naturaleza, cuanto más se prolonga la crisis de dirección del movimiento asalariado, dejando así completamente intacta la condición suficiente para que, ante cualquier emergencia política contraria a sus intereses decadentes, la burguesía pueda seguir aplicando sus artes políticas totalitarias --con o sin ropaje “democrático” según el peligro que supongan— esas artes que Marx descubrió analizando su comportamiento en 1848:

<<La burguesía, al rechazar el sufragio universal, con cuyo ropaje se había venido vistiendo hasta ahora, del que extraía su omnipotencia (y justificación histórica), confiesa sin rebozo: “nuestra dictadura ha existido hasta aquí por la voluntad del pueblo; ahora hay que consolidarla contra la voluntad del pueblo”. Y, consecuentemente, ya no busca apoyo en Francia, sino fuera, en tierras extranjeras, en la invasión>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

Para animarse a estudiar el trascendental texto de Marx que comentamos aquí, sus compañeros trotskystas argentinos que le contradicen defendiendo la consigna de Asamblea Nacional Constituyente como táctica presuntamente revolucionaria, deberían recordar que, al día siguiente en que las FF.AA. argentinas ―bajo el mando del General Juan Carlos Onganía―, dieron el enésimo golpe de Estado en junio de 1966, su flamante ministro de Interior, el prestigioso jurista Guillermo Borda, fue igual de sincero que la burguesía monárquica en 1851, a la hora de asumir la responsabilidad histórica de su clase siguiendo las enseñanzas de sus mayores:

<<Cuando la rebelión ha triunfado –dijo— la que habla es una nueva ley>> (29/06/1966)

Lo cual quiere decir –insistimos y tal parece que nunca será suficiente— que para constituirse como políticamente dominante, el proletariado debe antes tomar el poder, para lo cual, la Asamblea Constituyente burguesa es un completo despropósito. Sólo sirve a los fines de determinados arribistas políticos eventualmente a cargo de las direcciones obreras, a la búsqueda de un lugar a la sombra de las instituciones capitalistas de Estado, en modo alguno para los fines revolucionarios.

Para comprender esto último, sus compañeros trotskystas debieran confrontar lo sucedido entre 1793 y 1848 en Francia, al menos con  la historia política de Latinoamérica de los últimos cuarenta años, ―incluida la más reciente en Venezuela― recordando, que la madre de esta “nueva ley” del “onganiato” no fue el ordenamiento legal surgido de la Asamblea o Convención Constituyente burguesa, reunida en la provincia argentina de Santa Fe en septiembre de 1957, sino el golpe militar autodenominado “revolución libertadora”, que, el 16 de setiembre de 1955, acabó con los 12 años de gobierno “democrático” peronista (producto, a su vez, del golpe de Estado nacionalista de 1943) y con la vida de más 4.000 asalariados, condición que permitió al bloque histórico de poder entre los terratenientes y la oligarquía comercial porteña, en alianza con la pequeñoburguesía (UCR, PCA, PSA) recuperar el poder para actualizar o reimplantar la constitución de 1853 [41] . Esa convención liberal burguesa de 1957, de la cual fue excluido naturalmente su “enemigo” derrotado: el movimiento nacionalista burgués peronista ―que por entonces integraba en él al conjunto de la clase obrera―  declaró nulas las reformas de 1949 a la constitución de 1853, adicionándole un solo artículo, el 14 bis, todavía vigente. En contraste con la inaudita situación de aguda penuria, paro masivo y degradación moral que hoy sufren los asalariados argentinos, lo único que les ayuda en algo a soportar semejante drama social en ese país, es que, leyéndolo a la luz de su propia realidad, ese artículo 14bis mueve a risa. [42]

Lo que venimos a decir con el ejemplo de la revolución francesa y este breve repaso a la historia contemporánea argentina, es que las Asambleas constituyentes burguesas jamás han sido la condición previa para la toma del poder en ninguna parte ―incluso en Inglaterra―, sino al revés: fueron la consecuencia inmediata del ejercicio fáctico efectivo y directo del poder, como resultado de la lucha triunfante ―más o menos cruenta― por él. Y esto ha venido siendo así, tanto en los procesos de constitución de las burguesías nacionales emergentes en la etapa de transición del feudalismo al capitalismo, como en las distintas confrontaciones para dirimir la hegemonía entre sectores de clase capitalistas dentro de los distintos Estados burgueses nacionales previamente constituidos. Por lo tanto, la prueba de la práctica desde el punto de vista estrictamente burgués indica que:

Sexta enseñanza de la revolución francesa

1)      La Constituyente no se pide, ni siquiera se exige, se convoca desde el poder que se ejerce de facto, tras rebelarse para derrotar al “enemigo” de clase y,

2)      Obviaménte, ese poder exije ―como condición de su ejercicio efectivo― excluír de su constitución jurídico-política a las clases vencidas (en el contexto que estamos analizando a la nobleza, a su burocracia estatal y a la burguesía), tanto de la convocatoria como de las consecuentes decisiones políticas constitutivas de la o las clases emergentes al poder, que, para sí, se da o dan una “nueva ley”.

            Si este ha sido el procedimiento determinado históricamente por la lucha de clases en la sociedad moderna ―certeramente comprendido y propuesto por Marx y Engels desde diciembre de 1848― durante el capitalismo temprano, ¿por qué razón el proletariado revolucionario en el capitalismo tardío debe participar de Asambleas constituyentes que convoca la burguesía en distintos países, si no es para que los respectivos partidos “obreros” oportunistas ―que en determinadas situaciones coinciden en pedir o “exigir” su convocatoria―, negocien su participación en esos pseudo procesos “constituyentes”, para dirimir electoralmente cual de ellos se constituirá como la extrema izquierda parlamentaria de la burguesía en una eventual reorganización estatal capitalista constituida tras un momentáneo período de dictadura, a cambio de sus servicios como bomberos en la próxima crisis revolucionaria?

En la teoría, como en la práctica revolucionarias, pues, no caben atajos de semejante naturaleza.  O se procede según la NECESIDAD HISTÓRICA OBJETIVA, o la “necesidad” que se quiere o pretende satisfacer es otra, la puramente SUBJETIVA de los miserables epígonos de la burguesía autoproclamados “marxistas revolucionarios”, que hacen de la política un negocio personal traficando con las auténticas aspiraciones de los explotados, a cambio de poder social y prebendas para ellos y sus secuaces orgánicos al interior del Estado capitalista.