Ecuador 1999-2000
La revuelta Ecuador tuvo su antecedente inmediato en la huelga general activa de 48 horas realizada el 10 de marzo de 1999 -la tercera en los siete meses de gobierno- durante la cual el presidente Mahuad se vio obligado a decretar el estado de emergencia. El movimiento también tuvo entre sus causas inmediatas la confiscación del sistema financiero del país. Pero el detonante principal de la rebelión de julio fue el alza drástica de hasta el 165% en el precio de los combustibles, que no afectó directamente a la clase obrera sino a las comunidades indígenas y a los transportistas, los únicos sectores sociales que protagonizaron las jornadas de julio. También aquí, aunque mucho menos que en Albania, la escenografía de las protestas y movilizaciones fue espectacular. En julio de 1999, tras meses de cruentos enfrentamientos con las fuerzas represivas del gobierno, decenas de miles de indígenas de dos mil comunidades de todo el país marcharon sobre Quito y "tomaron" finalmente esa ciudad para exigir que el ejecutivo diera marcha atrás con el aumento de los combustibles y concediera reformas que mejoraran la situación de los campesinos. Todo esto en medio de una huelga de transportistas y conductores de taxis. El fuerte cerco militar no pudo impedir que las masas alcanzaran las cercanías del Palacio Presidencial.
Mahuad finalmente cedió al reclamo de los indígenas y transportistas, ordenando la desconfiscación parcial de los depósitos bancarios, la congelación del precio de los combustibles, y el subsidio eléctrico para los más pobres, lo cual no hizo más que agravar la situación de quiebra económica y financiera del país. Pero, insistimos, salvo los trabajadores docentes y los del área de la salud, que no entraron en el paquete de las negociaciones de la CONAIE con el Gobierno, la clase obrera organizada no participó. En ese momento, pesaba sobre el Estado ecuatoriano una deuda externa de 16.500 millones de dólares, equivalente al 126% de su PBI, y un pago de intereses que representaban el 35% de ese producto y más de la mitad del presupuesto nacional. Esta movilización de julio dio todo lo que podía dar de sí, alcanzando su propio límite al agravar la situación económica y financiera del país. En setiembre, el gobierno decretó la suspensión parcial de la deuda exigible anunciando que pagaría 52 de los 98 millones de U$S en bonos Brady que debían ser rescatados el 28 de ese mes.
En enero de 2000, un levantamiento popular consiguió arrastrar a un sector de oficiales nacionalistas de las Fuerzas Armadas, de lo cual resultó la "Junta de gobierno cívico-militar". Según datos proporcionados por el semanario "En Marcha" órgano central del "Partido Marxista Leninista de Ecuador", esta insurrección volvió a estar protagonizada por los mismos sectores sociales pequeñoburgueses y semiproletarios que en la de julio del año anterior, representados en el "Congreso del Pueblo", el "Frente Patriótico", los "Parlamentos Indígenas" y la "CONAIE", y coincidió con un paro de los asalariados petroleros y de "otros sectores" que este partido no menciona. Pero la clase obrera, como tal, volvió a estar ausente de estos acontecimientos. La doble presión de los poderes fácticos burgueses y del movimiento de la pequeñoburguesía sobre el gobierno, acabaron por desbordarle provocando una fractura en la cadena de mandos del ejército que condujo al inmediato derrocamiento del gobierno de Mahuad en enero de 2000.
Poco después, la gran burguesía y el alto mando
militar, en contubernio con el imperialismo norteamericano a través de
su embajada en Quito, propiciaron el complot que echó abajo la "Junta
de Salvación nacional" conformada por la "CONAIE", los oficiales
insurrectos y el Dr. Solórzano Constantine, gobierno que contaba con
el apoyo del "Frente Patriótico" (que, al parecer, dirige el PCLE)
y de representativos sectores de los pueblos ecuatorianos. Este contubernio
de las fuerzas reaccionarias designó a Gustavo Noboa como el nuevo Presidente,
quien continuó con la misma política del gobierno derrocado. En
sus primeras declaraciones, Noboa ha prometido continuar con la dolarización
y demás medidas económicas neoliberales. Y ahí sigue. El
límite de todo este proceso estuvo, pues, predeterminado, pero no sólo
por las limitaciones ideológicas y políticas de la clase obrera
ecuatoriana, sino por la composición de clase pequeñoburguesa
y semiproletaria que caracterizó al mismo proceso insurreccional, protagonizado
en mayor medida por la población campesina de Ecuador.
enero 2002
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